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El Espectador verificó algunas de las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en la alocución del pasado martes.
“La deuda de las EPS es de más de $100 billones”
Es incomprobable y probablemente falso. No hay indicios ni estudios recientes que cuantifiquen una eventual deuda de las EPS desde la creación de la Ley 100 en 1993. Además, sumar las cifras históricas no solo es impreciso, sino metodológicamente incorrecto. Es como si alguien revisara su extracto bancario de cada año, sumara los saldos pendientes de su tarjeta de crédito desde 2015 hasta hoy, y concluyera que debe diez veces más de lo que realmente debe. No tiene sentido: el saldo de cada año ya incluye lo que no se pagó en el anterior. Lo mismo ocurre con las deudas de las EPS: cada cifra anual refleja el total adeudado a esa fecha.
No se sabe la fuente del presidente para lanzar esa cifra.
La Contraloría fue la que puso en el debate que la deuda de las EPS era de $33 billones, con corte al 31 de diciembre de 2024. De este monto, cerca de $14 billones tienen respaldo claro y son exigibles; alrededor de $10 billones aún pueden modificarse tras procesos de auditoría; y los $9 billones restantes siguen sin información contable verificada, pues son de Nueva EPS que no tiene certificados sus estados financieros ni para 2023 ni para 2024.
Incluso si a eso se suma la deuda de las EPS liquidadas, está lejos de dar $100 billones. En su último informe de cartera, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (que agremia a más 200 IPS, algunas de las más grandes e importantes) reporta que las EPS liquidadas (tanto del régimen subsidiado como del contributivo) deben $2.4 billones.
“El sistema de EPS no previene porque no es territorial. Y la prevención se hace territorialmente. Y prevenir es mejor que curar, pero aquí se hace el revés porque el negocio está en el curar o en el dejar morir. He aquí la primera torpeza de nuestro sistema desde 1993, por eso es carísimo, es tan ineficaz como el de los gringos”.
La Ley 100 de 1993 dejó un vacío importante en promoción y prevención en salud, que la Ley 1438 de 2011 intentó subsanar. Sin embargo, persisten problemas: las EPS no tienen responsabilidad sanitaria territorial y los entes locales carecen de recursos y estabilidad política. El Estado tampoco ha logrado cobertura efectiva en zonas rurales, donde la infraestructura es escasa: solo 1.964 de más de 20.000 sedes de salud están en áreas rurales. Además, la atención primaria es poco rentable frente a procedimientos de alta complejidad, aunque hay ejemplos positivos de EPS que la han priorizado con éxito.
Finalmente, el sistema de salud colombiano no es tan ineficiente como el de Estados Unidos, ya que este último carece de cobertura universal y tiene altos costos. Colombia, en cambio, combina aseguramiento público y privado con alta cobertura (casi 99%) y menor gasto per cápita (USD 1.316 vs. más de USD 15.000 en EE.UU.).
“La peor EPS manejada es la más grande, la que tiene un capital público mayoritario (…) Se la robaron y con eso se robaron los recursos públicos. Y no tiene datos”.
Es cierto que Nueva EPS es la EPS más grande del país, con cerca de 11 millones de afiliados, y también lo es que aún no cuenta con estados financieros certificados para los años 2023 y 2024, pese a que está intervenida por el gobierno desde abril de 2024. Esto implica que las cifras sobre sus deudas no pueden considerarse definitivas.
Sobre si se la han “robado”, hay que decir que existen múltiples alertas y denuncias. En 2024, la Contraloría reportó, entre otras cosas, pagos sin soportes por $2,1 billones. También advirtió que la EPS accedió a créditos bancarios en los años 2019, 2020 y 2021 por un total de $3,9 billones, de los cuales al menos $40 mil millones se destinaron a gastos como: honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalo, pautas radiales y nómina de los Planes de Atención Complementaria. Más recientemente, la Contraloría ha ordenado nuevas inspecciones, pero hasta ahora no se conocen decisiones en firme ni responsables sancionados.
“Nos quitaron a Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda de Sanitas. La intervención fue favorable y, si sumo a todas (las intervenidas), nosotros hemos disminuido en $707 mil millones la deuda de estas entidades. Hemos frenado el desangre”.
Es una afirmación falsa.
