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La historia de la EPS Sanitas con el gobierno de Gustavo Petro ha sido una historia llena de tensiones y disputas. En el primer año del mandatario en el poder, hubo varios momentos en el que se desataron discusiones que involucraron a la EPS y a funcionarios del Ministerio de Salud.
Aunque los debates entre el gremio de las EPS y la entonces ministra Carolina Corcho fueron frecuentes, la relación de Sanitas y el Gobierno tomó otro tono en octubre de 2023, cuando comenzaron algunas dificultades en el acceso a medicamentos. Por aquellos días, Cruz Verde (el gestor farmacéutico que entregaba las medicinas a los pacientes) tomó decisiones drásticas por la falta de pagos y fue el principio de una difícil relación con Guillermo Alfonso Jaramillo, que había llegado al cargo de ministro en mayo de ese año.
(Lea ¿Qué dice la Ley de salud mental que firmó el presidente Gustavo Petro?)
Desde aquel entonces ha habido varios capítulos que son claves para comprender el nuevo episodio que acaba de abrir la Corte Constitucional: con un fallo suspendió la intervención que había hecho la Superintendencia de Salud a EPS Sanitas en abril del 2024.
Este es un resumen de los principales momentos de esa historia de desacuerdos entre el gobierno y una EPS que tiene 5.8 millones de afiliados. Es la segunda con más usuarios en Colombia; solo es superada por Nueva EPS.
22 de agosto de 2023: una carta que causó discordia
El martes 22 de agosto de 2023 se conoció una carta que habían enviado las cabezas de las EPS Sanitas, Compensar y Sura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo que causó discordia en el gobierno.
En ella le decían que los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no estaban alcanzando para cubrir las necesidades generales de sistema. Advertían que la UPC del 2022 había sido insuficiente y que en 2023 no se había corregido el problema. También señalaban que les debían plata de los llamados “presupuestos máximos”, un dinero esencial para pagar los medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios.
“Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año”, escribieron Pablo Otero, gerente de EPS Sura; Juan Pablo Rueda, Presidente de Sanitas; y Andrés Barragán, director de Salud Compensar.
Pero la carta, que circuló por varios medios de comunicación, no cayó nada bien al ministro Jaramillo, que en una rueda de prensa realizada dos días después afirmó que “no existe tal crisis, que las deudas de las que hablan las EPS ‘no aparecen’” y que el “Gobierno ha cumplido con todos los compromisos financieros”.
Entonces, se mostró abierto a dialogar e indicó que las EPS no se acabarían. Pronto empezarían las discusiones en el Congreso sobre la reforma a la salud que, meses después, terminó hundiéndose.
31 de octubre de 2023: dificultades entre Sanitas y Cruz Verde por pagos de medicamentos
Una de las primeras veces que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la gestión de EPS Sanitas fue a finales de octubre de 2023. En la mañana del 31 de octubre realizó una rueda de prensa para dejar clara su postura sobre lo que sucedía entre la EPS y Cruz Verde. Días antes, este gestor farmacéutico había anunciado la suspensión de la entrega de medicamentos que no estuvieran en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas.
Ese día, Jaramillo aseguró que desde el gobierno habían hecho todos los pagos a EPS Sanitas para que cumpliera con sus obligaciones (tanto los de la UPC como los de los presupuestos máximos). “Cumplen o cumplen, con Cruz Verde o con cualquier proveedor”, sentenció ante los medios de comunicación.
Ese mismo día, Juan Pablo Rueda, entonces gerente de EPS Sanitas, explicó que la deuda que tenían con Cruz Verde, que ascendía a $400 mil millones, se había acumulado a lo largo de tres años y era imposible pagarla toda. Reconoció que el gobierno había cumplido con los pagos, pero, a su parecer, el problema era más profundo: los recursos que consignaba no estaban alcanzando.
Según Rueda, el costo de dar medicinas NO PBS a sus afiliados ascendía a $55 mil millones por mes y el Gobierno solo les estaba reconociendo $32 mil millones. “Hemos hecho todo el esfuerzo para que el Gobierno entienda esas cifras”, añadió.
Semanas atrás (el 2 de octubre) Sanitas había hecho una solicitud para llevar a cabo un plan de reorganización institucional, pues, argumentaron, elementos como la recepción de usuarios de otras EPS liquidadas, la presencia en nuevos territorios y la insuficiencia de la UPC los estaban afectando.
