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Algunos de los planes y medidas más importantes en salud que tiene el gobierno de Gustavo Petro pasan por el Invima, la agencia sanitaria colombiana. La producción de vacunas, por ejemplo, es uno de ellos, pero también estrategias como la reapertura de Plantas de Beneficio municipales (nombradas también “mataderos”) y el impulso que el Gobierno le quiere dar a aquellas economías llamadas “populares” en la obtención de certificados sanitarios. Por todo esto, y mucho más, resulta contradictorio, al menos para un sector del mundo de la salud, que el Invima cumpla poco más de 17 meses sin un director en propiedad.
El pasado 22 de diciembre la agencia fue encargada por última vez. En esta ocasión, la elegida fue Yenny Adriana Pereira Oviedo, una persona que se venía desempeñando como asesora del Despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El anuncio despertó una ola de críticas externas, pero quizá la que más resaltó fue la crítica interna, liderada por los sindicatos del Invima. Sintrainvima, Sintraen SP, y Sintraentipuc rechazaron en una carta lo que llamaron una “dilación” por parte del Gobierno para “nombrar en forma definitiva al director general del Invima, lo cual demuestra un claro desinterés por la salud pública del país”.
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Las organizaciones recordaron que la institución ha estado sin dirección oficial desde el 17 de septiembre de 2022, cuando se le dio el primer encargo a Francisco Rossi. A él lo siguieron Mariela Pardo Corredor y Juan Carlos Arias Escobar. “Sin desconocer la calidad y experiencia de cada uno de los profesionales a quienes se ha designado como Director (a) Encargado (a), es pertinente hacer referencia a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004 el cual, refiriéndose a encargos para ocupar empleos de Libre Nombramiento y Remoción señala que » …En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva….”.
Según firman los sindicatos en su carta, entonces, los “nombramientos en encargo de manera continua y sucesiva no están ajustados a la normativa vigente aplicable”. Más allá de esto, sin embargo, a los trabajadores les preocupa que la sucesión de encargos se dé en medio de un contexto donde la entidad parece requerir un fortalecimiento de la “planta de personal, la infraestructura tecnológica y, optimizar las condiciones salariales y laborales para los funcionarios de la entidad, y se optimice el uso de los recursos dando la relevancia pertinente a la misionalidad de la entidad”.
¿Afectan los encargos?
Hace unos meses, en octubre pasado, Francisco Rossi, quien fue director encargado del Invima (principalmente en el período de la exministra Carolina Corcho), calificaba de “imperdonable” esa tardanza en la elección de un director: “No está bien. Una institución de este calibre necesita la máxima atención y debería haber tenido desde el primer día, o rápidamente, una dirección concreta y bien definida. Es imperdonable que esto haya terminado de encargo en encargo, porque ningún encargado puede tomar decisiones de largo plazo”. Y es que la condición de “encargado” resulta conflictiva para muchos expertos.
“Creo que hay un consenso en todo el sector en señalar que una interinidad tan larga no le conviene al Invima y mucho menos al país”, nos resumía también Julio Aldana, director durante los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque. Con él concuerdan, por ejemplo, personas como Clara Escobar, presidenta de Afidro, la organización que agremia en Colombia a las compañías farmacéuticas internacionales, quien en octubre nos recordaba que era la primera vez que el Invima pasaba tantos meses sin una dirección en propiedad.
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La lógica de estas críticas es que un director encargado no siempre tiene todo el margen de maniobra para tomar decisiones a mediano y largo plazo.
La tardanza es más complicada si se tienen en cuenta algunos elementos que están haciendo difícil la operación del Invima. En primer lugar, el tema financiero. En el proyecto de presupuesto general para el próximo año, el Invima recibió $257.009 millones, según el Presupuesto General. Esto es más que el presupuesto de 2023 ($236.463 millones), pero es mucho menos dinero del que la institución solicitó ($341.674 millones, según un documento radicado en el Ministerio de Hacienda).
Este “déficit” estaría teniendo impactos en las misiones del Invima. Su planta de personal se ha ido reduciendo desde 2016, cuando alcanzó su máximo histórico. Ese año, llegó a tener cerca de 1.500 empleados. Hoy, el Invima tiene menos de 1.200. Una respuesta que la entonces directora encargada de la entidad, Mariela Pardo, envió al Congreso el pasado 12 de septiembre, confirmaba que hay una restricción presupuestal que afecta a 200 cargos, los cuales no habían podido ser cubiertos.
“Dichos cargos permitirían fortalecer, entre otras cosas, las actividades de inspección, vigilancia y control”, agregaba la funcionaria. Ahora, ¿qué tiene que ver un director encargado con ese fortalecimiento financiero? Escobar, presidenta de Afidro, nos decía que uno de los efectos del encargo es que podría “hacer difícil el proceso de negociación y gestión de mayores recursos financieros que se requieren para fortalecer la entidad ante organismos como el Minhacienda”. (Puede ver: ¿Por qué aprendemos mejor en la infancia?)
Un mayor presupuesto y el fortalecimiento en personal sería importante en planes como la reapertura de “mataderos” municipales. Como lo contamos hace unas semanas aquí, el Invima espera vigilar la reapertura de estas plantas de beneficio, pero hay dudas de que lo pueda hacer en las condiciones actuales.
Carlos Roberto Patiño, de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), nos decía que dudaba que la entidad pudiera cumplir esa tarea, pues, señalaba, “se ha visto ‘a gatas’ para ejercer de manera correcta la inspección, vigilancia y control en las plantas que ya existen. En la práctica, entrar a trabajar con estas plantas implicará que estas estén bajo control de los entes territoriales, que son muy malos para cumplir esa función”. El Invima nos contestó que para esta tarea tiene asignados unos 180 funcionarios de planta y cerca de 96 contratistas.
Los temas presupuestales no solo afectan la capacidad del personal. Un análisis de la Universidad de los Andes de 2022 sobre el Invima resaltaba la necesidad de una actualización de la tecnología con la que opera la entidad. (Puede ver: Científicos descubren enzima que explica por qué la orina es amarilla)
“En el Invima aún existe un remanente de computadores obsoletos que usan Windows XP como sistema operativo y no cuenta con ningún tipo de soporte de actualizaciones del fabricante por no contar con licenciamiento. Estas máquinas no soportan sistemas operativos de última generación como Windows 10 y, por lo tanto, son los equipos que se encuentran en el más alto grado de riesgo a nivel de ciberseguridad”, señala el informe de la U. de los Andes. Aunque allí se reconoce que la entidad ha hecho inversiones, “(…) se debe entender que la transformación en los sistemas de información con inversiones sustanciales en seguridad informática es una prioridad”.
No hay que olvidar que la agencia sufrió dos ataques de ciberseguridad en 2022: el 6 de febrero y el 2 de octubre, que obligaron a la interrupción de las operaciones. En el primer caso, por hasta un mes.
“El Invima requiere que se designe a su Director General en propiedad con el fin de planear, coordinar y controlar el desarrollo de las funciones legales y constitucionales asociadas a la protección y promoción la salud pública de los colombianos, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, plantas de beneficio animal y otros productos objeto de vigilancia dando cumplimiento a su misionalidad”, finalizaban los sindicatos de la agencia. El Ministerio de Salud, entre tanto, no se ha pronunciado sobre el tema.
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