En Colombia están intervenidas para administrar 9 EPS (contando aún a Sanitas, que no ha sido regresada a sus dueños). De ellas, el Gobierno ordenó la intervención de siete.
Las otras 2 son intervenciones de años anteriores que, sin embargo, Petro ha alargado.
Emssanar E.S.S: 2 de febrero de 2022
Capresoca E.P.S: 04 de agosto de 2016
El presidente usó un cuadro donde aparecen 6 EPS (deja afuera a Savia Salud, Capresoca y Coosalud, sin dar explicación) y dice que fue extraído del informe de la Contraloría, pero eso no es cierto. En el documento publicado por ese ente de control hace una semana no se hacen comparaciones de la deuda entre años y, si bien aparece la deuda de 2024, no aparece la de 2023. No es claro cuál es la fuente del presidente.
¿Qué muestran los informes contables de las EPS intervenidas por el Gobierno?
El Espectador los revisó y encontramos que no coinciden con las cifras del presidente Petro. En todas las EPS, las deudas y pasivos han aumentado entre 2023 y 2024.
Los datos oficiales desmienten el discurso presidencial. Las intervenciones, lejos de mejorar las finanzas, las han empeorado.
Sanitas
En el caso de Sanitas, los estados financieros —particularmente el análisis de su pasivo corriente (las obligaciones a corto plazo)— muestran que pasaron de $2,3 billones a $3,1 billones entre 2023 y 2024. Esta variación se explica, principalmente, por un aumento considerable en el rubro de “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”, que corresponde, en gran medida, a deudas con proveedores, clínicas y hospitales. Dichas cuentas crecieron de $2,2 billones a más de $3 billones.
Famisanar
Sus estados financieros revelan que el componente de reservas técnicas pasó de $2,3 billones en 2023, a $2,9 billones en 2024. Más adelante, el informe profundiza en los detalles. Las “obligaciones liquidadas pendientes de pago”, que hacen parte de las reservas técnicas, pasaron de $1,2 billones a $1,7 billones. Este rubro es crítico porque no se trata de estimaciones sobre eventos futuros, sino de servicios de salud que ya fueron prestados por clínicas, hospitales y otros proveedores, que ya han sido auditados, cuantificados por Famisanar como deuda exigible, pero que aún no han sido pagados.
Llama la atención que la misma EPS reconoce que el aumento de $564.332 en el componente “servicios de salud” de las “obligaciones liquidadas pendientes de pago” se da “por la insuficiencia presentada en los recursos recibidos para cubrir los pasivos radicados”.
A esto se suma el crecimiento de las “obligaciones conocidas no liquidadas”, que pasaron de $919.221 millones a $1,027 billones. Este concepto se refiere a servicios ya recibidos por los afiliados, cuya ocurrencia ha sido reconocida por la EPS, pero que aún no han sido completamente auditados o cuantificados para su pago final.
Asmet Salud
Aunque estas reservas son exigidas para cubrir futuros siniestros, en el contexto actual de las EPS, una porción significativa de este crecimiento suele deberse a servicios de salud ya prestados por clínicas y hospitales que no han sido pagados a tiempo.
Las obligaciones no conocidas y no liquidadas son una estimación contable de los servicios de salud ya prestados, pero aún no facturados o pagados.
Emssanar
El primer rubro, clasificado como corriente, agrupa las reservas destinadas a cubrir los servicios de salud que ya fueron prestados y liquidados, y cuyo pago se espera realizar en un período corto, generalmente dentro de un año. El segundo rubro, considerado no corriente, abarca las reservas para el mismo tipo de obligaciones que, aunque ya están liquidadas, su pago está previsto o se extenderá a un plazo mayor.
El total de las cuentas por pagar al costo creció 3%.
Savia Salud
Los pasivos totales aumentaron un 28,90 %, alcanzando los $1.2 billones en 2024. La mayor preocupación recae en la provisión de gastos por servicios de salud, que se incrementó en un 54,49 %, lo que evidencia una creciente deuda con los prestadores.
SOS
Las cuentas por pagar al costo reflejan las obligaciones que la EPS ha contraído y que aún no ha saldado con diferentes actores del sistema. Las cuentas por pagar al costo aumentaron un 35%. Esta cuenta refleja deudas generales con prestadores y proveedores.
