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Sin mayores anuncios ni ceremonias, y en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el próximo gobierno, el Ministerio de Salud de Gustavo Petro comenzó a socializar durante las últimas semanas la nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el documento que busca orientar las acciones del Estado en esta materia hasta 2035. Se trata de una de las últimas grandes decisiones de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo antes de entregar el cargo a Ana María Vesga.
En un salón del último piso del Hotel Tequendama, en pleno centro de Bogotá, se reunieron representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil, como Causa Justa, líderes de entidades como Profamilia y la Defensoría del Pueblo, y delegados del Ministerio de Salud, de Educación, de Cultura y de Trabajo.
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“Esta política es importante, especialmente en los tiempos que se nos avecinan”; “lo más probable es que esta política, al salir por un acto administrativo, sea demandada”; “sabemos que puede haber un recambio, pero es necesario articularnos todavía y fortalecer más estas alianzas”; “el terreno de juego que viene en adelante es uno crítico”; “ahora el tema es volverla realidad, mantenerla y, sobre todo, defenderla”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la presentación para advertir sobre el cambio de Gobierno.
La nueva política reemplaza la expedida en 2014 y actualiza el marco con el que el Estado aborda los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos y las colombianas. “Es una política de largo alcance que recoge los aprendizajes de la anterior y que se expide con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”, dijo Ricardo Luque, líder del grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud de Gustavo Petro.
La resolución que la hace realidad es la 1350 del 10 de julio y fue expedida en conjunto por los ministerios de Salud, Educación, Cultura y Trabajo. Con ello, el Gobierno dice que busca dejar atrás un enfoque centrado solo en el sector salud y asumir que la garantía de estos derechos depende también de la educación y los entornos escolares que existen en el país, de las condiciones laborales y de las transformaciones culturales.
Varios elementos explican el momento de la política. Para el Ministerio de Salud, la hoja de ruta de 2014 había quedado rezagada frente a los cambios normativos de la última década y a problemas que siguen sin resolverse. El diagnóstico que acompaña la resolución identifica brechas que aún persisten en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables, una débil articulación entre las entidades del Estado y el surgimiento de nuevos desafíos, como las violencias en entornos digitales.
A ello se suma un mandato de la Corte Constitucional. La política responde, entre otros, a la petición contenida en la sentencia C-055 de 2022, mediante la cual el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 y le pidió al Gobierno que formulara e implementara una política pública integral para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres y las personas gestantes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Durante la jornada, el viceministro de Salud Pública del Gobierno Petro, Jaime Urrego, insistió en que el reto no pasa únicamente por ampliar la oferta de servicios de salud en este campo. “Cuando hablamos de acceso, hablamos no solamente de acceso a servicios de salud, sino a entornos protectores”, señaló.
En su intervención sostuvo que factores como la educación, las condiciones laborales, la autonomía económica de las mujeres y las normas sociales también determinan la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, razón por la cual la política busca involucrar a distintos sectores del Estado.
¿Qué es lo nuevo de la política y qué transformaciones busca?
Una responsabilidad de todos
Aunque la resolución concede seis meses (que ya están corriendo) para elaborar el plan de acción que definirá cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento, la política deja establecida una buena parte de las obligaciones de las entidades involucradas en ella. Para ello, el documento fija cinco ejes estratégicos, define los enfoques que deberán orientar su implementación y asigna unas responsabilidades concretas y delimitadas al Ministerio de Salud, las autoridades territoriales, las EPS y las IPS para avanzar en su ejecución.
En primer lugar, hay una arquitectura institucional. El Ministerio de Salud deberá coordinar la política, expedir lineamientos técnicos para la atención en salud sexual y reproductiva, fortalecer la capacitación del talento humano en salud, hacer seguimiento a la implementación y evaluar sus resultados a los cinco años de expedida y al finalizar su vigencia en 2035.
