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El 1 de agosto, los maestros de Colombia iniciaron una nueva etapa en su modelo de salud. El Fomag, responsable de asegurar la atención en salud de sus afiliados, junto con la Fiduprevisora —entidad estatal que administra los recursos del fondo—, pusieron en marcha un nuevo modelo tarifario. La expectativa es que esta medida deberá garantizar el acceso a los servicios de salud para más de 800.000 personas y contribuir a reducir los costos de un sistema que, aunque tiene más recursos por persona que el régimen general, sigue enfrentando varios desafíos.
Un “manual tarifario” en salud es una serie de reglas y valores que establecen cuánto se debe pagar por cada procedimiento médico, examen o consulta, examen o tratamiento que se haga una persona. Lo que busca es que haya reglas claras y, en teoría, universales, para todos los prestadores del sistema.
De hecho, desde el Fomag resaltan que es la primera vez en la historia del sistema de salud de los maestros que se expide un tarifario oficial y público que será la base para la contratación de los servicios con las IPS (como clínicas y hospitales) en el país.
“Esta herramienta nos permite saber con certeza cuánto vale cada servicio. Eso significa mejores tiempos de pago, menos trámites innecesarios y, sobre todo, mayor transparencia en cada peso que se invierte en salud”, señaló el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, antiguo gerente de Nueva EPS.
La medida también pretende corregir una serie de decisiones que, durante el primer año de implementación del nuevo modelo, podrían haber disparado los costos del sistema de salud del magisterio.
Una corrección de precios
Para entender la importancia de esta medida, es necesario tener en cuenta el contexto del sistema de salud del magisterio que, durante el último año, ha estado marcado por dificultades. Uno de los principales focos de preocupación fue la contratación de hospitales y clínicas.
El nuevo modelo fue concebido, entre otros propósitos, para ampliar la red de atención y permitir que los maestros accedieran a un mayor número de instituciones prestadoras de salud en todo el país. Ese reto quedó en manos de la Fiduprevisora.
“Lo que ha pasado es que los contratos se hicieron sin ninguna tarifa. Se contrató como fuera, no había control de nada”. Martha Rocío Alfonso, ejecutiva de Fecode
“Lo que ha pasado es que los contratos se hicieron sin ninguna tarifa. Se contrató como fuera, no había control de nada y eso nos llevó a un gasto impresionante”, reconoce Martha Rocío Alfonso Bernal, ejecutiva de Fecode. “Cuestiones que eran de cápita la cobraban por evento a unos precios que eran increíbles”.
Alfonso se refiere a que durante ese primer año, la Fiduprevisora contrató los servicios de salud de los profesores bajo la modalidad de “pago por evento”, que, en opinión de Daniel López, investigador del departamento laboral de la U. Javeriana, “es, posiblemente, la peor forma de pagar en un sistema de salud”. En este modelo, la clínica o el hospital cobra por cada procedimiento, consulta o examen que realiza. El problema es que, al depender sus ingresos únicamente del número de servicios prestados, pueden generarse incentivos para realizar intervenciones que no son necesarias.
Aunque el Fomag no ha entregado muchas cifras que ilustren eso haya pasado, en su último informe de gestión de 2024, se observa un comportamiento en ese sentido: el valor promedio por usuario aumentó de forma sostenida desde mayo de ese año hasta alcanzar un pico en octubre, superando los $500.000 por persona atendida. En mayo, el valor promedio era de $132.858, y en cuestión de cinco meses se cuadruplicó. Si bien en noviembre y diciembre hubo una leve caída, los valores se mantuvieron muy por encima del promedio general.
Aunque hacia octubre se cesaron las circulares que expidió el Fomag y que permitían el pago por evento y se ajustaron algunos contratos, no había unas definiciones claras de lo que vendría y otros problemas de acceso persistieron.
