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Las cifras reveladas por el Gobierno para justificar los decretos de emergencia social no pasaron el primer examen en el Congreso. Entre los miembros de las comisiones séptimas de Senado y Cámara quedó un sabor agridulce tras oír los argumentos de los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Protección Social, Diego Palacio.
Los que más preocupó a algunos congresistas es que el Gobierno desconoce el costo fiscal de lo que representa adecuar los sistemas de salud. "No hay un cálculo preciso, por eso queremos hacer la definición de los planes pilotos", dijo el ministro de Hacienda.
El titular de la cartera de Hacienda indicó que esto permitirá tener elementos para "cuantificar el valor de la unificación y de esa forma medir el costo y el impacto fiscal".
En medio de estos anuncios se estableció que para finales del primer semestre de este año quedará lista la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS).
El ministro Zuluaga destacó que este primer examen fue muy positivo, y que le permitirá al Gobierno "aclarar el alcance de todas las decisiones tomadas y escuchar a los actores de las comisiones séptimas de del Senado y la Cámara".
Uso de cesantías
Aclaró que el uso de las cesantías para atender gastos de salud, dijo que esto aplica en el siguiente caso: "Hoy una persona puede retirar cesantías para cubrir eventos que tienen que ver con educación y con vivienda, lo que se quiere ampliar es para salud, en caso de que una persona, voluntariamente, requiera utilizar estos recursos dentro de la concepción que se tiene en la prestación excepcional de servicios que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y que necesariamente están focalizados en los sectores de más altos ingresos de la población".
Descartó que los sectores de ingresos tengan que "asumir el costo de las prestaciones excepcionales".
El ministro de Protección Social manifestó, durante el debate, que algunos cálculos efectuados por el Gobierno indican que el costo de la unificación podría estar entre 1,5 billones y 1,7 billones de pesos. Aclaró que son cifras muy preliminares.
Un reciente informe de Fedesarrollo muestra que una igualación al nivel del POS del régimen contributivo "puede tener un costo cercano a los $4 billones".
Reacciones de los legisladores
Duros cuestionamientos a los decretos y alcances de las normas hicieron los senadores Cecilia López del Partido Liberal y Jesús Bernal del Polo Democrático.
La senadora del contradictor Partido Liberal indicó que "el Gobierno debería explicar cuántos son los pobres, porque si hay 29 millones de personas que están recibiendo salud subsidiada, incluyendo los 4 millones de pobres no afiliados a ningún sistema –por fuera del Sisbén-, entonces la pobreza es del orden del 60% -no del 49 por ciento que dice Dane– o de lo contrario hay al menos 9 millones de colados, que debería estar pagando en el régimen ordinario".
Roy Barreras, uribista del Partido de la U, consideró que no se puede multar a los médicos por cumplir con su deber. "Los médicos estamos entrenados para salvar vidas", dijo.
Indicó que "no puede ocurrírsele al ministro de Protección Social que si un médico determina la necesidad de un examen de laboratorio, medicamentos o una cirugía, este médico pueda ser multado y castigado con sus propios ingresos".
Otros congresistas afectos al Gobierno, como el senador Jorge Ballesteros, consideró que los decretos de emergencia social se quedaron cortos. "Hay que trabajar en temas estructurales para que los colombianos tengan acceso real al sistema de salud con calidad u oportunidad".
Para Dilian Francisco Toro, que apoya el Gobierno del Presidente Uribe, la disposición contenida en el decreto 131 pone en peligro l autonomía de los profesionales de la salud.
El senador Rodrigo Lara criticó al Gobierno porque no ha presentado las motivaciones que lo llevaron a decretar el estado de emergencia social. "No hemos recibido la motivación", dijo.
Insistió en que se desconocen "las circunstancias extraordinarias y sobrevinientes que le permitan al Gobierno atribuirse estas facultades extraordinarias de decretar impuestos y decretar medidas tan serias como estas que está tomando".
Recordó que el Congreso hace control políticos sobre los motivos, "pero no tenemos las herramientas".
Para Lara es claro que lo que se hace necesarios es revisar el sobrecosto del trabajo en Colombia que se debe a impuestos como los parafiscales. "Están colgando el pago de impuestos a la población colombiana como el SENA el ICBF y las cajas de compensación, cuando al mismo tiempo el Gobierno le regala 10 billones de pesos al gran capital de este país con el argumento de que regalarle plata a los ricos es una forma de ayudar a la economía de los pobres".
Descalifica subcomisión
El senador Rodrigo Lara descalificó la subcomisión de legisladores designada por el presidente del Senador, Javier Cáceres, para estudiar los decretos dictados al amparo de la emergencia social.
"No entiendo cuál es el criterio con el que el presidente del Senado tomó esta decisión, me parece que es más un criterio de presentarse complaciente con el Gobierno Nacional que no quiere ver un debate serio en el Congreso de la República".
Dijo que "me parece que el presidente del Senado lo que hizo fue poner las personas que le indicaron o recibieron instrucción de Palacio (Casa de Nariño)".
Dijo que Javier Cáceres ha metido en la comisión a unas personas con "criterio estrictamente gobiernista y política en esa subcomisión".
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