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Un reciente informe, publicado por Profamilia el pasado 30 de agosto, analizó los vacíos que todavía tiene el acceso al aborto en Colombia. En él, se explica el panorama de siete territorios de nuestro país en cuanto a la prevalencia de estigmas, el acceso a los medicamentos y la falta de prestación del servicio en algunos centros de salud. Sin embargo, también se habla de los avances en cuanto a la aplicación de políticas públicas y el papel fundamental de las organizaciones sociales al brindar información.
El informe, que contó con el apoyo de Ríos Rivers, una organización sin ánimo de lucro estadounidense, y de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas-LAC), entidad que trabaja en 4 continentes para que las mujeres tengan mayores posibilidades de elegir sobre su reproducción, implementó por primera vez en Colombia una metodología llamada “Diagnóstico de ecosistemas de aborto”. Esta consiste en 149 preguntas dirigidas a diversos actores que garantizan el acceso a la IVE en nuestro país, como entidades municipales y departamentales, y organizaciones de la sociedad civil.
Todo se hizo teniendo como contexto que, en nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está permitida hasta la semana 24 de gestación gracias a la Sentencia C-055 de 2022, conocida como “Causa Justa”.
En el informe se analizó la situación de siete territorios: Bogotá, Medellín, Montería, Quibdó, Santander, Norte de Santander y Boyacá. Su elección se debió a las dificultades que Profamilia, como prestador en salud, ya conocía en cada uno de ellos, como contextos sociopolíticos adversos y la carencia de un sistema de salud lo suficientemente robusto.
Con las respuestas, se midió qué tan sostenible era el acceso al aborto a partir de una escala donde 4.0 era el puntaje más alto y 1.0 el más bajo. El promedio se sacó a partir de ocho componentes: el conocimiento y agencia de cada persona; las normas sociales y apoyos comunitarios; el apoyo y liderazgo político; la política y legislación; el financiamiento; los insumos; la fuerza laboral y prestación de servicios de salud; y la información sobre salud. “Estos componentes interactúan entre ellos para garantizar que una persona pueda tomar la decisión correcta con la información adecuada”, dijo Karen Padilla, Directora de Programas Ipas-LAC.
En todos los territorios el promedio fue de 2.5, con puntajes más bajos en Quibdó (2.2) y Norte de Santander (2.3). “Es decir, no se puede negar que hay un apoyo emergente, pero los esfuerzos no están bien coordinados”, puntualizó Diana Moreno, Directora de Incidencia de Profamilia. Por ejemplo, en cuanto al acceso al aborto dentro del sistema de salud, sigue existiendo una percepción de que hay barreras por falta de oferta territorial, y, en algunos casos, estigma.
En Montería, por ejemplo, se identificó que no se atienden abortos después de las 13 semanas o situaciones de alto riesgo obstétrico; en Boyacá, la práctica solo se registra hasta la semana 20 a pesar de que 3 IPS cuentan con la capacidad en cualquier edad gestacional; y en Quibdó, el hospital departamental prestó el servicio hasta la semana 22. Sin embargo, en ciudades como Bogotá se logró duplicar el servicio de aborto farmacológico hasta la semana 12 en IPS públicas.
Se sigue considerando que es más fácil obtener el servicio a través de medicamentos como el misoprostol, y que, en caso de que se desee acceder a una IVE de manera no farmacológica, el método más utilizado sigue siendo la técnica de dilatación y curetaje (legrado), que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es riesgosa para la salud de las mujeres. En cambio, una de las técnicas que sí recomienda la OMS, llamada la Aspiración Manual Endo Uterina (AMEU) todavía es poco conocida, a meno de que se acuda a un centro de salud especializado.
Quienes acceden a un aborto por fuera del servicio de salud, lo continúan haciendo a través de dos panoramas: con medicamentos por farmacias o a través de “pastilleros”. En ambos casos, las drogas compradas pueden no tener efectos abortivos a pesar de ser compradas por un alto precio, y recordemos que las autorizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) son el misoprostol y la mifepristona, que pueden ser adquiridas únicamente con prescripción médica.
¿Cuáles son las principales barreras en el sector de la salud?
Uno de los puntos del informe analiza la magnitud con la que en los territorios existen mecanismos para garantizar el acceso económicamente asequible y equitativo a los servicios de aborto dentro de los sistemas de salud. Aquí, todos los territorios, menos Norte de Santander, presentaron poca sostenibilidad.
Uno de los motivos es que las personas que no están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encuentran en una situación de clara vulnerabilidad, como la población con estatus migratorio irregular o población pobre no asegurada. Usualmente, sus necesidades deberían ser cubiertas por las entidades territoriales, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Sin embargo, la realidad es que muchas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) identifican un riesgo financiero en la atención de esta población porque, a veces, no reciben el pago de los servicios prestados, entre ellos la IVE.
