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El 2018 fue un año especial para la industria farmacéutica en Colombia. Después de muchos ires y venires y de reuniones en el Ministerio de Salud, los laboratorios tuvieron que ceñirse a unas nuevas reglas de juego. El 5 de julio de ese año, una resolución les ordenó declarar todas las transferencias y pagos que le hacían a los actores del sistema: tanto a médicos y a hospitales como a asociaciones científicas y organizaciones de pacientes. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que había creado un portal que detallaba las transacciones provenientes de la industria, el país quería relaciones más transparentes.
Después de todo, Open Payments —como llamaron a esa página web en EE. UU.— había servido para producir investigaciones que exploraron si esos pagos incidieron en la prescripción de medicamentos. También había sido útil para revelar que Purdue Pharma pagó millones de dólares a algunos médicos a cambio de que formularan sus potentes opioides a pacientes que no lo necesitaban, abriéndole la puerta a una epidemia de adicción.
Carolina Gómez, que en 2018 estaba al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Minsalud, recuerda que por esos días las grandes farmacéuticas no opusieron resistencia cuando les anunciaron las nuevas condiciones. A los laboratorios nacionales, en cambio, la idea les tomó por sorpresa y algunos gremios médicos expresaron su temor: no les sonaba mucho que revelaran esos datos, pues mal leídos podían poner en entredicho su profesión.
Eran días en los que la relación con la industria estaba en boca de todos. Solo una semana antes, Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, se había sentado con los principales representantes de las farmacéuticas para firmar un “Pacto por la transparencia e integridad del sector farmacéutico en Colombia”. En él participaron, entre otros, Gustavo Morales, presidente de Afidro —gremio de las farmacéuticas internacionales— y hoy cabeza de Fasecolda; Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica de la Andi y hoy ministra de Salud; y José Luis Méndez, líder de Asinfar, el gremio de la industria nacional (puesto que hoy ocupa el médico Carlos Francisco Fernández).
Lo que Gómez no esperaba es que, pese a que el Minsalud empezó a recibir esos reportes de los laboratorios a partir del 2019, los dejara engavetados.
Lo que Gómez no esperaba es que, pese a que el Minsalud empezó a recibir esos reportes de los laboratorios a partir del 2019, los dejara engavetados. Ni en el gobierno de Iván Duque ni en el de Gustavo Petro hubo un informe o una plataforma que emulara el Open Payments de Estados Unidos, que era la idea inicial. Tampoco imaginaba que iba a tener que poner varios derechos de petición para que ahora, como directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional le permitieran a ella y a sus estudiantes acceder a esos datos.
Mientras toma un té al norte de Bogotá, hace un recuento de la “lucha” para que el Minsalud (durante el gobierno Petro) les diera acceso. Aunque fue a cuentagotas, cuando se empezaron a abrir las puertas, formó un grupo de alumnos de Farmacia y de Estadística y se pusieron manos a la obra.
El primer informe, conocido por El Espectador y liderado por César Luis Romero, integrante del grupo de la Unal, muestra el comportamiento de esas transferencias de valor —como las llaman en el sector—. Es un término que agrupa desde pagos de honorarios a médicos y a todo el personal de salud, viáticos, invitaciones a comer y a viajes, hasta entrega de muestras de medicinas, contratación en ensayos clínicos, desembolsos para asistir a congresos médicos o para apoyar organizaciones de pacientes y programas de formación médica.
En síntesis, como lo muestran las siguientes gráficas, entre 2019 y 2024 esas transferencias que desembolsó en Colombia la industria farmacéutica suman COP 2,35 billones, es decir, treinta veces el salario que gana Lionel Messi al año por jugar en el Inter Miami.
El detalle de COP 2,35 billones
De acuerdo con el análisis del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Unal, en estos seis años 266 entidades hicieron reportes al Minsalud. El 60,7% de las transferencias, sin embargo, salió de la caja de solo 15 compañías.
Ese listado está liderado por los pesos pesados de la industria a nivel global: MSD —como se conoce a Merck en Colombia—, fue la empresa que hizo más transferencias. Gastó más de COP 300.000 millones. Le sigue Novartis, con más de COP 119.000 millones; Novo Nordisk, con más de COP 116.000 millones; Pfizer, con más de COP 114.000 millones, y AstraZeneca, con un poco más de COP 100.000 millones.
