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Es miércoles, día de El Espectador le explica. La intervención de las dos Entidades Promotoras de Salud (Sanitas y Nueva EPS) más grandes del país por parte de la Superintendencia de Salud; la solicitud de una tercera para entrar en proceso de liquidación (Compensar), el proyecto de reforma al sistema presentado por el Gobierno hundido en el Congreso y, con todo este escenario ya más cercano a cada uno de nosotros, docenas de dudas e inquietudes sobre qué va a suceder con la cita médica que tenemos programada, la cirugía, el tratamiento, la entrega de medicamentos, la atención prioritaria, la cobertura para los recién nacidos, para los que están en una clínica u hospital, para quienes están en manos de una tutela para hacer valer su derecho a un servicio médico…
Son tantas que es preciso, con prudencia y argumentos, explicar qué es lo que está sucediendo más allá de los titulares y mensajes en redes sociales porque esto sí que es un tema que nos importa a todos. Así que este boletín es una recopilación de todos los contenidos que nos enviaron los colegas de la redacción Salud para entender, con hechos, qué es lo que está pasando en el país y, sobre todo, qué debemos esperar, como usuarios, del sistema de salud colombiano en este momento. Comencemos.
Antes de ir a la coyuntura y aterrizar en esta avalancha de noticias de la semana pasada, recordemos las dos primeras entregas que hicimos al inicio del 2023, cuando explicamos en detalle la propuesta de reforma a la salud de la administración de Gustavo Petro, en ese momento liderada por Carolina Corcho. La primera, en este enlace, detallaba el papel de las EPS, el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, la idea de administración de los recursos públicos y un estimado en el costo financiero. La segunda ahondaba en el papel de la superintendencia, lo que sucedería con la medicina prepagada, el foco a la atención primaria y el Consejo Nacional de Salud, entre otros temas. Para el 6 de diciembre de 2023, después de un agitado año en el Legislativo, y ya con el timón de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud y Luis Fernando Velasco en el ministerio del Interior, después de un largo trasegar, se sabía que la reforma había sido aprobada en Cámara.
¿Qué se conocía para ese instante? Que el trámite de la reforma a la salud, una de las estructurales en la propuestas del entonces candidato y hoy presidente Petro, había frenado otros 90 proyectos en curso en el Legislativo para poder tomar su curso, pues esa discusión trata un cambio profundo para todo el sistema. La redacción salud, a final del año pasado, decía: “Se aprobaron los artículos que transforman las EPS en lo que el proyecto llama “Gestoras de Vida y Salud”, los últimos artículos más controversiales que quedaban después de que esta semana se diera luz verde a la transformación de la Adres (el gran banco de la salud), y a todo lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Si el proyecto se vuelve ley, las EPS dejarán de existir, tal como los colombianos las han conocido durante los últimos 30 años, desde la Ley 100 de 1993″, explicaron. Y todos los detalles, de cómo nacieron las EPS, del papel que juegan en la actualidad y cómo quedarían en el nuevo modelo donde les cambian sus más importantes funciones, está detallado, paso a paso, en este enlace.
¿Y por qué siempre las EPS aparecen en este debate? Porque son, precisamente, uno de los protagonistas del modelo de salud que, en consideración del gobierno Petro, hay que cambiar. Petro ha dicho que las EPS funcionan sobre una base “mercantil”, que no llegan a los territorios más alejados y que tienen un número muy alto de quejas de sus usuarios (PQR). Para el presidente, van camino a la quiebra y, por eso, muchas han tenido que ser intervenidas y liquidadas, incluso antes de su administración.
Las Entidades Promotoras de Salud argumentan que ha sido, precisamente, el gobierno Petro quien no ha cumplido con los pagos que les debe hacer el Estado. Por ejemplo, han reiterado que no les han consignado a tiempo la suma de los presupuestos máximos y que el monto de la UPC (el dinero que les da el Estado por cada usuario) ya no les alcanza para sobrevivir en el negocio. Aunque el gobierno les ha respondido que es suficiente, para las EPS debería ser mayor. Ese, incluso, ha sido uno de los motivos de enfrentamiento directo y división entre el ministro de Salud y la cabeza de la EPS Sanitas, pues el funcionario ha acusado a la empresa de mentir sobre sus cifras financieras y hasta pidió que levantaran su velo corporativo. La EPS ha respondido que como empresa han hecho todo lo posible para que el Ejecutivo entienda las cifras, pues “el Estado tiene una responsabilidad financiera con este tema”.
