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En Colombia el tiempo promedio para recibir un trasplante de riñón es de un año, pero en ocasiones una persona tiene que esperar mucho más. A veces la paciencia debe prolongarse hasta siete años. Es una compleja situación a la que se han sumado nuevos desafíos con la aparición del covid-19. Como cuenta Esteban Vanegas, con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) por parte de pacientes con coronavirus, los trasplantes en el país se ralentizaron.
Vanegas es médico epidemiólogo y salubrista, así como el coordinador de trasplantes de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi, en Bogotá. Además de ese cambio que hubo en los trasplantes de donantes cadavéricos (personas diagnosticadas con muerte cerebral), dice que tuvieron que posponer los de donantes vivos, porque no eran considerados como procesos de urgencia.
“Cuando inició la pandemia lo primero que tuvimos que hacer fue cerrar prácticamente la atención y dejar solamente a pacientes urgentes”, asegura Anabel Vanin Aguas, médica especialista en cirugía de trasplantes de la Clínica Imbanaco, en Cali. “Nunca, sin embargo, dejamos de hacer trasplantes”.
Si antes de que comenzara la pandemia trasplantar un órgano era una verdadera maratón, con el covid-19 la carrera en la que estaban muchos pacientes se atascó. Otro de los motivos fue el miedo a salir en medio de las cuarentenas y el posible contagio a través del personal de salud. Incluso, señala Vanin Aguas, aún deben descartar a donantes de órganos porque al hacerles las pruebas salen positivos. Que un receptor se contagie es un enorme riesgo que tienen que evitar.
“Ese es uno de los riesgos más grandes”, explica Carlos Montero, coordinador clínico del grupo de trasplantes de Colsánitas, minutos antes de entrar a una cirugía. “Como los receptores son pacientes que están en un proceso de inmunosupresión muy alta, el riesgo de mortalidad en los primeros seis meses es elevado”.
Pero en el fondo de esta compleja situación prevalece una gran barrera que para Alejandro Niño Murcia, cirujano de Colombiana de Trasplantes, se resume en que en el país hay una precaria cultura de donación. “Aún hay familias que por primera vez oyen sobre la donación de órganos”, dice.
La muestra es que, a pesar de que por ley (1805 de 2016) todos los colombianos son donantes obligatorios de órganos a menos que hagan explícito el deseo de no serlo, hay una baja tasa de donación. Mientras que en 2019 en España había 50 donantes cadavéricos por cada millón de habitantes, la cifra en Colombia era de 8,4.
En el caso del otro grupo de donantes -los vivos- la situación es un poco más difícil: solo 1 de cada 10 órganos es de un donante vivo, asevera el doctor Camilo Montero, coordinador clínico del grupo de trasplantes de Colsánitas. Esto, en parte, ayuda a entender por qué hay aproximadamente 3.000 personas esperando un órgano en nuestro país y por qué solo se realizaron 944 trasplantes en 2021.
Barreras administrativas
El despliegue para un proceso de rescate, donación y trasplante de un órgano es complejo y costoso. En él, además, intervienen múltiples actores. Por ejemplo, si a una unidad hospitalaria en la ciudad de Bogotá llega un paciente con diagnóstico de muerte cerebral, en teoría se deben activar las alertas del Instituto Nacional de Salud (INS) que, a través de la Red de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, avisa a clínicas y hospitales de turno sobre un posible donante. Pero esto no siempre sucede así.
“En los hospitales no saben quién ni cuándo les van a pagar los procedimientos, por eso, en ocasiones, no se notifica a la Red de Trasplantes”, dice Jorge Ernesto García, presidente de la Fundación Retorno Vital. También, cuentan los médicos entrevistados para el reportaje, que en ocasiones las alarmas no se encienden oportunamente porque existe un déficit de personal y la capacidad en las salas de urgencias es mayor a lo que debería ser.
El otro inconveniente que suele presentarse, a los ojos de García, tiene que ver con el rol de las EPS, pues no siempre son proactivas a la hora de autorizar estos procedimientos. “Ellas tienen un número definido de cuántos trasplantes al mes van a autorizar”, menciona.
El proceso, para entenderlo con un poco más detalle, funciona así: en las primeras 24 horas, después de declarada la muerte cerebral de un paciente, solo algunos de los múltiples servicios brindados por el hospital los cubre la entidad aseguradora del posible donante. Pero de los servicios posteriores se encarga la aseguradora del receptor, siempre y cuando se rescate el órgano.
Esto puede ser una dificultad por varias razones. Primera, aún no está claro quién cubre los servicios prestados cuando el donante no resulta efectivo (en Colombia de 10 potenciales donantes uno resulta efectivo al final del proceso). Segunda, el costo para mantener y sostener a un paciente a través de medios artificiales en una UCI es alto.
Además, de manera simultánea a este proceso, los médicos deben obtener el aval de la familia y realizar 13 pruebas para garantizar la calidad del órgano. Con la pandemia ahora deben incluir un test más: el de detección de covid-19. Después de todo este camino, finalmente se procede al rescate bajo los criterios técnico-científicos que estipula el INS cada año.
Pero, a pesar de que el panorama es complejo, no todo son malas noticias. En Colombia, todos los ciudadanos pueden acceder a un trasplante en las mismas condiciones, gracias a la transparencia que ha habido en la conformación de lista de espera. Por ejemplo, en el país se aplica la “Urgencia Cero”, una alerta para que los pacientes en condición de urgencia tengan prioridad nacional para la asignación de un órgano.
Según el INS, el 90 % de los pacientes trasplantados pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, en 2021 aumentó en un 18 % el número de trasplantes en comparación con 2020: se pasó de 194 procedimientos de hígado a 225, a pesar de continuar en pandemia.
Y aunque el proceso sigue siendo largo y costoso, el INS consiguió mejorar la ruta administrativa de los pagos que deben hacerse cuando hay un trasplante. “Logramos que exista un código de prestación de servicios, CUPS, con el cual las IPS (instituciones prestadoras de servicios) puedan cobrar a las EAPB (aseguradoras) por los servicios”, explica el INS a El Espectador. Sin embargo, el Ministerio de Salud todavía no define los lineamientos en cuanto al pago de los donantes no efectivos, lo que estanca gran parte del proceso.
Por Juan Pablo Correa
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