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En un momento en que el Gobierno, a través de su más reciente proyecto de ley de financiamiento, ha decidido revisar el impuesto al alcohol —que ha permanecido prácticamente intacto desde 1995 y 2016—, varios sectores (académicos y políticos) ven una oportunidad para retomar una pregunta que ha rondado consultorios, mesas técnicas y debates públicos: ¿fracasó la política de prevención del consumo de alcohol en el país?
“El alcohol ha sido, por decirlo de alguna manera, el patito feo en las conversaciones sobre sustancias psicoactivas en Colombia”, cree Alejandro Marín, psicólogo y experto en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con énfasis en el uso del alcohol. Ha sido muy difícil —agrega Marín— que hablemos con la misma insistencia de control y prevención del consumo de alcohol con la que nos referimos a sustancias como la marihuana o la cocaína. “Hay una hiperconcentración en los asuntos relacionados con las sustancias ilegales que termina tapando lo que está ocurriendo alrededor del alcohol”.
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¿Y qué es lo que está ocurriendo? “Que estamos consumiendo cada vez más, que el alcohol es cada vez más barato y que eso implica riesgos en salud pública de los que casi no se habla”, describe Victoria Soto, magíster en Economía y directora del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi.
En los últimos años, en el marco de RESET Alcohol —una iniciativa global que impulsa las estrategias más efectivas del paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud para reducir los daños relacionados con el alcohol, conocido como SAFER—, Proesa y organizaciones como la Fundación Anáas han elaborado un diagnóstico que deja en evidencia las debilidades de la política pública sobre alcohol en Colombia.
“A los economistas nos enseñan cómo se relaciona el precio con la cantidad de consumo. Cuando menor es el precio de un bien o producto, es más probable que se compre y se consuma”, explica Juan Camilo Herrera, investigador asociado del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA) de la Universidad Icesi, en Cali.
El asunto, señala Herrera, es que en términos reales, la cerveza es un producto cada vez más económico en Colombia, cuando se compara con el resto de bienes en la economía. La investigación de PROESA sigue esa tendencia desde comienzos de los años 2000 y muestra una caída sostenida en el precio real de la cerveza: hoy, comprar una es más barato (en poder adquisitivo) que hace una década o que a principios del siglo.
Esa reducción ha hecho que el alcohol sea cada vez más accesible. Según los cálculos de PROESA, entre 2016 y 2022 la asequibilidad de la cerveza aumentó cerca de un 25 %. Mientras en 2016 un salario mínimo alcanzaba para comprar alrededor de 281 litros de cerveza al precio de fábrica, en 2022 esa cifra llegó a casi 359 litros. Si se considera el precio al consumidor, el aumento fue de 110 a 124 litros en el mismo periodo.
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Este comportamiento, señalan los investigadores, ayuda a explicar —como detalla Herrera— por qué el país atraviesa un récord histórico de consumo de alcohol: “nunca se había bebido tanto, desde que existen registros en 2005, como ahora”. En 2022 (año del último registro), en Colombia se consumieron aproximadamente 3.200 millones de litros de alcohol. Mucho más que en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19, cuando el consumo rondaba los 2.500 millones de litros, y bastante más que en 2005, cuando apenas llegaba a unos 1.800 millones. La cerveza concentra más del 95 % de ese consumo.
“Muchas veces la gente dice: ‘Ah, sí, pero la cerveza es la que tiene menor contenido de alcohol’. Es cierto, pero hay unos matices muy importantes que no se están viendo en esa frase”, agrega Herrera. Los investigadores no se enfocan solo en el tipo de bebida, sino en un indicador llamado APC (Alcohol Per Cápita Consumption), que mide la cantidad total de alcohol puro consumido por persona mayor de 15 años en un año, expresada en litros de alcohol puro per cápita. Se trata de una medida internacional, estandarizada por la OMS.
En Colombia, el APC llegó en 2022 a cerca de 4,8 litros por persona mayor de 15 años, la cifra más alta registrada en casi dos décadas. El aumento está impulsado por la cerveza, que concentra la mayor parte del consumo de alcohol puro, al pasar de unos 2,7 litros en 2005 a casi 3,9 litros en 2022. Esto es particularmente importante porque el APC es el indicador más estrechamente asociado con la carga de enfermedad atribuible al alcohol. Los estudios epidemiológicos y los reportes del Global Status Report on Alcohol and Health de la Organización Mundial de la Salud muestran, por ejemplo, que a mayor consumo promedio de alcohol puro per cápita, mayor incidencia de enfermedades crónicas (como cirrosis hepática, cánceres relacionados con el alcohol, trastornos mentales y cardiovasculares) y de muertes por causas externas (accidentes, violencia, etc.).
En 2019, por ejemplo, el consumo de alcohol causó la pérdida de 357.866 años de vida, según datos de PROESA. La mayor parte de esos años perdidos se debe a lesiones (como accidentes de tránsito, caídas o hechos violentos), que representan un 70% del total. “Todo el mundo habla de la siniestralidad vial o del aumento de la carga de enfermedad, pero ¿por qué no hablamos con tanta insistencia del consumo desmesurado de alcohol, que está en la raíz de muchos de esos problemas? Es como si mencionáramos las consecuencias, pero las desligáramos de su causa”, señala Blanca Llorente, directora de Investigación de la Fundación Anáas y economista de la Pontificia Universidad Javeriana.
