Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hay escasez de camas para dar a luz en Medellín. Las alarmas, encendidas por múltiples entidades como la Personería de la ciudad, la Universidad de Antioquia, e incluso profesionales de la salud, apuntan a que la saturación está un punto altísimo, producto de una crisis histórica que señalan esos sectores.
Para comprender mejor el problema, debe mirarse el panorama completo: según el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS), en 2016 había 326 camas para más de 28 mil partos anuales. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. Sandra Vélez, ginecóloga y obstetra jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, explicó que en 2023 hay un claro déficit: hasta noviembre de este año, se contaba solamente con 237 camas disponibles. “Además, si bien las proyecciones del DANE decían que en Colombia y Medellín los nacimientos tendían a disminuir, en 2022 resultamos atendiendo 35 mil porque no contábamos con la atención a mujeres migrantes. Eso sin contar que nos cambiaron las normas del juego: ahora, dependiendo del estado en que se encuentre la mujer (si tuvo un parto de alta complejidad, si se le hizo cesárea o si debe entrar a cuidados intensivos), debe pasar mayor tiempo en reposo. Eso nos deja cada vez con menos camas disponibles”, afirmó Vélez.
Con esas nuevas condiciones, y según lo indicado por Vélez, en Medellín actualmente hay un déficit de 157 camas para atender a las mujeres embarazadas, cuando debería haber 394 habilitadas. “Y esas camas no solo las utilizan para atender partos, sino para emergencias obstétricas e, incluso, interrupciones voluntarias del embarazo”, explica Manuela Restrepo, abogada, activista y anterior candidata al Concejo de Medellín por el movimiento Renace. La Personería de la ciudad también dijo que las camas obstétricas presentan una ocupación general de más del 97 %.
Las más perjudicadas, en palabras de Restrepo, son las mujeres de bajos recursos, régimen de salud subsidiado y, además, alta complejidad proyectada para su parto. De hecho, Clara Isabel Posada, del Observatorio de Salud de la Personería, dijo que, actualmente, ese tipo de mujeres solo están logrando tener a sus bebés en pocas instituciones de salud de la ciudad: generalmente, el Hospital General de Medellín (HGM), de carácter público, o la Clínica Bolivariana, de carácter privado.
Antes, ellas también podían acudir a las unidades hospitalarias de Manrique y Belén, administradas por la red Metrosalud (institución de la Alcaldía de Medellín), pero la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud (Fedsalud) dejó de prestar servicios de gineco-obstetricia y pediatría desde el pasado 29 de noviembre, debido a que les adeudan $984.900 millones, lo ha dejado a la ciudad sin estos dos puntos de atención de mujeres maternas en condición de vulnerabilidad.
No se pierda: Cuando el acceso a electricidad es clave para denunciar la violencia intrafamiliar.
¿Por qué faltan camas?
En palabras de Carlos Valdivieso, pediatra del Colegio Médico Colombiano, el problema detrás de la falta de camas es un desfinanciamiento histórico por cuenta de lo costoso que resulta mantener una cama obstétrica. “Hace mucho tiempo, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) comenzaron a financiarse, en mayor parte, por los rendimientos que les generaban exámenes de laboratorio y demás. Pero, para las maternas que van a dar a luz, esto no resulta rentable”, explica.
Esto se debe porque, según comenta Valdivieso, ellas requieren pocos exámenes, como serologías, ecografías y nada más. En contraste, el mantenimiento diario de una cama cueste entre $1.300.000 y $1.500.000 diarios. “Y no es solo eso”, continúa. “También se necesita de personal que atienda a las mujeres: una enfermera, alguien que suministre medicamentos e, incluso, los gastos que requieran un posible transporte institucional. Esa manutención es muy costosa, genera pérdidas”.
A todo esto se suma que, según José Alberto Betancur, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), las normativas para que un servicio materno-infantil de un hospital o clínica permanezca abierto se han vuelto cada vez más estrictas. Uno de los requerimientos que ahora se exige, por ejemplo, es que las instituciones cuenten con programas de planificación familiar y lactancia materna, algo que, según Betancur, encarece aún más el servicio de gineco-obstetricia.
