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De manera sorpresiva, el pasado 3 de abril, la Superintendencia de Salud intervino para administrar a Nueva EPS, la más grande del país, con 11.114.504 afiliados en 1.104 municipios (la mayoría, más de 6 millones, en el régimen subsidiado).
Al frente de esa intervención, la Supersalud designó a Julio Alberto Rincón, un hombre que, para ese entonces, se encontraba presidiendo la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud (COSESAM). Durante los primeros dos meses de su intervención, Rincón reveló que Nueva EPS tiene facturas por más de $5 billones que no había ingresado en su contabilidad y que necesitan ser pagada.
En esta entrevista con El Espectador, el interventor dice que planea contratar y ampliar más la red de prestadores (clínicas y hospitales) y que buscará evaluar cómo están haciendo su trabajo. Asegura que priorizará a los hospitales públicos, “pero no en contra de la red privada” y que tiene una relación fluida y de confianza con las cajas de compensación que son dueñas de Nueva EPS (con el 50 % más una acción. La participación restante es del Estado).
En este tiempo de intervención y de las medidas que usted ha tomado, ¿qué balance puede hacer?
La primera orden que recibimos del Gobierno era que debíamos de mantener la atención a los afiliados cada día en mejores condiciones, que no podíamos parar y no podíamos dejar que los afiliados se sintieran abandonados. La segunda fue que, para cumplir eso, teníamos que decirle a la red de servicios de salud que contara con nosotros, que nosotros íbamos a apoyarlos, que íbamos a cumplirles en el tema financiero. Y eso es importante, ya que quien atiende a los afiliados son ellos. O sea, ellos son quienes en el momento dado ponen la cara por nosotros ante el afiliado. Y la tercera era entender el tema financiero, ¿qué está pasando en la Nueva EPS, en el tema financiero? ¿Por qué se está deteriorando los servicios?
El tema financiero fue protagonista de los primeros hallazgos que presentó la Supersalud sobre su interventoría. Se denunció la existencia de unas facturas por un valor de alrededor de $5 billones que no estaban contabilizadas. El superintendente utilizó términos como “engavetadas”, “debajo de la cama”. Luego usted dijo que estaban dentro de la Nueva EPS, pero no habían sido contabilizadas. Ayúdenos a desenredar ese asunto…
Nueva EPS había mostrado utilidades entre el año 2019 y 2023. En el año 2023 la Junta Directiva no aprobó estados financieros porque consideró que había una información de situaciones de facturas no contabilizadas. Nosotros entramos y podemos certificar que encontramos unas facturas que habían sido radicadas por los proveedores, plenamente identificadas, que, sin embargo, no habían sido contabilizadas. Por lo tanto, no están en el gasto ni están como cuentas por pagar. Esas facturas son de un valor muy grande. Son de $5,7 billones. Eso es una suma muy importante porque prácticamente es el 5% de gasto del sistema de salud.
Eso nos obligó a tratar de entender qué significaba eso dentro del movimiento financiero de Nueva EPS. Había en las facturas unos $5,1 billones que correspondían al año 2023. Pero lo asombroso es que había $460.000 millones del año 2022. Y eso en cualquier sistema contable es algo que es inentendible.
Encontramos que realmente Nueva EPS no había tenido utilidades en 2019. Que en el 2020 había tenido unas utilidades pequeñitas. En 2021, habían tenido pérdidas de casi $1 billón de pesos. En 2022 también había tenido pérdidas Y en 2023, año en el que se había hablado de pérdidas de $423.000 millones, las pérdidas realmente fueron de $2,6 billones. Eso es un hallazgo interesante porque era un consecutivo que no permitía visualizar la real contabilidad de Nueva EPS.
Eso nos permitió comenzar a entender el costo de los servicios de salud. Pero también que hay una cantidad de situaciones que hay que comenzar a corregir porque en el resultado de salud encontramos algo preocupante. El ejemplo que yo pongo es el siguiente: si yo me gasto un recurso más del necesario para llegar a la meta, puedo decir que soy ineficiente. Pero si, además, me gasto el recurso y no llego a la meta, soy negligente. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos resultados de salud que no son óptimos, son más bien regulares.