¿Qué significa la intervención de una EPS?
Y ya, con estos antecedentes, volvamos a la coyuntura. La semana pasada, justo el 2 de abril, volvía a debate la reforma a la salud, pero con una variable de fondo: un grupo de ocho ponentes ya habían puesto su firma con el objetivo de archivar el proyecto. Los ministros buscaban consensos. Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo eran enfáticos en que el gobierno no retiraría el proyecto. Alexander López, desde el DNP, defendía la viabilidad financiera del texto argumentando que, junto al Ministerio de Hacienda, existía la voluntad de hacer los ajustes para financiar el proyecto. Decían los colegas que seguían la discusión en el Congreso: “Recordemos que actualmente hay tres ponencias. Una de Gobierno, una alternativa liderada por Fabián Díaz, y una de archivo, que es la que tiene las mayorías consolidadas”. “Esta reforma no puede continuar avanzando. No podemos seguir manteniendo en vilo al país, aplazando y aplazando. Entre otras cosas, este aplazamiento también condena la reforma a morirse por procedimiento”, dijo Miguel Ángel Pinto, senador del partido Liberal, quien en varias ocasiones habló en nombre de los nueve congresistas que firmaban el archivo.
Pero justo cuando el tema de conversación era la reforma y la puja política por si seguía o no en el debate, el país se enteró de las acciones adelantadas por la Superintendencia de Salud en contra de Sanitas, la EPS más grande de Colombia. Para cuando todavía se estaba explicando qué significaba, también nos enterábamos de que la reforma a la salud, propuesta por el gobierno Petro, se había hundido después de más de un año de discusión:
Salud
Supersalud interviene a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de afiliados
Salud
Un ABC para resolver las principales inquietudes si está afiliado a la EPS Sanitas
Salud
Detalles de la resolución con la que la Supersalud ordenó la intervención de Sanitas
Salud
La reforma a la salud se hunde definitivamente en la Comisión Séptima del Senado
EPS Sanitas tiene 5,7 millones de afiliados, de esos son más de 4,3 millones del régimen contributivo. Hace parte del grupo Keralty S.A.S, una organización empresarial que opera en Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana. De acuerdo con la Superintendencia de Salud, la intervención será por un año y la motivó, dicho por la cabeza de dicha entidad, Luis Carlos Leal, “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”. Leal aseguró que “las funciones de la EPS van a continuar”, que los usuarios “no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático” porque “durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.
Esto, en otros palabras, quiere decir que le entregan la dirección de la EPS a un agente interventor y se deben hacer a un lado los actuales directivos, razón por la cual no debería haber ningún tipo de afectación en las citas médicas, las cirugías, las entregas de medicamentos y, en general, ninguno de los servicios que hoy presta. Pero si todos esos servicios se mantienen, entonces ¿por qué se interviene, se preguntaron muchos usuarios que, entrevistados en medios de comunicación, verificaron la prestación de un buen servicio? “La intervención tiene como fin corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible”, dijo el ministro Jaramillo, sin dar detalles y explicaciones concretas. “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo con la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”, escribió Petro en redes sociales, sin tampoco especificar hechos concretos a pesar de las acusaciones.
¿Es usuario de la EPS Sanitas? La Supersalud asegura que continuará el servicio
Así que, esta parte, va para todos los que buscamos respuestas en temas de servicio: según el Gobierno por medio de la Supersalud, usuarios y pacientes seguirán recibiendo todos los servicios en las mismas instituciones en donde los han recibido hasta el momento. “No tendrán que cambiar de médico ni pedir nuevas autorizaciones para los ya autorizados”, no hay que hacer trámites extra, no se afectarán los beneficiarios, las citas se mantendrán, la entrega de medicamentos sigue como de costumbre, hay que seguir asistiendo a los mismos centros médicos, si usted está embarazada continúa con su servicio en la EPS como de costumbre, si necesita una atención que no está incluida en el Plan de Beneficios, usted debe hacer el mismo trámite que se acostumbra a hacer para esos casos y, si necesita hacer un reclamo, lo puede adelantar ante la Supersalud a la línea 018000 513700 o en la página www.supersalud.gov.co. Todos estos detalles están en este enlace.