Uno de los grandes problemas es que se desconoce cuánto dinero se destina a la prestación de servicios de aborto. Aquí hay un panorama importante que debe ser mencionado, y es que, como en el Manual Tarifario en Salud a nivel nacional no se contempla a ese servicio, los costos de atención en cada IPS dependen de la negociación entre ellas y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) -como los servicios de salud de las cajas de compensación-. Esto ocasiona que, en algunos territorios, los precios para acceder a un aborto sean más elevados y poco rentables. Y el panorama, según se describe en el informe, se agrava en medio de una problemática que hemos descrito en estas páginas: el cierre masivo de servicios y camas obstétricas y pediátricas por falta de rentabilidad.
Para ello, se recomendó que otros profesionales de la salud fueran asignados para prestar el servicio de aborto, para que esa responsabilidad no recayera únicamente en los especialistas, que son quienes lo brindan en mayor medida. Sin embargo, otro problema es la falta de personal en los centros médicos, que, en ocasiones, ha obstruido el acceso. Por ejemplo, en los territorios donde ocurre esto, las pacientes son remitidas a ciudades como Bogotá o Medellín, algunas de ellas con más de 20 semanas de gestación.
La existencia de medicamentos para abortar presentó poca sostenibilidad en los 7 territorios. Aunque en todas las IPS del país deberían estar disponibles el misoprostol y la mifepristona, se encontró que muchas de ellas no los tenían, sobre todo en el caso de la mifepristona. Otro elemento que agrava el panorama es que, hoy en día, no existe un plan estandarizado para adquirir insumos para servicios de IVE. Según el análisis, una solución para esto debería ser que las EAPB se encarguen de caracterizar a la población y calcular las atenciones requeridas. Eso le permitiría a las IPS estimar la cantidad promedio de insumos para así adquirirlos.
Ahora, se encontró que en todos los territorios había falta de oferta de servicios de aborto en IPS de baja complejidad, a pesar de que la indicación del Ministerio de Salud es que, como mínimo, estos deben prestar el servicio hasta la semana 10 de gestación. También se identificaron dificultades en el segundo y tercer trimestre de la gestación por falta de profesionales entrenados, infraestructura adecuada y voluntad para ampliar la prestación del servicio.
Además, se mencionó que, desde 2014, los lineamientos técnicos para prestar servicios de aborto no han sido actualizados por el Ministerio de Salud. Una resolución, la 053 de 2023, los actualizó, pero eso no garantiza su aplicación en los diferentes prestadores de salud. Tampoco se encontraron indicadores específicos que monitoreen y evalúen la atención y calidad del servicio.
Los estigmas continúan siendo un problema para que las mujeres, personas trans y no binarias tomen decisiones autónomas respecto al aborto. Algunos de los retos son la falta de acceso a la información, como el desconocimiento de que el aborto fue despenalizado hasta la semana 24 de gestación. “Eso se puede ver reflejado en el desconocimiento de cuáles son las obligaciones de las EAPB y las IPS, y cómo se activan por ejemplo los mecanismos jurídicos en caso de que el personal de salud incumpla la norma al no prestar el servicio”, se lee en el informe. Sin embargo, el nivel de acceso a la información depende, por ejemplo, de que la persona sea universitaria o no. Al respecto, se reconoció la labor de los liderazgos comunitarios y docentes en instituciones educativas, que han guiado a las personas que lo necesitan.
Falta de claridades ante la criminalización por aborto
Según cifras de organizaciones de la sociedad civil como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Red DeFemSoras y la Colectiva Justicia Mujer, en el informe se lee que existe un subregistro sobre la cantidad de casos y estado actual de las investigaciones de personas judicializadas por aborto.
Para ser más específicos, según datos de la Mesa por la Vida, hasta 2021 existían 346 personas condenadas por aborto o delitos relacionados. De hecho, Boyacá era el segundo departamento donde más sucedían este tipo de casos. Pero, tras la despenalización hasta la semana 24, no se han actualizado estas cifras. Esto, según el informe, impide identificar y hacer seguimiento al accionar del Estado, y un diagnóstico sobre la judicialización por aborto en Colombia que permita conocer las buenas o malas prácticas territoriales.
Otros escenarios, como la objeción de conciencia, se siguen presentado en contravía con lo que reguló la Corte Constitucional. Sin embargo, se destacó el papel fundamental de los liderazgos de organizaciones de la sociedad civil, que guían a las personas para que puedan acceder a su derecho de abortar. También se vio un acercamiento a la sostenibilidad en Bogotá, Medellín, Boyacá y Santander, donde se han hecho esfuerzos por materializar las normas y políticas nacionales sobre acceso a servicios de aborto. “Quisiéramos tener diálogo a nivel nacional donde estén presentes el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para tener conversación sobre cómo le estamos haciendo seguimiento a la implementación de la IVE en nuestro país”, concluye Moreno.
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Por Luisa Fernanda Orozco
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