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A nivel territorial, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, por su parte, deberán adaptar esa hoja de ruta a sus territorios, incorporar acciones e indicadores en sus planes de salud, garantizar recursos para su ejecución y establecer mecanismos de seguimiento. También se imponen nuevas responsabilidades a las EPS y a las IPS. Las primeras deberán incorporar las acciones y metas de la política en su gestión institucional y garantizar que sus redes cuenten con personal capacitado, protocolos y los insumos suficientes para la atención en salud sexual y reproductiva.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud (las IPS), entretanto, tendrán que fortalecer la formación continua de su talento humano para asegurar una atención basada en la evidencia científica y con enfoque diferencial, de género y de derechos humanos.
Más allá de esas responsabilidades, la política traza una hoja de ruta con decenas de acciones claras que deberán desarrollar las distintas entidades del Estado durante la próxima década. Por ejemplo, uno de los principales frentes es la educación integral en sexualidad. El documento plantea actualizar el llamado Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), fortalecer la formación permanente de docentes desde preescolar hasta la educación superior y extender la educación sexual a espacios distintos a la escuela, como familias, comunidades, instituciones, lugares de trabajo y entornos digitales. Además, propone crear un repositorio público de materiales pedagógicos laicos, accesibles y culturalmente pertinentes, disponibles en lenguas indígenas y formatos adaptados para personas con discapacidad.
“Somos un Estado laico y, por supuesto, se respetan todas las religiones y creencias. Pero esas creencias no pueden imponerse al conjunto de la población. No puede haber, desde ningún punto de vista, una política pública que, sustentada en las mayorías, atente contra los derechos, aunque sea de una sola persona”, afirmó Luque.
En la misma línea, representantes de la Defensoría del Pueblo aprovecharon para cuestionar el uso reciente de la expresión “ideología de género”, al señalar que se trata de un término surgido como una reacción a las agendas impulsadas por los movimientos de mujeres y feministas en favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad de oportunidades entre todos.
La política también dedica un capítulo a la transformación cultural. Allí plantea ampliar la educación integral en sexualidad, desarrollar herramientas para que niños, jóvenes y docentes identifiquen estereotipos de género y discursos discriminatorios en medios y redes, fortalecer medios comunitarios para promover contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos y formar a docentes, líderes y creadores de contenido en competencias con enfoque de derechos. También propone crear campañas de sensibilización dirigidas a desmontar prejuicios y transformar normas sociales relacionadas con la sexualidad.
El representante del Ministerio de las Culturas y las Artes defendió ese componente y señaló que “las barreras más difíciles de superar no son barreras físicas, son los muros de los prejuicios”. A su juicio, muchas limitaciones para ejercer los derechos sexuales y reproductivos “están profundamente ancladas en prácticas culturales, imaginarios sociales y estereotipos excluyentes que tenemos el deber de desaprender”. Por eso, añadió, el reto será “llevar el espíritu de esta política a la vida cotidiana a través de estrategias pedagógicas, comunicativas y simbólicas”, pues “el arte, la cultura y las prácticas comunitarias son herramientas irremplazables para garantizar una vida libre de violencias”.
Uno de los cambios más llamativos frente a la política de 2014 es la incorporación de las violencias de género en los entornos digitales. El documento reconoce que el auge de las tecnologías y las redes sociales ha abierto nuevas formas de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el doxing (la publicación o divulgación de datos personales de una persona sin su consentimiento), el ciberacoso y los discursos de odio. Ante este panorama, la política plantea diseñar una estrategia nacional para prevenir estas violencias, fortalecer las rutas de atención a las víctimas, desarrollar campañas de alfabetización y ciudadanía digital, promover acuerdos con plataformas tecnológicas para agilizar el retiro de contenidos difundidos sin autorización y reforzar los mecanismos de denuncia y acompañamiento.
