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Cuatro años después de la aprobación de la llamada “Ley de comida chatarra” en Colombia, es probable que ya estemos todos familiarizados con los sellos octogonales de “Exceso” en los productos ultraprocesados. ¿Cuántas veces se ha detenido frente a su paquete de galletas o chocolates favorito y se ha preguntado si realmente vale la pena comprar un producto con uno, dos o incluso cuatro sellos de advertencia? ¿Cuántas veces ha decidido tomarlo de la estantería, ignorando esos sellos? ¿Qué pensaría si le dijéramos que, quizás, no debería ser solo su decisión la que determine si un producto con exceso de sustancias perjudiciales para la salud, como el azúcar o las grasas saturadas, llegue a su hogar?
“La ley de comida chatarra incluye que el Estado debe hacer campañas para promover el consumo de alimentos reales y naturales. Y en ese sentido, el Estado colombiano se ha quedado muy corto en promover una alimentación real y natural, basada en todos los alimentos que produce Colombia”, dice Carolina Piñeros Ospina, directora de Red PaPaz, la ONG que ha liderado con más fuerza la inclusión de políticas para desincentivar y educar alrededor de los efectos negativos de estos alimentos. “Estamos en mora de promover una ley que restrinja la exposición en la que viven los niños y niñas a la publicidad de comida chatarra, así como la promoción de unos entornos escolares alimentarios saludables”.
Estos dos propósitos, radicados como proyectos de ley en el Congreso de la República desde finales de 2024, justamente intentan que la decisión final de alimentarse no recaiga siempre en la elección de un consumidor que, posiblemente, se ve expuesto a diferentes estimulos, como la publicidad de la industria.
“Centrarse principalmente en el comportamiento de los consumidores para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es una estrategia limitada, ya que coloca toda la responsabilidad en las personas para que tomen decisiones ‘más saludables’”, afirma Tanita Northcott, experta en regulación alimentaria de la Universidad de Melbourne, en conversación con El Espectador. En otras palabras, la decisión de consumir o no productos más saludables no debería recaer únicamente en usted. Se trata, dice Northcott, de algo mucho más grande.
En un estudio publicado el pasado 18 de enero en la prestigiosa revista Nature Foods, Northcott evaluó el alcance y la efectividad de las intervenciones regulatorias relacionadas con los alimentos ultraprocesados a nivel mundial. Hasta ahora, existían pocas investigaciones que analizaran de manera sistemática cómo los gobiernos han abordado este problema en sus políticas nacionales. “Nuestro estudio encontró que la mayoría de las políticas que se referían expresamente a los alimentos ultraprocesados, provienen de la región de América Latina y el Caribe”, explica la investigadora. La mayoría de esas políticas, sin embargo, tienen una fuerza “débil” porque dejan toda la carga en el individuo.
¿Basta con solo informar?
Cada vez hay más evidencia sobre los daños que los alimentos ultraprocesados pueden causar tanto a la salud humana como al medio ambiente. Las dietas ricas en este tipo de productos se han relacionado con una mayor incidencia de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales e incluso problemas de salud mental. Con el aumento de estas pruebas, también ha crecido la presión sobre los gobiernos para implementar políticas integrales que mitiguen todos estos impactos.
“Nuestro estudio adoptó un enfoque amplio para mapear la regulación actual relacionada con los alimentos ultraprocesados en todo el mundo, abarcando datos de unos 105 países”, explica Northcott. Las intervenciones se analizaron usando la Escalera de Nuffield, una herramienta que clasifica las estrategias, según su nivel de intervención en las elecciones del consumidor. En términos simples, las medidas más básicas proporcionan información, mientras que las más restrictivas limitan directamente lo que las personas pueden elegir.
Casi el 40% de las medidas que han adoptado los gobiernos se ubican en el nivel más básico de la Escalera de Nuffield, es decir, con la fuerza más débil. Estas intervenciones buscan solo informar a los consumidores para que tomen decisiones más saludables. Aquí se incluyen el etiquetado nutricional (las etiquetas en los productos que detallan el contenido de calorías, grasas o azúcares) como el que se usa en Colombia, y la publicidad que explica los riesgos de consumir alimentos ultraprocesados. Aunque estas medidas son útiles, dice el estudio, su impacto puede ser limitado, ya que no necesariamente cambian los hábitos de consumo si no van acompañadas de otros incentivos o restricciones.
“Las políticas de etiquetado pueden desempeñar un papel importante en la respuesta a los alimentos ultraprocesados, si se diseñan e implementan junto con una serie de otras intervenciones como parte de un enfoque de sistemas alimentarios integrales”, dice Northcott. Por sí mismo, agrega, “el etiquetado es una herramienta de política limitada”.
