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Desde hace alrededor de un mes un documento base de la reforma a la salud está sobre el escritorio del presidente Gustavo Petro. El proyecto, que aún no tiene un articulado definitivo y del que aún se desconoce un documento oficial, será presentado formalmente entre la primera y segunda semanas de febrero. Pero poco a poco, y de la mano de personas cercanas a la ministra de Salud, Carolina Corcho, se han ido conociendo detalles de lo que buscaría.
“Como está planteada hoy la reforma es completamente viable. La eliminación de la intermediación financiera, la conformación de las redes de atención, la educación continua del personal de salud con remuneración justa y condiciones adecuadas son algunos de los cambios más importantes”, describe Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, una organización de la que Corcho fue vicepresidenta durante varios años. (Puede ver: Convicciones y angustias sobre la misteriosa reforma a la salud)
Dicha organización, además, es parte de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (sobre la salud como un derecho fundamental), un espacio creado hace 10 años y en donde el esqueleto del proyecto de la reforma actual se construyó. La propuesta, como confirma Isaza, buscaría la eliminación de la intermediación financiera en el sistema, lo que apuntaría a una función que hoy llevan a cabo las EPS.
Para entender un poco mejor qué significa esto, es esencial recordar una de las tareas de las EPS. Se trata, en términos muy generales, de entidades que se encargan de gestionar el riesgo, organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud. Para que eso pase, el Estado gira unos recursos para la atención de cada colombiano, dinero que usan las EPS para conformar y pagar una red de hospitales y clínicas (privadas y públicas), que son las instituciones a las que cualquier persona acude para ser atendida.
“Lo que vamos a cambiar es esa intermediación. Los recursos van a llegar directamente a los hospitales y clínicas, sin pasar por las EPS”, describía la propia ministra Corcho en una entrevista con medios comunitarios hace menos de un mes. Según detallaba en ese entonces, eso no significa que los actuales hospitales y clínicas dejen de existir, y, de hecho, las que son de carácter privado podrán seguir siéndolo: “El sistema seguirá siendo público y privado, y utilizará todas las capacidades que ha acumulado durante los últimos 30 años de historia”. (Puede ver: Supersalud sancionó con 250 millones a funcionario de hospital en Ocaña)
La reforma plantearía la eliminación de los regímenes subsidiado y contributivo, y la creación de un sistema universal con los mismos servicios para todos. Se crearían lo que el proyecto denomina “Centros de Salud de Atención Primaria”, en donde los ciudadanos tendrían que inscribirse según su residencia y que serían la “entrada” al sistema de salud.
Eliminar la intermediación de las EPS, sin embargo, deja algunas preguntas importantes, como lo han señalado en varias oportunidades expertos como el salubrista colombiano Andrés Vecino. ¿Cómo se administrará la operatividad del sistema de salud en acciones que parecen tan sencillas como la gestión de las citas? Y tal vez una de las más importantes: ¿cómo se efectuará el pago a los hospitales y las clínicas?
La reforma plantearía la creación de fondos y consejos regionales de salud en los que participarían gobernadores y alcaldes. No se conoce con certeza cuál sería la función de estos, pero algunos expertos y exfuncionarios como Denis Silva, líder del movimiento Pacientes Colombia (que agrupa a más de 190 organizaciones de pacientes del país), o Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, temen que esto signifique que el manejo de los recursos de la salud se descentralice y quede en manos de los municipios y departamentos.
“La ministra Corcho ha hablado de tener una oficina de la Adres (la entidad que maneja la plata del sistema de salud) en los departamentos. Pero hay varios inconvenientes: la Adres ya hace giros directos en el régimen subsidiado al 86 % de los hospitales, pero muchos no les pagan a los trabajadores de la salud. Es decir, que el problema no es por el giro directo, sino de transparencia”, explicaba Silva hace unos días en entrevista con El Espectador. (Puede ver: OMS pide 2.540 millones de dólares para emergencias sanitarias en 2023)
La forma en la que se manejarán los recursos girados por el Estado también es clave en términos de transparencia y vigilancia. El proyecto plantearía el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que tendría la capacidad y un plazo máximo de 72 horas para la resolución de quejas y reclamos de ciudadanos.
En cuanto a la transparencia, se buscaría la creación de un sistema de información único y público, una vieja y reconocida necesidad en el sistema, que permitiría, por ejemplo, hacer la trazabilidad de todas las operaciones, actividades, contratos y prestaciones que se hagan dentro del sistema de salud.
Todo esto, por supuesto, puede cambiar y se conocerá con certeza hasta que el Ministerio de Salud revele un texto oficial, algo que diversas organizaciones le están solicitando a Corcho. El próximo mes (febrero) será clave, pues la ministra presentará el texto al Congreso y se realizarán cinco audiencias públicas regionales para su discusión. La primera de ellas comenzará en Chocó en las próximas semanas.
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