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Negar el derecho a un aborto legal puede tener consecuencias graves y duraderas para las mujeres. Así lo demuestra un estudio publicado en The Quarterly Journal of Economics, que analizó cerca de 20.000 tutelas interpuestas en Medellín entre 2006 y 2022 por mujeres que acudieron a la justicia para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), antes del histórico fallo de la Corte Constitucional que, en 2022, despenalizó la IVE en Colombia durante las primeras 24 semanas de gestación. Según las autoras, los hallazgos de la investigación evidencian impactos negativos a corto, mediano y largo plazo en la vida de quienes vieron vulnerado ese derecho.
El estudio fue realizado por Estefanía Saravia, candidata a doctora en Economía en la Universidad de California (UCLA), y Juliana Londoño Vélez, profesora asistente de Economía en la misma institución, quien explica a El Espectador que partieron de una base global para hacer la investigación: una de cada cuatro mujeres interrumpirá un embarazo a lo largo de su vida, y aun así, 753 millones de mujeres en edad reproductiva viven en países que restringen el acceso al aborto.
Anteriormente en Colombia, recordó, las mujeres podían proteger su derecho al aborto mediante una tutela, alegando alguna de las tres causales permitidas por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional: riesgo para la vida o salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, o violación sexual. Esto aplicó hasta que, en 2022, mediante la sentencia C-055, el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. “Por eso, para nuestro estudio, escogimos el periodo entre 2006 y 2022: queríamos evaluar qué pasaba cuando a una mujer se le negaba el acceso al aborto, aunque presentara una tutela, y qué podía significar eso para sus vidas”, detalló Londoño.
El análisis de la información les tomó tres años. Usando la base de datos de la Corte Constitucional, recopilaron 19.760 tutelas presentadas desde 2006 en Medellín relacionadas con aborto. La muestra representativa incluye tutelas concedidas y negadas, asignadas a 125 jueces (de los cuales el 42,3 % eran mujeres). En Colombia, la tutela permite que cualquier persona solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Una vez presentada, debe resolverse en 10 días hábiles.
Como parte del análisis, las investigadoras accedieron también a los datos del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que clasifica a la población según sus condiciones de vida e ingresos. Esto les permitió medir el impacto socioeconómico antes y después de la decisión judicial. Así pudieron evaluar si las mujeres a quienes se les negó la IVE terminaron en situaciones de mayor precariedad frente a quienes sí lograron acceder al procedimiento.
Al caracterizar a las mujeres que solicitaban abortos mediante tutela, concluyeron que su edad promedio era de 28 años. Sin embargo, el 21 % eran adolescentes y el 22 % ya tenía hijos. Por otro lado, su nivel socioeconómico correspondía a los estratos más bajos, según el SISBEN. Esto indica que, en su mayoría, las solicitantes eran mujeres en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Un dato revelador, según Londoño, es la semana de gestación promedio en la que solicitaban la IVE: 14,8 semanas, es decir, dentro del segundo trimestre del embarazo. “Esto desmitifica la creencia de que las mujeres buscan abortar en etapas avanzadas del embarazo”, subrayó.
Uno de los hallazgos más relevantes, destacó Londoño, tuvo que ver con la asignación aleatoria de las tutelas a los jueces. Allí encontraron un dato muy contundente: si la tutela era asignada a una jueza, había 20 puntos porcentuales menos de probabilidad de que se negara la solicitud, en comparación a si era un juez hombre quien debía decidir. En cifras mucho más concretas, la tasa de rechazo fue del 62 % cuando el caso lo recibía un hombre, frente al 42 % cuando lo recibía una mujer. Esto sugiere, dice la investigación, que un factor clave que predice si una tutela para acceder a un aborto será aceptada o no, es el sexo del juez. “Esto es importante porque la asignación aleatoria de un juez puede tener consecuencias inmediatas y duraderas en la salud de las mujeres”, explicó la investigadora.
Además, la autora recordó una realidad que sigue vigente, aún después del fallo de la Corte: cuando se niega el acceso a la IVE, las mujeres enfrentan dos opciones extremas: continuar con un embarazo no deseado o recurrir a métodos inseguros. Ambos escenarios, dijo Londoño, afectan su salud y bienestar.
Por ejemplo, el estudio encontró que aquellas mujeres a quienes se les negó el aborto, tienen 2,5 puntos porcentuales más de probabilidad de morir en los siguientes nueve meses, con un incremento en los casos de septicemia e infecciones. Además, otras, según Londoño, eligen interrumpir el embarazo por vías inseguras, lo que pone en riesgo su vida.
¿Qué ocurre en la vida de una mujer luego de que se le niega el aborto?
Para medir el impacto a largo plazo de la negación a un aborto seguro y legal, Saravia y Londoño hicieron seguimiento de lo que había pasado 6 años después de que se presentaran las 20 mil tutelas. Para hacerlo, cruzaron los datos con el SISBEN, versión 4.0, con corte a noviembre 2021.
Durante la presentación del estudio, Ana Cristina González Vélez, co-fundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, destacó que este tipo de seguimientos son poco comunes en Colombia. En sus palabras, la encuesta permitió evaluar el impacto de la tutela no solo como mecanismo inmediato, sino como puerta de entrada, o no, a una atención sostenida en salud.
Seis años después de la negación del aborto, una de cada cinco reportó problemas de salud y la posibilidad de desarrollar nuevas condiciones aumentó en 14 puntos porcentuales respecto a quienes sí accedieron al procedimiento.
Otro hallazgo fue que las mujeres a quienes se les negó el aborto terminaron teniendo más hijos. Disminuyó la probabilidad de estar casadas o en convivencia, y aumentó la posibilidad de divorcio. “En términos simples, era más común que estas mujeres fueran madres solteras o vivieran con algún familiar, como sus padres”, explicó Londoño.
Esto, a su vez, tuvo un efecto en cadena: disminuyó en 10 puntos la probabilidad de terminar el colegio o estudiar una carrera técnica o universitaria. “Y, en últimas, el no tener formación educativa también impacta su capacidad para generar ingresos”, agregó. Solo 1 de cada 4 mujeres encuestadas a las que se les negó el acceso al aborto, trabaja en el sector formal, el 50 % se dedica a oficios del hogar y el 70 % reportó no tener ninguna actividad económica.
“La mayoría vive en hogares que sobreviven con un salario mínimo. El ingreso promedio del hogar cae en un 20 % cuando se niega el aborto, y un 40 % de ellas vive en condiciones de pobreza”, puntualizó Londoño. Además, estas mujeres tienen mayor probabilidad de estar afiliadas al régimen subsidiado de salud, lo que indica una dependencia más alta del sistema público.
No todo fue negativo. Un hallazgo inesperado fue que aumentó la probabilidad de que estas mujeres fueran beneficiarias de Familias en Acción, un subsidio estatal que busca mejorar la salud, educación y nutrición de menores de edad en hogares en situación de pobreza. “Este subsidio les ayuda a mitigar el impacto económico de que se les niegue el derecho al aborto. Es interesante porque implica que el sistema de protección social está funcionando, al menos parcialmente”, señaló Londoño.
Ante este panorama, Londoño fue enfática: los resultados del estudio hablan por sí solos, dijo. “Todas las mujeres deberían poder decidir si quieren ser madres o no, y se les debe garantizar el acceso efectivo a un derecho que ya reconoció la Corte Constitucional”, afirmó.
*Nota del editor: Esta nota fue modificada el 15/05/25 respecto a las metodologías usadas por las expertas para rastrear lo que había sucedido con las 20 mil tutelas 6 años después.
Por Luisa Fernanda Orozco
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