Precisamente, las intervenciones que van un poco más allá de solo informar al consumidor son pocas en los 105 países analizados por Northcott. El 13,0% de las políticas en esos Estados se enfocó en desincentivar el consumo de los ultraprocesados mediante impuestos o precios más altos. Otro 13% implantó medidas más estrictas, como la eliminación de máquinas expendedoras en las escuelas para evitar que los niños tengan acceso a productos ultraprocesados. Y solo un 0,9% de las intervenciones se ubicó en el nivel más alto de la Escalera de Nuffield. Aquí, las decisiones ya no dependen del consumidor porque se prohíben ciertos productos o servicios. Por ejemplo, la prohibición de ciertos alimentos como bebidas azucaradas o snacks ultraprocesados en las escuelas.
El estudio destaca que una intervención particular puede influir en el comportamiento comercial y de los consumidores de maneras diferentes, pero complementarias. Por ejemplo, un impuesto a las bebidas azucaradas actúa como un desincentivo a la elección del consumidor, pero, al mismo tiempo, también como un mecanismo basado en el mercado que impulsa a las empresas alimentarias a modificar sus prácticas comerciales.
En todo caso, escriben los autores en el estudio, “los hallazgos respaldan la opinión de que las respuestas de las políticas gubernamentales actuales colocan la responsabilidad en gran medida en los consumidores individuales para realizar cambios de comportamiento, en lugar de moldear y desafiar las influencias externas, como la conducta de una industria alimentaria económicamente poderosa y políticamente bien organizada”.
De hecho, cuando los investigadores analizaron el impacto de las intervenciones regulatorias en las empresas alimentarias, encontraron que la mayoría (casi la mitad) se basó en acuerdos entre el gobierno y las empresas para implementar cambios, como límites al contenido de azúcar o de grasas saturadas. Incluso, cuando los gobiernos establecieron reglas obligatorias para las empresas, medidas regulatorias de estilo de mandato aparentemente más fuertes, la mayoría de ellas estaba dirigida solo a informar la elección del consumidor, y “no a imponer cambios fundamentales en la conducta comercial”.
¿Qué barreras han impedido a los países adoptar estas intervenciones más enérgicas? “La industria se resiste a una regulación más estricta de sus productos porque amenaza sus intereses comerciales. Los ultraprocesados son productos rentables, fabricados con ingredientes básicos, baratos y diseñados para ser hiperpalatables y comercializados de manera intensiva”, responde Northcott. En pocas palabras, los ultraprocesados son productos diseñados para ser muy atractivos, fáciles de consumir y rentables. “Regular la conducta de las corporaciones es un desafío. Una regulación estricta exige una fuerte voluntad política y esfuerzos coordinados en materia de políticas en los sistemas”.
Hacia una mirada integral
La investigación apunta a que los Estados deben dejar atrás las medidas aisladas e individuales y avanzar hacia políticas integrales de sistemas alimentarios. “Es necesario adoptar un enfoque que abarque todos los sistemas alimentarios, lo que llamamos un enfoque ‘ecológico’ para la regulación”, explica Northcott.
Pero, ¿qué significa esto? Básicamente, dice la investigadora, “se requiere una serie de intervenciones integradas y sinérgicas que se dirijan a diferentes actores de los sistemas alimentarios y trabajen en una variedad de sectores, por ejemplo, salud, agricultura, comercio, medio ambiente, protección del consumidor, para reducir la proporción de los alimentos ultraprocesados en las dietas de la población y promover y proteger sistemas alimentarios saludables y sostenibles”.
No es una idea nueva. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define un sistema alimentario como “la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos”. Es decir, un sistema alimentario abarca desde las prácticas agrícolas y la pesca, hasta el procesamiento de alimentos, su transporte, la comercialización y, finalmente, su consumo. También incluye a los actores involucrados en cada etapa, como agricultores, distribuidores, minoristas y consumidores, así como los impactos sociales, económicos y ambientales que estas actividades generan.
Debido a esta cadena de actores, relaciones e intereses, la FAO también considera que problemas como el sobrepeso y la obesidad deben abordarse como una cuestión pública y no únicamente individual: “Las familias y los individuos ya no pueden ser los únicos responsables de lo que comen y cómo comen”, en línea con Northcott.
“Por ejemplo, los entornos alimentarios, las tiendas, los supermercados, las pequeñas plazas alrededor de los barrios, son fundamentales para una promoción de una alimentación saludable. Es muy importante que el Estado haga más fácil que las familias compren alimentos saludables”, dice Piñeros, de Red PaPaz. Colombia tiene importantes retos en cuanto a su sistema alimentario. En 2022, la FAO realizó un perfil del sistema alimentario colombiano y encontró detalles inquietantes.
A pesar de la alta disponibilidad y diversidad de alimentos producidos en este país megadiverso, “más de la mitad de los hogares colombianos (54,2%) sigue padeciendo algún grado de inseguridad alimentaria y nutricional”, reportó la FAO. Las causas de esa malnutrición, explica el organismo, se manifiestan de forma distinta y afectan a las personas de diversas maneras dependiendo de su sexo, edad, riqueza u otros factores sociales. Pero entre ellas, la FAO resalta la falta de acceso estable a alimentos adecuados, inocuos, suficientes y nutritivos y a dietas saludables. En ese sentido, entonces, quizá la elección individual no es el único factor a tener en cuenta, y tal vez ni siquiera el más importante.
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