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Al principio de esta entrevista, le pregunto al superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, si los últimos han sido días difíciles, con 7 EPS intervenidas y dos más pidiendo su salida del sistema de salud. “Días, meses, años”, contesta Leal con una sonrisa, “pero para eso estábamos preparados”.
Leal está al frente de una institución que ha tomado algunas de las decisiones más trascendentales y debatidas de los últimos años en el sistema de salud: intervenir a las EPS más grandes del país (Nueva EPS y Sanitas), además de otras muy importantes en departamentos como Antioquia (como Savia Salud) y el Valle del Cauca (como EPS SOS). (Puede ver: EPS vs. Gobierno Petro: cronología de una discordia)
El superintendente recibió a El Espectador después de que EPS Sura anunciara su petición de desmonte progresivo. Leal dice que la crisis financiera del sistema es estructural, que no ha sido provocada por este Gobierno y que, de hecho, este la intento remediar con una reforma a la salud que se hundió. Además, critica a Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo) y revela algunos hallazgos de las intervenciones que están en curso en Sanitas y Nueva EPS.
EPS Sura era de las pocas EPS que cumplía el indicador de reservas técnicas, clave en el sistema de salud. Además, había demostrado su intención de volverse Gestora de Vida y había tenido unas conversaciones muy cercanas con el Gobierno. ¿Lo sorprendió la decisión de Sura de pedir su retiro?
No, en diferentes oportunidades muchas EPS habían manifestado y habían solicitado el apoyo al Gobierno y al Congreso para modificar las condiciones actuales del sistema, que hacen que financieramente tengan crisis. El modelo basado en el aseguramiento financiero que existe hace que haya unos requisitos muy altos para poder funcionar, que no se cumpla la misionalidad de muchas de las EPS que se encuentran en estos momentos funcionando al interior del sistema.
Creo que no es sorprendente, lo habían anunciado desde el año pasado en una carta abierta donde solicitaban modificaciones financieras al interior del sistema y donde manifestaban una crisis en la cual se encontraban insertas. Era de esperarse que en algún momento pasara, bajo el modelo actual que tenemos, frente al cual no solo este Gobierno, sino Gobiernos anteriores, han presentado propuestas de reforma para actualizar lo que se encuentra ya vigente más de 30 años y que no está funcionando. Un sistema de salud no es estático, requiere modificaciones.
¿Ha hablado con Sura desde que se hizo pública la noticia?
No, no he tenido ninguna comunicación con nadie de Sura hasta el momento.
Sura tomó el camino jurídico del desmonte progresivo. ¿Qué diferencias hay respecto a la decisión que tomó Compensar de liquidación voluntaria?
Es la primera vez que una aseguradora solicita un desmonte progresivo, que no es solo pedirle a la Superintendencia de Salud la posibilidad de liquidarse o de desaparecer, sino de presentar un plan progresivo, para poder hacer el traslado de sus afiliados a otras EPS que tenga la capacidad administrativa regional y financiera para asumir la responsabilidad de tener estos afiliados; para saldar sus deudas con cada uno de los prestadores y para que el traslado se dé cumpliendo con los estándares financieros.
Por eso, es importante que Sura cuenta con reservas técnicas, porque ese régimen de reservas técnicas hace que el traslado no sea un traslado, sino un sustento financiero de muchas de las medidas que ya se pudieron haber tomado. También hay diferencias en los periodos y los plazos de evaluación por parte de la Superintendencia, que en el caso del desmonte progresivo son más cortos porque la norma es mucho más clara en decir cuál es el periodo y el tiempo para poder desarrollar la evaluación de la medida y, después, la aplicación. (Puede ver: ¿Usuario de EPS Sura y no sabe qué va a pasar? Le respondemos varias dudas)
Son 65 días, entiendo.
