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A medida de que se acerca el 31 de diciembre la expectativa alrededor del aumento que decretará el Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 crece. Esta semana se conoció que la procuradora delegada en asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio hace unos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que exigió información sobre el procedimiento que está adelantando la cartera para ajustar esta “prima”. Durante las últimas semanas, organizaciones de pacientes, médicos y congresistas han señalado la importancia de que el ajuste para 2025 evite el colapso del sistema de salud.
“Estamos preocupados porque el sistema de salud viene en una crisis crónica que se ha agravado en el último año, y esa crisis parecería ser efecto de un desfinanciamiento, y ahí la UPC es clave”, explica Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, e integrante del grupo de Acuerdos Fundamentales. ¿Por qué es clave? Porque la UPC, explica, equivale a la prima de un seguro en el sistema de salud, un monto fijo que se entrega a las EPS por cada afiliado de forma anual, con un ajuste según edad, género, ubicación geográfica, entre otras variables.
En otras palabras, es el valor que el Gobierno gira a las EPS por el aseguramiento en salud de cada afiliado. Con la UPC se financia un alto porcentaje de los servicios y tecnologías en salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Para que se entienda con claridad, con la UPC se pagan desde su cita con el médico general hasta el tratamiento de enfermedades crónicas, como el cáncer (la mayoría de tipos), la diabetes y otras tantas condiciones que son de vida o muerte. Con la UPC se financia el 97 % de los procedimientos y el 97,12 % del total de medicamentos que están autorizados en el país.
“Cuando no hay suficiencia de UPC, es decir, cuando el valor que se paga no alcanza para pagar todo lo que debe pagar, una de las cosas que pasan es que el sistema de salud empieza a priorizar ciertas atenciones sobre otras, que empiezan a aumentar sus tiempos de espera. Los colombianos no estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, tiempos de espera de seis meses con citas de control”, señala Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Minsalud y exdirectora de la Adres. “Es lógico y nos pasa a todos: cuando usted tiene un presupuesto que está restringido, empieza a priorizar los gastos”. Y eso, en el sistema de salud, significaría nuevas barreras de acceso al sistema para la población.
Para evitar ese desfinanciamiento, y que la UPC siga con la capacidad de pagar todos los servicios del Plan de Beneficios (PBS), el Ministerio de Salud debe realizar un ajuste anual de la UPC, que debe calcular y anunciar antes del 31 de diciembre de cada año.
Para ello realiza un estudio de suficiencia. En primer lugar, este estudio utiliza la información del año anterior, es decir, dos años atrás del año en que estará vigente la UPC. Por ejemplo, para definir la UPC de 2025 el Ministerio de Salud está usando información de 2023. Son muchos datos, entre ellos la frecuencia de uso de servicios de salud de los colombianos (cada cuánto necesitaron ir al sistema de salud), la demanda de servicios (qué necesitaron) y los precios de cada servicio. Toda esa información es suministrada por las EPS, que a su vez la recogen de los hospitales y las clínicas.
En segundo lugar, a partir de esos datos, el Minsalud debe proyectar o estimar otros. Es decir, para incrementar la UPC de 2025, el Ministerio toma la información de 2023 y debe proyectar la inflación que tendrá Colombia en 2025, cuál será la demanda de servicios y qué costos tendrán, entre otros. De esos resultados depende, en gran medida, el futuro del sistema de salud en Colombia.
¿Qué se sabe del ajuste 2025?
El Ministerio de Salud se ha mantenido en silencio respecto al ajuste de la UPC para 2025, no solo con los medios de comunicación, sino con congresistas, entidades de control y con las propias EPS. La representante Jennifer Pedraza, por ejemplo, señaló el pasado 18 de diciembre que acababa de entutelar al Minisalud debido a que este se había negado a entregar las actas de las reuniones donde se ha tratado el asunto. La Procuraduría sigue sin recibir respuesta a su oficio y desde Acemi, el gremio de las EPS más importantes del régimen contributivo, nos confirmaron que el diálogo con el Ministerio se limitó a entregar la información.