Usted ha mencionado ineficiencias en el uso de la UPC, es decir, en la plata que el Estado gira por cada afiliado. ¿Cree que los recursos son suficientes?
Cuando usted habla de UPC, habla del valor que nosotros recibimos mensualmente por cada afiliado. En cierta forma, es lo que el ciudadano que se afilia a nosotros autoriza que el Gobierno nos gire a su nombre. Pero ¿para qué? Para que lo gestionemos y devolvamos en servicios de salud. Siempre ha habido la discusión de si alcanza o no, que es lo que se llama insuficiencia. Nosotros queremos cambiar un poquito el lenguaje. Llevamos 20 años discutiendo sobre las deudas que tienen las EPS con los hospitales. El doctor Juan Carlos Giraldo, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, viene publicando cada cierto tiempo, y ha dicho que las EPS deben tal recurso. Y las EPS salen en contra, diciendo que no deben todo eso. Lo mismo hace la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado.
Las diferencias han sido de billones de pesos, pero a todos nos pareció normal eso. Nunca hemos logrado unir las dos cosas. ¿Por qué eso no es claro? Cuando encontramos estas facturas no contabilizadas, dijimos, ah, hay como explicar la diferencia. Obviamente, si usted me ha cobrado a mí algo, lo tiene en su contabilidad. Pero si yo no lo tengo en la mía, digo no, yo no debo eso. Falta lo que no está contabilizado. Ahí se empiezan a identificar las diferencias. Ahora viene el tema suficiencia e insuficiencia. Por nuestros hallazgos, consideramos que hay un problema de uso adecuado de los recursos. No de insuficiencia.
¿Cuáles son los problemas en el uso ineficiente de los recursos?
Cuando un hospital o clínica nos presta un servicio a nosotros y lo cobra después, se está preguntando: ¿Será que me paga? ¿Lo hará dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año? Yo hablaba con el doctor Reinaldo Grueso Angulo, del Hospital Universitario San Ignacio de la Javeriana, y le preguntaba, ¿cuánto le deben las EPS? Me dijo que como $230 mil millones de pesos. Él, para poder soportar eso, le ha tocado endeudarse en el banco. O sea, pagar intereses. Posiblemente, él dice, toca demandar después. ¿Cuánto le va a costar el abogado?
Todos esos costos terminan inflacionando el costo de salud. O sea, la incertidumbre de si la EPS va a pagar o no, hace que los costos de los servicios de salud aumenten. Y no es lo mismo comprar un carro de contado que a crédito. Nosotros estamos comprando el carro a crédito; crédito incierto. Como Nueva EPS ha sido mala paga y ha sido de las que más debe, con seguridad está pagando más que otras EPS sobre los servicios. Ahí tengo un sobrecosto financiero.
Es decir, ¿está renegociando contratos con los prestadores?
Nosotros tenemos ya una línea de 12 eventos para sacar la EPS adelante. El primero es ese, certidumbre en el pago. Segundo, cuando diagnosticamos tardíamente un cáncer, por ejemplo, eso genera un sobrecosto. Por ejemplo, nosotros deberíamos estar diagnosticando cáncer de cérvix invasivo en máximo el 30%, máximo. Y eso ya está mal. Pero cuando diagnosticamos el 60 % invasivo, ya es horroroso. Eso genera costos.
Identificar un cáncer localizado, además de que protege la salud del afiliado, cuesta, en promedio anual, $20 millones. Un cáncer invasivo puede costar $250 millones. O sea que, cuando llego tarde, además de que a esta mujer y a su familia su vida se les trastorna, al sistema le cuesta $230 millones adicionales. El no haber trabajado en salud, en haber descuidado la gestión de la salud, tiene unos costos importantísimos al sector. Entonces, son dos cosas, el tema financiero, la incertidumbre que inflaciona. Y dos, el tema salud, que aumenta esos costos.
Usted les pidió confianza a los hospitales. Les aseguró que los pagos serían resueltos. ¿Cómo han sido su relación con ellos?
