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Hace apenas unas horas, el profesor e investigador en salud Giovanni Jiménez Barbosa, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le decía a El Espectador que había visto ya en muchas ocasiones cómo le colgaban a la reforma a la salud el cartel de “hundida” sin que nada fuera definitivo. “Lo único que nos ha dejado como enseñanza estos últimos dos años es que siempre estamos en la incertidumbre completa”, concluía. Ya en anteriores ocasiones, congresistas y analistas políticos se habían equivocado en sugerir que la reforma estaba hundida: superó sus primeros dos debates en la Cámara de Representantes con relativas mayorías. Nunca, sin embargo, había surgido una ponencia de rechazo que lograra la mayoría de los congresistas, como sucedió hoy. (Puede ver: Dos periodistas y su lucha de amor contra el cáncer)
“La reforma recibió una estocada que puede ser definitiva”, sugiere ahora el mismo Jiménez. Lo que sucedió es que ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado lograron ponerse de acuerdo para firmar una ponencia que pide el archivo del proyecto. La clave de que lo hayan logrado es que alcanzan a formar una mayoría definitiva: dicha comisión tiene 14 integrantes, y si los ocho que firmaron hoy el documento lo votan, la reforma se hundiría. Si bien todo parece indicar que hay un consenso en rechazarla, la votación no se ha dado y mientras eso no suceda, la reforma sigue viva. De hecho, la Comisión estaba citada para este miércoles, pero su presidenta, Martha Peralta (integrante del Pacto Histórico) canceló la convocatoria.
Quienes firmaron son de diversos partidos políticos (excepto los de Gobierno): Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Berenice Bedoya (del Partido ASI). “Hemos escuchado el sentir de los colombianos, el clamor de diferentes expertos que sugieren, recomiendan y sustentan que esta reforma no es conveniente para garantizar un acceso real y efectivo al derecho a la salud. Por condiciones técnicas, de fondo y de constitucionalidad, radicamos la ponencia negativa”, explicó Blel Scaff, del Conservador. “Es un indicio muy claro del sentir de las bancadas que le dicen no a la reforma a la salud”.
La última en unirse a la ponencia contra el proyecto fue Norma Hurtado, del partido de La U, cuya firma se volvió clave para lograr las mayorías que tienen casi muerta a la reforma a la salud.
“El marco fiscal nunca llegó, algunas propuestas que se habían enviado por parte del partido de La U y que quedaron pendientes de Cámara no fueron tenidas en cuenta en la ponencia que presentaron los senadores del Pacto Histórico. Y, teniendo en cuenta que no se abrió la concertación para esa ponencia, que no hubo un camino de voluntad, decidimos firmar el archivo”, le dijo Hurtado a El Espectador. Según ella, y otros congresistas que consultamos, la presentación de la ponencia positiva el pasado martes (y que solo firmaron cuatro de doce ponentes) molestó mucho en el Congreso. “Faltaban varias mesas técnicas. Nos sentimos desconocidos. Fue un hecho que sorprendió”, nos agregaron desde el equipo de otro senador.
Ese elemento político y la ausencia de un aval fiscal definitivo por parte del Ministerio de Hacienda parecen estar siendo determinantes. “El Gobierno ha fallado en presentar más información sobre cuál es el impacto fiscal de esta reforma tanto en las finanzas del sistema de salud como en las de la nación”, dice Johnattan García Ruiz, de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard y quien ha seguido de cerca este proyecto. “No ha habido una capacidad de escucha con otros sectores menos cercanos. Desde hace meses se han hecho reparos a la propuesta y muchos no se han sentido escuchados. Desafortunadamente, esos sectores no han encontrado oportunidad de cambio”.
¿Qué camino seguir?
Hasta que la Comisión Séptima se reúna para votar ambas ponencias (la positiva y la que pide su archivo), la reforma a la salud está técnicamente viva. En eso han insistido congresistas como Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien fue ponente del proyecto en la Cámara de Representantes.
“Lo cierto es que hay que esperar que sesione la Comisión para que en el debate se defina el destino de la reforma. No nos dejemos engañar ni llegar a conclusiones de retirarla o de derrotismos”, dijo Mondragón. Fue el propio presidente Gustavo Petro el que confirmó que el Gobierno no retirará el proyecto de trámite. “El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicos perdidos, así que el gobierno entra a actuar”, señaló Petro.
“Creo que a partir de ahora se va a generar una mayor tensión entre el Gobierno y las EPS. Cuando el presidente dice que va a actuar, sugiere que van a haber consecuencias. Y eso probablemente se puede traducir en más intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud”, dice García.
Hace unas semanas, cuando el presidente posesionó a su nuevo superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal, dijo algo que se relaciona con lo que opina García. “El Congreso se demora en aprobar un proyecto de ley que quiere ordenar esta transición, que quiere concertarla, pero las condiciones de intervención van más rápido. Las normas que expidieron gobiernos anteriores sobre las EPS, que han sido violadas permanentemente y que generan las condiciones de intervención inmediata”, señaló entonces el mandatario, que agregó que el Gobierno daría “más tiempo” antes de seguir interviniendo EPS. Pero eso fue antes de que su reforma a la salud estuviera, virtualmente, derrotada en la Comisión Séptima del Senado.