Una sola cosa sí ha dicho el ministro Jaramillo. “Como el aumento de la UPC se nutre de la información que nos dan las EPS, tenemos muchas EPS que desafortunadamente no cumplen con los requisitos para poder estar en el estudio”.
Para entender esta mención hay que recordar que en 2023 el Ministerio de Salud decretó el aumentó de la UPC para 2024 con base en la información de solo cuatro EPS (de 28 que existen). Lo hizo porque, según dijo entonces el ministro, los datos que habían presentado la mayoría de estas empresas no habían cumplido con algo que los técnicos conocen como “malla de validación”. En términos simples, son una serie de validaciones que hace el Minsalud para verificar que los datos no tengan evidentes inconsistencias.
“Este año estuvimos muy atentos a que ese proceso se realizara de manera completa. De hecho, con ocho de las 10 EPS afiliadas a Acemi, que representan más del 60 % del régimen contributivo, llevamos a cabo el análisis de suficiencia evaluando cómo se comportaron las variables. Nos preocupa que los datos de 2023 evidencien incrementos del 27 % en frecuencias y costos similares. El trabajo se concluyó con la información proporcionada por las EPS, que fue retroalimentada por el Ministerio. A partir de ahí no sabemos nada. En lo que realizamos, solicitamos datos a Nueva EPS, pero no nos los entregaron”, afirma Ana María Vesga, directora de Acemi.
El detalle de Nueva EPS no es menor y les preocupa a personas como Diana Cárdenas. “Es el gasto de casi 11 millones de personas en el sistema de salud. Que no esté siendo considerado significa que va a haber un subregistro de información muy grave”, dice la exdirectora de la Adres. “La pregunta es: ¿cómo el Gobierno va a lograr que la información equivalente a 11 millones de personas realmente sea suficiente? ¿Cómo llenas esa información?”. El Espectador conoció que, en realidad, Nueva EPS sí entregó los datos, pero estos reflejaban un incremento de frecuencias y de gastos en 2023 cercanos al doble respecto a 2022, algo que no resultaba, en teoría, probable según las tendencias.
De hecho, el Ministerio se refirió a eso el 12 de diciembre, aunque sin mencionar a Nueva EPS. “No puede pasar una EPS de $14 billones en gastos en 2022 a pasar en 2023 a $24 billones. Eso es imposible”, dijo el ministro Jaramillo. El Ministerio de Salud habría solicitado a Nueva EPS la revisión de esos datos para incluirlos en la metodología.
“Yo no confío en que desde el Minsalud estén haciendo grandes esfuerzos por completar los datos de Nueva EPS y los que falten. Si lo estuviera haciendo, las primeras EPS que tuvieron que haber entregado los datos son las intervenidas. Es importante señalar que la primera obligación del Estado es financiar las necesidades de salud de los colombianos. Que el Ministerio no cuente con la información de las EPS no es un problema solo de las EPS, es un problema que el Estado tiene que solucionar”, señaló Cárdenas. “La ley no dice que si la EPS no manda los datos no se hace nada. La obligación del Estado es financiar el sistema como sea”.
“Creemos que se ha perdido la confianza en el proceso”, piensa Mayorga. “Las EPS dicen que no alcanza, mientras el Gobierno afirma que sí. Nosotros, desde Acuerdos Fundamentales, hemos propuesto que ese cálculo se haga de manera técnica e independiente”. A todas las personas que consultamos también les preocupa el proceso alrededor del cálculo. Cárdenas lo tachó de “oscuro”. A Vesga le inquieta que estemos “finalizando diciembre y no se conozca una resolución para comentarios”.
Los escenarios de incremento
Además de Jaramillo, el presidente Petro se ha referido, en una ocasión, en los últimos días al incremento de la UPC. En una publicación en X señaló: “El incremento de la UPC debe tener como referente el índice de la inflación”. En Colombia la inflación cerrará en alrededor del 5 %, y en 2025 continuaría bajando.