En el frente de la salud sexual y reproductiva, el documento incorpora temas que, hasta ahora, según Minsalud, no tenían un desarrollo en la política nacional. Plantea incluir la salud menstrual como un componente obligatorio de la atención primaria, desarrollar estrategias para la atención integral del climaterio (que es cuando la mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva), la menopausia y la postmenopausia, implementar la política de prevención y tratamiento de la endometriosis, garantizar la entrega de productos de gestión menstrual a poblaciones en condición de vulnerabilidad (como estudiantes, mujeres privadas de la libertad, habitantes de zonas rurales dispersas y personas en movilidad humana) y promover investigaciones sobre estos temas.
En cuanto a las violencias y prácticas nocivas, la política propone fortalecer la prevención y atención de la violencia obstétrica, impulsar programas para promover masculinidades corresponsables y no violentas, consolidar rutas para prevenir y atender la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles y uniones tempranas, e implementar el Programa Nacional de Proyectos de Vida para niñas, niños y adolescentes, con orientación vocacional y alternativas educativas en los territorios donde estas prácticas siguen siendo frecuentes.
Pese al respaldo que recibió el documento durante la jornada, varios de los asistentes coincidieron en que la expedición de la política es apenas el primer paso.
Del papel a la implementación
Las organizaciones que participaron en la socialización no cuestionaron el contenido de la política. Por el contrario, varias de ellas la describieron como un instrumento que recoge buena parte de las discusiones de los últimos años en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Sin embargo, insistieron en que el verdadero desafío comenzará ahora, cuando deba traducirse en acciones concretas en los territorios.
Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que acompañó la construcción del documento, recordaron que desde agosto de 2022 venían trabajando con el Ministerio de Salud para desarrollar la normativa derivada de la sentencia C-055 sobre interrupción voluntaria del embarazo. En su opinión, la nueva política ofrece, por primera vez, una herramienta que podrá ser utilizada por organizaciones sociales más allá de Bogotá para exigir la garantía de estos derechos en los departamentos y municipios.
Pero ese mismo reconocimiento estuvo acompañado de advertencias. La representante de la organización señaló que la política probablemente será demandada ante el Consejo de Estado, como ya ocurrió con otras resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud, y pidió fortalecer la articulación entre las organizaciones sociales, las instituciones que permanezcan tras el cambio de gobierno y los actores territoriales para defender su implementación. También llamó la atención sobre la necesidad de que la política quede incorporada en los próximos planes territoriales de desarrollo, pues allí se definirá buena parte de los recursos y las acciones que deberán ejecutarse durante la próxima década.
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Otro de los puntos que más se repitió fue la necesidad de superar la fragmentación institucional. Varias de las líderes de la sociedad civil aseguraron que esa había sido una de las principales dificultades identificadas durante la elaboración del documento: en muchos territorios, dijeron, las entidades responsables de garantizar estos derechos trabajan de manera aislada y sin coordinación entre sí. “Las diferentes instituciones parecen como si fueran enemigas”, afirmó una de ellas, al insistir en que la apuesta intersectorial solo tendrá resultados si las entidades logran actuar de manera conjunta.
Una preocupación similar expresó la Defensoría del Pueblo. Aunque destacó que el enfoque de género quedó incorporado de manera transversal y reiteró el respaldo de la entidad al documento, advirtió que la implementación dependerá de que permanezcan “burocracias críticas fortalecidas” dentro de las instituciones y de que continúe el trabajo conjunto con las organizaciones sociales. “Seguiremos trabajando para que esta propuesta, este plan de trabajo, efectivamente se implemente en los territorios”, señaló su representante.
Las inquietudes planteadas durante la reunión coinciden con el diagnóstico de la propia política. El documento reconoce que, pese a los avances alcanzados entre 2014 y 2021, persisten problemas que han limitado su implementación, entre ellos la falta de articulación entre sectores, las barreras de acceso en los territorios y las diferencias en capacidades institucionales y recursos entre regiones.
Con la política ya expedida, el desafío pasa ahora a la siguiente administración. Además de elaborar el plan de acción previsto en la resolución, el próximo gobierno deberá garantizar la financiación y la capacidad necesarias para ejecutar una hoja de ruta que se proyecta hasta 2035.
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