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La Superintendencia de la Economía Solidaria sorprendió el miércoles con la toma de posesión de Copservir, una cooperativa de trabajadores que nació hace más de 27 años para administrar, entre otras, la marca comercial Drogas La Rebaja. Esta tiene una red de puntos de venta que hace presencia en más de 200 municipios, con más de 1.030 establecimientos comerciales. La decisión causó ruido en el mundo de la salud por dos razones: en primer lugar, Drogas La Rebaja es una de las cadenas de venta de medicamentos más importantes del país y, en segundo lugar, porque estas droguerías han estado en los planes del Gobierno desde hace mucho tiempo. (Vea: Médicos lograron extraer aguja del cerebro de una niña de 4 años)
Fue el 3 de noviembre de 2022 cuando el Gobierno reveló sus planes con Drogas La Rebaja. En Aracataca, Magdalena, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente presentaron una idea: que los puntos de Drogas La Rebaja se convirtieran en Centros de Atención Primaria, es decir, en puntos de atención médica de primer nivel (la más básica en el sistema). Petro se imaginaba a Drogas La Rebaja, además, como una gran red que le ayudaría al país a abaratar los medicamentos genéricos que pretende producir.
La idea, en principio, le sonó bien a personas como Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, quien creía que ayudaría a solucionar dos cosas: acceso a la atención médica en zonas apartadas y dispersas, y que esto estuviera integrado con el expendio de medicamentos locales.
Sin embargo, desde el principio el plan tuvo varios tropiezos. Uno, como entonces le dijo Copservir a El Espectador, el Ministerio de Salud nunca se comunicó con la cooperativa para anunciar sus planes. Mónica Luna, su secretaria general y representante, nos había asegurado que La Rebaja no tenía la capacidad para brindar atención médica. ¿Qué pasó con ese anuncio dos años después?
Líos legales
Para entender mejor este tema, hay que recordar un par de cosas antes. En 2005 la Supersolidaria ordenó la toma de posesión para administrar de Copservir, debido a algunos hallazgos que comunicó entonces la Fiscalía 18 Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Durante la década de los años noventa, la marca Drogas La Rebaja había estado en poder del Cartel de Cali, un grupo narcotraficante que la usó para lavar activos. A pesar de que ya para 2005 el Cartel de Cali ya no existía como tal, las autoridades consideraron que la cooperativa todavía tenía la sombra de los capos en su operación y naturaleza.
La medida de intervención para administrar se ordenó por un año en 2005, pero se prorrogó por un término de 13 años y seis meses. Durante este período, un juez de Bogotá ordenó en 2016 la extinción del derecho de dominio de los bienes y servicios de la cooperativa, que entonces comprendían 880 establecimientos de Drogas La Rebaja distribuidos en todo el país. Lo que esto significa, en términos simples, es que dichos activos pasaron a ser propiedad del Estado, en particular, de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que en Colombia administra y gestiona los bienes provenientes de actividades ilícitas.
La intervención terminó en 2020, cuando la Supersolidaria levantó la medida, justificando que Copservir ya se encontraba en condiciones de “desarrollar su objeto social”. Pero en ese momento, por lo menos 880 establecimientos de Drogas La Rebaja eran propiedad del Estado, que los administraba a través de la SAE. Por eso, el 29 de septiembre de 2021, la cooperativa suscribió un contrato con la SAE, que fue una de las principales razones que llevó a la Supersolidaria a ordenar de la toma de posesión.
Ese contrato de “preposición” firmado por la SAE y Copservir en 2021 implicaba que la SAE le encargaba a Copservir la administración de los 880 establecimientos de Drogas La Rebaja y La Rebaja Plus Minimarket y Droguería. A cambio, Copservir acordó pagar a la SAE una suma de $7.000 millones de pesos como “bono de firma”, que es una especie de incentivo o reconocimiento económico para asegurar que el contrato se cumpliera. (Vea: Gobierno expide el decreto de giro directo, el primero que ajusta el sistema de salud)
Es decir, para cuando el presidente anunció que Drogas La Rebaja serían puntos de Atención Primaria, en realidad no los controlaba, pese a que estos habían sido objeto de extinción de dominio. El problema de ese contrato, dice la Supersolidaria, es que antes de suscribirlo, Copservir debía contar con la autorización del funcionario judicial que adelanta el proceso de extinción de dominio. Según dice la Super, eso no ocurrió.