“Ese sería el peor de los escenarios”, responde Cárdenas. “El Gobierno les estaría diciendo a los colombianos que no pueden utilizar más servicios de salud, limitando el ejercicio del derecho a la salud”. Vesga, directora de Acemi, nos confirmó que dentro de la entidad se consideraron escenarios de incremento de la UPC. “En uno de ellos sube lo que indica el IPC. Y en ese caso estimamos que habría un déficit de $10 billones”.
Un aumento de la UPC que se ajustara solo al IPC estaría muy lejos de lo que otros actores han estimado. Hace unos días la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en colaboración con el Centro de Estudios Económicos de la ANIF, calculó que la UPC para 2025 debería subir un 16,4 %. Sectorial, una firma de análisis financiero que estudia, entre otros, al sistema de salud, estima que debería ajustarse en un 18 %. El último en hacer su apuesta fue la Andi. El gremio que reúne a los empresarios del país apuesta por una UPC que aumente un 16,9 % en 2025.
“Nosotros no quisimos dar una cifra, porque creemos que sin los datos de Nueva EPS no es posible hacer el ejercicio. En 2023, Nueva EPS fue una de las cuatro EPS que se consideraron para hacer los datos, y sus gastos pesaron el 30 % del cálculo”, dice Vesga cuando se le pregunta sobre su proyección. A este debate se sumó recientemente el aumento del salario mínimo que el Gobierno decretó, de poco más del 9 %. “Si uno tiene en cuenta el costo laboral del sistema, y que muchos otros se afectan por el salario, lo que vemos es que si no se hace un cálculo metodológico ajustado al gasto, vamos a tener un problema más grave”.
Actores académicos, como el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, han advertido que la UPC se viene calculando con desfases importantes. El desfase de la UPC en 2022 fue, según estiman, del 7,2 % y en 2023 del 4,9 % frente a los valores definidos por el Estado. Para reconocer los gastos reales que tuvo el sistema en esos años habría que hacer un ajuste adicional de unos $7,1 billones.
“Llevamos tres años diciendo que la UPC es insuficiente. Y lo ha sido porque los supuestos y proyecciones que se han usado han tenido desviaciones frente a la realidad. Variables como precios, que fue supernotorio en 2022 y 2023, y el otro fue una cantidad de frecuencias. Los colombianos están demandando más servicios, y están demandando servicios más costosos”, explica Cárdenas. Es decir, las proyecciones iniciales no han logrado anticipar factores clave como el aumento en los costos de insumos médicos, el incremento en las frecuencias de uso de servicios de salud y la necesidad de tratamientos más avanzados y costosos.
El problema hoy, agrega Néstor Álvarez Lara, representante de la organización Pacientes de Alto Costo, lo están viviendo los pacientes. “Nos preocupa que la demanda insatisfecha no esté siendo considerada adecuadamente en el cálculo. Ellos (el Ministerio de Salud) calculan usualmente entre un 2 y 3 %. Nosotros creemos que ya es mucho mayor. Si la UPC aumentara solo la inflación, no se corrigen variables como aumento de demanda de servicios y de medicamentos que creemos que ha ocurrido en los últimos años. El que termina pagando es el paciente, que ve aumentar los problemas en la atención”.
“Un ajuste inadecuado significa que los pacientes seguirán muriendo por la falta de acceso a medicamentos y tratamientos vitales, que las IPS continuarán cerrando y que las condiciones laborales de los médicos y equipos de salud seguirán deteriorándose, afectando la calidad de atención y poniendo de esta manera en riesgo la vida de los pacientes”, señaló en un comunicado de hace unos días Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 asociaciones de pacientes a nivel nacional.
El cálculo de la UPC es solo un elemento más de un 2025 que se prevé crítico para el sistema de salud en Colombia: hay un déficit heredado de años anteriores y un sector que, según lo dispuesto el presupuesto general de la nación, comienza desfinanciado en más de $10 billones.
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