Son 65 días hábiles, que son poco más de tres meses. En los primeros 30 días hábiles se estudia la solicitud y la propuesta que hace la EPS por parte de la superintendencia. Se hacen unas recomendaciones, modificaciones o solicitudes de acuerdo con los hallazgos de ese estudio. La EPS tiene 20 días hábiles para cada uno de esos requerimientos y para hacer las correcciones a las que haya lugar. Y hay 15 días finales hábiles para que la Superintendencia evalúe si efectivamente se corrigieron las falencias que había y si se puede o no aprobar el plan.
El plan, como está presentado hoy por Sura, habla de tres meses de implementación después de que haya sido aprobado. Eso puede ser también sujeto de modificación. Sura reconoce y dice que puede que sea un periodo mucho más largo. También puede existir la posibilidad de que pasados estos 65 días la superintendencia decida no aprobar ese retiro o ese desmonte voluntario. Inclusive, Sura, al final de su comunicado, dice que, si no se autoriza, se tome una medida administrativa para intervenir la EPS y generar una recuperación financiera, como se hacen las intervenciones al interior del sistema de salud colombiano.
En caso de que la Supersalud negara el programa, ¿a Sura le tocaría continuar en el sistema?
Claro. Porque no es una entidad privada que con recursos propios esté gestionando algo. Es una entidad privada que con recursos públicos que se le siguen generando, que se le han pagado oportunamente por parte del gobierno nacional, hace la administración, ya no de un servicio, como decía la Constitución del 91, sino de un derecho (la salud). Por eso, su retiro no es tan voluntario como cuando uno tiene una tienda y dice, pues ya decidí cerrar mi tienda y hasta aquí llego. Aquí lo que se está administrando son recursos públicos de un derecho. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumpla. Por eso gira los recursos y por eso puede, en este caso, aceptar o negar el retiro.
En esa evaluación que va a hacer la Supersalud, ¿cuáles son los puntos críticos?
Lo más importante es que dentro de todo ese proceso no se vaya a afectar ni a vulnerar la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas que se encuentran afiliadas a Sura. Y que en todo el proceso se pueda garantizar que, efectivamente, todas y cada uno de estos más de 5 millones de colombianos tengan la posibilidad de pasarse un régimen de afiliación que les permita continuar la prestación y la garantía de sus derechos fundamentales. Y que obviamente no vaya a vulnerar ni a frustrar ningún tipo de tratamiento en el cual se encontrara.
Sobre ese eventual traslado, han surgido varias dudas. Hay una norma que indica que las EPS intervenidas no pueden recibir nuevos afiliados. Es decir, pueden afiliar nuevas personas, pero no pueden recibir traslados. ¿Eso es correcto?
No, no es correcto. Hay unas medidas específicas que evitarían el traslado de los afiliados, pero no aplican para todas las EPS intervenidas.
Dado el alto volumen de afiliados de Sura, uno pensaría que solo Sanitas y Nueva EPS, por su capacidad operativa, pueden recibir a estos afiliados en caso de que la Supersalud apruebe un traslado masivo. ¿Eso sería posible?
Es que se tiene que evaluar casi que de manera regional y territorial. No se puede decir que todos los afiliados de una EPS que se liquida o que se retira van a una misma EPS, porque no es un traslado en masa. El traslado se hace a partir de un estudio sobre qué EPS se encuentran dentro de cada territorio y qué EPS tienen las capacidades administrativas, financieras y técnicas para que esa población se pueda vincular.
Porque uno de los temores en el mundo de la salud es que se está buscando monopolizar la salud y que todos los traslados vayan a Nueva EPS…
No sé en qué se fundamenta ese temor, no lo había escuchado hasta ahorita. No es el interés de la Superintendencia.
Es lo que unos han señalado como “estatizar la salud”.
La premisa de estatizar la salud no correspondería ni siquiera a ese argumento, porque la Nueva EPS en su gran mayoría es privada, no es pública. Entonces, si vamos a pasar a toda [la población] a Nueva EPS, que es una entidad en su gran mayoría privada, pues no tiene sentido decir que estamos estatizando. Y, segundo, es imposible hablar de estatización en un sistema donde más de 10 mil instituciones prestadoras de servicios de salud son privadas. Las clínicas, los centros de salud, los centros de diagnóstico, los centros de terapias, son privados. Y los necesitamos; nunca se ha desconocido su papel y su rol fundamental, y el crecimiento y el desarrollo que han tenido. Entonces, es imposible hablar de un sistema estatizado en estos momentos.