Al consultar a las cinco compañías que lideran ese escalafón, todas reiteran, sin excepción, que esas operaciones se han hecho siguiendo las normas colombianas, apegadas a códigos de ética y transparencia que han desarrollado en el sector y al interior de cada empresa.
“La transparencia es el mecanismo adecuado para que la sociedad conozca la naturaleza de estas relaciones y pueda evaluarlas de manera objetiva”, señala Astrazeneca. “La transparencia, la ética y el cumplimiento son principios irrenunciables. Las normas sobre transferencia de valor tienen como finalidad promover la transparencia, la integridad y la confianza en las relaciones entre la industria y los diferentes actores del sistema de salud”, responde Novartis. “Mantenemos estándares de autorregulación que, en materia de transferencias de valor, son incluso más estrictos que los exigidos por la normativa local”, dice Novo Nordisk, propietario del popular Ozempic.
Si se detiene unos minutos en esta infografía, verá que la mayor parte (el 29 %) de esos COP 2,35 billones que desembolsaron las farmacéuticas y otras compañías de tecnologías en salud se destinó al pago de honorarios. Otros COP 459.535 millones (19,5 %) fueron invertidos para financiar eventos académicos, congresos, simposios y talleres, y COP 383.203 millones más (el 16,3 %) fueron para financiar estudios clínicos e investigaciones en salud.
Observada con un poco más de detalle, la inversión de cada compañía varía. En lo que más invirtió MSD fue en estudios clínicos (COP 134.137 millones) y en el pago de honorarios (COP 66.766 millones); Novartis, en financiar eventos académicos (COР 24.005 millones) y programas de pacientes (COP 32.355 millones); Novo Nordisk, en pagar honorarios (COP 61.133 millones); Pfizer, en eventos académicos (COP 29.054 millones) y honorarios (COP 29.972 millones), y AstraZeneca, en honorarios por contratos de servicios (COP 682.876 millones).
La gran pregunta que se hace Eduardo Díaz Amado, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, es: ¿para qué sirven esos datos? “Las farmacéuticas los han reportado desde que salió aquella resolución, pero, ¿de qué manera los ha usado el Ministerio para minimizar la influencia de la industria en el ejercicio de la salud? ¿Los usa para controlar la influencia indebida?”.
También le sorprende que ocho años después de haberse concretado una idea que surgió para buscar transparencia, aún no esté a disposición del público. En El Espectador preguntamos al nuevo Minsalud si hace parte de sus planes permitir que esos datos estén al alcance de la ciudadanía, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Un debate de fondo
Una de las primeras cosas que dice el oncólogo Jaime Alberto González, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a 70 asociaciones, es que celebra que estén disponibles los datos de las transferencias de valor. “Estoy de acuerdo en que existan y que permitan hacer trazabilidad a los recursos que reciben instituciones y personas naturales. Es una práctica usual en otros países”, dice en una llamada, antes de entrar a dar una conferencia en Santa Marta.
Cuando escucha la suma total, se asombra y cree que es hora de abrir una conversación sobre esa relación y los diferentes matices que hay detrás de ese monto.
Con él coinciden Pedro Amariles, coordinador del Grupo de Investigación Promoción y Prevención Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, y Johnattan García Ruiz, que, como investigador de universidades como los Andes y el Rosario, ha indagado por asuntos de salud global y de acceso a medicamentos. Todos concuerdan en que este es un debate de múltiples líneas grises.
“Estoy de acuerdo en que existan esos datos y que permitan hacer trazabilidad a los recursos que reciben instituciones y personas naturales”.
Jaime Alberto González, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
González pone un par de ejemplos para explicar por qué: es muy distinto, dice, si a un especialista le pagan por dar una conferencia sobre un medicamento o si lo hacen para que dé una charla sobre alguna enfermedad en un escenario académico. En su caso, acepta viajes financiados por la industria farmacéutica siempre y cuando sean para eventos de organizaciones científicas internacionales que, aunque cuenten con el patrocinio de los laboratorios, tengan una agenda elaborada por un comité académico.
Tampoco tiene problema en reconocer que las asociaciones científicas suelen recibir recursos de la industria para impulsar programas de educación médica. “Esos proyectos”, insiste, “siempre se rigen por normas súper estrictas de compliance”, un término que usan las casas farmacéuticas para referirse a ese conjunto de normas o principios que regulan su relación con el mundo de la salud.
