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Este lunes, un grupo de clínicas y hospitales colombianas envió una carta a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio del Interior, liderado por Juan Fernando Cristo, con un claro mensaje de alerta: si no se hace algo de forma inmediata, muchas no sobrevivirán al cierre de este año.
Entre los firmantes de la carta, se encuentran la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), UNIPS Colombia (una alianza que reúne a más de 200 Instituciones Prestadoras de Salud de Colombia), además de la Cámara de Instituciones para el cuidado de la salud y los Centros Expertos en Programas Especiales (CEXPES). La difícil situación financiera no es exclusiva de este Gobierno, advierten desde ese sector, pero se habría complicado en los últimos días con la llegada de los nuevos interventores de las EPS, designados recientemente por el nuevo supersalud, Giovanny Rubiano García.
Álvaro Puerta, presidente de la junta directiva de la Cámara de instituciones para el cuidado de la salud de la Andi, vocero de los Centros Expertos en Programas Especiales (CEXPES) y fundador del movimiento Colombia Salud En Acción, cuenta que durante esta semana, los hospitales públicos y privados que firman la carta no recibieron los pagos correspondientes de la Adres. “Al comunicarnos con los canales habituales con cada una de las EPS intervenidas en medida de vigilancia especial para administrar, nos informan que los pagos programados para la semana pasada fueron suspendidos por parte de los agentes interventores, lo cual nos lleva a incumplir los acuerdos con proveedores y acreedores”, advierte Puerta.
Estas instituciones (Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, SOS y Coosalud, intervenida esta última el 22 de noviembre) reúnen hoy más de 29 millones de usuarios. La Supersalud ha negado que exista una orden a las EPS para no pagar. “No existe por parte de las entidades intervenidas, ni de sus gerentes interventores recientemente nombrados, una orden de suspender los pagos correspondientes al mes de noviembre de las IPS privadas y públicas que conforman la red prestadora de servicios de salud de estas EPS. Por tal razón no habrá afectación en la prestación de los servicios de salud a la población afiliada a estas EPS”, escribió en X (antes Twitter) este fin de semana.
“El Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda defienden que la UPC (la plata que el Estado le gira a las EPS para pagar los servicios de salud) es suficiente, pero las EPS, empezando por las intervenidas, dicen que no tienen plata para pagar. Si el Gobierno dice que el problema está en las EPS, y las EPS dicen que la plata no les alcanza para cubrir el corriente (es decir, los costos operativos y las deudas que deben pagar para garantizar la atención en salud a los usuarios en el tiempo adecuado), entonces, ¿quién nos va a ayudar? No tenemos quien nos ayude a encontrar un camino. Lo que le queremos decir a la Supersalud y al Ministerio de Interior es que intervengan para que convoquen y encontrar una solución a la crisis”, dice Puerta.
Un punto de inflexión
Para entender bien la situación, hay que comprender lo que en el mundo de la salud se conoce como “días de rotación de cartera”. En términos simples, se trata de un indicador que mide el tiempo promedio que le toma a una empresa cobrar el dinero pendiente de sus clientes después de realizar una venta. Es decir, cuánto tiempo les toma a las EPS pagarles a los hospitales por los servicios médicos que estos han prestado.
Para conocer ese dato, la Cámara de Instituciones para el cuidado de la Salud de la Andi contrató un estudio en el que se analizaron las finanzas de 1.004 IPS que estuvieran operando en el país entre 2021 y 2023. Todas de diferentes niveles de complejidad: 356 son de baja, 556 son de media y 92 son de alta complejidad.
Los resultados del análisis arrojan dos grandes conclusiones: en primer lugar, aunque los hospitales y clínicas han ganado más dinero en los últimos años, sus gastos y costos han crecido aún más rápido. Esto ha hecho que la ganancia que les queda al final, después de cubrir todos sus costos, sea menor. Por ejemplo, en 2021, de cada 100 pesos que ganaban, les quedaban 12 pesos de ganancia. En 2023, les quedaron 8,5.
La segunda gran conclusión es que los días de rotación se han alargado, pasando de 139 días en 2022, a 151 para 2023. El estudio estima que actualmente ese indicador se encuentra en 184 días. Si este indicador llega a los 198 días de rotación, “el flujo de caja se agota para todas las IPS de la muestra”, advierte la investigación.
¿Qué es lo que implica que el flujo de caja se agote? El asunto es que para operar el día a día, las clínicas y hospitales necesitan recibir el dinero que les deben a tiempo para cubrir sus propios costos operativos, como salarios, insumos médicos y mantenimiento. Si el tiempo para cobrar se alarga, enfrentan dificultades para pagar a tiempo a su personal y proveedores, lo que puede afectar la calidad del servicio y poner en riesgo su sostenibilidad financiera. En resumen, si los días de rotación llegan a 198 días, las IPS de la muestra no tendrían el dinero suficiente para operar en el día a día y se verían obligadas a cerrar.
La salida de “un número significativo de IPS del mercado colombiano tiene profundas repercusiones tanto en la oferta como en la demanda de servicios de salud. Los pacientes enfrentarán mayores obstáculos para acceder a la atención, lo que podría perjudicar su salud, mientras que las IPS que permanezcan y el sistema de salud en general experimentarán una carga mayor y un aumento en los costos”, advierte la investigación.
De hecho, desde las clínicas creen que ese impacto ya se está viendo. Los reclamos de los usuarios presentados ante la Supersalud están alcanzando cifras récord, con un aumento sostenido a lo largo de los últimos años. Según el análisis, en octubre de 2024, la cifra más reciente, se reportaron 186.192 reclamos, el dato más alto registrado en la última década. Esto representa un crecimiento muy significativo frente a los números de años anteriores, cuando los reclamos mensuales no superaban los 100.000.
“Hemos manifestado en varios escenarios esta grave situación”, dice Puerta. En esos escenarios, cuenta, el Gobierno ha manifestado que dispuso el mecanismo de giro directo para el pago de las atenciones en salud. A través de este mecanismo, la Adres paga los servicios directamente a la clínica, sin pasar por las EPS.
“Sin embargo, si desde la fuente (EPS) no ordenan el giro adecuado y completo de los recursos”, señala Puerta, y si la UPC (la plata con la que se pagan los servicios), es insuficiente, el giro directo “no soluciona el flujo adecuado de recursos en la cadena, pues son pagos que no están acorde a la alta demanda de servicios de salud y lo facturado por las IPS por atenciones en salud”. Por más que una IPS trate de adaptarse, finaliza Puerta “este giro es insuficiente y ahora, con las decisiones de los agentes interventores de congelar pagos, la crisis de los prestadores, tanto públicos como privados, nos lleva a no ser sostenibles ni viables”.
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