Pero cuando se estaba tratando de entender lo de EPS Sanitas, se conoció que la reforma a la salud estaba muerta: “La mayor parte de los integrantes de Comisión Séptima votó una ponencia de archivo”. Los colegas que siguen este debate nos recordaron: “La reforma pretendía una profunda transformación en el sistema de salud, pero no logró consenso, como suele pasar cada vez que se intentan llevar a cabo este tipo de reformas. El Gobierno pretendía cambiar la naturaleza de las EPS, eliminando muchas de sus funciones y trasladándolas a otras entidades llamadas “Gestoras de Vida y Salud”. El papel que tendrían esas Gestoras en el nuevo modelo nunca convenció del todo a una parte del sector de la salud. Fue criticado por organizaciones como Acemi (que reúne a las EPS del régimen contributivo) y Gestarsalud (del subsidiado). A otra parte del mundo de la salud, como al sector hospitalario, sin embargo, no le disgustaba del todo ese nuevo actor. A la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) no le incomodaba que fuesen los encargados de hacer las auditorías y tuviesen una “relación contractual con una red”, como nos había dicho el director de ese gremio, Juan Carlos Giraldo”.
¿Qué sí logró acordar dicho proyecto de reforma? “El fortalecimiento de la atención primaria que pretendía la reforma, puso en un mismo lado de la acera a partidos políticos. También hubo un acuerdo en la necesidad de que se universalice el giro directo (que el Estado pague, a través de la Adres, directamente a las IPS, sin la gestión de las EPS) y que se elimine la integración vertical (lo que, en términos simples, significa que se impida que las EPS tengan bajo su propiedad a clínicas y hospitales). El proyecto también sirvió, señalaron en varias oportunidades políticas y técnicos del sector salud, para reconocer las virtudes del sistema de salud, pero también para aceptar sus fallos y deudas. Todos los senadores y congresistas que votaron y discutieron este proyecto reconocieron en diversas oportunidades la necesidad de que el sistema no brinda la misma oportunidad de acceso en las zonas más apartadas del país. No pocas veces se mencionó la vieja necesidad de que se requiere una atención diferencial en esos territorios”.
También quedó en el lado de los acuerdos “la necesidad de desplegar equipos territoriales de salud en el país (especialmente en sus zonas periféricas), de fortalecer la red de hospitales públicos, de construir un sistema de información interoperativo que sirva para conectar a todas las entidades y actores del sistema de salud y de diseñar una política de formalización y dignificación a los empleados y servidores del sistema de salud”.
Seguían las explicaciones sobre EPS Sanitas y, a la vez, de la hundida reforma a la salud, cuando se supo de la intervención a la Nueva EPS y sus consecuencias:
Salud
Supersalud interviene a la EPS con más afiliados de Colombia: Nueva EPS
Salud
Supersalud tiene seis EPS intervenidas: más de 24 millones de afiliados
Salud
Supersalud explica las razones que llevaron a la intervención de la Nueva EPS
Salud
Reacciones del mundo de la salud a las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS
Nueva EPS tiene 10,9 millones de usuarios que están distribuidos en 4,7 millones en el régimen contributivo y 6,1 millones en el régimen subsidiado. ¿Cuál fue la razón para intervenirla? Dijo la Superintendencia: “Son similares a los que encontramos con la EPS Sanitas, donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero”. La medida se ordena por un año y tal como respondieron sobre EPS Sanitas, los usuarios no deberían tener ninguna modificación o afectación, de acuerdo con el gobierno.
Como ya eran dos, y las más grandes, surgieron muchas preguntas desde el lado de analistas: Johnattan García Ruiz, investigador de salud pública de la Universidad de Harvard, le dijo a El Espectador: “Lo que preocupa en este momento es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. Hoy hay otras EPS que también están en situaciones que podrían ser causal de intervención. ¿Las intervendrán también? ¿La idea es recuperarlas y devolverlas a los empresarios que tanto critican o simplemente pagar las deudas que puedan y liquidarlas? Este gobierno ha sido inflexible a la hora de asignarles más recursos. No creo que a punta de ‘buena gestión’ resuelvan la crisis de Sanitas ni de otras, ni si tienen la intención de hacerlo”.
Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, dijo: “La intervención perjudica a todos, pero es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe. Eso ratifica la necesidad de una reforma a la salud”.
¿Qué EPS estás intervenidas para administrar y cuántos afiliados suman?
Aunque el gobierno había dado respuesta sobre el por qué estaba interviniendo a estas dos EPS, fue necesaria una rueda de prensa para que entregaran más detalles, pues hasta el momento el argumento siempre estuvo basado en un asunto financiero sin que se conocieran las cifras detalladas de cada empresa. Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, habló del “aumentó dramático de las PQRS, que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”. Aseguró que “llama la atención que los pasivos, las deudas que tienen estas EPS con distintas IPS del país, han venido aumentando” y se refirió a un caso particular: el de Sanitas. Contó que “durante el año pasado incrementó desde mitad de año una deuda de medio billón de pesos para terminar en casi dos billones de pesos, de acuerdo con las cifras que ellos mismos reportan”.
