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Una serie de declaraciones y de publicaciones en X del presidente Gustavo Petro han generado gran controversia en el mundo de la salud durante los últimos días.
El pasado 17 de marzo, por ejemplo, el mandatario afirmó que “los expertos, los hombres y mujeres de la ciencia, se venden al mejor postor”, provocando una dura reacción de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que exigió una rectificación. “Nosotros, el sector salud, no nos vendemos ante ningún postor”, respondieron. Pero Petro no se quedó allí. Tres días después, reafirmó que en la salud “trafican todos los días y en muchas partes” y lanzó lo que denominó una “advertencia pública”: “No permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud”.
El presidente remató diciendo: “El acaparamiento va contra la ley. Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos. Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud. EPS que quiera transformarse en gestora farmacéutica y abandone sus funciones de intermediaria financiera, como la actual ley permite, será bien recibida por el gobierno”. Ese mensaje generó mucha confusión por dos razones principales. Primero, no existe ninguna ley vigente que permita la transformación de las EPS en “gestoras farmacéuticas”.
Lo que sí hay es un proyecto de reforma a la salud que, en caso de ser aprobado, permitiría la transición de las EPS a lo que el Gobierno denomina Gestoras de Salud y Vida. No obstante, una Gestora de Vida no equivale a un gestor farmacéutico. Mientras la primera tendría la función compartida de coordinar y garantizar la atención integral de los pacientes dentro del sistema de salud, incluyendo la gestión del riesgo en salud y la articulación con prestadores de servicios, el segundo se enfocaría, como lo hacen hoy, en la adquisición, distribución y dispensación de medicamentos. Solo en 2024, estos segundos dispensaron 227 millones de medicamentos, representados en 105 millones de fórmulas, a 36 millones de usuarios, según cifras de Fenalco, organización que agremia a estas entidades.
El segundo punto de confusión en el mensaje de Petro surgió con la frase “Si acaparan, iremos por los medicamentos”. La inquietud creció aún más cuando, en una declaración pública en Norte de Santander, el mandatario agregó: «Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que se vayan contra el gobierno, (…) se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles».
La posibilidad de realizar unos allanamientos a esas supuestas bodegas con medicamentos generó reacciones en diferentes frentes. Desde el ámbito jurídico, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfatizo que “las investigaciones deben ser actos ordenados, donde cada entidad actúe dentro de sus competencias y donde ciertas diligencias requieran autorización de los fiscales”, declaración que hizo en el marco de su rendición de cuentas tras un año en el cargo. En otras palabras, un allanamiento no puede ejecutarse de manera arbitraria ni por orden del Ejecutivo. En la misma línea, la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, precisó: “Los allanamientos a centros privados y cerrados deben ser autorizados por un juez. Las autorizaciones para espacios públicos donde puede haber y se detecte que estos medicamentos se están escondiendo, son de las autoridades de salud”, dijo.
Sin embargo, en ese segundo punto al que se refiere Buitrago hay elementos adicionales qué precisar, cree Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, el gremio que congrega a las farmacéuticas de origen internacional. “Nuestro trabajo es importar y distribuir. No hay nada más peligroso que almacenar medicamentos. Hay medicamentos que requieren cadena de frío y otros cuidados”. Gaitán tiene otra manera de verlo: “En ningún caso nos conviene almacenar medicamentos. Si se mira solo desde una tesis de negocio, almacenar simplemente no es negocio”.
Gaitán añade, además, que no sería apropiado hablar de acaparamiento, como ha hecho el presidente Petro, si se tiene en cuenta que en el sector hay varios gestores y varias farmacéuticas. Según nos confirmó la Supersalud hace unas semanas, en el país operan alrededor de 137 gestores. Si bien esto es así, también es importante decir que solo unos pocos de ellos tienen un alcance nacional, entre ellos, los más famosos son Audifarma y Cruz Verde, que son, también, los más grandes del país.
Además, como explicamos en un informe sobre las sanciones impuestas por la Supersalud a Audifarma, la capacidad de esta entidad para sancionar a estos actores es restringida. “Las medidas que la Supersalud puede imponer a los gestores son limitadas. Existe un vacío jurídico por la falta de reglamentación de los gestores y los operadores logísticos de tecnologías”, nos explicaba entonces el superintendente, Giovanny Rubiano García. En realidad, la Supersalud no tiene la facultad de intervenir un gestor farmacéutico como sí puede hacerlo con una EPS. Su alcance se limita a sanciones administrativas, principalmente multas económicas, sin la posibilidad de tomar medidas como la intervención. De hecho, El Espectador supo que el Gobierno trabaja en cambiar esta reglamentación.
Más allá de toda esta discusión, en lo que sí concuerdan muchos es que el sector de los medicamentos está atravesando un difícil momento que afecta a los pacientes.
¿Qué pasa con los medicamentos?
Este viernes se reportaron largas filas en dispensarios de medicamentos en ciudades como Bogotá y Cali y en departamentos como Nariño. Los pacientes declaraban estar esperando medicamentos desde la madrugada, sin obtener respuestas claras sobre ellos. “Nos preocupa la no dispersión de medicamentos, especialmente a los afiliados de Nueva EPS y de Sanitas”, reconoce, por ejemplo, Ana Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño. “Nosotros como entidad territorial, frente a las EPS y frente a los gestores farmacéuticos, no tenemos posibilidad sancionatoria. Solamente tenemos la posibilidad de inspección y vigilancia”. Atendiendo esas facultades, en Nariño han adelantado procesos de revisión y han encontrado, según Belén, “hallazgos graves”.
