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Más de 30 organizaciones del sector salud revelaron este martes una hoja de ruta que busca servir como base para discutir el futuro del sistema de salud colombiano. Los participantes aseguran que no se trata de un programa de gobierno ni de una reforma cerrada, sino de un “marco de referencia sectorial” construido a partir de consensos técnicos y diagnósticos compartidos, con decisiones organizadas según prioridades urgentes y metas de corto, mediano y largo plazo. La intención, dicen, es presentar estas líneas a los candidatos presidenciales y promover un diálogo “responsable, viable y sostenible” sobre el sistema de salud.
En la construcción participaron actores muy distintos del ecosistema de salud: asociaciones de pacientes, sociedades científicas, sindicatos médicos, clínicas y hospitales, aseguradores, universidades, centros de pensamiento, gremios empresariales e industria farmacéutica. Entre ellos aparecen organizaciones como Pacientes Colombia, ACEMI, ANDI, AFIDRO, FenalSalud, ASCUN, Así Vamos en Salud y varias asociaciones médicas y académicas. En total, el texto habla de más de 30 organizaciones, 14 consensos sectoriales y seis bloques de acción estratégica.
“Esperamos que los candidatos estén a la altura para, primero, asistir este 14 de mayo al conversatorio donde queremos entregarles este documento. Segundo, transmitir sus propuestas y tercero, escucharnos. Hoy vemos que salud quizás es uno de los tres temas más relevantes en la preocupación de los colombianos”, dijo Álvaro Puerta, fundador del movimiento Colombia Salud en Acción, presidente de SIES Salud y vocero de las organizaciones.
“El candidato en ejercicio que no escucha a los ciudadanos, es el presidente que después le va a dar la espalda a la salud. Es vital que los seis candidatos nos acompañen. No es un debate, es un conversatorio para hablar del estado de la salud. Uno de los temas trascendentales es el de la gobernanza. Este gobierno se raja, desde la visión de los pacientes, en materia de salud. La salud no es de derecha o izquierda o centro, es de los ciudadanos. La razón de ser del sistema de salud no son los gestores, las EPS o las IPS. Son los pacientes y los trabajadores de la salud”, dijo a su turno Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. “Esperamos del nuevo gobierno un plan de choque real para el sistema de salud. Que sea medible y alcanzable”.
Una hoja de ruta
La idea central del documento es que actual crisis del sistema de salud no puede abordarse de manera fragmentada. Sus autores y voceros sostienen que los problemas de financiación, acceso, talento humano, regulación y prestación de servicios están profundamente conectados entre sí y requieren decisiones coordinadas y sostenidas en el tiempo.
El primer eje se enfoca en recuperar la gobernanza y la institucionalidad del sistema. Allí se propone un plan urgente de estabilización financiera y humanitaria que permita normalizar el flujo de recursos y evitar interrupciones en tratamientos y servicios críticos. También se plantea crear una mesa técnica nacional que articule decisiones entre Gobierno, territorios y actores del sistema. A corto plazo, el documento insiste en fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Salud, la Superintendencia, el Invima y el IETS, además de aumentar la transparencia sobre información financiera y operativa.
A mediano y largo plazo, la apuesta es consolidar un sistema más técnico, interoperable y basado en evidencia, donde las decisiones no dependan exclusivamente de coyunturas políticas.
El segundo bloque aborda la sostenibilidad, quizá el punto más crítico de la situación del sistema. El diagnóstico que hacen las organizaciones es que el sistema perdió credibilidad por la incertidumbre sobre las deudas acumuladas, el flujo irregular de recursos y la ausencia de reglas claras sobre quién debe financiar qué. Por eso, una de las primeras decisiones urgentes que se propone es determinar y publicar la cifra real de los pasivos del sistema mediante una consolidación técnica independiente que permita diferenciar deuda operativa, deuda estructural y obligaciones derivadas de decisiones judiciales o intervenciones estatales.
