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En una reunión encabezada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, el Ministerio de Salud tenía previsto anunciar este martes el reajuste de la UPC de 2024. Sin embargo, la presentación no se concretó por falta de quórum en la mesa de actores. Se trata de una decisión clave de la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo, llamada a traducirse en un aumento de recursos para un sistema de salud que tiene dificultades financieras.
Minsalud volverá a intentarlo el próximo 30 de diciembre. En todo caso, las expectativas frente al anuncio no eran altas. “Ellos (Minsalud) quieren dar la apariencia de cumplimiento ante la Corte, pero la decisión tiende a ser la misma, con un ajuste irrisorio. Por eso, las organizaciones de pacientes no queremos prestarnos para ser simples validadores del espacio de reunión, máxime cuando sabemos que no se pretende hacer una comprobación real del cálculo”, nos dijo un líder de pacientes que ha participado en el proceso, horas antes de la citación.
Otra representante de los pacientes expresó preocupaciones similares: “Me preocupa que convoquen para que les validemos un incremento irresponsable. Quieren mostrar a la Corte que van a acatar con una concertación“. En la misma línea, al preguntarle a un representante de las IPS que participa en la mesa si cree que Minsalud hará el ajuste esperado, su respuesta fue escueta: ”Lo veo difícil».
Las críticas también llegaron desde los gremios. Ana María Vesga, directora de Acemi —que agrupa a las EPS del régimen contributivo—, señaló en X que su gremio y la Andi no fueron invitados a la reunión. “El Minsalud convocó para hoy a la mesa UPC para exponer las conclusiones de la revisión que ordenó la Corte. En esta oportunidad ni Acemi ni la Andi fuimos invitados. Acaso estamos vetadas las agremiaciones que hemos expuesto técnicamente las razones del desfinanciamiento del sistema? No nos quiere el gobierno como interlocutores? Y por qué ?“, escribió.
De hecho, varios actores decidieron no asistir, en medio de la desconfianza hacia el Ministerio. La citación, además, estaba prevista para apenas dos horas. “Por lo general, el Ministerio de Salud se toma una hora u hora y media para exponer su visión y explicar por qué el ejercicio que hizo está bien. Eso lo único que indica es que no va a haber una verdadera deliberación ni una revisión de fondo”, añadió un líder de pacientes. Otros participantes también criticaron que Minsalud haya enviado las invitaciones con pocos días —o incluso horas— de antelación.
La decisión de Minsalud se espera en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional el 23 de enero de 2025. En el Auto 007, el alto tribunal concluyó que la UPC fijada para 2024 no aumentó lo suficiente para financiar de manera adecuada los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Por el contrario, señaló la Corte, su suficiencia se vio afectada, entre otras razones, por la destinación del 5 % de la UPC para los equipos básicos de salud, una medida que el Ministerio de Salud intentó implementar y que fue anulada por el propio tribunal.
Cabe recordar que para la vigencia 2024 el Ministerio decidió incrementar la UPC en 12,01 %, porcentaje compuesto por un aumento base del 9,73 % y un 2,28 % adicional por la actualización asociada a la inclusión de nuevos servicios y tecnologías en salud. Este ajuste estuvo por debajo del incremento cercano al 16 % que solicitaban las EPS. En ese momento, la cartera de salud argumentó que solo la información remitida por cuatro EPS logró superar las mallas de validación exigidas.
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En unas pocas líneas, hay que explicar que la UPC se define con base en un estudio de la información que deben reportar las EPS al Ministerio de Salud, especialmente sobre costos, uso de servicios y perfil de riesgo de la población afiliada. Con esos datos, el Gobierno estima cuánto cuesta, en promedio, garantizar el Plan de Beneficios en Salud a cada persona durante un año y fija el valor de la UPC.
Pero el alto tribunal ha sido crítico con que esa información no cumpla los criterios de calidad exigidos para soportar el cálculo. La Corte ha señalado que, en todo caso, es responsabilidad del Ministerio de Salud definir, exigir y verificar estándares adecuados de calidad, oportunidad y consistencia de los datos que reportan las EPS, y que las deficiencias en esa información no pueden trasladarse al sistema de salud ni servir como justificación para fijar una UPC insuficiente. En pocas palabras, el deber de Minsalud es garantizar una UPC suficiente, y debe hacerlo solucionando las fallas, de modo que el cálculo refleje los costos reales del Plan de Beneficios en Salud y no se vea afectado por vacíos técnicos o problemas de reporte.
A partir de ese diagnóstico, la Corte ordenó al Ministerio de Salud crear una mesa de trabajo para revisar y reajustar la UPC de 2024 “y lograr su suficiencia”. Aunque esa instancia se instaló y sesionó durante varios meses, el alto tribunal volvió a pronunciarse el 13 de mayo y dispuso cambios en la metodología y en la forma en que Minsalud venía liderando esos espacios, tras las críticas de varios actores que advertían una participación limitada. Si bien las nuevas mesas concluyeron hace al menos tres meses, hasta ahora no se conocía una decisión concreta del Ministerio.
Incluso si Minsalud anunciara el ajuste de la UPC de 2024, aún quedan decisiones por tomar. La Corte también ordenó ordenó establecer un periodo de transición para que las EPS puedan rehacer sus reservas técnicas tras el reajuste y dispuso revisar la metodología de cálculo de la UPC para las próximas vigencias, incorporando nuevas variables de riesgo, entre ellas “el impacto del covid-19 y las atenciones a los usuarios recuperados”. Con ello, el tribunal buscaba que los problemas detectados en 2024 no se repitieran en los años siguientes. Y no solo eso, la Corte señaló se debía analizar “el rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021”, con el fin de evaluar ajustes para las vigencias 2021, 2022 y 2023″.
Sobre eso, Minsalud no ha anunciado todavía nada concreto.
El impacto de la decisión
En la práctica, se trataría de la primera decisión de Minsalud que se traducirá en una inyección directa de recursos al sistema de salud, una medida que distintos sectores vienen reclamando desde hace al menos dos años. Llega, además, en un cierre de año especialmente complejo para el sistema: un déficit que va creciendo, una reforma de la salud rechaza en el Congreso, IPS que cierran servicios y un aumento de quejas, tutelas y barreras denunciadas por pacientes en todo el país.
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Existen muchas otras cifras que reflejan lo difícil que ha sido este año para el sistema de salud. Por ejemplo, “la siniestralidad de las EPS, con cálculos realizados por Acemi a octubre del 2025, es del 108 %. Es decir, por cada COP 100 que recibe el sistema de salud, se están gastando COP 108. Replicando la metodología que utiliza la Superintendencia Nacional de Salud, el dato sube a 111 %. Esto es, sin duda, la muestra de la insuficiencia de recursos”, le decía a El Espectador Ana María Vesga, directora de Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo.
Este dato, sin embargo, es parcial, “dado que la Nueva EPS no reporta información financiera desde 2024. Estamos hablando de un sistema que camina a ciegas respecto al costo en salud de 11 millones de colombianos afiliados en la EPS más grande y que actualmente administra el Estado mediante la intervención”, agrega.
Aun así, esta es la mayor siniestralidad observada en la historia del sistema de salud. “Equivale a decir que para el mes de octubre el sistema dejó de recibir o le hicieron falta COP 8 billones aproximadamente”, explica Vesga. De hecho, un análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advertía que este desbalance entre ingresos y gastos ha llevado al sistema a un déficit que superará este año el 1,9 % del PIB y que podría crecer hasta el 3,7 % del PIB en 2036.
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