Las reservas técnicas son provisiones contables que la EPS registra para cubrir servicios de salud ya prestados o por prestarse, dependiendo del tipo de reserva. No siempre hay una factura asociada aún, pero se reconoce que hay una obligación futura cierta o probable.
En este caso, aumentaron más del 53%: la EPS ha acumulado muchas más obligaciones con prestadores de servicios de salud que ya ocurrieron o están en trámite.
El informe de la Contraloría, en su página 41, señala, contrario a lo que el mandatario dice:
“Pese a las medidas de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no cumplen con 1 o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, por lo que las condiciones de ellas no han mejorado luego de su intervención, situación que preocupa, puesto que estas medidas se dan en el marco de corregir las fallas financieras y administrativas, situación que no se evidencia”.
Esta realidad también se sustenta en el más reciente estudio de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a diciembre de 2024. Allí se señala que las 10 EPS que se encuentran intervenidas o en vigilancia especial concentran la mayor parte de la deuda que tiene el sistema con las instituciones que agremia la ACHC. Estas EPS adeudan en conjunto más de $10 billones, lo que equivale al 77,4% del total.
“Las EPS no intervenidas en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores. (…) Se robaron la plata que nosotros mismos dimos. (…) Es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué está pasando que no investigan penalmente?”.
No es cierto.
Los pasivos financieros de las EPS no intervenidas pasaron de $9.49 billones en 2023 a $10.24 billones en 2024; un aumento de $748 mil millones, es decir, un 7.9%, no el doble.
“Nosotros no tenemos ni un peso de deuda. Hemos pagado”.
Es parcialmente cierto, pero hay que considerar algunos matices.
La mayor parte del dinero del sistema de salud en Colombia proviene del Gobierno Nacional y se gira a las EPS por dos vías: la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), y los presupuestos máximos, que cubren tecnologías y tratamientos no financiados con la UPC, como enfermedades huérfanas o de alto costo. Aunque el Gobierno ha cumplido efectivamente con los giros mensuales de la UPC, la Corte Constitucional advirtió en el Auto 007 de 2025 que el monto calculado ha sido insuficiente, al menos para 2024, y ordenó revisar los años 2021 a 2025.
La Contraloría estima que, a 31 de diciembre de 2024, la siniestralidad promedio de las 29 EPS analizadas fue del 110,1%. Este indicador mide el porcentaje del dinero que una EPS gasta en servicios de salud frente al monto que recibe por cuidar a sus afiliados. En otras palabras, por cada $100 recibidos, las EPS gastaron $110. Según la Contraloría:
Esto significa que las EPS están autorizando servicios sin contar con los recursos necesarios, lo que ha generado una deuda creciente con clínicas y hospitales. En muchos casos, están utilizando los recursos de la UPC del año en curso para pagar deudas de años anteriores, lo que retrasa los pagos actuales y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Por eso, aunque una EPS diga que está al día con sus pagos mensuales y un proveedor reclame deudas millonarias, ambas afirmaciones pueden ser ciertas: se están pagando las obligaciones más recientes, mientras se siguen acumulando las del pasado.
“El gobierno que más dinero ha dado a todo el sistema de salud desde toda la historia de Colombia se llama el gobierno de Gustavo Petro”
Sin embargo, como lo muestra la misma gráfica compartida por el presidente, es habitual que el presupuesto en salud aumente cada año. Ningún gobierno ha reducido esos recursos. “Cada año suben los precios y el Estado dispone de un presupuesto mayor. Lo que han girado es lo que corresponde, y el próximo gobierno girará más que este”, resume Johnattan García Ruiz, abogado y magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard.
“A las 29 EPS que han existido hemos entregado $87.9 billones. Ellos dicen que recibieron $85 billones y nosotros giramos casi $88 billones. ¿A dónde se fue a parar la plata? La diferencia, ahí no más, es $2,71 billones que no aparecen”.
Es cierto, pero hay que tener en cuenta varios matices.
La Contraloría confirma la discrepancia: con corte al 31 de diciembre de 2024, la ADRES giró $87,89 billones a las EPS por concepto de la UPC, pero estas reportaron ingresos por solo $85,18 billones. La diferencia de $2,71 billones será objeto de investigación fiscal.
