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En Soacha, Bogotá, Alfredo*, médico, dice que está desbordado de trabajo. “Hay susto colectivo”, comenta. “Las personas creen que se van a quedar sin medicamentos para el VIH, y lo peor es que sí, están en riesgo”.
Las personas a las que Alfredo se refiere son migrantes venezolanos en situación irregular, que no cuentan con documentación válida y vigente para estar en Colombia. Él trabaja para la Red Somos, una organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo a esta población con VIH. Pero desde que el 20 de enero —en su primer día en el cargo— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió los fondos para cooperación internacional, esa ayuda humanitaria quedó en la cuerda floja: su principal financiador para la atención médica y entrega de tratamientos era la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Ante la suspensión de 90 días de esa agencia, se dio aviso de parar todas las actividades, incluyendo la entrega de medicamentos. En palabras de Miguel Barriga, director de la Red Somos, esto implica poner en riesgo a 350 migrantes venezolanos en condición irregular que solo pueden acceder a la medicación a través de esta ONG en Soacha, Bogotá y Barranquilla. De esas 350 personas, Barriga cuenta que 104 se encuentran en fases muy avanzadas de VIH y requieren priorización. Todos ellos reciben medicamentos antirretrovirales, que se encargan de reducir la carga del virus en el organismo, permitiéndoles una mejor calidad de vida a los pacientes. Algunos, incluso, logran bajar las cargas del virus en su cuerpo.
Aunque los migrantes venezolanos en condición irregular sí pueden acudir a un centro de salud colombiano ante una situación de emergencia que amenace su vida, eso no aplica para tratamientos complejos, como el cáncer o el VIH. Donna Catalina Cabrera Serrano, docente e investigadora en migración internacional de la Universidad Javeriana, lo explica en términos sencillos: solo pueden acceder aquellos que cuenten con PPT (Permiso de Protección Temporal), que está vinculado al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), además de quienes tengan visa o doble nacionalidad colombiana con su respectiva cédula de ciudadanía vigente.
“La respuesta principal a migrantes indocumentados que viven con VIH la brinda la cooperación internacional”, añade Barriga.
Además, la Red Somos tiene 3.000 frascos de antirretrovirales que corresponden a la última donación realizada por USAID con fecha de vencimiento a octubre de este 2025, así como 125 frascos de Dolutegravir que vencen en julio de ese mismo año. Esta última medicina es reconocida por ser una de las más modernas para tratar el virus. “Aunque tenemos el medicamento en bodega, no lo podemos entregar dada la suspensión de 90 días. Normalmente, suministramos a los pacientes con medicamentos para tres meses y, en algunas ocasiones, para dos. Las personas de 3 meses llegarán aproximadamente el 28 de febrero a nuestra sede en busca de su dosis, y está en riesgo el cómo vamos a hacerles entrega”, explica Barriga.
La Red Somos también entrega otro tipo de medicamentos, llamados PrEP (Profilaxis Pre Exposición), dirigidos a personas que no tienen VIH pero que están en alto riesgo de adquirirlo. “Algunos de los migrantes que dependen de nuestras entregas de PrEP se encuentran en alta situación de vulnerabilidad, pues ejercen el trabajo sexual o el sexo transaccional para adquirir algún beneficio”, cuenta Barriga.
Esa ONG tiene capacidad para entregar esta medicación a 250 personas durante un mes gracias a otro de sus patrocinadores, la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), pero Barriga hace énfasis en que esto no es suficiente para cubrir su demanda actual. “No hemos conocido una respuesta oficial por parte de USAID para saber qué hacer con los medicamentos que tenemos ahí, o cómo garantizar la cobertura de nuestros demás pacientes. Estamos buscando otros donantes para asegurar el tratamiento”, explica Barriga.
Por ahora, una interrupción en los medicamentos antirretrovirales tendría unas graves consecuencias no solo en los pacientes, sino también en la salud pública. Miguel Ángel López, de la organización Más que tres letras -que se dedica a hacer pedagogía y acompañamiento a personas que viven con el virus en Colombia- señala que “el riesgo más grave es que la carga viral del virus aumente en sus organismos, y esto puede ocurrir en meses, semanas o, incluso, días”. En sus palabras, esto podría bajar las defensas de los pacientes, aumentar su susceptibilidad para adquirir otras enfermedades, o hacerlos nuevamente transmisores del virus, lo que conllevaría a un aumento de casos y un impacto directo en la salud pública.
Pero, según López, otra consecuencia es que, ante la pausa abrupta, la persona desarrolle resistencia farmacológica a la medicación que ya estaba tomando. “No siempre pasa, pero se corre ese riesgo. En caso de que sí suceda, eso implica que el paciente deba acceder a otros medicamentos más complejos, que no siempre están disponibles o que son mucho más caros”, afirma López.
En nuestro país, según un estudio realizado en 2022 por la universidad estadounidense John’s Hopkins, el Ministerio de Salud y la Red Somos, hay 22.500 venezolanos que viven con VIH. De esa cantidad, 8.500 personas reciben tratamiento mediante el sistema de salud colombiano y la cooperación internacional.
