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Con unas peticiones de gran calado, el Ministerio de Salud abrió ayer un nuevo capítulo en la historia de Sanitas. En una rueda de prensa, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo repasó la historia de esa EPS, sus dueños, sus libros contables e incluso el número de nuevas clínicas que ha inaugurado en varias ciudades de Colombia durante los últimos años, para desestimar los problemas financieros que esa EPS dice tener debido a la insuficiencia de la UPC (la plata que gira el Estado por la salud de cada colombiano), y de presupuestos máximos (el dinero que cubre aquello que no está en el Plan Básico de Salud).
Jaramillo tachó de mentira lo dicho en el comunicado de Sanitas de hace unos días, en el que la EPS anunció un acuerdo con Audifarma para la continuidad de la dispensación de medicamentos NO PBS para su población afiliada, tras la salida de Cruz Verde. Específicamente, el ministro se refirió al siguiente aparte del comunicado de Sanitas: “(…) estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como prioridad, (….) vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno”.
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“Esto es una mentira. No puede engañarse así los usuarios”, señaló el ministro. No se puede, justificó, porque el Gobierno “ha venido pagando con rigor”. Con este panorama, el Ministerio de Salud hizo tres solicitudes: realizar auditorias al pago de los recursos adeudados por la EPS a los proveedores y realizar una auditoría “forense” al flujo de recursos; a la Superintendencia Nacional de Salud le pidió certificar que Sanitas no cumple con indicadores económicos como el de patrimonio adecuado, para que la Adres asuma el giro directo; y a la Contraloría le solicitó levantar el velo corporativo de la EPS.
Es esta última petición la que ha hecho un ruido especial. ¿Qué implicaciones tendría?
No parece tan sencillo
Lo primero que hay que entender es qué es eso de “velo corporativo”. Básicamente, explica Álvaro Sarmiento, coordinador de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la U. del Rosario, el velo corporativo es una “función para salvaguardar que el patrimonio de los socios de una sociedad no se confunda con el patrimonio de la sociedad”. Es decir, para garantizar que el dinero o los bienes de las personas que poseen una empresa, estén separados del patrimonio de esa empresa.
Una empresa puede tener varios dueños o incluso otras sociedades como dueños. En el caso de Sanitas, el ministro aprovechó la rueda de prensa para mostrar un mapa en el que aparecía lo que denominó “el entramado” detrás de Sanitas. En las diapositivas, aparecían nombres como el de Keralty S.A.S, un grupo de empresas privadas que, resaltó Jaramillo, además de su presencia en Colombia, está en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas o República Dominicana.
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El velo existe, entonces y entre otras cosas, para que en situaciones en las que una empresa enfrenta deudas o demandas, los propietarios no sean los responsables con sus activos personales, protegiendo así su patrimonio. “El velo es uno de los elementos más esenciales de las sociedades”, señala Óscar Coy de la Facultad de derecho y Ciencias Políticas de la U. de La Sabana. Lo es, agrega, porque, en términos simples, ayuda a reducir los riesgos que podrían enfrentar los dueños de la empresa al realizar negocios.
Ahora, la ley establece que ese velo corporativo se puede levantar, justo lo que le pidió el ministro Jaramillo a la Contraloría respecto a Sanitas. ¿Y qué significa eso? “Cuando se levanta el velo corporativo, el objetivo es saber claramente quiénes son los socios de una sociedad, las personas de carne y hueso que están detrás de esa empresa”, explica Sarmiento. Pero esa medida, explican los expertos que consultamos, es excepcional.
“Eso se ordena cuando se ha hecho un ejercicio abusivo del derecho a asociarse. En otras palabras, cuando yo constituyo una sociedad, pero lo hago para utilizarla en forma indebida, ilegal, en fraude a terceros o sencillamente cuando estoy intentando simular que hay una separación patrimonial, cuando no la hay. Es una medida excepcional”, insiste David Sotomonte, investigador de Derecho Comercial de la U. Externado.
