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Hace un tiempo, conversé con Diana María Agudelo, psicóloga clínica y vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, sobre el vínculo obvio —pero a menudo ignorado— entre la mente y el cuerpo. Me explicaba que los seres humanos estamos acostumbrados a reconocer el dolor físico cuando podemos darle una explicación lógica: si nos cortamos un dedo, comprendemos casi inmediatamente que esa herida es la causa del dolor. Sin embargo, somos un poco menos conscientes de que el sufrimiento emocional tiene correlatos en el cuerpo. La ira o el estrés, por ejemplo, pueden generar tensión y dolor muscular. La ansiedad puede desencadenar problemas digestivos, como estreñimiento o diarrea, e incluso afectar el sistema cardiorrespiratorio.
¿Quién no ha sentido alguna vez que le falta el aire en medio de una crisis de angustia? ¿O quién no ha experimentado un nudo en el estómago frente a una situación de incertidumbre? “¿Se imagina qué puede hacer un paciente con una urgencia psiquiátrica, si no encuentra donde lo atiendan?”. Tal vez no solemos pensar en la salud mental en términos de “urgencia”, al menos no del mismo modo en que lo hacemos con una fractura o una apendicitis, que nos lleva a una sala de espera de un hospital a la media noche.
Pero las urgencias en salud mental existen. “Para un paciente con un trastorno mental, no tener dónde ser atendido en una crisis aguda es un problema enorme. La falta de un lugar donde pueda ser hospitalizado y recibir tratamiento adecuado representa un riesgo significativo, incluso para su vida. Muchos pacientes terminan consumando el suicidio porque, sencillamente, no encuentran atención cuando más la necesitan”, explica Alexie Vallejo, director del Departamento de Psiquiatría de la U. del Rosario y presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.
El problema, advierte, es que en los últimos meses encontrar una cama psiquiátrica disponible se ha vuelto aún más difícil en varias regiones del país. En Manizales, la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios cerró 88 camas en el último mes. En Pasto, el Hospital San Rafael, el más importante en salud mental, redujo su capacidad en 33 camas. En La Ceja, Antioquia, la falta de renovación de contratos por parte de algunas EPS dejó a la región sin acceso a estos servicios, agravando la crisis en la atención psiquiátrica.
A nivel nacional, el panorama no es mucho más alentador. Aunque el cierre de servicios de parto y obstetricia suele encabezar las listas de afectaciones en el sistema de salud, la salud mental le sigue de cerca. “Estos servicios no están exentos de la crisis financiera que atraviesa el sector”, explica Alejandro Escobar, gerente de Sectorial, una firma de investigación económica que ha seguido de cerca la situación financiera de hospitales y clínicas en Colombia. Hasta junio de 2024, más de 530 camas de salud mental y psiquiatría habían sido desinstaladas en todo el país.
“Lo que está ocurriendo, básicamente, es que el Estado está pagando entre el 70% y el 80% de los recursos corrientes en el sistema”, explica Escobar. Es decir, si una clínica factura $100 millones en servicios prestados, el Estado le está pagando $80 millones. “Si yo solo estoy recaudando ese volumen de recursos, mantener una IPS abierta en todos sus servicios se vuelve complejo. Lo que muchas están haciendo es cerrar los servicios que tienen menos rentabilidad”, agrega el gerente de Sectorial. Un buen ejemplo es lo que ha sucedido con los servicios de obstetricia. Durante la última década, estos servicios se han ido cerrando debido a que los costos de operación superan los ingresos recibidos. La atención materna requiere infraestructura especializada, personal altamente capacitado y equipos costosos, lo que ha llevado a muchas IPS a considerar inviable su mantenimiento.
Algo muy similar sucede con la salud mental. “Para una institución dedicada a este tipo de atención, los márgenes de rentabilidad son muy estrechos. Es decir, lo que se invierte y se gasta genera rendimientos mínimos. Y si solo reciben el 80% de los pagos, no alcanzan el punto de equilibrio, lo que pone en jaque a muchas de estas instituciones”, explica Vallejo.
La Asociación Colombiana de Psiquiatría ha identificado esta crisis financiera como la principal causa del cierre de camas de salud mental. “Hay EPS que no están cancelando sus deudas, y otras que simplemente dejan vencer los contratos sin renovarlos”, advierte.
Mientras tanto, en las regiones donde aún no se han reportado cierres de servicios, la presión sobre las urgencias psiquiátricas sigue en aumento. “Los requisitos de habilitación para operar estos servicios son muy exigentes, ya que las IPS deben demostrar que cuentan con infraestructura adecuada, personal especializado, equipamiento y protocolos de seguridad. Los costos de operación son muy altos, y si no llegan los recursos, simplemente no se pueden mantener”, advierte Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS Colombia (UNIPS). “Antes de ganarme una sanción por no cumplir, prefiero cerrar”.
