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A principios de este mes varios profesores de la U. de los Andes recibieron una invitación para asistir a un foro sobre reducción del tabaquismo. Lo que llamó la atención de muchos de ellos es que las únicas dos conferencias serían dictadas por empleadas de la mayor tabacalera del mundo, la Philip Morris. El anfitrión del encuentro era el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la misma universidad.
En redes sociales se desató una discusión sobre la pertinencia de abrir las puertas de la universidad a voceros de una de las industrias que más daño ha hecho a la salud pública. De todas las cifras que se pueden esgrimir para poner en evidencia el perverso negocio del tabaco, una de las más dicientes es que cada año mueren ocho millones de personas por culpa del tabaco, incluidas 1.2 millones de fallecimientos por afecciones relacionadas con el humo de segunda mano. Tantas como para poblar una ciudad como Bogotá.
En el candente debate algunos defendieron la obligación de la academia de escuchar a todas las posturas antes de emitir juicios. Philip Morris, con participación mayoritaria en empresas productoras de cigarrillos electrónicos como Juul, y la promesa de un mercado global de vapeadores que podría llegar a los US $48 mil millones en 2023, está tocando las puertas de centros académicos con un nuevo mantra: queremos ayudar a reducir el consumo de cigarrillos, y los cigarrillos electrónicos son la mejor estrategia.
Estos aparatos son dispositivos conformados por un cartucho que contiene una solución líquida con diferentes cantidades de nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que al calentarse genera el vapor que se inhala por una boquilla. La industria argumenta que le permiten a sus usuarios acceder a una dosis de nicotina evitando las sustancias cancerígenas de los cigarrillos.
No todos creen en esos argumentos y, durante el debate en redes sociales, consideraron que el centro de estudios de Los Andes estaba pecando de ingenuo. “Aunque no se trata de prohibirles la entrada a esos escenarios, los académicos deberían ser más conscientes de la necesidad histórica que ha tenido esta industria de buscar legitimidad en la academia y del riesgo reputacional que ello implica”, dice Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins.
Un nuevo escenario
La discusión sobre tabaquismo hoy, no es la misma de años atrás. La irrupción de los cigarrillos electrónicos cambió por completo el debate. Reducir el consumo de cigarrillos es una necesidad que ya ni la misma industria se atreve a contradecir públicamente. De hecho la Organización Mundial de la Salud logró establecer en 2003 un Convenio Marco del Tabaco, un pacto firmado por 168 países para ir implementando medidas como impuestos, advertencias en etiquetas, espacios libres de humo, limitaciones a la publicidad, entre muchas otras estrategias. Se estima que al menos cinco mil millones de personas viven ahora en países con al menos una política dirigida a reducir el consumo de tabaco. Los resultados se están viendo y le han dolido en el bolsillo y el prestigio a las tabacaleras.
Lo que ocurrió en la U. de los Andes no es la única señal del interés de la industria tabacalera de inmiscuirse en espacios académicos y científicos para enviar ese nuevo mensaje. También están tocando la puerta de los periodistas que cubren salud y ciencia. En Colombia a través de la empresa de comunicaciones Newlink están ofreciendo a los periodistas cartillas y entrevistas con “expertos” en los que prometen explicar por qué los productos de vapeo son la mejor estrategia para combatir el tabaquismo.
El nuevo slogan es “reducir el daño del tabaquismo”. Sus argumentos parecen “científicamente” válidos a primera vista. Presentan, por ejemplo, estudios en los que encontraron niveles más bajos de carcinógenos en exfumadores que utilizaron cigarrillos electrónicos en comparación con fumadores tradicionales. También citan fuentes médicas de autoridad: “de acuerdo con el Royal College of Physicians, si la nicotina puede ser entregada de manera efectiva y aceptable a los fumadores sin el humo, la mayoría, si no todos los daños del tabaco probablemente podrían evitarse”.
