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Aunque ha perdido algo de visibilidad pública en medio de las otras grandes reformas del Gobierno (pensiones, laboral y política), el proyecto de cambio al sistema de salud de Gustavo Petro se ha estado jugando su futuro en las últimas semanas. “Han sido días de discusiones y conversaciones muy intensas”, resume Agmeth José Escaf, congresista por el Pacto Histórico y presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde se radicó el proyecto y en donde se deberán dar los primeros debates públicos. (Puede leer: Hay algo que no cuadra en la discusión sobre la “escasez” de medicamentos)
Dos cosas pasaron esta semana que pueden determinar el éxito o fracaso de la reforma. Ambas apuntan a que, incluso en el mejor escenario, el proyecto de salud del Gobierno sufrirá cambios que pueden ser muy importantes respecto al texto original presentado.
En primer lugar, Escaf tomó una decisión que definió un punto clave del trámite de la reforma. A través de la resolución 006 de 2023, decidió acumular todos los proyectos que pretenden cambiar al sistema de salud (hay hasta ahora otras tres iniciativas de partidos como el Centro Democrático y movimientos como Pacientes Colombia), en una ponencia. (Lea: Proyectos de ley relacionados con reforma a la salud serán acumulados para su debate)
Esto tiene algunas implicaciones que no han caído del todo bien en ciertos sectores sociales. Pero para entenderlas, hay que repasar rápidamente por cómo se discute una ley en Colombia: después de que un proyecto se presenta al Congreso y pasa a su respectiva Comisión (según, por ejemplo, si el tema es de salud, educación, seguridad, etc.), se debe conformar un grupo de congresistas que se llaman “ponentes” y “coordinadores ponentes”.
Estos legisladores tienen una tarea muy importante: presentar la ponencia, un texto en el que estudian y analizan el proyecto de ley y determinan si es conveniente o no, los beneficios que puede traer y los cambios que pueden hacerle. Al final de la ponencia, el grupo recomienda aprobar o archivar la propuesta. Que Escaf haya decidido combinar todos los proyectos en una sola ponencia podría implicar que el texto que el Gobierno presentó sufra cambios a partir de lo que los ponentes vean valioso de otros proyectos como el del Centro Democrático, presentado por Andrés Forero. (También puede leer: Autorizan a otra empresa para comercializar pollo cultivado en Estados Unidos)
Por supuesto, podría pasar también que después de analizar los cuatro textos de cambios al sistema, la ponencia de los congresistas sea similar a la propuesta del Gobierno, pero esa no parece ser el objetivo de reúnir las iniciativas. “El objetivo de acumular es sacar la mejor propuesta, la más sólida que responda a las necesidades de todos. Si estamos en una discusión de un mismo tema, ¿para qué tener cuatro debates abiertos?”, dice Escaf.
Acumular los proyectos había sido una petición que ya había hecho el representante Forero el pasado 16 de marzo, cuando le pidió a Escaf que tuviera en cuenta “todas las voces”. La decisión, sin embargo, no le gustó a organizaciones como la “Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud”, que ha sido muy cercana a la ministra de salud, Carolina Corcho, y que defendió que esa determinación no era una obligación legal. “Acumular las reformas de salud no es rodear al presidente Petro”, escribió en Twitter.
Hay voces como la de Martha Lisbeth Alfonso, congresista del Partido Verde, una de las ponentes de la reforma y quien ha apoyado el proyecto del Gobierno, que también consideran que eso no se debió hacer: “Desde su objeto, los proyectos no coinciden. El del Gobierno se propone una transformación del sistema general de seguridad social en salud hacia un sistema de aseguramiento social en salud, que es un cambio muy significativo. En los otros proyectos se busca fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Es decir, mientras el del Gobierno pretende transfórmalo, los otros proyectos pretenden fortalecerlo”, dice. En todo caso, y tomada la decisión, tendrá que hacerse esa articulación. (Puede interesarle: Aprueban vacuna para prevenir el dengue en Brasil)
Es posible, sin embargo, que cuando llegue el tiempo de hacer esa combinación entre todos los proyectos, la reforma ya tenga su destino seguro.
Las EPS, la gran diferencia
Durante las últimas dos semanas, grupos técnicos del Ministerio de Salud, de los congresistas ponentes de la reforma y de tres grandes partidos políticos, han estado discutiendo cambios al texto de la ministra Corcho. Los primeros días de marzo, la U, el Conservador y el Liberal presentaron un pliego de peticiones (e incluso un articulado de un proyecto) que, dijeron, negociarían con Petro para incluir en la propuesta oficial, con la advertencia explicita de que si no se acogían, no acompañarían con sus votos la reforma.