¿Qué dijeron distintos actores protagonistas de este sector en el país? La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, afirmó en un comunicado de prensa que desde hace meses “se hizo un llamado a poner en marcha un plan de salvamento del sector salud que garantizara el correcto funcionamiento de todos sus agentes y la atención de los pacientes, el cual fue repetidamente ignorado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia”. Álvaro Molina, director de la Asociación de Usuarios de Sanitas, dijo en entrevista para W radio que “la intervención no es para mejorar. Cuatro EPS intervenidas por esta superintendencia demuestran que, en el proceso de intervenir, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta. No es mejorar, es poner en riesgo la vida de los pacientes”. Para Jaime Arias, exdirector de Acemi, el gremio de las EPS, y exministro de Salud, también en entrevista radial, aseguró que “las intervenciones administrativas terminan en liquidación, no son exitosas porque el gobierno no tiene la experiencia de manejo de EPS. Solo algunas EPS pequeñas se han podido recuperar”.
María Clara Escobar, su presidente ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, otro eslabón de la cadena fue más que clara: “Estos hechos son una clara muestra de nuestras constantes advertencias sobre el grave problema de desfinanciamiento que enfrenta el sistema de salud. Los recursos actuales son insuficientes para cubrir las necesidades reales de los pacientes, lo que inevitablemente lleva a una crisis como la que estamos presenciando”.
La siniestralidad de Sanitas (es decir, al dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe) aumentó un 11% entre 2019 y 2023. Pasó 92,9% al 103,9%. Su tasa de reclamaciones es del 26,07. La de Coosalud es del 38,08, Compensar, 28,94; Famisanar, 28,72, y Servicio Occidental de Salud (SOS), 28,61: Supersalud.
Sanitas, desde su casa matriz y holding, el Grupo Keralty, respondió ante la intervención. La Procuraduría entró a investigar. Hablaron los interventores. Analizamos, con datos recopilados por el editor de Salud, Sergio Silva Numa, los datos de reclamaciones, número de especialistas para atender a los usuarios, los ahorros que deben tener las EPS para cumplir con las obligaciones y apuros que genere la prestación de servicios de salud en el futuro:
Salud
EPS Sanitas responde: “La intervención es ilegal, desproporcionada y discriminatoria”
Judicial
Procuraduría abre investigación al superintendente de Salud por toma de EPS Sanitas
Salud
“No hay excusas para que los afiliados no sean atendidos”, interventor de Nueva EPS
Salud
Otros datos que no se pueden pasar por alto en el caso de la EPS Sanitas
Sanitas, entonces, fue soltando un poco más de información en su respuesta, pues no solo dijo que la acción de la Supersalud era “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, sino que la situación de sostenibilidad financiera de la EPS, según este grupo empresarial, era provocada “por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”, que la “EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos” y que la intervención “puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”, no sin antes advertir sobre acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.
La Procuraduría, por su parte, le abrió investigación al superintendente de Salud, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS Sanitas. El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente, “requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas”, nos contaron los colegas de la redacción de Salud. El superintendente Leal afirmó que desde la Supersalud están dispuestos a colaborar con los entes de control para garantizar la transparencia de su labor.
El Gobierno tenía la presidencia de Nueva EPS, pero la interviene: ¿por qué?
Para el 4 de abril una nueva ventana en todo este embrollo que está involucrando a cada vez más colombianos se abrió: el procurador Luis Ramiro Escandón dijo que la Supersalud no tenía un expediente que sustentara la intervención de Sanitas, detalló que no hay un expediente administrativo con “toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS”. Así que, en palabras de Escandón, esto podría generar una posible “vulneración a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso, propios de toda actuación administrativa”.
Al día siguiente la noticia con la que se despertó Colombia era que la EPS Compensar le había pedido “a la Superintendencia de Salud ser liquidada debido a la compleja situación financiera” y, entre sus cifras, se sabía que en 2022 sus pérdidas habían llegado a “$139.000 millones”. ¿Qué tan grande es esta compañía? “Tiene un poco más de dos millones de usuarios, según las últimas cifras del Ministerio de Salud. De estos, 1,7 millones están en el régimen contributivo y 377 mil en el régimen subsidiado”.