“Personas que van con su fórmula y no les entregan los medicamentos o se los entregan parcialmente. Cuando queda pendiente algún medicamento, no se está cumpliendo que se lo lleven al domicilio dentro de las 48 horas siguientes, como estipula la ley. Incluso, encontramos pacientes que tienen medicamentos pendientes de 4, 5 o 6 meses”, agrega la funcionaria. “Tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, que de no recibir los medicamentos dejan de adherirse al tratamiento, y si no hay adherencia, se descompensan y en el futuro se complicarán. Nos preocupan las personas que padecen cáncer, cuyas quimioterapias deben hacerse siempre cada 21 días. Son graves los problemas. El tema de fondo pareciera ser un asunto de deudas que está en manos del Gobierno Nacional”.
Precisamente, Fenalco atribuye la situación reportada por los pacientes a las deudas acumuladas en el sistema de salud. Según su presidente, Jaime Alberto Cabal, la deuda con los gestores asciende a cerca de 4 billones de pesos, con pagos pendientes que superan los 600 días de mora, “lo cual afecta el flujo de caja y los recursos disponibles para la compra de medicamentos”. Con las farmacéuticas de Afidro, Gaitán precisa que la mora pueder superar incluso los 180 días.
Entender esto es clave por dos razones. En primer lugar, como nos dijo Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, la situación con algunos medicamentos no se debe a una escasez o desabastecimiento. “Medicamentos hay, pero el sistema no los está cubriendo. No está pagando a los proveedores”, señaló. Esta situación explicaría por qué muchos pacientes se enfrentan a un escenario paradójico: en el dispensario al que los envía su EPS les dicen que el medicamento no está disponible, pero si acuden a una farmacia privada, lo encuentran a la venta. En el sistema de salud hay dos canales para los medicamentos: institucional y comercial. Mientras el primero depende de las compras y distribución que hacen las EPS y sus gestores para entregar los tratamientos a sus afiliados, el segundo funciona a través de farmacias privadas, donde los medicamentos están disponibles para la venta al público.
“Nadie está acaparando ni hay un problema de escasez. Pero el canal institucional está colapsado porque no hay flujo de recursos, y cuando eso pasa, la cadena se detiene. Y como los laboratorios tienen el modelo de hacer acuerdos privados por el canal comercial, lo que no se está distribuyendo por el institucional, se está haciendo por el comercial. Los medicamentos que no están teniendo flujo, por un lado, están llegando al otro”, confirma Gaitán. Eso, reconoce, no es ideal, debido a que cuando un paciente adquiere sus medicamentos de forma privada, tiene que gastar de su bolsillo, lo que en el sistema de salud se conoce como gasto de bolsillo. Es decir, el paciente asume directamente el costo del medicamento que debería recibir a través de su EPS y del sistema de salud, sin ningún costo adicional.
Ahora, en segundo lugar, ¿significa esto que las EPS no están pagando nada? No, y para entender esto es clave diferenciar entre deuda corriente y cartera vencida.
La primera corresponde a las obligaciones dentro de los plazos normales de pago, es decir, los recursos que se destinan regularmente para la operación del sistema. La segunda, en cambio, se refiere a deudas acumuladas de años anteriores que no han sido saldadas en el sistema. La preocupación de gremios como Fenalco, Afidro y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es que esa deuda vencida está en aumento. Según fuentes del sector, como el médico Rubén Luna y Jorge Ernesto García, director de Retorno Vital—una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a pacientes crónicos—, aunque algunos recursos están fluyendo para cubrir gastos actuales, se están destinando muy pocos, o nada, para saldar la deuda acumulada.
“Las EPS intervenidas han manifestado que no pagarán las deudas previas a la intervención y solo cubrirán los servicios que se facturen a partir de ese momento”, nos dijo García hace unos días. El problema de esto radica en que una parte i de la deuda actual del sistema de salud corresponde a cartera vencida, lo que termina afectando el flujo de caja de los proveedores y de todos los actores.
Esto explica que, aunque algunas EPS continúan haciendo pagos parciales en el día a día, la acumulación de deudas sigue generando presión sobre toda la cadena. ¿Y por qué las EPS no están pagando su cartera vencida? “Entendemos que esto se debe a una directriz que emitió la Contraloría el año pasado en virtud de la cual las EPS no pueden usar la UPC para pagar deudas de vigencias anteriores. Eso ha conducido a que las EPS no paguen cartera de años anteriores”, explica Belén.
En términos simples, en agosto de 2024, la Contraloría publicó un informe señalando que las EPS estaban incumpliendo el principio de anualidad. En esencia, esto significa que los recursos de la UPC definidos para un año, deben destinarse exclusivamente a los gastos de ese mismo año. Para entidades como la Procuraduría e incluso para el Ministerio de Hacienda, eso no tenía sustento. Al parecer, esta interpretación ha impedido que las EPS destinen recursos de la UPC para saldar cartera vencida, afectando las relaciones con gestores y farmacéuticas. El Espectador conoció que el Ministerio de Salud le pidió al Consejo de Estado un concepto para zanjar este asunto, algo que, creen y esperan desde el sector hospitalario, abra la llegada de recursos al sistema de salud.
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