“Probablemente, si se ratifica esta ponencia negativa en la votación, va a quedar una incertidumbre de si el Gobierno va a tomar en una conciencia de concertación, o si va a radicalizarse y a utilizar el poder que tiene en el Ministerio y en la Supersalud”, concuerda también el profesor Jiménez. Si el Gobierno no está dispuesto a retirar el proyecto, y estos ocho congresistas se mantienen en su negativa a apoyarlo tal cual está, habría otra vía para salvar la reforma a la salud: volver a una negociación que permita un mayor acuerdo.
“Hay posibilidad de diálogo. Está bien que la gente tenga posturas y las defienda, hay un campo de discusión de la política que es racional. (…) Yo creo que ellos (los senadores que firmaron la ponencia de archivo al proyecto) están abiertos al diálogo. Más allá de una proclama política, hay un momento de la racionalidad que va a ser muy importante en estos momentos y eso es lo que yo invoco. Hay un país expectante”, señala Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. A él se sumó la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, que pidió a los senadores debatir el proyecto: “Abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa, tanto para quienes presentaron archivo, como para quienes aún no se han manifestado”, dijo. (Puede ver: ¿Prohibir publicidad de cigarrillos en Netflix o Instagram?)
Sin embargo, parece complejo que esa concertación ocurra. “Es muy difícil que unas personas que firmaron ya una ponencia de archivo cambien su postura”, señaló un congresista de esa comisión que prefiere mantener el anonimato. También hay dudas de la disposición real del Gobierno de cambiar su proyecto de reforma. “El Gobierno siempre ha sido muy explícito en sus líneas rojas. No cede en ellas. Yo no creo que ellos ahora vayan a buscar un espacio de diálogo. Yo ya tomé una decisión. Con quien más dialogué fue con los usuarios, profesionales y trabajadores de la salud, con los enfermos crónicos y de enfermedades huérfanas, y definitivamente no había tranquilidad o consenso, no había garantías para ellos”, dice Hurtado.
Si la posibilidad de concertación se agota (como ha pasado en otras ocasiones, como cuando el presidente y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunieron con el Centro Democrático y el expresidente Uribe), quedan otros caminos que podrían favorecer la reforma a la salud, más propios del manejo político del Congreso. Según un par de fuentes que conocen la movida allí, todo podría apuntar a afectar el quorum decisorio, por ejemplo, a través de inasistencias o de recusaciones, en particular contra aquellos que firmaron la ponencia de archivo. Pero esta estrategia tiene una debilidad: el tiempo. La reforma a la salud tiene que ser aprobada antes del 20 de junio. El Gobierno esperaba que la discusión se diera entre marzo y abril.
Queda por verse si, en caso de que la reforma a la salud se hunda finalmente, el presidente Gustavo Petro mantiene el comentario que hizo cuando se reunió con la oposición en el Palacio de Nariño y alguien le preguntó qué haría si la Corte Constitucional “tumbara” el documento: “Si la Corte la tumba, la vuelvo a radicar. Y si la vuelve a tumbar, la vuelvo a radicar, obviamente con los reparos que la Corte requiera”, respondió. Mientras se suceden todos estos cálculos políticos en el Congreso y en el ejecutivo, parece sobrevivir un consenso: la necesidad de cambios en el sistema, ya sea con este o con otro proyecto.
“Siempre hemos sostenido que la reforma al sistema de salud es una gran expectativa que tiene todo el sistema, pero también hemos venido insistiendo en que es necesario enfrentar de manera decisiva la coyuntura problemática que tenemos, especialmente con el flujo de recursos. Por eso, desde este gremio, hoy seguimos insistiendo en que el Plan Extraordinario de Liquidez que le hemos propuesto al Gobierno Nacional es una buena medida para enfrentar la coyuntura y también una transición hacia un mejor sistema de salud. Creemos nosotros que la necesidad de una reforma sigue vigente, y, por lo tanto, tenemos que avanzar en la búsqueda de mecanismos que procuren mejorar las condiciones actuales de este sistema para que podamos conseguir mejores resultados y pueda haber mayor sostenibilidad”, señala Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc).
Giraldo se refiere a lo que algunos actores de salud han señalado como una “crisis” de sostenibilidad que incluye, entre otras cosas, el incumplimiento de las EPS de indicadores financieros y la supuesta insuficiencia de la UPC (la plata que gira el Estado a las EPS para garantizar el cumplimiento del Plan de Beneficios en Salud). “Hay problemas urgentes que tenemos que solucionar en el sistema de salud” concuerda Hurtado. De hecho, pocos rechazan la idea de procurar la construcción de otra reforma para presentar al Congreso. Habrá que esperar, no obstante, a si la historia de este proyecto no tiene más capítulos.
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