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Hace cuatro años, en medio de la pandemia, Jazmín Romero Epiayú tomó una decisión que generó revuelo en integrantes de su comunidad en La Guajira: la creación del Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuus, uno de los primeros en hablar sobre derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en esa región de Colombia, compuesta por gran cantidad de resguardos indígenas, en su mayoría wayuus. Desde entonces, la agrupación ha crecido y ahora tiene unas 25 integrantes.
A través de varios métodos de financiamiento —desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta fondos estatales y universitarios—, Romero cuenta que el movimiento ha llegado a resguardos en el norte y sur de La Guajira para dictar talleres sobre la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Muchas de las participantes de dichos espacios son víctimas de violencias basadas en género, aunque en ocasiones hay también niños, jóvenes y otros adultos, “en la medida que quieran y las autoridades lo permitan. Le hablamos a las niñas y mujeres sobre conocer nuestro propio cuerpo y, por supuesto, sobre derechos como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”, dice Romero.
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En 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante una sentencia conocida como Causa Justa. Pero, desde entonces, ha habido confusiones con respecto al acceso a la IVE en comunidades indígenas. El punto de discordia es que se ha creído que los derechos sexuales y reproductivos van en contra de la cosmogonía y creencias ancestrales.
Las tutelas de la discordia
Para comprender el origen de esa tensión, hay que regresarse a un viaje que hizo Romero a Bogotá el pasado 6 de mayo. Durante esa fecha, la invitaron a hacer parte de un foro organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el movimiento Causa Justa para hablar especificamente sobre dos fallos de tutelas que generaron confusión sobre el acceso y las garantías para el aborto en indígenas.
Luego de la despenalización del aborto, dos mujeres indígenas —una de ellas menor de edad— intentaron acceder a la interrupción voluntaria, pero la Asociación Indígena del Cauca (AIC) les negó ese derecho, pues consideraba que contradecía su cosmogonía. Como lo contamos en este diario, ambas mujeres iniciaron procesos de tutela para lograr acceder al aborto, pero los jueces que fallaron sus casos señalaron un supuesto conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la indígena con respecto a la IVE, y decidieron que prevalecían las decisiones tomadas por las autoridades indígenas.
Los casos fueron llevados a la Corte Constitucional, tribunal que reconoció en abril de 2024 que en los fallos de dichas tutelas se había pasado por alto la obligación del Estado y del sistema de salud de garantizar la interrupción voluntaria. La Corte también afirmó que el derecho de la autodeterminación de los pueblos no puede ir contra la autonomía reproductiva de las mujeres, y que no hubo un reconocimiento de las barreras que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a este derecho.
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Alberto Rojas Ríos, exmagistrado de la Corte y uno de los ponentes de la sentencia Causa Justa, explicó que este tipo de casos demuestran que, aunque el derecho al aborto está despenalizado hasta la semana 24, esto no significa que en la práctica se esté garantizando el acceso a ese derecho, sobre todo en las mujeres indígenas. La experiencia de Romero parece confirmarlo: cuenta que durante su trabajo con el movimiento, ha presenciado los señalamientos entre las comunidades indígenas cuando se hace público que una mujer quiere abortar, las trabas con las autoridades de algunos pueblos, la falta de información sobre salud reproductiva, las barreras de acceso al sistema y las violencias basadas en género.
Adriana Pushaina, una de las integrantes del movimiento, explica que los dos casos que se presentaron en la Corte Constitucional son el reflejo de muchos otros que no se denuncian. “Existe un subregistro que se va tejiendo en el desconocimiento de nuestros derechos”, enfatiza. Ella conoció a Romero a sus 14 años de edad y comenzó a interesarse en el activismo por la autonomía sexual y reproductiva. Ahora, como una trabajadora social de 25 años de edad, Pushaina cuenta que puede reconocerse a sí misma como víctima de violencia de género, “al igual que otras amigas y familiares que conozco”.
Pushaina menciona esto porque le parece clave recordar que el movimiento se formó en pandemia tras el incremento de violencias de género en resguardos indígenas. “Esos casos están muy normalizados dentro de nuestra cultura, como también lo está la violencia sexual y el matrimonio infantil, que, en últimas, lleva a embarazos que podrían no ser deseados, y de ahí la importancia de garantizar un mayor acceso a la IVE”, dice. (Puede ver: Minsalud abre la puerta a que EPS intervenidas reciban traslados de afiliados)
“Hemos enfrentado barreras desde el inicio, porque no es novedad que algunos miembros de las comunidades digan que estamos rompiendo con nuestra cultura”, señala Pushaina. Por eso, agrega, es tan importante la decisión del alto tribunal de abril pasado, que, tras anular los fallos de las tutelas, emitirá un nuevo fallo sobre el acceso a la IVE en mujeres indígenas. “Pero todavía tenemos muchos retos, porque si antes no todas las comunidades conocían sobre la sentencia Causa Justa, ahora mucho menos conocen lo que dispuso la Corte, y ahí hay un gran reto de pedagogía”, cuenta.
Las barreras en el sistema de salud
Para comprender mejor las dificultades que viven las mujeres wayuus que quieren interrumpir su embarazo, primero hay que entender cómo funciona el sistema de salud indígena. Pablo Martínez, médico y antropólogo, explica que los pueblos indígenas tienen cobertura por doble vía: el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) —que funciona para todos los colombianos— y el Sistema de Salud Propio Intercultural (SISPI), creado mediante el Decreto 1953 de 2014, que lo reconoce como “el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental (…) según la cosmovisión de cada pueblo”.