“El año pasado perdimos $30.000 millones, que es una cifra insignificante para la situación tan difícil en que estamos. Pero este año estamos con unas pérdidas mensuales de alrededor $30.000 millones. Por eso no podemos esperar ni a junio ni a diciembre para llegar a una cifra que no sea capaz de manejar la casa”, dijo Carlos Mauricio Vásquez, su presidente en la emisora Blu Radio.
Y como en todas las demás, los usuarios, ¿qué? “Compensar espera que la solicitud de retiro y liquidación voluntaria de su programa de EPS sea aceptada por la Superintendencia Nacional de Salud, y continuará atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible hasta el último día en que estén a su cargo, realizando una entrega ordenada de la población a la entidad que el gobierno defina”, se leía en un comunicado de prensa. La EPS tiene 1.700 colaboradores, 3.800 IPS y 7.800 profesionales de la salud. Realiza 70 millones de actividades de salud por año.
En medio de todas estas noticias, también se supo que “la Corte Constitucional citó a todos los actores del sistema a conversar en una mesa técnica sobre la suficiencia de la UPC, un elemento que podría tener una relación directa con lo que acababa de anunciar Compensar. La UPC es la plata que gira el Estado a las EPS para garantizar el plan de beneficios en salud. Desde hace un año gremios como Acemi (que reúne a las EPS del contributivo) y Gestarsalud (que reúne a las del subsidiado) señalan que ese dinero no está alcanzando, en algo que se llama “insuficiencia” de la UPC. Es decir, que gastan más de lo que reciben para cumplir sus funciones”.
Muchas, por supuesto, fueron las preguntas que aparecieron cuando se supo la noticia de Compensar: ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué pasaba, en paralelo, con EPS Sanitas? ¿Qué sucedería con quienes tenían plan complementario en Compensar? ¿Y quienes ofrecen servicios a la EPS Compensar?:
Salud
‘No queremos que Compensar se retire’: ministro de Salud
Salud
‘Intervención no implica cambios en la prestación de servicios’: Sanitas a afiliados
Salud
Compensar EPS: ¿qué pasará con el plan complementario?
Salud
“Seguiremos prestando servicios”: red de prestadores de Compensar llama a la calma
Con todas estas noticias, por supuesto, la zozobra se apoderó de muchos usuarios. Entonces era necesario escuchar otras voces para entender mejor la situación: “Hay que conservar la calma. No hay que tomar decisiones en caliente, pues los servicios de salud no se van a suspender”, sugiere Tatiana Andia, socióloga y profesora de la U. de los Andes. Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, cree que “es mejor tener paciencia para ver cómo avanzan estos movimientos” y, detalló pensando en el futuro a la hora de trasladar pacientes, que los usuarios pasarían a EPS que no estén intervenidas y, con las decisiones que tomó la Supersalud esta semana respecto a Sanitas y a Nueva EPS, ese grupo se ha reducido. Decía Sergio Silva, sobre eso, que la tarea sería entender las zonas en donde opera Compensar, pues tiene una fuerte presencia en Bogotá, así que los focos se mueven hacia quienes tengan la capacidad de recibir a sus afiliados, entre ellas Sura, Salud Total y Aliansalud. Pero recibir usuarios “implica hacer ajustes en las finanzas y en la manera de gestionar el riesgo”, que es lo que justo, hemos visto, tiene en aprietos al sistema.
Ya, desde el ámbito jurídico, que es lo que se viene, también surgían preguntas. Por ejemplo: ¿Puede la Procuraduría echar para atrás la intervención a Sanitas?, se preguntó uno de los periodistas de la sección de Salud. “La única instancia que podría suspender o anular la intervención sería un juez de lo contencioso administrativo”, le dijeron a Andrés Mauricio Díaz Páez. En este texto explicaba que “La intervención se ordenó por medio de un acto administrativo, por lo que solo habría dos caminos para que la medida pueda echarse para atrás y ambos conducen a los jueces del sistema judicial, específicamente de lo contencioso administrativo”. “El primero que se presente una solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho en nombre “de los directamente afectados, o sea los accionistas de Sanitas, y en este caso se presentaría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo establece el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”. Y el segundo, “sería por medio de una solicitud de nulidad simple, que tendría que presentarse ante el Consejo de Estado”. Una acción que podría presentarla cualquier ciudadano o entidad del país que pondría por delante a los pacientes.