La razón por la que médicos, expertos en salud pública y autoridades sanitarias alrededor están nerviosos por este fenómeno es que están viendo entrar en juego las mismas viejas tácticas que les tomó más de medio siglo comenzar a derrotar.
El pasado viernes, de hecho, quince organizaciones colombianas lanzaron una voz de alerta. En un comunicado expresaron su preocupación respecto “al uso de evidencia con conflicto de intereses (producida por la misma industria tabacalera) para promocionar el consumo de estos dispositivos mediante el enfoque de reducción del daño”.
“Afirmar que aún no existe relación entre su consumo y la aparición de enfermedades es negar el derecho que tienen los ciudadanos a la información completa (de) los riesgos a los que se exponen”, escribieron en el documento, firmado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Neumología, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Escuela de Salud Pública de la U. del Valle.
Viejas tácticas
En julio del 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe revelador. En 260 páginas un comité de expertos expuso las conclusiones a las que llegó tras examinar con lupa los documentos privados de compañías como Philip Morris, R.J. Reynolds Tobacco y la British American Tobacco. “Estas empresas”, sentenciaron los autores, “vieron a la OMS como uno de sus principales enemigos y emprendieron una batalla contra ella… Financiaron en secreto a ‘expertos independientes’ para realizar investigaciones, publicar artículos, presentarse en conferencias o desacreditar los resultados de estudios”.
Los hallazgos de ese grupo, liderado por Thomas Zeltner, un reconocido salubrista suizo, era una de las muestras más contundentes de los métodos usados por las tabacaleras para promover sus líneas de negocio. Por décadas habían fabricado datos y manipulado la evidencia sobre las consecuencias de fumar. Todo, como apuntó en La Silla Vacía, Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins, “a expensas de sus clientes”.
Las pruebas, presentes en millones de páginas que han salido a la luz pública luego de un intenso litigio contra las empresas tabacaleras, son claras. En noviembre de 1988, por ejemplo, Geoffrey Bible, presidente de Philip Morris International, reunió a los altos ejecutivos de la compañía en Boca Ratón, una ciudad al suroriente de Florida (EE.UU.) donde acordaron “atacar los programas de control del tabaco de la OMS», trazaron varias rutas para influir en las decisiones de ese organismo e identificaron 26 amenazas globales para su industria. Para cada una planificaron una contra estrategia.
También se sabe que en el año de 1977, siete de las principales tabacaleras fabricaron un plan para desestimar la relación entre fumar y varias enfermedades. “Operación Berkshire”, la llamaron.
Es difícil saber con precisión cuándo esta industria empezó a promover esas polémicas prácticas. Suzaynn Schick y Stanton A Glantz, investigadores del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco de la Universidad de California, dieron algunas pistas en otro artículo de 2007. Para ellos —al menos en Estados Unidos—, desde la década de 1930 fue claro el interés de las principales compañías en establecer relaciones “positivas” con científicos y universidades.
Desde entonces, señalaban, comenzaron a reclutar investigadores y a financiar proyectos que ocultaban su verdadera relación con ese sector. Crearon, por ejemplo, el Council for Tobacco Research y el Center for Indoor Air Research. A través de ellos, dicen, lograron consolidar la publicidad del tabaco y controvertir posturas científicas e intentos de regulación. También debatieron los efectos del humo en no fumadores.
A raíz de esas estrategias y de la publicación en internet de miles de páginas de actas privadas de estas empresas, institutos y universidades empezaron a trazar una clara línea sobre cómo debía ser la relación con esta industria. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del gobierno estadounidense fue uno de ellos. En un breve documento aclararon los puntos que debería tener en cuenta un investigador cuando hubiese financiación de las compañías tabacaleras en el medio. “Recibir fondos de esta industria puede comprometer la objetividad de los resultados de su investigación, lo que a su vez podría afectar la credibilidad general de éstos, incluida su interpretación, aceptación e implementación”.