Con el prestador nosotros queremos pasar de la discusión de facturas y contratos a decirle, venga, yo le entregué mi población de Bogotá y ya lleva ocho años con ellos. Quiero mirar cómo le ha ido a esa población. ¿Cómo le fue con el diagnóstico de cáncer? ¿Manejó bien a los diabéticos? La vacunación, ¿cómo va? Porque yo, EPS, estoy pagando por eso. Usted, prestador, viene cobrando eso hace ocho años.
Puede ser normal que a alguien que está jugando fútbol le dé un infarto y llegue a urgencias. Lo que no es normal es que un paciente llegue a urgencias con un problema de falla renal. El paciente no estaba en la mira del prestador, a pesar de que lo estoy pagando. Eso es una mala gestión en salud. Yo sé que esto a algunos prestadores les preocupa. Consideran que estamos cambiando las reglas del juego. Pero yo creo que no estamos cambiando las reglas del juego. La regla del juego es que el sistema de salud se hizo para mejorar y garantizar la mejor salud posible.
¿Cómo sería esa evaluación?
Nueva EPS tiene información. Nosotros tenemos tableros, estamos unificándolos; estamos mirando prestador por prestador. Es muy sencillo. Para cada paciente nuestro hemos identificado cuál es su “puerta de entrada”. O sea, cuál es el hospital de entrada o la clínica. Y estamos cogiendo cortes de pacientes y mirando con la Cuenta Alto Costo. Miramos cómo están las atenciones, cuáles llegan a urgencias por situaciones de urgencias que son básicas. La evaluación nuestra ya está en camino. Nosotros tenemos 1.900 prestadores con 3.710 contratos.
¿Cuánto nos cuesta realmente un afiliado? No porque el prestador inicial tenga que garantizarlo todo. Estamos observando cómo se comporta cada afiliado y viendo si hay situaciones en las que el prestador está generando unos gastos innecesarios. Se trata de tener una mirada de salud, porque perdimos ese rumbo y ahora siempre es una mirada financiera. Tenemos fe y el convencimiento absoluto de que si tratamos la salud, controlamos el costo. A punta de facturas, esto es insostenible.
A los prestadores les preocupa porque, ¿una mala evaluación implicaría la terminación de ese contrato?
Esto no es una evaluación oculta. No se trata del profesor que está detrás de la puerta, evaluando y mirando. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros afiliados. Entonces nosotros estamos mirando una información muy buena que existe en la Cuenta de Alto Costo. Y la vamos a mostrar. Tenemos reporte de urgencias, costos, tenemos atenciones. No es una evaluación punitiva. Es una evaluación para saber en dónde estamos equivocándonos en el servicio. Pero, además, diciéndoles “venga, usted era responsable. Si usted me recibió la población, es responsable de la población”. Cuando encontremos buenos resultados, queremos tener más relación con ese prestador. Tenemos que premiarlo. Nosotros tenemos una red de servicio insuficiente. Vamos a abrir la red.
Hay un temor de que se priorice la red pública sobre la privada al ampliar la red, contratando más con hospitales públicos. ¿Cómo están determinando esa ampliación de la red? ¿Tiene fundamento este temor?
Eso es un mito. Realmente la red privada atiende alrededor del 80% del país. Entonces, los que atienden el 80% están diciendo que se prioriza el que atiende al 20%. Yo creo que la priorización es al revés. Pero en el país ocurrió algo y no reflexionamos: quien decide a quién contratar es la EPS. Decide a quién contratar, cómo contratar, a quién pagar oportunamente o a quién no. Ese poder de la EPS se ha visto manifestado durante muchos años en que, en cierta forma, decidió no contratar a la red pública. ¿Y qué pasa cuando no contrato a un prestador? Pues que se quiebra o que disminuye sus servicios.
La red pública comienza a disminuir servicios y a disminuir capacidad porque no los contratan o les dan un contrato con unas tarifas tan ínfimas que los ahogan. Entonces, desmontamos en los pequeños municipios la capacidad de atención. La atención debe estar en donde vive la gente. Y en eso, el presidente Petro ha insistido en que la gente tiene que ser atendida cerca de donde vive o trabaja.