No obstante, este tipo de análisis solo es posible si se cuenta con la información financiera completa del sistema, algo que hoy no ocurre. Desde 2023 no se conocen los estados financieros de la Nueva EPS —intervenida por el Gobierno Nacional y responsable de afiliar al 26% de la población del país— lo que impide conocer el panorama completo del sistema.
También es cierto que hay pocos avances penales por el mal uso de estos recursos. Así lo reconoció la Corte en el Auto 007 de 2025. Si bien las actuaciones de la Contraloría han aumentado —de 10 indagaciones preliminares en 2020 a 126 en 2023-2024 por más de $21.000 millones—, solo hay cinco fallos fiscales en firme, por un total de $1,3 billones, actualmente en cobro coactivo. Hay procesos en curso por más de $40.000 millones.
En contraste, la Fiscalía apenas reporta 61 noticias criminales: 17 inactivadas y 44 aún en etapa de indagación. Para la Corte Constitucional, no es aceptable que, con más de 400 hallazgos fiscales por UPC, no haya responsables penales identificados.
“En total, desde 2020 y a la fecha, han desaparecido $14 billones (…) casi $10 billones o más, de Duque”.
En un informe publicado en agosto de 2024, la Contraloría identificó que las EPS recibieron en 2020 más recursos de la ADRES por concepto de UPC y presupuestos máximos de los que realmente gastaron en salud durante la vigencia 2020: $39,1 billones recibidos frente a $36,15 billones ejecutados, lo que dejó un excedente no ejecutado de $3,95 billones.
Además, ese año las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores por $5,5 billones usando recursos de la UPC 2020, lo cual —según la Contraloría— podría constituir un uso indebido de los fondos y una violación al principio de anualidad del gasto público. No obstante, el Ministerio de Hacienda argumentó entonces que no existe una norma que prohíba expresamente esta práctica y que dicho principio no aplica a las EPS.
Las cifras de 2021 y 2022 mencionadas por el presidente no fueron encontradas en los informes conocidos por la Contraloría y no pudieron ser verificadas por El Espectador.
“El giro directo ha sido eficaz, lo que pasa es que hay que lograr que no sea a las clínicas y hospitales de las EPS”.
El giro directo es una modalidad en la que los recursos de la UPC pasan de la ADRES a las clínicas y hospitales, sin pasar por las EPS. Según la ADRES, durante el año 2024, el giro directo alcanzó un máximo histórico de $48,1 billones. Los recursos se distribuyeron en $28,7 billones para el régimen subsidiado y $19,5 billones para el régimen contributivo. Frente a 2023, este valor creció un 117%, cuando el valor por giro directo fue $22,1 billones.
En 2024, 30 EPS utilizaron el giro directo: 10 del régimen subsidiado, 1 del régimen contributivo y 19 que operan en ambos regímenes. Según la ADRES, “las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) entre 2023 y 2024 impulsaron su adopción”.
Desde gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas valoran ese avance, sin embargo, concuerdan, como el presidente, es que se debe “cambiar la prelación en los pagos para evitar el direccionamiento de los recursos hacia las entidades de integración vertical y regular el porcentaje de administración de las EPS”.
“La Contraloría está diciéndole al Congreso que por favor aprueben la reforma a la salud”.
Es una interpretación del presidente. Al final del documento, la Contraloría hace una serie de recomendaciones. Al Ministerio de Salud le sugiere reglamentar el cálculo del gasto administrativo de las EPS en ambos regímenes —contributivo y subsidiado— y le pide establecer reglas claras sobre el uso de la UPC, avanzar en mecanismos de saneamiento de cartera y evaluar si las intervenciones aplicadas a las EPS han sido realmente efectivas.
Además, plantea la necesidad de diseñar una política integral de reorganización del aseguramiento, considerando la alta concentración de afiliados en pocas EPS receptoras tras procesos de liquidación; y fortalecer la rectoría del sistema en lo relacionado con la política farmacéutica, determinando con claridad los factores que están afectando el suministro oportuno de medicamentos la deuda a en el marco de la deuda acumulada.
