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En el Congreso cursa un proyecto de ley que tiene muy nerviosas a las facultades de psicología del país, organizadas en Ascofapsi. Se trata de una iniciativa que propone una nueva medida para, se lee en el texto, “conjurar el déficit que padece el sistema de atención de salud mental” en Colombia. Ya hay ponencia positiva para segundo debate en la Cámara de Representantes.
En términos simples, el proyecto pretende la creación de lo que llama “Consultorios Psicológicos Comunitarios”, unos espacios que estarían adscritos a las Facultades de Psicología de las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. Estos consultorios serían atendidos por estudiantes de los últimos semestres de los programas de psicología (bajo la guía y supervisión del personal docente), y estarían abiertos a todo público. Tendrían un enfoque especial en las “personas en situación de vulnerabilidad”, que el proyecto define como aquellos que no tienen los recursos económicos para contratar un profesional en psicología u obtenerlo de forma oportuna, además de personas con trastornos psicológicos y víctimas de violencia o de acoso de cualquier tipo en Colombia.
De esta manera, dice el documento, los consultorios cumplen una doble función: sirven para que los estudiantes tengan una “formación integral mediante la aplicación de métodos teóricos y prácticos”, y a la vez, se convierten en una opción más de atención en salud mental disponible en Colombia. La ponente para el segundo debate es la congresista Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, del Partido Conservador, a quien El Espectador buscó para tener sus opiniones, sin haberlas logrado hasta el cierre de esta edición.
Si se aprueba tal como está redactado hoy, las Instituciones de Educación Superior que ofrezcan el programa de pregrado en psicología tendrán que crear un Consultorio Psicológico Comunitario, previa autorización de los Ministerios de Educación y de Salud (entidades que, además, tendrán que vigilar la operación y control de estos espacios). Los Consultorios tendrán que ser gratuitos, “razón por la cual, en ningún caso, los estudiantes y/o personal docente podrán recibir contraprestaciones económicas por parte de los pacientes”, y deberán no solo tener una oficina o un espacio adecuado para la atención, sino que también tendrán que contar con plataformas virtuales. (Puede ver: El Invima: 14 meses sin director y al borde de una reforma)
Entre las capacidades de estos consultorios, estaría prestar servicios de evaluación de estados de salud mental, pronóstico y tratamiento de disfunciones personales que padezca el paciente, diseño y desarrollo de programas de diagnósticos e intervención psicológica, test psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas, entre otras cosas que crean necesarias para el paciente. No se podrá, sin embargo, recetar ni autorizar ningún tipo de medicamento para tratar los trastornos.
Los estudiantes que podrán participar de estos espacios deberán tener la aprobación de por lo menos la mitad de los créditos académicos del plan de estudios y su servicio no podrá ser menor a 1 semestre ni extenderse más de 3 semestres. Su labor allí se certificará como experiencia laboral. Aunque desde las facultades de psicología nadie niega la intención positiva de todas estas propuestas, no dudan de que el proyecto tiene serios problemas y representa riesgos para pacientes, y estudiantes.
¿Es la solución?
Los problemas de salud mental en la población son una realidad que ha cobrado cada vez mayor relevancia. Hay estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afirman que tras el primer año de la pandemia de covid-19, los casos mundiales de ansiedad y depresión aumentaron hasta un 25% respecto a años anteriores. Por supuesto, esos impactos afectan a toda la población, pero también hay pruebas de que quienes más están en riesgo son individuos que podrían ajustarse a lo que el proyecto de ley llama en Colombia “personas en condición de vulnerabilidad”.
“Según la última encuesta de salud mental realizada por el Ministerio de Salud, para el año 2015, se estableció que aproximadamente el 52,2% de los jóvenes encuestados, con edades entre 12 a 17 años, padecían de síntomas de trastornos como depresión o ansiedad”, se puede leer en el proyecto, que agrega que “solo el 53,8% de los jóvenes que solicitaron el servicio de apoyo psicológico, recibieron algún tipo de atención en salud mental a través de instituciones de salud u otras entidades del sistema”. Para los ponentes, esto es prueba de que hay barreras que impiden la asistencia oportuna de la atención psicológica.
Para resolver esa situación, el proyecto propone, justamente, los consultorios. Si bien las facultades de psicología pueden coincidir con el diagnóstico, creen que la solución que se plantea traería más problemas que beneficios. Astrid Triana Cifuentes, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, plantea tres críticas a la iniciativa: afecta la autonomía universitaria; representa una carga financiera insostenible para las universidades; y conlleva riesgos éticos y profesionales para los estudiantes de psicología que atenderían estos espacios, pero también para la población que podría acceder al servicio.
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Así lo dejó ver el gremio, además, en varias cartas que envió no solo a la congresista Sogamoso, sino al pleno de la Cámara de Representantes, sin que la mayoría fueran respondidas. Respecto a la autonomía universitaria, el gremio señala que el proyecto atenta contra la libertad de las universidades de decidir sus planes de estudio. “En el articulado de ley se nos dice que estas prácticas en los consultorios deberán formar parte del programa de formación, es decir, que tenemos que hacer un cambio curricular”, dice Triana.