El reto histórico que le espera al sistema de salud
Y de la reunión convocada por la Corte Constitucional, ¿qué salió? Allí Jaramillo, el ministro de Salud, volvió a decir que está “totalmente de acuerdo en que se revise la UPC”. La Corte, en “anteriores oportunidades, había señalado que la información recolectada y que el Gobierno usó para establecer el aumento del valor de esta UPC “no era del todo confiable””, nos recordaba la sección de Salud en este enlace. Al final de la reunión Jaramillo preguntó: “¿Qué está pasando con los recursos? Este año va a ser cerca de $94 billones, el año pasado fueron $84 billones”, afirmó, refiriéndose al presupuesto de todo el sector salud. A Jaramillo le dio la razón la Contraloría en un informe que se convirtió en uno de los soportes que han justificado la decisión de la Supersalud para intervenir a Sanitas y a Nueva EPS. Ese informe fue publicado en febrero de 2024 y en él la Contraloría señalaba que la deuda total de las EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnologías alcanzaba la suma de $11.3 billones. A los ojos del contralor, algunas EPS no estaban haciendo un gasto eficiente de la UPC. También dijo que no había “un control real de qué pasa con la facturación de las IPS”. La discusión de si la UPC es suficiente o no, es el centro del debate en este momento que atraviesa el sistema de salud colombiano”, contaron los colegas que siguen esta información.
Y ahora, ¿en qué vamos? En que fue precisamente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció una serie de decretos para hacerle ajustes al sistema. “Uno de los más importantes tiene que ver una norma que busca aumentar el porcentaje del giro directo, que consiste con que el Estado le gire la plata a los hospitales y a las clínicas por la prestación de sus servicios, sin que pase por las manos de las EPS”. Jaramillo aseguró que “ha sido una solicitud de las IPS, que consideran que es algo importante para mantener sus finanzas sanas”. Es importante recordar que esta era una propuesta de la reforma a la salud, la misma que se hundió en el Congreso.
Intervenir las EPS para administrarlas: ¿buena o mala idea?
El titular de la cartera también habló de la creación de un tarifario único y la creación de promotores de salud, un experimento que ya empezó a llevar a cabo en el departamento del Vaupés. “Tener un manual tarifario es un sueño de hace décadas. Se ha venido construyendo con base a experticias internacionales”, dijo el viceministro de Protección Social, Alberto Martínez, frente a la primera medida, aunque es una idea que ha sido muy controversial, como explicamos en este artículo.
Vamos también en que la Contraloría, que había hablado de un informe sobre el manejo de los recursos de salud por parte de las EPS y “que apuntaba preliminarmente a malos manejos de los recursos del sistema de las Entidades Prestadoras de Salud”, todavía está en etapa de revisión de observaciones presentadas por diferentes actores. “Una vez concluya esa etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guías de la Contraloría, para que se tomen las medidas correspondientes: ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”, explicó en un comunicado de prensa.
También vamos en que Academia de Medicina ofreció asesorar a Petro y “buscar las soluciones más acertadas” para todo el sistema de salud. En que el Gobierno ya convocó a voceros de EPS en medio de las polémicas por las intervenciones y dejó sobre la mesa su postura: “Nosotros no las hemos intervenido para liquidarlas”. Ya se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar la situación de salud y en que Julio Alberto Rincón, designado como interventor de la EPS más grande del país, Nueva EPS, envío varios mensajes a los afiliados y a la red de prestadores con los que trabaja la entidad: “Los servicios no se van a detener”, “yo llegué a administrar, no a liquidar”, “Nueva EPS no puede fracasar” y “tenemos el apoyo del Gobierno”.
Por ahora, como usuarios, no podemos hacer nada distinto a esperar y estar vigilantes sobre el cuidado de un sistema que debe propender por la salud de todos y todas, no solo porque cada mes aportamos para su sostenimiento sino porque también lo hacemos a través del pago de los impuestos y la posterior asignación en el Presupuesto General de la Nación para todo el sector. Debe quedar muy claro que la salud debe estar por encima de todas las peleas políticas, las diferencias de color en la bandera, los gustos personales, porque aquí deben primar las necesidades generales, las de la mayoría. Sin salud no hay nada más, nada, así que esta discusión y situación sí que debería estar en el intereses de todos los colombianos. Aquí, desde la redacción de El Espectador, seguiremos informando cada detalle de lo que estamos viviendo en el país, contando las voces de los conformes y de los inconformes, de los que creen en la profunda modificación del sistema y de los que creen que hay que edificar sobre lo construido.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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