¿Cómo garantizar, por ejemplo, que no haya prestadores que, ante el temor de que Sura les deje de pagar, dejen de prestar el servicio y terminen los contratos?
La Supersalud vigila a todos los prestadores. Es una tarea titánica, pero claramente nuestra delegada de protección al usuario ha desplegado equipos en el territorio donde más hay afiliados para garantizar que se les protejan sus derechos. Es importante recordarle a todos los prestadores que tienen completamente prohibido por ley, independientemente de que haya contrato o no, la negación de atención de urgencias o la expulsión de pacientes que se encuentren en algún tipo de tratamiento, haya o no haya contrato.
En un escenario ideal, ¿a usted le gustaría que Sura siguiera en el sistema?
Lo que pasa es que yo no puedo opinar como si me gustaría o no me gustaría. A mí lo que me gustaría, como superintendente nacional de Salud, es que los recursos llegaran a donde deben llegar de una manera honesta, transparente y equitativa, de tal forma que a nadie se le vulnere el derecho fundamental a la salud en todo el territorio. Eso es lo que me gustaría.
Cuando Compensar hizo oficial su salida del sistema, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que había que buscar opciones para que Compensar pudiera seguir. ¿Se han revisado opciones para garantizarle a estas EPS que puedan continuar funcionando?
Compensar hizo una solicitud de liquidación, pero todavía no se encuentra en trámite por parte de la Superintendencia por una razón: hay unos requisitos de ley que no se han completado para que se formalice esa solicitud. Es lo primero que es bueno aclarar, porque de momento ni siquiera se está estudiando liquidación hasta tanto se completen los requisitos de ley formales, que son procedimientos que requiere la Superintendencia para poder empezar a estudiar esta solicitud.
Y respecto a lo segundo, yo creo que muchas oportunidades se han planteado para que las EPS continúen. Inclusive la misma Reforma a la Salud, cuando en su discusión habló de la creación de ese modelo de Gestoras de Salud y Vida, pues daba precisamente a las EPS esa posibilidad de transformarse, mejorando sus condiciones financieras, no imponiéndoles requisitos administrativos que hoy las hacen inviables, pero garantizando su presencia al interior del sistema, prestando servicios de salud, generando auditorías de cuentas médicas, generando la posibilidad de manejar el sistema de referencia y contrarreferencia.
Entonces, creo que esa herramienta se dio, se habló, y creo que obviamente está o ha estado sobre la mesa. Lamentablemente, el Congreso de la República decidió ni siquiera dar el debate en el último momento. Y pues bueno, aquí estamos. (Puede ver: EPS Sura: ¿qué pasará con el plan complementario?)
Al principio hablábamos de una crisis financiera. Ninguna EPS dice que esa crisis financiera fue creada en este Gobierno. Todas dicen esto es histórico y esto es estructural. Pero sí dicen que el Gobierno no ha respondido a los llamados que ellas han hecho insistentemente para que, por ejemplo, se reajuste la UPC, para que se evalúe cómo se ajusta la UPC y para que se paguen deudas pasadas de presupuestos máximos. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno en esta crisis?
Es un fallo histórico en la configuración del sistema. ¿Qué ha hecho este gobierno para profundizarlo? Ellos (EPS) hablaban de deudas de presupuestos máximos: ya están pagos. La Adres (el banco de la salud) ya giró los presupuestos máximos. Están al día. Y de todas maneras, los presupuestos máximos eran un porcentaje muy bajo en comparación con la totalidad de los recursos que se giran anualmente. La deuda era de $2 billones, cuando se han girado $90 billones el año pasado. Entonces, echarle la culpa a esa deuda, creo que era algo desmedido.
