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Diana Mosquera, médica pediatra del Hospital San Jorge en Pereira, no recuerda con exactitud la primera vez que examinó a una niña sin clítoris durante una revisión física de rutina. Lo que sí tiene claro es que, desde que llegó al hospital, hace casi cuatro años, no ha dejado de encontrar casos de mutilación genital femenina. Esta práctica, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, se realiza en niñas desde los 17 días de nacidas hasta los 12 años.
(Puede ver aquí el especial multimedia sobre mutilación genital femenina)
En una videollamada, luego de finalizar su turno en el hospital, relata el momento en que comenzó a notar algo inusual durante los exámenes físicos: en varias niñas, el clítoris no estaba. “Había una cicatriz o una quemadura. En algunos casos no había nada, por la capacidad que tienen de cicatrización las niñas en sus primeros meses de vida”, explica. Lo que más le sorprendió no fueron solo los casos, sino que era normal que llegaran este tipo de casos al centro médico, donde cada año se reciben no menos de 30. “Cuando llegué, me dijeron que era una práctica común en algunas comunidades indígenas, que hubo un tiempo en el que se registraron muchos casos y luego disminuyeron. Ahora están volviendo a aumentar”.
Le costaba creer que existiera una práctica “tan irracional e inaudita”. Asegura que antes de llegar al San Jorge no tenía ni idea de este tema, ni siquiera sabía que esto ocurriera. Hasta entonces, su única referencia sobre la práctica provenía de estudios y literatura sobre África, donde los casos son más frecuentes. Dice que no se imaginaba que esta situación pasara en Colombia y, por eso, está convencida de que a los médicos “no los preparan en el pregrado, ni en el posgrado para enfrentarse a esta situación”.
Desde entonces, se ha dedicado a investigar más sobre la mutilación genital femenina, una práctica que, según cifras de UNICEF, afectó a 230 millones de mujeres y niñas en países como Burkina Faso, Sierra Leona e Indonesia. Colombia no es ajena a esta realidad. El primer caso documentado se conoció en 2007, cuando tres niñas de la comunidad Embera Chamí murieron a causa de una infección tras ser sometidas a esta práctica. Aunque no existe un registro oficial que refleje con precisión el panorama nacional, se ha establecido que la mayoría de los casos ocurren dentro de esta comunidad. Mosquera lo confirma: la mayoría de las niñas que atiende en el Hospital San Jorge, uno de los principales centros asistenciales del Eje Cafetero, pertenecen a esta comunidad.
En esta región del país, ha observado que las víctimas suelen ser niñas con muy pocos meses de nacidas, seis o siete, a quienes les queman total o parcialmente el clítoris. La práctica, según ha podido investigar, es realizada principalmente por las parteras y se lleva a cabo sin anestesia, con utensilios como cuchillos, cucharas calientes o tijeras sin esterilizar, lo que incrementa el riesgo de desarrollar infecciones o hemorragias severas.
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También ha encontrado referencias sobre la llamada “medicalización de la mutilación genital femenina”, en la que personal de salud realiza la práctica. Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al menos una de cada cinco niñas sobrevivientes fue sometida a esta práctica por un trabajador de la salud. En algunos países, la cifra puede subir hasta tres de cada cuatro.
Fátima, una mujer de 28 años originaria de Maldivas, fue una de ellas. En un informe de Equality Now contó que un médico fue el encargado de realizarle la ablación durante su infancia y que, ni ella, ni su familia, sabían las consecuencias que podría acarrear en su cuerpo. “Cuando tenía unos 16 o 17 años me enteré de que me habían sometido a un ‘procedimiento’ de niña. Pero no fue sino hasta 2023 que comprendí la verdadera naturaleza de lo que me habían hecho”, relató.
Las naciones donde se reportan más casos de mutilación genital femenina practicados por personal sanitario, según los datos recogidos por UNFPA, son Egipto (38%), Sudán (67%), Kenya (15%), Nigeria (13%) y Guinea (15%).
Mosquera describe que la mayoría de casos que han llegado al San Jorge corresponden a la mutilación genital femenina tipo 1, considerada como la “menos grave” de las cuatro categorías identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En otros países, además del clítoris, se extirpan los labios menores (los pliegues internos de la vulva), y los labios mayores (los pliegues cutáneos externos de la vulva). En los casos más graves, la abertura vaginal se estrecha mediante cortes y la recolocando de los labios menores o mayores, que en ocasiones son cosidos con hilos tradicionales.
Las secuelas dependen de la gravedad de la lesión, como dice Mosquera, pues, entre más extensa sea, más severas serán las consecuencias. Subraya, además, la importancia de no perder de vista las consecuencias psicológicas que también deja esta práctica, como ansiedad, depresión o estrés postraumático. Un testimonio que evidencia esto es el de Dena, escritora y dramaturga indonesia de 27 años, criada en Nueva York. Durante un viaje a su país natal, su tía la llevó a una casa que parecía un hospital. Años después supo que allí le habían retirado el clítoris. “Me enfrenté a sentimientos de vergüenza, confusión y desconfianza hacia mi cuerpo, sobre todo en la adolescencia y los primeros años de la adultez”, contó en un informe elaborado por Equality Now. Dijo que aún recuerda la sensación fría de la cama metálica donde la acostaron y el ardor que fue sintiendo.