Raúl Avellaneda, secretario de Comunidad Educativa de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca (ADEC), cuenta que con frecuencia las IPS les envían circulares advirtiendo la suspensión de servicios por falta de pago. A esto se suman problemas con la entrega de medicamentos, responsabilidad de Ramédicas, la entidad designada por el Fomag para esa labor en el departamento.
Pero, ¿la implementación de un nuevo tarifario resolverá los problemas estructurales del modelo de salud?
Precios desfasados y desconfianza
El principal temor de los hospitales y las clínicas frente a un manual tarifario es que defina precios que no reflejen los verdaderos costos de la atención en salud. Si las tarifas son demasiado bajas, podrían no cubrir gastos operativos, insumos, personal o tecnología. “Yo no sé con quién y cómo construyeron ese manual, pero las cifras son muy bajas”, dice Luis Hernán Sánchez Montoya, director de AESA, el gremio de la red pública hospitalaria de Antioquia, departamento donde el sistema de salud del magisterio tiene 96.828 afiliados, superando incluso a Bogotá, con 95.811.
Sánchez pone un par de ejemplos: la consulta médica general, de primera vez, tiene una tarifa de $18.000 en el tarifario del Fomag, mientras que el valor establecido en la Unidad de Valor Básico (UVB) nacional para 2025 es de $39.000. Es decir, una diferencia del 53%, que difícilmente, dice, alcanza a cubrir los costos operativos.
El Fomag paga una consulta odontológica a $24.473, pero el valor nacional es de $39.500.
Lo mismo ocurre en otros casos: el Fomag paga una consulta odontológica a $24.473, pero el valor nacional es de $39.500. Una la consulta de enfermería está tasada en $12.600 por el Fomag, frente a los $26.500 del valor nacional; en nutrición y dietética, el pago propuesto es de $30.500 versus $37.950; y en psicología, $35.000 frente a $42.000.
Frente a estos números, los hospitales públicos de Antioquia se negaron a contratar sus servicios bajo el manual tarifario del Fomag y dieron inicio a una negociación que se extendió hasta apenas dos días antes de la entrada en vigor de dichos precios. El resultado de ese pulso fue claro: en Antioquia, el manual del Fomag no se aplicará. En su lugar, se acordó que los servicios se facturarán con base en el manual tarifario del SOAT, que opera hace varios años y que paga los servicios de salud que se prestan a víctimas de accidentes de tránsito.
Eso no ha sucedido en todo el país. “Los prestadores nos han manifestado su preocupación por las dificultades que se han generado debido a las circulares del Fomag. En primera instancia, enviaron un manual tarifario que dista mucho de garantizar unos costos fijos para la mayoría de prestadores”, señala Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
En Meta, por poner otro ejemplo, tampoco creen que las tarifas propuestas por el Fomag sean competitivas. Alida Rosa Jiménez, directiva sindical de la Asociación de Educadores del Meta, lo explica así: “Un neumólogo en la actualidad gana cerca de $160.000 por consulta y ahora el Fomag quiere pagar por ese mismo servicio entre $40.000 a $60.000. Lo mismo sucede con Imadco, que es la entidad que toma las imágenes diagnósticas. En la actualidad, su precio oscila entre los $200.000 a $260.000, pero el Fomag pretende pagarla hasta por $40.000. No son unas tarifas competitivas”.
Es complicado firmar el acta que busca que cada uno de los prestadores acepte las condiciones y después se revise el tarifario». Olga Lucía Zuluaga, presidente de Acesi.
Así las cosas, continúa Zuluaga, “es complicado firmar el acta que busca que cada uno de los prestadores acepte las condiciones y después se revise el tarifario. La sugerencia que se ha hecho como gremio, es que se reúnan con cada uno de los prestadores. Mientras tanto, que hagan un otrosí para que sigan garantizando los servicios en las condiciones que se tenían. En este momento de desconfianza, no podemos avalar como gremio que se firme un documento y que luego se revise el tema tarifario”.