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La ley 2195, agrega Sotomonte, señala que la Contraloría puede, en medio de un proceso en el que se esté investigando la responsabilidad fiscal de un sujeto, ordenar levantar el velo corporativo. “Lo que está claro es que esta no es una medida automática o una reacción frente a dificultades económicas de una empresa”, dice. De hecho, y a propósito de esto último, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer que Sanitas presentó el 2 de octubre pasado una solicitud para contar con un plan de reorganización institucional debido, argumentó la EPS, a situaciones que han afectado su prestación de servicios. Esa solicitud, señaló el superintendente Ulahy Beltrán, se estudiará durante los próximos meses.
En todo caso, lo que dice la norma en cuanto al velo corporativo es que se puede ordenar levantar en cualquier momento de una indagación preliminar o de un proceso de responsabilidad fiscal. “¿Eso que quiere decir? Que tiene que haber en curso una investigación de algún presunto atentado contra los dineros públicos”, agrega Sotomonte.
En palabras simples, tiene que haber indicios de que una sociedad incurrió en un detrimento de recursos públicos, o que los socios de esa sociedad se enriquecieron indebidamente usando como fachada la sociedad. “Cuando hay indicios de eso, se levanta el velo para que el Estado pueda investigar e individualizar a los presuntos responsables. Por eso se toma esa medida: para saber quiénes son las personas detrás de la sociedad e involucrarlos en un proceso para responder eventualmente por esa pérdida”, explica Sarmiento.
Al ser preguntado sobre qué información espera conocer el Ministerio solicitando el levantamiento de velo en Sanitas, el ministro Guillermo Jaramillo respondió: “Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con los dineros. En ese entramado que hay, necesitamos entender dónde se está quedando el dinero. No podemos entender que mientras alegan que están mal, ve uno que compran clínicas y expanden su negocio”.
“Sanitas miente descaradamente. El sentido del levantamiento del velo corporativo está en clave de que no suceda lo que ya pasó con el caso Cafesalud, Saludcoop o Medimas, donde los socios siguen trabajando, operando, fingen una aparente insolvencia, le quedan adeudando a trabajadores, a empresas y se van porque, ¿quién los obliga a pagar? Lo que estamos solicitando respetuosamente al contralor es que considere aplicar el levantamiento del velo corporativo con el único propósito de saber donde están los dineros de la salud y que la EPS deje de mentirle a los colombianos y de crear cortinas de humo”, agregó después Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.
“Una petición a la Contraloría la puede hacer cualquiera. Pero la Contraloría, mientras no haya una indagación preliminar, no podría tomar esa medida. Y aun si la toma, eso no significa que conduzca a una sanción, pues la toma inicialmente como medio de prueba”, aclara Sotomonte. Hasta donde se sabe, la Contraloría no tiene abierta hoy una indagación o un proceso oficial contra Sanitas. El Espectador consultó a este ente de control, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible obtener una respuesta oficial.
Aunque levantar el velo corporativo busca hoy ser una medida excepcional, “hay una preocupación, y es que pareciera que estamos comenzando a recorrer un camino en que el levantamiento del velo se vuelve la regla general. Cada vez hay más intentos del legislador para hacer una utilización indebida o folclórica de esta medida. Incluso a veces se está tomando como medida cautelar, es decir, sin haber ninguna acreditación de que hay algún detrimento”, dice el investigador de la Universidad Externado de Colombia.
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De hecho, en la rueda de prensa el Superintendente Beltrán defendió que si bien la Contraloría ya está facultada para ordenar levantar el velo, la entidad también quiere tener esa capacidad: “Nosotros hemos evidenciado cómo ha habido aseguradoras que se han liquidado y han dejado un mar de deudas. Y los verdaderos dueños de esas EPS se han ido con los recursos del sistema. Lo que pedimos es la posibilidad para identificar a los verdaderos dueños de esas EPS”. Se trata del artículo 92 de la reforma (ya aprobado por la plenaria de la Cámara), a través del cual la Súper adquiere efectivamente esa capacidad.