Una problemática sin información
En Colombia, la falta de información impide dimensionar con claridad la magnitud del problema. Si embargo, algunas instituciones han recopilado información para comprender mejor la situación. El Ministerio de Salud, por ejemplo, reportó 54 casos en 2024, mientras que el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIVIGE) registró 122 casos entre 2020 y mediados de 2024.
Aun así, estas cifras parecen ser apenas el comienzo de un panorama más complejo. En el Hospital San Jorge, cada año se atienden al menos 30 niñas víctimas de mutilación genital femenina. De las 28 camas disponibles en el área de pediatría, dos o tres suelen estar ocupadas por pacientes afectadas por esta práctica. Mosquera, además, ha notado un incremento preocupante desde 2022 y dice que, incluso, ha llegado a atender, en promedio, una niña al mes.
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A pesar de los riesgos físicos y psicológicos, la mutilación genital femenina continúa practicándose principalmente por razones que tienen que ver con la cultura y las creencias de algunas comunidades. En muchos casos, se justifica como una forma de controlar la sexualidad de las mujeres, bajo la idea de que extirpar el clítoris reduce el deseo y garantiza la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de este. También se considera un rito de iniciación que marca el paso de la niñez a la adultez y, en otras, se cree que si el clítoris no es eliminado, crecerá hasta parecerse a un pene o consideran los genitales femeninos como sucios o poco estéticos.
Pero, las niñas nunca llegan al hospital por la mutilación genital femenina. “Eso es algo que se detecta en los exámenes de rutina, pero no es el motivo de consulta. Llegan por neumonía, shock séptico o cualquier otro diagnóstico clínico”, explica Mosquera. Recuerda el caso de una bebé de menos de un año que ingresó por desnutrición y, durante la revisión, descubrieron que había sido víctima de esta práctica. Su lesión no solo implicó la pérdida del clítoris, sino también la afectación de los labios menores y la uretra. “Las pacientes pueden tener dos meses o 16 años cuando se descubre que fueron víctimas. Muchas veces, al preguntarles a las mamás qué pasó, nos dicen que no saben, ni quién se lo hizo, ni cómo. Incluso, a veces ni siquiera conocen la práctica”, cuenta.
La falta de información es una de las principales dificultades que existen en Colombia para abordar esta problemática y erradicarla para 2030, como se lo trazó Naciones Unidas. A pesar de que se reconoce que no es una práctica exclusiva de la comunidad Embera, todavía no hay certeza sobre las otras comunidades del país en que ocurre esta situación. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la ablación ha sido reportada, no solo en los territorios ancestrales de las comunidades Embera en Chocó, sino también en los asentamientos ubicados en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Nariño y Bogotá.
El ministerio, además, en unos lineamientos publicados en 2020 señaló que había logrado acceder a registros etnográficos que evidencian la existencia de esta práctica en Colombia desde la década de 1980. Estos documentos dan cuenta de su presencia en comunidades ubicadas en zonas fronterizas con otros países, como los Ticuna del Javarí —río que marca la frontera entre Perú y Brasil—, que habitan la región amazónica de Perú, Brasil y Colombia. También se menciona a los Sálivas o Sálibas, un pueblo indígena que vive en la cuenca del Orinoco, entre Colombia y Venezuela.
Por esto, en opinión de Mosquera, lo que conocemos sobre la práctica es hasta ahora “la punta del iceberg”, menciona. “No sabemos qué ocurre apenas se les hace la ablación. No sabemos qué pasa con las niñas que presentan hemorragias en el momento de la práctica. Es posible que muchas mueran en ese instante, pero no lo sabemos porque son casos que no se reportan”.
Por eso, uno de los retos que se ha trazado la médica pediatra, quien además se desempeña como docente de pregrado y posgrado en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y la Institución Universitaria Visión de las Américas, ha sido realizar un estudio que permita tener una caracterización epidemiológica y sociodemográfica de las pacientes víctimas de mutilación.
Este trabajo lo está haciendo en conjunto con una de sus estudiantes de posgrado, y un epidemiólogo. Como parte del estudio, esperan hacer unas capacitaciones a todo el personal del Hospital San Jorge, por el momento, para empezar a visibilizar ese tema, y también darles herramientas para hacer el diagnóstico. “Desde mi trabajo, entreno sistemáticamente a todos mis estudiantes para que sepan reconocer estos casos”, dice.
En Colombia, desde 2020 existen unos lineamientos para el abordaje adecuado de la mutilación genital femenina y para su atención integral en salud. Esta es una hoja de ruta que entregó el Ministerio de Salud a los trabajadores de este sector, donde se especificaron una serie de recomendaciones para tratar estos casos, clasificados como una forma de violencia basada en género en el país. Una de estas es, por ejemplo, intentar comunicarse en el idioma que la mujer sepa, algo que en lo que el Hospital San Jorge ha trabajado, pues hasta el momento, es el único de la región que cuenta con un traductor Embera de tiempo completo.
“Es un trabajo que debe hacerse desde el respeto hacia la cultura de las comunidades, y que, además de la parte médica, debe contar con el apoyo de sociólogos y psicólogos”, sostiene la pediatra. “Por mi parte, estoy tratando de aportar desde la parte académica, que es lo que nos corresponde, para que los entes públicos sean los que tomen cartas sobre el asunto para definitivamente erradicar esta práctica que pone en riesgo la vida y el bienestar psicológico de las niñas y de las mujeres”.
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