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Recientemente, se conoció que la Corte Constitucional decidió incorporar tres denuncias penales interpuestas por el Ministerio de Salud contra la Nueva EPS, otras Entidades Promotoras de Salud y actores del sistema al seguimiento constitucional de la sentencia T-760 de 2008.
Esta última vale recordar, declaró el derecho a la salud como autónomo y fundamental y, en esa misma línea, impartió una serie de órdenes para corregir fallas en el sistema de salud. Y, en una de las audiencias de seguimiento de esta sentencia, el Ministerio de Salud remitió al alto tribunal el escrito de acusación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, dentro de un proceso penal por presuntas irregularidades en la Nueva EPS.
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Además, la cartera de Salud también remitió otras dos denuncias penales relacionadas con hallazgo de pagos por servicios médicos prestados a personas fallecidas, y la segunda a cobros de medicamentos por encima de los precios máximos autorizados.
Ante esto, el auto de la Corte Constitucional, firmado y sustentado por el magistrado Carlos Carmargo, solicitó “a la Fiscalía que, en los reportes semestrales que remite a la Sala en el marco del seguimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, mantenga informada a esta Sala Especial sobre el avance de las causas criminales referidas por el Ministerio de Salud”, según se lee en el documento.
Esta decisión fue celebrada por el Ministerio de Salud, que aseguró a través de un comunicado que “estas conductas no son simples inconsistencias administrativas: pueden configurar delitos, al implicar el posible uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud. Cobrar por servicios supuestamente prestados a personas fallecidas o realizar recobros por encima de los precios regulados constituye un fraude directo al sistema, afecta el patrimonio público y vulnera la confianza de millones de colombianos”.
En particular, la cartera asegura que esta decisión demuestra que las denuncias realizadas en los últimos meses por el Gobierno, incluyendo pagos por servicios a personas fallecidas, sobreprecios en medicamentos y posibles desvíos de recursos públicos, sí cuentan con un acervo probatorio sólido para su investigación penal.
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“Este ministerio enfatiza que el modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles robustos. El Gobierno sostiene que la arquitectura del sistema debe garantizar trazabilidad en los recursos, auditoría permanente, supervisión directa del Estado y mecanismos de giro que aseguren que el dinero público se traduzca en servicios efectivos. La decisión de la Corte representa un paso decisivo para cerrar espacios a prácticas irregulares”, indicó la cartera de Salud.
Acá puede leer la sentencia completa:
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