(En este artículo y en este otro puede leer con más detalle lo que sucedía en esa época)
20 de noviembre de 2023: Minsalud pide levantar el velo corporativo
Uno de los momentos claves en esta historia sucedió el 20 de noviembre del 2023. Ese día, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió a la Contraloría que levantara el velo corporativo de Sanitas, mientras mostraba públicamente los estados financieros de la EPS y hacía énfasis en que uno de sus principales accionistas era la española Keralty S.A.S., que tenía presencia en varios países.
“Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con esos dineros. En ese entramado que hay, necesitamos saber donde se está quedando el dinero. Ve uno que compran clínicas y cada día expanden más el negocio, y después dicen que no tienen dinero para cumplir con sus responsabilidades (en relación con Sanitas). Cuando las utilidades no son tan buenas para ellos, entonces reclaman que el dinero no es suficiente”, dijo Jaramillo cuando hizo pública su petición. “Lo que queremos es saber todo eso”.
Ese mismo día, Juan Pablo Rueda, gerente de EPS Sanitas, manifestó su desacuerdo con la petición de Jaramillo. “No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que han llegado en la rueda de prensa”, aseguró. “Creemos que eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva de análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo”.
Rueda también señaló ese día que desde la EPS habían estado buscando una reunión para dialogar con Jaramillo y “encontrar soluciones”, pero no habían tenido éxito.
(En este artículo puede leer con más detalle la discusión que desató esa petición del ministro de Salud)
2 de abril de 2024: sacudón de la intervención
El 2 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada en ese entonces por Luis Carlos Leal, sorprendió al país ordenando la intervención para administrar de Sanitas. La medida se ordenó inicialmente por un año, y estaba basada, dijo entonces el Supersalud, “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
La decisión, además de estar antecedida por choques entre Keralty y el Gobierno, estuvo inmersa en la difícil discusión de la reforma a la salud, que estaba tramitándose en la Comisión Séptima del Senado. De hecho, dos días después de que Leal anunció la intervención a Sanitas, 9 senadores de esa comisión hundieron el proyecto del Gobierno, desatando las críticas en el oficialismo.
La intervención tuvo reacciones inmediatas. El 3 de abril, la entonces procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que iniciaría una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas de la Superintendencia de Salud. Un día después, el 4 de abril, abrió una investigación contra Leal por unas presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de Sanitas, así como en la designación de su primer agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.
La apertura de la investigación disciplinaria, justificaba la Procuraduría, tenía origen en una queja instaurada en contra de la superintendencia por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. Unas semanas después, la Fiscalía se sumó a estas indagaciones y anunció la apertura de una investigación para determinar la veracidad de los hechos destacados en la denuncia que interpusieron los representantes legales de la EPS. Juan David Riveros, el abogado de Keralty, interpuso la denuncia penal por considerar ilegal la medida de intervención.
Fue el inicio de una batalla judicial y política.
15 de abril de 2024: Keralty va a los estrados judiciales
El grupo empresarial no tardó en diseñar todo un camino para recuperar el control de la EPS que, aparentemente, logra ahora, un año y medio después. Lo primero que intentaron fue a través de una reposición ante la propia Superintendencia, buscando revocar la resolución de intervención. Como era previsible que esta iba a ser negada, Keralty anunció que sus siguientes pasos serían acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en donde presentaron una demanda de nulidad contra la resolución de la intervención.
Su objetivo, sin embargo, no fueron solo las resoluciones. Keralty sumó una recusación presentada contra el superintendente Luis Carlos Leal, con la que solicitaban que fuera apartado del proceso. Los argumentos giraban alrededor de que Leal había demostrado en el pasado animadversión previa hacia Sanitas (y en general hacia las EPS y el sistema de aseguramiento) en redes sociales y en su rol como concejal de Bogotá, lo cual, según Keralty, comprometía su imparcialidad a la hora de tomar estas decisiones. Contra Leal presentaron también una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato.
En el plano internacional, el grupo Keralty también anunció la presentación una demanda de inversión en el marco de los tratados internacionales firmados por Colombia. A través de una carta enviada al Ministerio de Comercio, inversionistas españoles (hay que recordar que Keralty es un grupo de propiedad española) señalaron su intención de iniciar este proceso por considerar que se habían vulnerado sus derechos. Asimismo, anunciaron que llevarían el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo pondrían en conocimiento de la Relatoría de la ONU sobre el derecho a la salud física y mental.