En el artículo 5, el proyecto señala que la creación de los consultorios “hará parte de la malla curricular y tendrá los créditos asignados por la institución de educación superior”. El problema, agrega Triana, es que eso no es tan sencillo como sumar y restar un par de créditos de un semestre a otro. “Un cambio en el currículo va antecedido de un proceso interno en las universidades, con docentes, estudiantes y personal administrativo. Luego, esa propuesta de cambio se lleva al Ministerio de Educación, que es la entidad que lo aprueba o niega. Estamos hablando de un proceso que puede durar año y medio. Lo clave es que, al ser un cambio impuesto, se está violando la autonomía universitaria porque un currículo nace de cómo concebimos la psicología y la formación de los psicólogos, cómo concebimos la educación, la pedagogía y la didáctica”.
De hecho, en un concepto enviado por la ministra de educación, Aurora Vergara, esa dependencia señala que la creación de los consultorios tal como está prevista y para el caso de las instituciones públicas “podría llegar a limitar la facultad con la que cuentan las IES para organizar y desarrollar sus programas académicos”.
Mineducación agrega además que la iniciativa “asigna una carga presupuestal, ya que el funcionamiento de los consultorios no tendrá ninguna contraprestación por el servicio suministrado, lo cual implica un impacto fiscal, sin determinar fuentes de recursos nuevos que, para el caso de las IES públicas, cubran los costos que deberán asumir”. Efectivamente, el proyecto señala que no necesita un concepto fiscal de Minhacienda porque “no contiene algún precepto o artículo que comprometa presupuesto estatal o que impacte fiscalmente a la Nación”. (Puede ver: Convocatoria para médicos que quieran trabajar en España)
A pesar de que al ingresar los consultorios como créditos académicos, los estudiantes pagarían, en parte, en su matrícula por ellos, pero para Ascofapsi eso no es tan real. “No es cierto. El costo de la matrícula de los estudiantes se calcula con créditos académicos, pero el crédito académico de un semestre no solo cubre la práctica. En ese momento, el estudiante está haciendo otras asignaturas y actividades. Y en esa línea, los créditos no logran subsidiar la idea de los consultorios”, señala Triana. La directora ejecutiva del gremio de las facultades recuerda que ya hay programas de psicología que tienen servicios de atención para ciertos niveles de complejidad, “y lo que eso nos ha mostrado es que son económicamente inviables”.
El último punto que le inquieta a Ascofapsi es que, pese a las buenas intenciones, el proyecto tiene graves riesgos para la salud mental. “Al plantear una atención enfocada en población vulnerable, entendida incluso como aquella víctima del conflicto armado, estamos hablando de personas con posibles afectaciones psicológicas complejas y profundas. La propuesta de que sean estudiantes de pregrado quienes atiendan a esta población, es peligrosa para los estudiantes, que están en proceso de desarrollar las competencias para generar acciones frente a esas condiciones de salud mental, sin victimización. La posibilidad de que los consultorios tengan impactos negativos no solo en los pacientes, sino en los propios estudiantes, nos parece grave y están incluso en contra de los códigos de ética de los procedimientos del psicólogo”, dice Triana.
Para entender la complejidad de las condiciones mentales de, por ejemplo, las víctimas del conflicto, basta recordar, como señalamos en estas páginas, que en Colombia el estrés postraumático es hasta 5,1 veces más frecuente en desplazados internos que en la población general. Un estudio realizado por Leonidas Castro, docente de la U. de los Andes, psicólogo y doctor en Psicología Clínica de la State University of New York, publicado en la revista JAMA Psychiatry, de la Asociación Médica Americana de EE. UU., reconocía lo difícil de atender ese trastorno. ¿Cómo estamos seguros de que lo que le estamos haciendo a las personas funciona?, se preguntaba. (Puede ver: Científicos piden tomar acciones para disminuir las muertes por malaria)
Este panorama, además, tiene un punto más: cualquier tratamiento psicológico requiere de tiempo y continuidad, dice Triana, y aunque el proyecto señala que los estudiantes podrán estar hasta tres semestres en los consultorios, ella no cree que eso suceda en la realidad: “¿Qué pasa después con el paciente? ¿Se lo pasamos a otro psicólogo que nuevamente empieza el proceso?”, se pregunta. Según el documento de la representante Sogamoso, en este punto cada estudiante que abandona los consultorios “deberá entregar el historial psicológico y la evolución del proceso del paciente al estudiante que lo sustituya”.
Además, los Consultorios deberán reportar anualmente a un Sistema de información creado por los Ministerios de Salud y Educación los datos estadísticos que permitan determinar la gestión adelantada, teniendo en cuenta aspectos como el número de estudiantes vinculados, el tipo de consultas atendidas y la población beneficiaria. Aunque para ese sistema tampoco se destina presupuesto. “Estamos siempre abiertos a apoyar y a generar un equipo que trabaje por los temas relacionados con la salud mental, pero nos parece importante ser escuchados, y es lo que no sentimos en esa ocasión”, finaliza Triana.
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