La Unión de IPS Colombia, que agrupa a cerca de 200 instituciones prestadoras de salud, envió un derecho de petición a las 38 secretarías departamentales y distritales de Salud para conocer el estado de los servicios hasta finales del segundo semestre de 2024. De estas, 25 respondieron en el primer semestre del año, revelando el cierre definitivo de 9.055 servicios de salud en distintas regiones entre 2023 y 2024. Otros 26.627 figuran con “cierres temporales”. Entre los más afectados, los servicios de psicología y salud mental ocupan el segundo lugar en número de novedades reportadas.
“Se trata de algo que es estructural y que, lamentablemente, está siendo inversamente proporcional al aumento de demanda de servicios”, agrega Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. “En Colombia, históricamente hemos tenido pocos profesionales especializados en esta área, tenemos menos camas de atención, y mucha más personas demandan servicios”.
Más pacientes, menos sistema
En los últimos cuatro años, las consultas por trastornos mentales han escalado cinco posiciones entre las principales causas de atención en el régimen contributivo, según Acemi, el gremio que agrupa a las EPS de este sistema, en uno de sus últimos informes sobre salud mental. Solo durante 2021, uno de los años más duros de la pandemia, el sistema de salud atendió a 1.7 millones de personas en Colombia por salud mental, a las que se les prestaron 6.3 millones de atenciones, las cifras más altas de la última década. La tendencia no parece haber cambiado y Córdoba se sabe las cifras de memoria: “Hay un incremento de la demanda. En adultos cerca del 34% y en niños y adolescentes, aún más, aproximadamente el 65%. El problema es que no hay talento humano para esa demanda”.
En 2023, Colombia tenía registrados unos 90.509 psicólogos, según el Observatorio de Talento Humano en Salud. Pero no todos trabajan en atención clínica, por lo que la cifra real de quienes atienden pacientes podría ser mucho menor, según el Ministerio de Salud. De hecho, según el registro oficial de profesionales habilitados, hasta marzo de 2024 solo 2.254 psicólogos estaban inscritos para trabajar en el sistema de salud pública. Esto significa que, en promedio, hay apenas 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
En el caso de los psiquiatras, el panorama es similar. Según los datos del Observatorio de Talento Humano en Salud (OTHS), para el 2023 había registrados 1.613 médicos especialistas en psiquiatría, que correspondían a un 5,9 % de los especialistas del país; dentro de este grupo, solo 115 tienen la subespecialidad en psiquiatría infantil. Esto representa un promedio de 3,1 psiquiatras generales por 100.000 habitantes, menor que la media de 3,4 por 100.000 habitantes que reportan los países de ingresos medios a la OMS y muy lejos de la media que recomienda esa organización: 10 psiquiatras por 100.000. Todo esto se traduce, reconoce el Ministerio de Salud, en barreras de acceso.
Otra forma de entender la crisis en el acceso a la salud mental es a través de las quejas de los propios pacientes. En 2023, la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 50.000 reclamos relacionados con este tema, la mayoría dirigidos contra las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Las principales denuncias fueron por negación o demoras en la asignación de citas, así como por la falta de entrega oportuna de medicamentos. A esto se sumó un problema aún más grave: el desabastecimiento de fármacos esenciales para la salud mental. A finales de 2023 y durante 2024, agremiaciones científicas de psiquiatría y neurología alertaron sobre la falta de medicamentos como bicarbonato de litio, clonazepam, desvenlafaxina y metilfenidato. “Ha sido intermitente y afecta la continuidad de los tratamientos psiquiátricos”, advierte Córdoba.
La pérdida de continuidad en un tratamiento psiquiátrico puede tener consecuencias graves, dice Vallejo, como el regreso o el agravamiento de los síntomas, episodios de crisis, aumento del riesgo de hospitalización e incluso intentos de suicidio. Además, puede afectar la estabilidad, el desempeño laboral, las relaciones y la calidad de vida del paciente. Imagine a una persona, agrega, que ha alcanzado la estabilidad y ha podido continuar con su vida, retomar su trabajo, fortalecer sus relaciones y recuperar su bienestar. Pero, de repente, se queda sin acceso a su tratamiento: no consigue su medicación, no puede agendar una consulta o la IPS donde lo atendían cierra sus puertas. En poco tiempo, esa estabilidad lograda durante años y años de batalla, puede comenzar a desmoronarse.
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