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¿Necesitamos un mejor impuesto?
En Colombia, el decreto 120 de 2010, aún vigente, fue el primero en intentar adaptar la estrategia mundial para la reducción del uso de alcohol en el país. Antes de eso, solo había una ley de 1994 que prohibía la venta a menores de edad. Sin embargo, “el consumo ha cambiado, las influencias de las industrias han cambiado y es necesario actualizar la norma”, cree Marín, quien participó en la construcción de ese marco normativo.
Hay muchos frentes que, para Marín, deberían cambiar. Por ejemplo, que la advertencia que antecede los anuncios publicitarios no se dirija solo al consumo excesivo, como ocurre hoy, sino a cualquier nivel de consumo, como sugiere la ciencia. Pero hay uno que concentra especialmente la atención: el relacionado a los impuestos. No se trata de una decisión caprichosa. Dentro del paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir los daños relacionados con el alcohol, conocido como SAFER, aumentar los impuestos sobre las bebidas alcohólicas es la medida más costo-efectiva.
En Colombia, los impuestos al alcohol están fragmentados por tipo de bebida: cervezas, licores (aguardiente, whisky, ron, etc.) y vinos, cada uno con un diseño tributario distinto. En general se aplican dos tipos de impuestos: el “ad valorem”, que se calcula como un porcentaje del precio de la bebida, y el “específico”, que se calcula según el grado alcohólico de cada producto. Mientras las cervezas pagan principalmente el ad valorem, los licores y vinos combinan ambos impuestos. Además, en cuanto al IVA, los licores, vinos y aperitivos pagan una tarifa del 5%, mientras que las cervezas pagan el IVA del 19%.
En el caso de la cerveza, la tarifa del impuesto ad valorem es del 48%, lo que podría parecer alto, pero, explica Herrera, hay varios matices. Hoy, en Colombia, la cerveza paga el 48% sobre el precio de fábrica (y no sobre el precio al consumidor), lo que significa que la carga tributaria efectiva sobre el precio que termina pagando el consumidor es mucho menor de lo que podría parecer a simple vista. La cerveza, además, no paga un impuesto específico por su contenido de alcohol, como sí lo pagan los vinos y otros alcoholes.
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El Ministerio de Hacienda se propuso entonces primero equiparar el IVA en todas las bebidas alcohólicas al 19% y aumentar el impuesto ad valorem. Eso generó de inmediato un rechazo en la industria. En un comunicado publicado el pasado 21 de octubre, las licoreras más importantes del país (la de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle, entre otras) rechazaron la medida, aduciendo que esto desviaría el consumo de licor al mercado ilegal.
Aunque aún no hay un texto definitivo, se prevé que en la última propuesta de ley de financiamiento, que el Gobierno planea que se discuta este mes, solo haya sobrevivido la propuesta de equiparar el IVA al 19%. Como la cerveza ya lo tiene, la principal bebida alcohólica del país no sufriría ningún cambio. Esto quedaría lejos de lo que los expertos en salud pública consideran un mínimo para que, contrario a lo que ha pasado, estas bebidas comiencen a subir de precio y el impuesto funcione, efectivamente, como un desincentivo.
La propuesta que se ha trabajado en los últimos meses en el marco de RESET, y que conoce el Ministerio de Salud, es sencilla: una tarifa ad valorem del 30% igual para todas las bebidas, que se cobraría sobre el precio del consumidor (el más efectivo para subir el precio del producto). Y además, cobrar COP 1.000 por cada grado alcohólico en 1 litro (L) en todas, una cifra que se iría actualizando cada año con la inflación, más cuatro puntos porcentuales. “Con esto, lo que se espera es que el consumo total de alcohol disminuya en un 23.8%. En donde más disminuiría es en cerveza, el 24%. Y en donde menos, pero que igual disminuye, es en vinos, el 14%”, dice Herrera.
A diferencia del tabaco, donde la OMS ha sido muy clara al recomendar que los impuestos equivalgan al menos al 70–75% del precio minorista, en el caso del alcohol no existe un parámetro tan definido. Sí hay, sin embargo, recomendaciones precisas: los impuestos deben incrementarse lo más posible de manera viable, ser visibles para el consumidor, tener una estructura específica, es decir, que aumente según el grado de alcohol de la bebida, y actualizarse considerando la inflación y el poder adquisitivo de la población. Además, no deben ser graduales: su entrada en vigencia debe ser inmediata.
“Técnicamente, esto está sustentado. Como toda proposición, tendrá momentos de diálogo y de debate sobre la mesa”, reconoce Soto. “Aunque estamos en un momento en el que hablamos de prevención y atención primaria dentro de la discusión del sector salud, y que, idealmente, debería ser algo intersectorial, no estamos abordando las causas estructurales de este tipo de problemas, que luego terminan derivando en atención médica. La clave es que, como país, podamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar esto y hacia dónde queremos avanzar en términos de política pública, que es lo que todos buscamos”.
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