La propuesta también plantea implementar un mecanismo extraordinario para normalizar el flujo oportuno de recursos entre los distintos actores del sistema, con el objetivo de proteger la continuidad de tratamientos y evitar que clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos sigan absorbiendo la crisis de liquidez. En esa misma línea, el documento habla de estabilizar financieramente a Nueva EPS y cumplir las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste técnico de la UPC y los presupuestos máximos. A corto plazo, el texto insiste en proteger la naturaleza técnica de la UPC, delimitando con claridad qué obligaciones corresponden realmente al aseguramiento y cuáles deberían financiarse por otras vías. También propone simplificar la operación administrativa del sistema eliminando cargas burocráticas que, según el documento, no generan valor clínico y terminan encareciendo la atención.
Otro de los puntos centrales es la trazabilidad financiera. El documento propone establecer mecanismos obligatorios de seguimiento del flujo de recursos entre aseguradores, hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos e industria, con el fin de fortalecer la supervisión y la transparencia. A mediano plazo, además, plantea avanzar hacia procesos técnicos y deliberativos para la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos, basados en evidencia científica, sostenibilidad financiera y protección del derecho a la salud.
También se propone transformar gradualmente los incentivos económicos del sistema. La idea es migrar de modelos centrados en el volumen de servicios hacia esquemas de pago orientados a resultados en salud, calidad y generación de valor. Según el documento, eso permitiría alinear mejor el financiamiento con la organización efectiva del cuidado y no únicamente con la cantidad de procedimientos realizados. A largo plazo, las organizaciones plantean blindar institucionalmente la sostenibilidad financiera del sistema mediante reglas estables sobre suficiencia de recursos, alcance del aseguramiento y disciplina fiscal.
El tercer eje está dedicado al aseguramiento y al modelo de atención. Aquí se plantea debatir sobre el presente y futuro de las EPS. Se insiste en proteger prioritariamente a pacientes con enfermedades complejas, de alto costo o huérfanas, así como garantizar continuidad en la atención de afiliados a EPS intervenidas o con dificultades financieras. La propuesta plantea fortalecer la Atención Primaria en Salud como eje organizador del sistema, pero manteniendo la gestión integral del riesgo y redes articuladas de atención. También se propone impulsar la telesalud y diseñar modelos diferenciales para territorios urbanos, rurales y dispersos. A mediano plazo, el texto plantea consolidar programas especializados para enfermedades complejas y darle un papel más central a la salud mental dentro de la atención integral.
“Las EPS estuvieron en la primera línea de la batalla porque se convirtieron, sin duda, en el blanco central de una narrativa que fue más política que técnica para cuestionar el modelo de aseguramiento y el papel articulador que cumplen estas entidades”, afirmó Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo.
Según Vesga, hoy cerca de 19,8 millones de colombianos afiliados a EPS intervenidas están recibiendo una atención deficiente. Por eso, aseguró que uno de los principales consensos del documento es que el próximo gobierno deberá llegar “a estabilizar al paciente”, es decir, implementar un plan de choque urgente para garantizar la atención de las personas afiliadas a esas entidades. “Hoy hay pacientes en EPS intervenidas que no están teniendo la atención que necesitan”, señaló. La dirigente agregó que también será necesario definir rápidamente el futuro de esas EPS, incluyendo el caso de Nueva EPS. “Hay entidades que claramente no tienen viabilidad financiera ni operativa y frente a eso hay que tomar decisiones”, dijo.
A partir de allí, añadió Vesga, el país deberá entrar a discutir de fondo qué modelo de aseguramiento quiere construir y cuál debería ser el papel de las EPS en la gestión del riesgo y la articulación territorial del sistema de salud. “Necesitamos que cualquier persona tenga un servicio de salud a por lo menos 2 horas de su casa y no más. Necesitamos intervenir los determinantes sociales. Necesitamos fortalecer al hospital público. Necesitamos desarrollar rutas robustas para que la gente tenga acceso a la salud antes de enfermarse y no solo cuando necesita asistencia. No son las EPS por las EPS. Mañana puede llamarse distinto. Pero no podemos subestimar ese rol de articulador. El gobierno lo creyó así y aquí están los resultados”.