Creemos que todos los ciudadanos colombianos merecen ser atendidos en donde viven o trabajan. Nosotros sí queremos fortalecer la red pública, pero no en contra de la red privada. Yo he hablado con muchos prestadores y han reconocido que la puerta de entrada perdió capacidad, que el médico general perdió capacidad, que la tecnología en los niveles bajos no llegó. Uno ve la inauguración del CTIC (Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo), que es una maravilla, pero uno no ve la introducción de tecnología hacia el médico general, la enfermera. Entonces, nosotros sí queremos fortalecer los hospitales que están en los municipios. Es que allá no hay más; en las ciudades es otro cuento.
Pero insisto, no es en detrimento de la red privada, a todos los necesitamos, pero tienen que dar algo en común: atención, cuidado y salud para nuestros afiliados.
¿Cuántos prestadores quiere contratar en la ampliación de la red?
La meta no es numérica. Vamos a convocar a que todas las IPS del país que consideran que nos pueden ofrecer servicios, nos lo ofrezcan. Queremos hacer un estudio de mercado inicial. ¿Qué oferta tenemos? Necesitamos aumentar nuestra capacidad de red. Hay sitios en el país donde tenemos un solo punto de atención en ciudades medianas y grandes. El caso de Bogotá, la atención está en el norte de la ciudad, pero la gente vive en el sur. Hay que recomponer el sistema de salud.
Yo pongo el ejemplo de los mercados ARA o el Éxito, que cada día instalan sitios de venta cerca al ciudadano. Cada día uno ve que van a llegar los barrios populares. Y nosotros, ¿por qué no? Nosotros tenemos que estar cerca del afiliado. ¿Por qué nosotros ponemos sitios de atención a los que el ciudadano tiene que coger bus para ir allá y después coger otro bus para ir a reclamar medicamentos?
Tenemos que organizar el sistema para servir a nuestros afiliados, no al revés. Medellín tiene una red grande de Metrosalud (red pública). Y yo tengo las urgencias concentradas de Medellín en cuatro o cinco hospitales. Entonces, ¿por qué no puedo atender la urgencia en Santa Cruz, en Medellín, cerca donde vive la gente?
O en Aranjuez. Sí, en Medellín están el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica CES o el San Vicente Fundación (las tres son algunos de los centros más respetados y de alto nivel en la ciudad). Pero, ¿será que no hay urgencias en Aranjuez? ¿Será que no hay urgencias en el barrio Castilla?
¿Y usted cree que la gente de Medellín no prefiere, por ejemplo, que atiendan su urgencia en el San Vicente, que en un puesto de salud de Aranjuez?
Al San Vicente tiene que ir la alta complejidad. Lo que no puede ir es la urgencia mediana. Ni al San Vicente ni al Pablo Tobón Uribe. Yo quiero que ellos estén en nuestra red, pero para el paciente complejo. Para el infarto, para el trauma, para el problema renal. Pero yo no puedo llenar el hospital San Vicente, al Pablo Tobón, a la clínica Bolivariana o al CES, con pacientes de menor complejidad, que es la mayoría. Es la mamá con el niño de dolor de oído, que el médico dice que no es urgencia, pero para la mamá es urgencia. Eso es una urgencia maternal.
Entonces, ¿por qué esa madre con su niño tienen que ir al San Vicente, a una fila donde todo está lleno de heridos complejos, cuando podría tener un centro de salud cercano en donde se atiende de urgencia y de mejor calidad que en San Vicente? No estoy denigrando a San Vicente, estoy diciendo que el hospital cercano y de atención básica es de mejor calidad porque hay oportunidad. Yo no quiero que se atienda la neurocirugía en el barrio Castilla. Esa la hacemos en el Pablo Tobón Uribe o en el Hospital San Vicente. Hay que reorganizar el sistema de salud con base a la complejidad. La baja complejidad hay que hacerla cercana al ciudadano.
¿Y toda esa reorganización se va a hacer con la misma plata?