En pocas palabras, y según Martínez, el SISPI es una herramienta para que cada comunidad indígena tenga su modelo de salud articulado con el sistema público, solo que basado en sus conocimientos y tradiciones. Además, cada pueblo tiene la potestad de desarrollar sistemas particulares en sus comunidades. “Pero tenemos varios problemas”, reconoce Martínez. “El primero es que el sistema general de seguridad social, que tendría que articularse con el SISPI, no funciona en estos territorios porque estamos hablando de lugares que, en ocasiones, son extremadamente rurales y dispersos”, dice.
Y aunque el Estado ha intentado mejorar las condiciones de articulación del sistema de salud con el SISPI, Martínez comenta que los indígenas no han tenido un acompañamiento que permita implementar el sistema ni se ha esclarecido del todo su método de financiación. “En últimas, lo que se tiene son territorios indígenas donde está funcionando mal el sistema de seguridad social y no se ha integrado bien el SISPI”, dice.
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En cuanto a la IVE, el acceso a los procedimientos varía según el territorio y la comunidad. Esto se debe a problemas en la oferta y el acceso a la salud. Por ejemplo, el acceso depende de si las mujeres viven cerca de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) donde pueden realizarse un aborto o si se encuentran en zonas extremadamente alejadas de estos centros. En este último escenario, “ir a la cabecera de Uribia, Manaure o Maicao, donde sí existen estos servicios, puede resultar una odisea, ya que algunos resguardos están muy adentro y salir de ellos implica un gasto económico alto. Las mujeres tienen que solicitar recursos a las autoridades indígenas, y es ahí donde pueden enfrentar una de las barreras”, explica Martínez.
Pushaina agrega una dificultad más: en algunas comunidades aplica la norma de que las mujeres deben pedirles permiso a las autoridades indígenas para practicarse una IVE, que, en ocasiones, es negada y por eso se ven obligadas a acudir a la clandestinidad. Naiverlith Iguarán, otra de las integrantes del movimiento, cuenta que ha conocido a muchas integrantes de su comunidad, en el norte de La Guajira, que han tenido que buscar otras vías para interrumpir su embarazo.
Con ellas coincide Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link. “En algunas comunidades, las EPS indígenas tienen un procedimiento interno que establece que la ruta para acceder a la IVE debe pasar por la autorización inicial de las autoridades, y eso se ha prestado para que la sentencia Causa Justa no se cumpla. Las mujeres indígenas tienen que presentar un requisito extra para acceder”, dice.
Martínez aclara que las reglas son relativas dependiendo de cada comunidad indígena. Por ello, dice, no se puede afirmar que en todas suceda que las mujeres deban pedir permiso a las autoridades para abortar.
Cuenta que en algunas regiones son más flexibles en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como sucede en algunos pueblos de la Amazonia, donde las mujeres pueden tener acceso a métodos anticonceptivos sin problema. De hecho, dice Pushaina, en La Guajira “la interrupción voluntaria no es una novedad entre nosotras. Antes, nuestras ancestras utilizaban plantas medicinales para detener los embarazos y eso todavía pasa. No sé por qué se piensa que este es un tema nuevo para las comunidades indígenas, una especie de imposición occidental”.
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Por eso, Martínez es enfático al decir que no se trata de que la IVE vaya contra las creencias de las comunidades, sino que es una cuestión de reconocer el saber ancestral que ya estaba allí y que era practicado por miles de mujeres años atrás. “Hace falta que se haga pedagogía con las autoridades indígenas para que les expliquen en qué consiste la interrupción voluntaria y hasta dónde va el alcance de la autonomía. Lo fácil es culparlas, pero en muchas ocasiones las autoridades de salud no se han sentado con ellas porque no se ha dispuesto la capacidad para llegar hasta sus territorios”, explica.
“Hay otros pueblos, sin embargo, que son más cerrados, más patriarcales”, continúa el experto, como es el caso de la comunidad de las mujeres que acuden al Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuus. Las tensiones culturales no son las únicas barreras. En ocasiones, los centros de salud a los que acuden las mujeres indígenas en regiones como La Guajira no tienen la capacidad para prestar el servicio. Sin contar que es común que algunas que viven en el Alta Guajira no hablen español, por lo que el idioma se puede convertir en otro obstáculo. Todo esto tiene un gran riesgo: que ellas acudan entonces a la clandestinidad para llevar a cabo su decisión.
Causa Justa no tiene acceso a datos de cuántas interrupciones voluntarias se han practicado de manera legal en mujeres indígenas. “Ese registro es muy difícil de hacer. Entidades como Profamilia lo contabilizan en las IPS donde tienen presencia, pero en el resto del país esto es más disperso, sin contar el subregistro de las que acuden a la clandestinidad”, explica Martínez.
Lo fundamental, según Pedraza, es interpretar la autonomía reproductiva de las mujeres como un componente esencial de la cosmovisión indígena y como una manifestación de la garantía de sus derechos. Para Romero y Pushaina, es crucial que aumente la participación política de las mujeres en sus respectivos pueblos, ya que muchos de los espacios de toma de decisiones siguen dominados por una perspectiva masculina y patriarcal. “Nuestro punto de vista cuenta”, reiteran, “sobre todo al hablar de nuestros cuerpos”.
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Por Luisa Fernanda Orozco
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