Hay otros elementos que tenemos que analizar, por ejemplo, el cálculo de la UPC. La fórmula que se usa tradicionalmente daba un aumento de la UPC y este Gobierno lo que hizo fue aumentarlo por encima de lo que daba ese cálculo. Un 4% más por encima de lo que daba ese cálculo. Así mismo, han girado oportunamente los recursos al interior del sistema. Entonces, ninguna de esas dos medidas me parece que sean contrarias o que sean una presión o que sean un detrimento económico para las aseguradoras. Y creo que, al contrario, las aseguradoras, y especialmente de Acemi (el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo), en vez de estar lanzando ese tipo de acusaciones que no tienen fundamento, deberían ser responsable y reconocer también su papel dentro de todo este proceso.
Pero es la Corte Constitucional la que le ha ordenado al Gobierno que pague los presupuestos máximos que debe. Y la que está evaluando si ese cálculo de la UPC, que se hizo con base en pocas EPS, se ajusta a la realidad del sistema de salud.
Pues la orden se cumplió. La Adres hoy tiene un Power BI que pueden consultar en las redes sociales y en donde se está identificando cada una de las entidades y personas jurídicas a las cuales le está girando la plata y cuánto le está girando.
Me parece que es una herramienta grandiosa en materia de transparencia de datos. Además, nos sirve a nosotros como Superintendencia Nacional de Salud para verificar el flujo de recursos al interior del sistema y que a hoy ya se ha girado más de $3.5 billones de pesos, nada más en el caso de Sura. La Corte claramente ha sido defensora de los derechos y ha ordenado ese pago. Ese pago se cumplió. Se hicieron los traslados. Había una demora con un tema de legalización de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para hacer los pagos. Pero se hicieron.
Respecto al cálculo de la UPC, el error también puede estar en que si la norma, insisto, indicaba que daba un número por debajo, y el Gobierno lo hizo más allá, que fue lo que suscitó la investigación de la Corte. Esperemos el resultado.
Y si se hizo el cálculo con base en menos EPS de las que existen, no es porque el Gobierno no haya tenido la voluntad. Es porque las EPS no hicieron el reporte de los datos oportunos. También es un poco injusto cuando Acemi critica la forma como se evalúa la UPC, pero ni siquiera ponen de su parte en su responsabilidad de cumplir con entregar los datos de manera oportuna para poder ahí si criticar.
¿Qué hallazgos ha encontrado la intervención en Nueva EPS y Sanitas?
Nueva EPS venía escondiendo facturas del sistema de salud desde el 2019 y, tal vez, desde antes. Reportaban al sistema y decían, nosotros debemos a los hospitales $500 mil millones. Pero no, son $5.5 billones. Son $5 billones que estaban escondidos debajo de la alfombra. No sabemos todavía por qué, porque hasta ahora se legalizaron las facturas. Eso requiere un estudio profundo, que requiere, inclusive, que otros entes de control se metan a investigar qué fue lo que pasó durante tantos años al interior del sistema de salud para permitir que eso que se dejó ahí tapado, hoy tenga las repercusiones que tiene.
Otro hallazgo importante: Sanitas reportó en los dos últimos años pérdidas en operación del ejercicio de casi $400 mil millones. Pero hoy está difícil que justifiquen un aumento en los gastos de administración de $210 mil millones de pesos. La mitad de la pérdida lo estaban aumentando en gastos administrativos en temas que hoy hay que profundizar porque, probablemente, no tengan una justificación real de por qué su incremento desmedido en comparación con una supuesta pérdida empresarial.
Otro elemento adicional sobre Sanitas. No solo estaba generando unas pérdidas aumentando los gastos, sino que, además, la forma como se contrata al interior del sistema de salud es importante. Y el 75% de los contratos que tenía Sanitas o que tiene con el sistema de salud eran bajo una modalidad que se llama evento. Esta modalidad de evento es la más costosa del sistema. Y es la más costosa porque fomenta que el prestador, que en su gran mayoría eran prestadores propios, sea quien ponga el precio y el valor de la atención. Son valores que, en muchas oportunidades, están por encima del valor del mercado. Esos dos hallazgos están fresquitos, porque los interventores acaban de entregar su diagnóstico a la Superintendencia de Salud y estamos pendientes sobre la evaluación que hace la Superintendencia y los planes de mejora para corregir esas situaciones.