Profesionales de la salud, en el centro
El cuarto bloque se centra en el talento humano en salud. “Colombia tiene en este momento unos 145.000 médicos, subimos la cifra de profesionales a unos 350.000 y en total estamos hablando de una masa de aproximadamente un millón de trabajadores que cubren el sistema de salud y que viven, por supuesto, de su trabajo dentro del sistema de salud. Los que llevamos toda la vida en el sistema de salud sabemos que, de cuando en vez, hay crisis en los sistemas de salud. Pero esta crisis es una crisis de grandes proporciones”; dijo Clemencia Mayorga, del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. “Los trabajadores de la salud hoy tienen dos tipos de problemas grandes. El primero es la frustración permanente de no encontrar cómo y con qué tratar y manejar a sus pacientes con calidad y seguridad. Y por otro lado, tenemos el cierre de servicios y la inoportunidad de pago a los profesionales de la salud”, agregó la vocera.
El documento reconoce que buena parte de la crisis se refleja en la precarización laboral de médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios. Por eso propone exigir pagos oportunos de salarios y órdenes de prestación de servicios como requisito de habilitación institucional. A corto plazo se plantea avanzar hacia una formalización laboral progresiva, con incentivos para promover estabilidad, especialmente en regiones apartadas. A mediano plazo, propone crear un Plan Nacional de Talento Humano con visión de 20 o 30 años y fortalecer la formación de especialistas según las necesidades reales del país. La lógica, dicen los voceros del consenso, es pasar de respuestas improvisadas a una planeación estructural del recurso humano.
El quinto eje aborda el acceso efectivo y las tecnologías sanitarias. Allí se plantea acelerar trámites regulatorios prioritarios para evitar desabastecimientos y garantizar continuidad de tratamientos críticos. El documento propone clarificar las funciones de regulación, evaluación y financiación de tecnologías, además de fortalecer los mecanismos técnicos y científicos para que las decisiones sobre medicamentos y dispositivos estén sustentadas en evidencia y valor terapéutico. También se busca consolidar una política de Estado sobre tecnologías sanitarias que combine innovación, sostenibilidad fiscal y respuesta a necesidades médicas no cubiertas.
Finalmente, el sexto bloque propone entender la salud como motor de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. “Hoy nosotros tenemos en este país uno de los ecosistemas innovadores en salud más dinámicos de toda América Latina”, describió Carlos Felipe Escobar Roa, director INNOSy el HUB iEX de la de la Universidad El Bosque. “Tenemos más de 150 universidades que forman talento humano en salud y que hacen investigación en salud. 1.039 grupos de investigación en salud, cerca de 400 emprendimientos GTech, cerca de 100 emprendimientos de dispositivos móviles creados aquí, cerca de 150 empresas de industria farmacéutica nacional y la presencia de las más grandes multinacionales en el país”.
“¿Pero ustedes han escuchado que hayamos sido convocados a proponer cómo superamos esta crisis para generar un mejor sistema? No pasó. Y este es el primer mensaje: necesitamos un liderazgo en el próximo gobierno que nos llame a actuar en conjunto», agregó Escobar.
El texto plantea en esta línea que el sector puede convertirse en un eje estratégico para atraer inversión, fortalecer investigación clínica y desarrollar capacidades tecnológicas nacionales. Entre las propuestas aparecen alianzas público-privadas, un observatorio nacional de innovación en salud y misiones estratégicas enfocadas en salud digital, enfermedades crónicas y fortalecimiento hospitalario. A largo plazo, el objetivo es consolidar un ecosistema robusto de ciencia y tecnología en salud que conecte academia, industria, hospitales y Estado.
“Hemos conversado con todos los equipos programáticos de los candidatos y a mí me sorprende la capacidad de escucha, la capacidad de ponernos de acuerdo alrededor de la vida”, dijo Puerta. “Pero la duda que nos queda es: ¿será que quien llegue a la Presidencia asumirá esto de la misma manera? ¿Será que quien llegue al Ministerio actuará igual?”. Las organizaciones esperan entregar formalmente el documento a los distintos candidatos presidenciales este jueves en un evento público y convertirlo en una especie de hoja de ruta mínima para el próximo gobierno.
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