Además, las autoridades también señalan que hubo irregularidades en la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria en la cual se autorizó suscribir el contrato. Por ejemplo, dice la Supersolidaria, dicha convocatoria fue autorizada por el Consejo de Administración de la cooperativa el 3 de agosto de 2021, que se llevó a cabo el 20 de agosto del mismo año. “Esto, pese a que los estatutos señalan expresamente que la publicación de la convocatoria tiene que efectuarse con una antelación de 15 días a la fecha de realización de la Asamblea”, se lee en el documento de la superintendencia.
Para la Supersolidaria, todas las decisiones que se tomaron en esa asamblea, incluyendo la autorización para suscribir el contrato con la SAE, no son legales. Para el ente de control, esto terminó permitiendo que Copservir administrara los establecimientos de Drogas La Rebaja (que son bienes y recursos públicos) en un “escenario no permitido”. (Vea: Sociedades científicas se unen a la marcha por el sistema de salud)
Con esta toma de posesión, entonces, el Gobierno recupera la administración de esos establecimientos y deja por fuera a Copservir, aunque la orden puede ser apelada. En la resolución se da un plazo de dos meses para tomar una decisión más de fondo sobre la cooperativa y se nombra agente especial a Yobany Montilla Meza, quien administrará y fungirá como representante legal a partir de ahora. Montilla fue candidato a la Cámara por Bogotá a través del Pacto Histórico en 2022.
La atención primaria
Esta decisión parece solucionar, en un primer momento, el inconveniente con el que el Gobierno se había topado a la hora de poner a andar su plan: a pesar de que la SAE controlaba, en teoría, Drogas La Rebaja, no podía usar la mayoría de sus establecimientos. Solo un puñado, poco más de 300 (la marca dice que tiene 1.030 puntos de venta), habían quedado por fuera del contrato con Copservir. El Gobierno también puede prescindir de las directivas de la cooperativa, que, según conoció El Espectador, nunca estuvieron muy convencidas de los proyectos del Ministerio de Salud con las droguerías.
Este movimiento, sin embargo, no soluciona otros retos, más propios de poner a andar un modelo de atención primaria a partir de estos establecimientos. El más importante ya lo había adelantado Mónica Luna, representante de la cooperativa: la falta de capacidad médica en el personal que atiende estos establecimientos: “Nosotros solo somos dispensadores”, decía entonces. Como el Gobierno aseguró que con esta toma de posesión no habrá despidos ni recorte de personal, lo que ahora se preguntan en el mundo de la salud es cuál será el paso a seguir para solucionar este inconveniente.
En ese punto, nos decía un médico que conoce bien este modelo, será clave saber qué se entiende como atención primaria, que puede ir desde saber poner una inyección (algo que, aunque no es recomendado ni sugerido, ya sucede en las farmacias del país), hasta tener la capacidad de acompañar un parto, lo que evidentemente no sucede hoy. Entre las soluciones, el Gobierno tendrá que considerar que el país cuenta con un personal médico escaso. Mientras que el promedio del “club” de la OCDE es de 36 médicos por cada 10 mil habitantes, en Colombia es de 23. Mientras ese grupo alcanza un promedio de 88 enfermeras por 10 mil habitantes, Colombia apenas llega a 14.
No hay medidas inmediatas para solucionar esa falta de personal. “A no ser, y ese es un temor que tengo, que estemos dispuestos a enviar en ese nivel de atención a personas que no tengan las capacidades profesionales que deben tener”, nos dijo hace unos días una persona que conoce el sistema desde el sector hospitalario y que prefirió que dicha preocupación sea anónima. Consultamos a la SAE para conocer su opinión sobre todo esto, pero nos dijeron que no harán ningún pronunciamiento. Por ahora, y según le confirmó la Supersolidaria a El Espectador, el próximo martes se realizará una mesa técnica en la que estará el Ministerio de Salud, la SAE y otras entidades “para conocer cuáles son las acciones que cada entidad está adelantando y articularnos en ese sentido”
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