El profesor Amariles también habla con franqueza sobre cómo interactúa su grupo de investigación en la U. de Antioquia con los laboratorios: “A veces nos apoyan, a veces no, pero nunca son investigaciones por encargo. La industria local ha soportado, por ejemplo, proyectos para favorecer el acceso a medicamentos genéricos. Nada es confidencial”.
¿Dónde se traza la línea para que no haya conflicto de interés o para que esa relación no incida en los profesionales de la salud? Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Colombiana de Medicina, cree que una buena línea roja es que sean las asociaciones científicas (y no las personas naturales) las que reciban los recursos y se encarguen de asumir los costos de los invitados.
En el caso de la Academia de Medicina, reconoce que la industria financia sus premios anuales de investigación, “pero lo hacemos especificándoles que no puede haber ningún tipo de publicidad de sus productos ni podemos decir que ellos son los financiadores. Únicamente, aparece el nombre de cada empresa en el diploma que le entregamos a los ganadores”.
Pero con tanta tela por cortar, para Carolina Gómez, de la Universidad Nacional, la discusión no solo hay que analizarla bajo la lupa de un valor consignado por un laboratorio: “Es algo mucho más profundo: es cómo, poco a poco, se genera una relación de confianza; cómo, poco a poco, se genera un vínculo y una empatía que puede incidir en la prescripción de sus medicamentos. ¿Si no, para qué las empresas hacen esa inversión?”.
“Es que los conflictos de interés están en todas partes en nuestra vida. No es que sea malo, sino que genera un sesgo. De alguna manera, ocasiona una distorsión cognitiva”, complementa Díaz Amado, del Instituto de Bioética de la U. Javeriana.
Para ilustrarlo un poco mejor, el director del Centro Javeriano de Oncología en el Hospital Universitario San Ignacio, Raúl Murillo, tiene una anécdota personal. “Yo fui conferencista de la industria y me di cuenta, claramente, de cómo mi pensamiento se estaba moldeando por esa relación. Por eso, cuando llegué a la dirección del Instituto Nacional de Cancerología, decidí hacer un alto. Éticamente no estaba bien”.
Tanto Murillo —que no tiene “ninguna duda de que todo el trabajo de industria incide en el comportamiento médico”— como Gómez son claros en que no se trata de satanizar esa relación ni juzgar, de ninguna manera, a sus colegas que la mantienen, pero sí hay preguntas que creen valiosas poner sobre la mesa: ¿Es posible que esas transferencias de valor estén incidiendo en la prescripción de medicinas? ¿Quiénes son las personas que más dinero reciben por esas transferencias?, se cuestiona Johnattan García Ruiz. ¿Son líderes visibles de determinadas especialidades médicas?
“No tengo ninguna duda de que todo el trabajo de industria incide en el comportamiento médico”
Raúl Murillo, director del Centro Javeriano de Oncología en el Hospital Universitario San Ignacio.
Son preguntas que aún no tienen respuesta y, tal vez, empiecen a contestarse a medida que se conozcan con más detalle los datos que, si todo sale como está planeado, presentará en noviembre el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional.
Para tener un panorama un poco más detallado, en El Espectador le solicitamos al Minsalud (cuando estaba el gobierno Petro) los datos completos de las transferencias que ha hecho MSD en Colombia entre 2019 y 2024. Como no logramos contactar a todas las personas naturales que conforman el top 10 que aparecen en esa lista para escucharlas, nos abstenemos de revelar sus nombres.
En la lista, que compartimos con MSD para saber si había inconsistencias, detectamos una de un médico que eliminamos y con el que conversamos, pues la compañía hizo un registro equivocado. Según el resto de las cifras, hubo un médico que recibió transferencias por más de COP 18 mil millones en esos seis años (aunque es posible que haya sido por algún contrato para un ensayo clínico). El segundo médico del escalafón recibió un poco más de COP 1.239 millones y el tercero, COP 1.233 millones.
¿Los pagos inciden o no en la prescripción de medicamentos?
La publicación en 2014 de los primeros datos de Estados Unidos que mostraban cómo eran las relaciones financieras entre las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos con los “proveedores de atención médica”, permitió que investigadores empezaran a elaborar estudios con esa información.
En 2021, integrantes del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno de los centros de oncología más conocidos en Nueva York, analizaron varios de esos estudios y publicaron una revisión sistemática (un análisis de la evidencia disponible) en Annals of Internal Medicine. De las 36 investigaciones que incluyeron (que comprendían 101 análisis) y que medían las interacciones entre médicos y la industria en términos financieros, 30 sugerían una asociación positiva entre los pagos y la prescripción de medicinas.