Junio de 2024: las derrotas de Keralty
Si bien la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de Keralty, antes de esto el grupo español recibió algunas derrotas. En junio de 2024, dos meses después de la intervención, el Tribunal Superior de Bogotá declaró como improcedente una tutela interpuesta por el grupo, al considerar que no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
El caso subió a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, pues esta es competente para resolver tutelas contra entidades administrativas cuando son falladas en primera instancia por un Tribunal. A pesar de eso, confirmó que la tutela era improcedente.
Un mes después, en julio, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado volvió a negar una solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la intervención. El alto tribunal concluyó que la Supersalud actuó conforme a normas constitucionales, legales y reglamentarias, y que sí existía un expediente administrativo con los soportes técnicos que justificaron la intervención, desestimando así uno de los principales argumentos de la demanda, que alegaba la inexistencia de dicho expediente, como lo había señalado previamente la Procuraduría.
Además, el Consejo rechazó otros argumentos presentados en la demanda, como la supuesta falta de motivación, violación del debido proceso, desviación de poder, afectación a la confianza legítima, extralimitación de funciones, y vulneración al orden económico y social. Los tribunales tampoco aceptaron la tesis de que Leal tenía conflictos de interés para tomar la decisión por sus comentarios contra las EPS antes de la intervención.
Pero en la línea de la tutela, después de que el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia la declararan improcedente, el caso llegó a la Corte Constitucional. Y es precisamente debido a esto que se produjo este giro: el máximo tribunal revocó las decisiones anteriores y le dio la razón a Keralty (sin que se conozcan detalles, pues la sentencia completa no se ha publicado).
15 de noviembre de 2024: inician los cambios de los interventores de Sanitas
Durante poco más de un año, la EPS tuvo al frente a dos interventores. Primero fue Dúver Dicson Vargas Rojas, quien estuvo en el cargo hasta noviembre de 2024, cuando la Supersalud, ahora liderada por Giovanny Rubiano García, realizó cambios en 7 EPS intervenidas. En reemplazo de Vargas, llegó Kemer Ramírez Cárdenas.
Ese cambio generó dudas. En la resolución, que justificó el retiro de Vargas, se destacaban retrasos en los informes de gestión de Dicson como interventor. Aunque debían presentarse dentro de los primeros 20 días del mes, varios llegaron tarde: el informe de abril tuvo 60 días de retraso (la intervención se ordenó el 3 de abril); el de mayo, 29 días; el de junio, 19 días; y el de julio, 15 días. Solo el informe de agosto se entregó a tiempo, mientras que el de septiembre llegó un día tarde. Sin embargo, exfuncionarios de la Supersalud señalaron que estas no eran unas justificaciones adecuadas para tomar esa decisión.
Enero de 2025: Keralty busca indemnización en escenarios internacionales
A inicios de 2025, el grupo económico español sumó una nueva medida a su “arsenal” jurídico, presentando una nueva demanda internacional contra el Estado colombiano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Según trascendió entonces en algunos medios de comunicación, los accionistas de Keralty tenían una pretensión que ascendía a los 1.200 millones de dólares, alegando que el Estado no había cumplido con sus obligaciones para garantizar la suficiencia del sistema de salud.
2 de bril de 2025: Supersalud prorroga la intervención de EPS Sanitas
Un par de meses después, en abril de 2025, la Supersalud prorrogó por un año más la intervención, señalando la persistencia de los incumplimientos normativos identificados durante el año anterior, principalmente relacionados con problemas financieros y deficiencias en la atención médica. Esta resolución, al igual que la primera, también queda sin efectos a partir de la decisión de la Corte.
26 de junio de 2025: el nuevo capítulo que abre la Corte Constitucional
Con la decisión que tomó este jueves, 26 de junio, la Corte Constitucional, y que deja sin efecto la intervención de EPS Sanitas, aún no está claro, cuál es el futuro inmediato de esa EPS. ¿Regresará inmediatamente a sus propietarios? ¿Habrá una transición supervisada? ¿El Gobierno, a través de la Supersalud, puede interponer algún recurso?
Por el momento, no hay más detalles que los suministrados por la Corte COnstitucional en un breve comunciado. En el él no hay información sobre cómo se dará la devolución de la administración ni qué condiciones deberá cumplir Keralty tras recuperar el control.
Por ahora, lo cierto es que la decisión representa un giro clave en uno de los procesos cruciales del sistema de salud en los últimos años.
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