Un lío internacional
Al mismo tiempo que se declaraba la suspensión de USAID, otro de los grandes programas del gobierno de Estados Unidos, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), también corrió el riesgo de ser suspendido. Luego de que entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU/SIDA prendieran las alarmas, el Gobierno de Estados Unidos reculó y aplicó una exención para ese programa, para que así no se interrumpieran sus servicios. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por la subdirectora ejecutiva de ONU/SIDA, Christine Sterling, hay una falta de claridad sobre el futuro de los fondos del plan, lo cual podría tener un impacto negativo en las personas que se benefician de PEPFAR.
Según la OMS, ese plan ha salvado más de 26 millones de vidas y ha proporcionado tratamiento a otros 20 millones que viven con VIH, incluidos 566.000 menores de 15 años. En la actualidad, explicó la subdirectora ejecutiva de ONU/SIDA, 20 millones, de los más 30 millones de personas que viven con VIH en el mundo, dependen del dinero que gira Estados Unidos para su tratamiento. “Si el PEPFAR no se volviera a autorizar entre 2025 y 2029 y no se encontraran otros recursos para la respuesta al VIH, se produciría un aumento del 400 % en las muertes por SIDA”, calculó la agencia.
Este fondo envía su dinero a varias agencias de Estados Unidos, entre ellas los Centros de Control para las Enfermedades (CDC, por sus sigla en inglés) y USAID. A su vez, estas agencias tienen administradores de fondos que están en todo el mundo y que contratan implementadores locales. En el caso de Red Somos, ellos tenían contacto con Family Health International (FHI 360), que es una implementadora de USAID. “Por eso estamos en una incertidumbre: aunque está la exención a PEPFAR, nuestros recursos para los tratamientos de VIH provienen de ese programa a través de USAID”, especifica Barriga.
Por la misma línea, la Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés), también levantó la voz y declaró en un comunicado emitido el pasado 6 de febrero que “aunque posteriormente se otorgó una exención para la “asistencia humanitaria vital”, que incluyó las pruebas y el tratamiento del VIH y, de manera limitada, la prevención del VIH en mujeres embarazadas, muchas clínicas financiadas por PEPFAR ya habían cerrado, el personal fue enviado a casa y la confusión persiste. El futuro de PEPFAR es ahora incierto, y más de 20 millones de personas corren el riesgo de perder acceso a medicamentos que salvan vidas.
Aunque PEPFAR no tiene impacto directo en Colombia, en 2019 ese programa donó medicamentos antirretrovirales para apoyar el tratamiento del VIH/SIDA a los migrantes venezolanos que se encontraban en nuestro territorio. “Y, hace dos años, PEPFAR ingresó al país para aportar a la situación de los migrantes irregulares a través de USAID”, dice Barriga.
Barreras dentro del sistema
Donna Catalina Cabrera Serrano, de la Universidad Javeriana, cuenta que, actualmente, los migrantes en condición irregular pueden solicitar documentación legal vigente por varias vías: mediante la solicitud de una visa o refugio, y a través del PEP-TUTOR, que solo está disponible para cuidadores o padres de niños, niñas y adolescentes que tengan PPT. Otra alternativa es que se demuestre una situación de riesgo que les pueda dar el estatus de refugiados. “Para esto, cuando una persona vive con VIH, se debe demostrar que está en riesgo su vida y que vino a Colombia por falta de garantías para su salud”, explica Barriga.
Por otro lado, Jorge Luis Díaz, director técnico para Latinoamérica de Aid For Aids (AFA), -la organización sin ánimo de lucro que atiende mayor cantidad de migrantes irregulares venezolanos en nuestro país-, explica que existen algunas dificultades para que quienes provienen del vecino país obtengan documentación vigente. Por ejemplo, actualmente el visado colombiano con categoría de visitante incluye una modalidad para personas venezolanas, pero solo pueden aplicar quienes hayan ingresado legalmente al territorio.
“Otra barrera es que no todos tienen pasaporte vigente, ya que obtenerlo en Venezuela es muy costoso. Además, hay un grupo de personas que iniciaron el proceso de regularización, pero no lo completaron”, cuenta el director. Díaz también señala que, incluso con la documentación en regla, los migrantes venezolanos pueden enfrentar dificultades para acceder al sistema de salud. Muchos, al no contar con capacidad de pago, buscan ingresar al régimen subsidiado, lo que requiere completar la encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), que clasifica a la población según sus condiciones de vida e ingresos.
Uno de los requisitos del formulario es tener un domicilio fijo, “y muchos migrantes no cuentan con un contrato de alquiler, sino que viven temporalmente en pensiones, refugios, y hoteles. Por este motivo, pueden quedar por fuera del sistema. Además, ingresar no garantiza la entrega oportuna de tratamiento antirretroviral, que puede tardar entre tres y seis meses. Tampoco implica permanencia: quienes entran al régimen contributivo deben demostrar capacidad de pago, que no siempre es posible porque algunos tienen trabajos inestables”, explica Díaz.
Por ahora, en palabras de Barriga, la suspensión del apoyo de USAID y la incertidumbre sobre PEPFAR generan un riesgo alto: aunque la Red Somos garantiza tratamiento para 350 personas, estas hacen parte del grupo de 4.500 migrantes irregulares que dependen exclusivamente de la cooperación internacional para recibir tratamientos del VIH.
*Nombre reservado por petición de las fuentes.
Por Luisa Fernanda Orozco
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