Es que cuando esa urgencia de baja complejidad llega al Hospital San Vicente, además de que la familia tiene dificultades para asistir, es más costosa para mí. Los costos de San Vicente son más altos que los otros, incluso en baja complejidad, porque ellos tienen toda una infraestructura administrativa. Es un desperdicio.
Pero además, esa pequeña urgencia que se puede haber atendido en el hospitalito cercano, va a competir por el recurso de San Vicente con alta complejidad. Es malo para ella y es mala para alta complejidad. Porque el médico se ve avasallado con cien pacientes en urgencias, todos tratando de entrar, y termina dejando al paciente de baja complejidad ahí, esperando durante horas. Al hospital le quita tiempo y esfuerzo que puede dedicar para atender la alta complejidad: el trauma complicado, la falla renal, el problema cardíaco. No es bueno ni para el San Vicente. Ellos me lo han dicho. La red hospitalaria de alta complejidad manifiesta que está colapsada. Al final, termina siendo más costoso para la familia y más costoso para todos.
¿Esa reorganización ya está en marcha?
Eso es lo que estamos planteando y para lo cual vamos a convocar a las IPS. Obviamente, ahí vamos a necesitar el apoyo de las ciudades. Necesitamos el apoyo de los entes territoriales para este tipo de cosas que trascienden de nuestra función.
Los proyectos de reforma anteriores a la salud proponían una capitalización de Nueva EPS. ¿Cree que esta capitalización sigue siendo necesaria? ¿Se ha discutido con los socios, las cajas de compensación y el Estado?
Tenemos dos situaciones. La primera es que tenemos que pagar no menos de $5 billones. Es una cifra muy grande. Tengo que ver cómo lo gestiono, cómo lo negocio. Necesitamos recursos. El otro tema es la capitalización para el patrimonio. Los socios de Nueva EPS ya saben de esta situación.
¿Hay un estimado de cuánto es la capitalización que se necesita?
Es una cifra muy importante, pero no me atrevo a decirla porque tenemos que ser responsables. Lo cierto es que tengo una deuda por pagar y un patrimonio que cubrir.
En algún momento se cuestionó si se respetaría la propiedad de las cajas de compensación sobre Nueva EPS. ¿Ha sido bien recibida la solicitud de capitalización y está asegurada la propiedad de las cajas en la EPS?
El 8 de abril yo me reuní con los presidentes de las cajas de compensación que son dueñas de Nueva EPS y con el ministro de Hacienda. Me reuní con la intención de saludar. Les presenté las primeras cifras. Yo creo que las cajas de compensación me han manifestado en diferentes escenarios su interés en apoyar y salir adelante. Nosotros necesitamos equilibrarnos. Aquí la idea no es tapar un hueco para armar otro. La idea es sanear para poder decir cómo vamos a seguir adelante.
Yo siento que he tenido buen recibo por parte de ellos y que hemos tratado y hemos logrado generar confianza. Aquí no estamos haciendo nada de espaldas a nadie, ni a las comunidades. Queremos mostrar nuestras cifras por encima de la mesa y queremos darle el mensaje a todo el país de que en Nueva EPS no tenemos interés adicional que sacar a la EPS adelante. No nos interesa nada diferente al objetivo de tener un sistema con la mejor salud posible. No hay objetivos económicos ocultos.
Sura y Compensar solicitaron su retiro del sistema. Si se aceptan estas solicitudes y hay que trasladar afiliados, se ha pensado que Nueva EPS los reciba. ¿Le preocupa un posible traslado masivo de afiliados a Nueva EPS?
A mí me preocupa no estar preparado. Todos los tratadistas económicos dicen que crecer duele. No es fácil. Entonces aquí nosotros estamos convencidos de que cumpliremos la tarea que haya que hacer, la necesaria, porque el sistema de salud tampoco puede colapsar. Estamos buscando dar el mejor uso posible de los recursos, y vamos a ver hasta donde lo logramos.
¿Sería viable una Nueva EPS con más afiliados? ¿Con 20 millones de afiliados?
La Nueva EPS tiene que ser viable para lo que necesite el país.
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