Entre otros hallazgos, observaron que los médicos que recibieron pagos de la industria tenían mayor probabilidad de prescribir medicamentos fabricados por las compañías que les habían pagado. También detectaron que esos médicos prescribían, relativamente, más productos de marca que genéricos.
“Aunque pueda parecer improbable que obsequios como un almuerzo gratis o bolígrafos puedan afectar el comportamiento, varios estudios han demostrado que incluso obsequios muy pequeños pueden cambiar las prácticas de prescripción de los médicos”, había escrito Jeanne Lenzer, editora asociada de la revista especializada The BMJ en otro análisis de los datos de Open Payments en 2016.
Es difícil saber si eso sucede en Colombia, pero, al menos, las cinco compañías farmacéuticas que más transferencias de valor han hecho reiteran, sin excepción, que respetan la autonomía médica y no buscan incidir en la prescripción de ninguno de sus productos.
“MSD reitera su rechazo a cualquier sugerencia de que las transferencias de valor reportadas hayan generado o hayan tenido como propósito generar conflictos de interés o influir de manera indebida en las decisiones de prescripción de los profesionales de la salud”, señalan desde la empresa.
“AstraZeneca cuenta con un robusto marco de cumplimiento que regula las interacciones con profesionales, organizaciones e instituciones del sector salud, y está diseñado para proteger esa independencia”, responde en un correo la filial en Colombia de la multinacional británico-sueca.
“Nuestras políticas internas prohíben expresamente que cualquier transferencia de valor esté vinculada, directa o indirectamente, con la promoción de nuestro portafolio”, dice Novartis. Como ellos, la estadounidense Pfizer asegura que sus relaciones están “basadas en la independencia de las organizaciones y profesionales con los que interactúa”, y Novo Nordisk señala que han creado mecanismos para evitar que haya “tratos preferenciales” con actores médicos. Por ejemplo, establecieron un máximo de interacciones con un solo actor médico por año “para lograr un balance adecuado y evitar tratos preferenciales que puedan intervenir en la toma de decisiones”. En el caso de viajes, “restringimos financiar viajes para destinos turísticos o de entretenimiento o vuelos de primera clase” y tienen “limitaciones en el consumo de bebidas y alimentos”.
Todas mencionan que se ciñen al código de ética de Afidro, la asociación que los agremia, y al de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI.
El último informe del sector que aparece en la página web de este último grupo es del 2024. Indica que el valor de las ventas de los laboratorios farmacéuticos en Colombia ha crecido de manera sostenida desde abril del 2021. En 2022, generó ventas por COP 8,5 billones en canal comercial (droguerías) y COP 14,1 billones en el canal institucional (el del sistema de salud). El año siguiente, el valor de las ventas sumando canales fue de COP 25,4 billones.
Los productos que más ventas generaron esos años fueron los “agentes antineoplásicos” (COP 2,3 y COP 2,8 billones, respectivamente), entre los que están medicamentos para tratar el cáncer. Precisamente, el más vendido en el primer trimestre de este 2026, según los reportes de los laboratorios, fue uno muy popular entre los oncólogos: el pembrolizumab (o Keytruda, su nombre comercial). En solo esos meses, el sistema pagó por él más de COP 164.000 millones, de acuerdo con las cifras de Transacciones Primarias Institucionales, que se reportan parcialmente y son recopiladas por el Observatorio del Medicamento STAR, liderado por el doctor Óscar Andia.
“Dada su magnitud y el daño que presuntamente causan a la sostenibilidad financiera del sistema, el MinSalud debe analizar los datos, definir cuánto puede considerarse como inducción cuestionable a la demanda y tomar las medidas correctivas pertinentes”, pide Andia.
Como ha sucedido en años anteriores, el pembrolizumab continúa siendo el # 1 en las ventas que reportan los laboratorios al Ministerio de Salud. Desde que salió al mercado y llegó a Colombia en 2017, ha sido la gallina de los huevos de oro para MSD, la empresa que más ha hecho transferencias de valor. Pero hay quienes creen que es hora de que el país explore caminos para gastar menos en él.
*Lea la segunda entrega: Pembrolizumab, la gallina de los huevos de oro para la multinacional MSD. ¿Hay un camino para no gastar tanto en él?
**Diego Quiceno y César Giraldo contribuyeron en la reportería para elaborar este artículo.
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Por Sergio Silva Numa
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