Hay una verdad oculta de la otra cara de la moneda que se ha dedicado a criticar unas acciones del Gobierno Nacional. Tenemos que tener la verdad, por parte de ellos, de lo que se reportaba a la Superintendencia o de la forma como estaban ejerciendo su administración de los recursos de la salud.
Ahí la pregunta que queda respecto a los hallazgos que señala, es la desconfianza que hay con la figura de la intervención, que casi nunca ha funcionado en el sistema de salud. Las figuras de intervención suelen terminar en la liquidación de las EPS. ¿Por qué en estos casos sería que ser diferente?
Aplicamos medidas diferentes. Lo primero que hicimos fue que obligamos a que, en este caso, hubiese una junta de acreedores. Eso nunca se había aplicado. En la historia de las intervenciones del país, nunca se había aplicado.
¿No le parece que esa junta hay un conflicto de interés? La EPS le debe a unos acreedores, y esos acreedores están en una junta, autorizando los movimientos de la EPS.
No, porque es una junta asesora. Entonces, no toma decisiones. No tendría conflicto de intereses y tiene un beneficio grande, porque a quienes el sistema les debe, generalmente, son a los prestadores y los proveedores. Y tiene que haber una adecuada distribución de recursos. No se puede seguir concentrando siempre en los mismos. Entonces creo que es una oportunidad para dirimir ciertas situaciones y para mejorar la equidad en la distribución de los recursos al interior del sistema.
Y además tiene una labor importante para la Superintendencia: son unos ojos directos en muchas de las acciones que están pasando financieramente alrededor de los interventores. Y nos permitirá, ojalá, tener alarmas tempranas frente a cualquier error financiero; frente a cualquier posible detrimento patrimonial que se vaya a presentar al interior de las EPS intervenidas.
Tenemos un segundo elemento. La forma en la cual se vigila o se hace seguimiento a cada uno de los pasos del proceso de intervención se aumentó en frecuencia. Anteriormente, se hacía casi que un seguimiento cada seis meses o al año. Nosotros estamos casi que de manera mensual. Además, porque el Presidente de la República, en cabeza del señor Ministro de Salud, configuraron un puesto de mando unificado que lideran, donde tenemos la oportunidad de cada 15 días estar en contacto y ver cómo van las cosas. ¿Cómo han evidenciado ustedes el proceso? ¿Qué puede hacer el Ministerio de salud para apoyar que este proceso? Eso nos permite a nosotros, como entes que vigilan la acción de los interventores, tener una responsabilidad más constante y tener la oportunidad de tomar decisiones.
¿Qué le diría a la gente que cree que el sistema de salud está en un punto de no retorno, que siente incertidumbre? ¿Cómo garantizarles que su servicio va a seguir, incluso en una eventual salida de Sura y de cualquier otra EPS?
Como Superintendencia, lo que puedo asegurar es que, desde que llegamos acá, lo único que hemos hecho es tomar todas las medidas necesarias para garantizar y para proteger el derecho fundamental a la salud de las personas. Creo que muchas y muchos pueden verificar en sus entornos, que tanto EPS intervenidas hoy como EPS que han solicitado su retiro, deben y tienen la obligación de continuar garantizando la prestación de servicios de salud. Así ha ocurrido. La afectación en la prestación de servicios de salud, por lo menos con las EPS que han sido intervenidas, ha sido mínima y tiende a evolucionar. Esa es la mejora. Porque ese es el trabajo que nosotros hacemos.
Cuenten con que nuestra entidad. Nuestra labor, compromiso y obligación por ley es defender el derecho fundamental a la salud de todas las personas y que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y por eso, vamos a continuar profundizando en cada uno de los hallazgos que tengan las EPS intervenidas.
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