Detrás de toda esta discusión, y sin importar lo difícil o probable que será que la Contraloría acepte la invitación del Ministerio y tome la decisión de levantar el velo corporativo de Sanitas, hay una noción clave: las cuentas de la plata de la salud que hace el Gobierno no concuerdan con las que hace esa aseguradora y, en general, el resto del gremio de EPS.
Diferentes cuentas
Las discrepancias entre el Gobierno y Sanitas son básicamente alrededor de la plata. Para entenderlo, hay que recordar que esta historia comenzó cuando Cruz Verde anunció que, debido a una deuda de unos $400.000 millones de pesos, ya no iba a dispensar medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas. La EPS rechazó la medida y explicó que esa deuda se ha ido acumulando desde hace tres años y ha sido imposible pagarla debido a insuficiencias en los recursos de presupuestos máximos que recibe del Gobierno.
Lo que se conoce en el mundo de la salud como “presupuestos máximos” es, simplificando el tema, una bolsa de recursos que el Estado gira a las EPS para que estas paguen los medicamentos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), que se cubren con dineros de otra bolsa (la UPC). En la lista de medicamentos que se pagan con presupuestos máximos suelen estar, por ejemplo, fármacos para enfermedades huérfanas, o algunos oncológicos que son nuevos en el mercado. Todos, generalmente, tienen algo en común: los usan una relativamente pequeña proporción de la población y son muy caros.
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El problema es que, según Sanitas, la plata que está girando el Gobierno por presupuestos máximos no está alcanzando. Según dijo hace unos días Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS, el costo de dar medicinas NO PBS a sus afiliados asciende a $55.000 millones por mes y el Gobierno solo les está reconociendo $32.000 millones. De manera que los $400.000 millones de la deuda obedecen, en esa línea, a una cifra que se ha ido acumulando. Según Rueda, el Gobierno conoce esas cifras “y tiene una responsabilidad financiera en este tema. Tiene que haber un reconocimiento de esa deuda”, dijo.
Pero para Minsalud las cifras son muy distintas. En la rueda de prensa de ayer, el ministro de salud mostró varias cifras en las que defiende que el Estado ha cumplido con todos los pagos de la UPC y de presupuestos máximos, y, quizá aún más importante, que el dinero girado por ambos conceptos han sido suficientes para suplir las necesidades del sistema de salud, algo que precisamente es lo que discute Sanita y el resto de EPS.
Respecto a la UPC, Jaramillo defendió el incremento de más del 16% para este año. “La UPC representa no menos del 96% de todos los recursos de salud. Se ha dicho que este gobierno está tratando de asfixiar a las EPS, pero aumentamos la UPC en más de un 16.23%, cono nunca antes”, dijo el ministro. Agregó que ha hecho mesas técnicas con el 61% del total de EPS, pero “no hay evidencia sobre esa insuficiencia”.
En cuanto a presupuestos máximos, la cartera dijo que le ha transferido Sanitas durante este año casi $500.000 millones. Hasta el 8 de octubre, y sumando todas los recursos, Sanitas ha recibido cerca de $9 billones de pesos. “Y van a terminar el año en más de $10 billones”, dijo el ministro.
Unas horas después, Juan Pablo Rueda, presidente de esa EPS, le respondió al Gobierno. En un breve video le dijo al Gobierno no estaba de acuerdo con lo que Jaramillo había expresado en la mañana. “No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que han llegado en la rueda de prensa”, aseguró Rueda. “Creemos que eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva de análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo”.
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Según el presidente de la EPS Sanitas, han tratado de lograr una reunión con el ministro de Salud, pero no han podido. “Hemos buscado, a través de diferentes canales, pero no hemos logrado continuar con esa conversación. Queremos buscar ese espacio para dialogar abiertamente y que él conozca nuestra perspectiva y conclusiones sobre esta situación (…) Queremos encontrar soluciones que realmente sirvan para mejorar la salud de los colombianos y, particularmente, la situación de salud de los afiliados a EPS Sanitas”.
De acuerdo con Rueda, en los 28 años que Sanitas ha funcionado como EPS, han sido “auditados en innumerables ocasiones por varias entidades de control y el resultado ha sido satisfactorio”.
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