En otro par de párrafos eran contundentes sobre su conclusión: “A pesar de que el panorama cambiante de los productos de tabaco ha comenzado a incluir productos que pueden reducir el daño para los usuarios individuales, la industria tabacalera fabrica, comercializa y distribuye productos que son adictivos y, en muchos casos, letales. De hecho, fumar cigarrillos sigue siendo la principal causa de muerte prematura en los EE. UU., matando a aproximadamente 480,000 personas por año. Por lo tanto, los intereses de la industria tabacalera han sido fundamentalmente incompatibles con los objetivos científicos y la misión de salud pública del instituto”.
Manipulando datos
En el comunicado que emitió la Universidad de los Andes tras el debate, los organizadores del evento señalaron que conocer la información producida por Philip Morris era útil porque “contrastar los hallazgos de diferentes investigaciones ayuda a identificar problemas de diseño, de muestreo o, en general, problemas metodológicos y, a partir de esta identificación, se pueden plantear nuevos estudios que permitan saber si hay una opción de reducción de daño y, si existe esta opción, cómo minimizar el daño”.
Ese es justamente uno de los temores de los que han enfrentado a las tabacaleras: que vuelvan a confundir a la sociedad con datos manipulados. En diciembre del año pasado un grupo de investigadores daneses en la U. de Copenhague, revisaron 94 estudios sobre los cigarrillos electrónicos. Querían identificar hasta qué punto los trabajos financiados por la industria estaban bien diseñados y sus conclusiones eran confiables. “El 95.1 % de los estudios sin conflictos de interés y el 39.4 % de los estudios con conflictos de interés encontraron efectos nocivos potenciales. Solo el 7.7 % de los estudios relacionados directamente con la industria del tabaco encontraron daños potenciales”, concluyeron.
Por si fuera poco, como lo señalaron las investigadoras británicas Silvy Peeters y Anna Gilmore, desde el 2001 quedó claro que el concepto de “reducción del daño del tabaco” reconfiguró el discurso de la industria. Diversos documentos sugieren que “British American Tobacco y Philip Morris International adoptaron el término reducción de daños del Instituto de Medicina, y les trajo dos beneficios principales: una oportunidad para reestablecer un diálogo y acceso a los encargados de formular políticas; científicos y grupos de salud pública para asegurar beneficios de reputación a través de una agenda emergente de responsabilidad social corporativa”.
El doble discurso también ha quedado en evidencia. En abril de este año Philip Morris sorprendió al mundo con una campaña que titularon “Unsmoke”. Esta vez en lugar de publicitar cigarrillos, su mensaje fue: «La mejor opción que cualquier fumador puede hacer es dejar los cigarrillos y la nicotina por completo. Es hora de que amigos, familiares y colegas se reúnan. Para inspirarse el uno al otro. Para ayudarse unos a otros. Juntos podemos deshacer el mundo».
Días más tarde del lanzamiento de la campaña, la agencia de periodistas Reuters demostró que Philip Morris estaba usando personas influyentes en redes sociales como Instagram para atraer la atención de menores de 25 años hacia los cigarrillos electrónicos. ¿Si su objetivo es contribuir a que los fumadores abandonen el vicio, por qué están enfocando sus tácticas de mercadeo a poblaciones que ni siquiera han empezado a fumar?
Más allá de la desconfianza que despiertan las compañías en una parte de la sociedad y el interés de otros en escuchar sus nuevos argumentos, la discusión al final converge en una misma pregunta: ¿qué riesgos entrañan los cigarrillos electrónicos para la salud?
(Vea la segunda parte de este reportaje: Lo que sabe la ciencia sobre los cigarrillos electrónicos).
(Vea la tercera parte de este reportaje: Cigarrillos electrónicos: los vacíos que aún no resuelve Colombia)
(También puede leer esta columna que en reacción a los artículos escribió el director de del Área de Consumo y Salud Publica del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, CESED: Reducción de daños en tabaco)
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