El trabajo en esas reuniones ha logrado un consenso en un proyecto entre esos tres partidos y el Gobierno en más del 90%. “Estamos de acuerdo en que hay que garantizar recursos reales para la atención primaria; que debe haber una administración pública de los recursos; que debemos avanzar en unas redes integrales que le garanticen la atención a la población en perspectiva de que progresivamente sea más cercana a las viviendas, y en esa medida, coincidimos en que hay que fortalecer los hospitales públicos de todo el país”, resume Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico y ponente de la reforma. (Le puede interesar: Brotes del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial y Tanzania empiezan a inquietar)
Esos puntos responden en grandes rasgos a las llamadas “líneas rojas” que el presidente había definido para su reforma y que giraban, en general, en fortalecer la atención primaria y en “quitarle” a las EPS la administración de los recursos de la salud que hacen hoy.
Ahora, incluso en esos acuerdos hay perspectivas distintas en cuanto a las prioridades. “Estamos de acuerdo con la atención primaria, pero hay que mirar que esa atención se haga asegurando el sostenimiento financiero del sistema. Es fundamental no desconocer la capacidad instalada por 30 años. No podemos y debemos empezar de cero”, explica, por ejemplo, Gerardo Yepes Caro, congresista del partido Conservador y ponente de la reforma en la Cámara.
La sostenibilidad financiera de lo propuesto por el Gobierno ha estado en discusión desde que se conocieron unos conceptos del Ministerio de Hacienda con unas cifras que, para muchos, hacían inviable el modelo. Pero, si aun con estos detalles, más del 90 % de la reforma ya está acordada, ¿cuál es ese 5 o 10 % restante? Nada menos que el papel de las EPS. Y en este punto la discusión del Ministerio con los tres partidos parece estancada. (Puede leer: Supersalud impone millonaria multa a Secretarías de Salud de Magdalena y Atlántico)
Mientras en el proyecto del Gobierno estas entidades pierden casi todas sus funciones, en lo propuesto por los partidos se transforman en algo llamado “Gestoras de Salud y Vida”.
“Hay dos visiones: la de los partidos, que entienden que el aseguramiento debe estar en cabeza de un actor externo al Estado, no gubernamental, que para ellos son las Gestoras de Vida, y que esa figura debe desarrollar unas actividades alrededor de la organización de redes de servicio, referencia y contrareferencia, administración de base de datos… Y la del Gobierno, que busca un aseguramiento liderado desde el Estado, en el que todas esas funciones las ejecute la Adres (el llamado banco de la salud) y los Fondos Regionales, incluyendo la organización de las redes, en manos del Estado”, resume Alfonso.
Según supo El Espectador, el Gobierno habría aceptado la existencia de esas gestoras, pero en una lógica de transición. Es decir, concede que existan un tiempo limitado (que se ha dicho podría ser de 7 años, aunque no está definido), mientras el Estado adquiere las capacidades para hacer las funciones administrativas que estas entidades privadas hacen hoy. Esa viñeta de “transición” es lo que siguen sin aceptar los tres grandes partidos, que quieren la permanencia de esas gestoras.
La transición que aceptan y proponen los partidos es la que convierte a las hoy EPS en Gestoras de Vida. Estas últimas tendrían en ese modelo nuevas condiciones como pago por resultados y no manejarían directamente los recursos, sino que el Estado les pagaría una especie de cuota administradora por realizar funciones como las auditorias, que le permitirían a la Adres hacer el giro directo a los hospitales y clínicas, algo que sucede hoy.
Durante las últimas jornadas de debate entre los técnicos de partidos, congresistas y Ministerio, el tema ha estado empantanado. Se discute y los representantes regresan con sus “jefes” a hacer consultas. Aunque la apuesta era llegar a un acuerdo esta semana, ya muchos esperan que eso pase este fin de semana o incluso la semana siguiente, cuando se podrían volver a dar reuniones de más alto nivel que podrían incluir a Petro.
En este punto las diferencia entre los ponentes de los tres partidos y los del Pacto Histórico son visibles. Algunos incluso le señalaron a este diario que no firmarían una ponencia que no responda a sus respectivas peticiones. Eso quiere decir que, aun si los técnicos de las partes logran llegar a un acuerdo, debe ser revisado por el Ministerio, volverse una ponencia positiva y llevarse, ahora si, a la Comisión Séptima. Allí se acumularía con los otros proyectos de reforma (como de Pacientes Colombia, que plantean otras cosas muy diferentes), y después a plenaria de Cámara, en la que se podrían hacer aún más cambios. (También puede interesarle: Francisco Rossi, director encargado del Invima, sale de su cargo)
La esperanza del Gobierno, sin embargo, es que si se llega a un acuerdo con estos tres grandes partidos, el resto del debate se pueda dar manteniendo las mayorías. El camino aún parece largo.
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