A la Superintendencia de Salud, la Contraloría le recomienda, entre otras cosas, reforzar los criterios técnicos y financieros que sustentan las medidas de intervención y vigilancia especial, para garantizar que estas generen mejoras reales en el funcionamiento de las EPS y no se prolonguen sin resultados concretos. También le sugiere exigir a las EPS mayor trazabilidad y justificación técnica en el uso de los recursos administrados.
En cuanto a la reforma a la salud, hay una única mención directa. Frente a la propuesta contenida en el proyecto, que plantea destinar el 5 % de la UPC a las Gestoras de Salud y Vida para financiar sus funciones, la Contraloría recomienda: establecer con claridad en qué puede usarse ese porcentaje, y definir criterios técnicos, financieros y de desempeño.
No hay recomendaciones al Congreso o cualquier otra que haga mención de la reforma.
“Las quejas son contra los gestores farmacéuticos. No contra el Gobierno. Las quejas son con los que no entregan los medicamentos, que no somos nosotros, son los gestores y operadores farmacéuticos. Nosotros hemos pagado”.
Según la Contraloría, durante 2024, las EPS recibieron facturas por $14,7 billones de parte de los gestores farmacéuticos, y pagaron $13,3 billones. A pesar de eso, la deuda creció.
En 2023, la deuda con los gestores farmacéuticos era de $1,43 billones. En 2024, volvió a subir esa misma cantidad, llegando a $2,8 billones. Es decir, se duplicó. La Contraloría manifiesta su preocupación porque esta deuda acumulada está afectando el sistema.
Mientras el Gobierno y las EPS intervenidas señalan que han pagado, los gestores farmacéuticos dicen que les deben deudas millonarias. La realidad es que se están pagando las deudas corrientes, pero no la cartera vencida. La primera son las obligaciones dentro de los plazos normales de pago, es decir, los recursos que se destinan para la operación mes a mes del sistema. La segunda, en cambio, se refiere a deudas acumuladas de años anteriores. La preocupación de gremios como Fenalco y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es que esa deuda vencida de años atrás está en aumento.
Las EPS no están pagando deuda vencida. El problema de esto radica en que una parte de la deuda actual del sistema de salud corresponde a cartera vencida, lo que termina afectando el flujo de caja de los proveedores y de todos los actores.
Las quejas sí son contra las EPS y están subiendo.
Según la Contraloría:
Volumen de PQR:
2023: 1.308.706
2024: 1.614.622
Las EPS intervenidas concentran más PQR, aunque la diferencia no es significativa.
EPS intervenidas: 45.33% de las PQR
EPS NO intervenidas: 40,91% de las PQR
El 90,97% (1.346.170) de las PQR se relaciona con barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud.
El 20.64% (277.912) corresponden a la negación y la falta de oportunidad en entregas y autorizaciones de medicamentos.
262.209 de estas corresponden a reclamos relacionados con medicamentos cubiertos con recursos de la UPC. 15.703 PQR restantes para medicamentos no cubiertos con la UPC.
“Tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo”.
Es una afirmación falsa.
En 2020, la revista The Lancet publicó un estudio global sobre cobertura sanitaria universal en 204 países, basado en datos del Estudio de Carga Global de Enfermedad (GBD). El análisis no solo consideró si las personas acceden a servicios de salud, sino si esos servicios efectivamente mejoran su salud. Evaluó 23 indicadores agrupados por tipo de atención y grupo etario, ponderados por su impacto en años de vida saludables ganados.
Colombia obtuvo una puntuación de entre 62,5 y 69,2 sobre 100, lo que refleja una cobertura sanitaria efectiva de nivel moderado-alto. Esta calificación es comparable a la de países como Chile y superior a la de varios países de la región, como Guatemala o Bolivia.
Otros análisis también ubican al país en posiciones destacadas. En el Índice de Seguridad Sanitaria Global (GHS)—que mide la capacidad de respuesta frente a pandemias y brotes infecciosos—Colombia ocupó el puesto 38 entre 195 naciones, con una puntuación de 53,2.
En materia financiera, Colombia alcanza una cobertura cercana al 99 % de la población, un gasto público en salud por encima del 6 % del PIB, y un gasto de bolsillo inferior al 15 %.
El país no tiene el mejor sistema de salud del mundo, pero tampoco el peor.
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