Se refiere a que el Fomag les está pidiendo a los hospitales que ratifiquen formalmente su adhesión al manual tarifario, como condición para que la Fiduprevisora —en su rol de vocera y administradora del fondo— pueda aceptar las ofertas de servicios y concretar un nuevo acuerdo de voluntades o contrato bajo el cual se prestará la atención a los afiliados. El objetivo, según el Fomag, es garantizar la continuidad en la prestación del servicio, si bien no se niega a que después, y según las negociaciones y ciertas condiciones, dichos precios puedan cambiar.
Para muchos hospitales públicos, esta lógica no es aceptable: ya no confían en que los términos se vayan a mejorar después de firmar. “Estamos ante un momento de desconfianza muy grande con el Fomag. Recordemos que hace un año, cuando se generó toda esta transformación del modelo, hubo unos compromisos del Ministerio de Salud, y del Gobierno, de hacer los pagos inmediatamente a la prestación del servicio, y lo que hemos tenido a lo largo de este año y medio es un incumplimiento permanente y general de esos compromisos”, señala Zuluaga.
El Fomag se comprometió con los prestadores de salud a pagar entre el 70 y 80% del valor de las facturas de salud de manera casi inmediata, dejando el 20% restante sujeto a los resultados de unas auditorías. La idea era garantizar liquidez oportuna para las IPS mientras se verificaban los soportes técnicos. Sin embargo, según Zuluaga, ese compromiso no se ha venido cumpliendo.
“Hay glosas injustificadas, terceros que están avalando el proceso de facturación e incluso generando glosas sin tener un contrato firmado con la IPS”, afirma Zuluaga. Sindicatos como el de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander (SES) señalan, por ejemplo, que hay hospitales y clínicas en ese departamento que, en los últimos 14 meses, han facturado $11.000 millones al Fomag y solo han recibido $4.000 millones de pago.
“Somos buenos pagadores, y salvo excepciones durante el año pasado, aquí ninguna deuda supera los 40-45 días”, responde Aldo Cadena.
“Sabemos que es un tarifario flexible, pero eso no garantiza nada. Y ese es nuestro temor, que se cancelen los contratos y volvamos a quedar en el limbo”, cuenta Nelfi Salazar, de los Educadores Unidos De Caldas (Educal). En esa región, dice, varios prestadores han cancelado citas desde la semana pasada. “La razón que nos entregan es que están a la espera de información por parte de la Fiduprevisora para continuar con la atención. Las IPS aducen que el tarifario es inviable e insostenible”.
Si los hospitales no aceptan las nuevas tarifas y no hay una negociación, no están dispuestos a continuar operando. En Bogotá, detalló la Secretaría de Educación en un comunicado, ya se han culminado varios contratos de prestación de servicios médicos el 31 de julio, entre ellos los firmados con la Clínica Monserrat, la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Clínica de Occidente. Este panorama, según esa entidad, se agrava con la incertidumbre sobre la continuidad del contrato con la Fundación Proservanda, que presta servicios de salud y seguridad en el trabajo.
“De más de 96.000 afiliados en Bogotá, la clínica Santa Fe nos atiende solo casi el 1,5%. Y a nivel nacional, al 0,48%”, responde Cadena, que, además, envía un mensaje a los prestadores: “nosotros garantizamos prestación de los servicios. Con una libertad amplia que tenemos, y es que los maestros pueden escoger entre los hospitales que tenemos en nuestra red”.
Hace un año, cuando comenzó la transformación al nuevo modelo del magisterio, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, prometió que el objetivo era contratar, ojalá, con los más de 11.000 prestadores que tiene Colombia. Hoy, el Fomag informa que cuenta con una red de salud conformada por 2.104 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), distribuidas en 4.487 sedes a nivel nacional. En 2023, cuando operaba el antiguo modelo, contaba con una red de 6.856.
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