En Antioquia, la Secretaría de Salud es la encargada de hacer monitoreos y revisiones para determinar cuál continúa abierto y a cuál le hacen falta condiciones para seguir atendiendo a las maternas. “¿Entonces qué pasa cuando esas nuevas condiciones requieren de más dinero y las camas de por sí no son baratas, sino que generan pérdidas? Pues que hay clínicas y hospitales que dicen no más, cerramos”, dice Betancur.
La situación no es nueva; según denunció el Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia (Sogos), en el departamento las camas de obstetricia pasaron de 1.049 en 2012 a 913 en 2018.
Hay varios ejemplos del cierre de estas unidades, pero Ana María Ángel, presidenta de Sogos, le dijo a El Espectador que recordaba específicamente el de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, que atiende en Bello, en el norte de Medellín, en una zona donde viven más de 600.000 personas. Ángel explicó que, en 2008, de los poco más de 5.400 nacimientos que tuvo Bello, alrededor de 2.000 fueron atendidos allí. En 2021, en cambio, y después del cierre, de los 5.000 nacimientos que hubo, el Marco Fidel Suárez atendió 32. “Y eso porque llegaron casos complicados de otras instituciones”, contó.
Algo similar ocurre en el sur de Medellín, en municipios como Itagüí (con más de 270.000 personas), según Ángel. La mayoría de los partos de Itagüí tienen que ser atendidos en Envigado, Caldas o, finalmente, en Medellín.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Valdivieso dice que es cuestión de que el Ministerio de Salud actualice su normativa para el pago de servicios que requieren las camas obstétricas y que tanto las alcaldías como la gobernación apuesten por fortalecer su red pública. “Y tengamos en cuenta que esto no pasa solamente en Medellín y Antioquia, sino en todo el país”, afirma.
No se pierda: Sobrepeso, sedentarismo y ultraprocesados, las amenazas a la niñez en Antioquia.
Crisis en clínicas y hospitales
Valdivieso pinta un panorama: una mujer afiliada a la EPS Savia Salud llega a cualquiera de las instituciones que, actualmente, tienen camas disponibles. “Pero el que ella llegue no significa que la vayan a recibir, porque, muchas veces, Savia Salud tiene atrasos con esa IPS, entonces tienen que remitirla a otra, sea el Hospital General de Medellín y, por último, a la Clínica Bolivariana”, comenta.
Como El Espectador lo explicó en su momento, la SuperSalud intervino a Savia Salud el 16 de junio, pues, señaló esa autoridad, no cumplía con los indicadores económicos que exige la norma. Solo entre enero de 2022 y hasta marzo de este año (cuando ya estaba intervenida y controlada por la Supersalud) registró unas 48.000 reclamaciones.
El Hospital General de Medellín también tiene problemas. Como lo mencionó anteriormente El Espectador, durante alrededor de seis meses, especialistas de ese centro (y de la red de Metrosalud) estuvieron trabajando sin salario debido a un hueco financiero de $10.302 millones de pesos.
La situación llevó a que seis gremios de la ciudad anunciaran un cese de actividades a partir del 1 de octubre. Entre ellos está la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud (Fedesalud); Sogos, de ginecólogos y obstetras; Anestesiar, de anestesiólogos; TOA, de traumatólogos y ortopedistas; Cirujanos de Colombia; y TAHUS, también de ginecólogos y obstetras. Después de algunas semanas y varios acercamientos entre las partes, el pasado 27 de septiembre Savia Salud saldó la deuda con los especialistas de Metrosalud, y el 29 del mismo mes el HGM saldó parte de la suya, pagando un total de $1.600 millones.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí. En una carta a la opinión pública de la Asociación Sindical de Empleados Públicos del Hospital General de Medellín se lee que la junta directiva del hospital tiene preocupación frente a la situación actual de la institución, pues el retraso en los pagos de las EPS, tarifas deficitarias, contratación compleja e inequitativa, atención a población migrante sin cobertura y EPS liquidadas con deudas de difícil cobro, son factores que, según el documento, les ubican en una situación delicada.
“La cartera del HGM ronda hoy los $260 mil millones de pesos, de los cuales $80 mil corresponden a EPS liquidadas, y los restantes $160 mil millones se concentran en entidades a las cuales se les radican las respectivas cuentas de cobro y no abonan lo suficiente”, dice la carta, firmada el 18 de noviembre. En cuanto a la atención gineco-obstétrica y pediátrica, Antonio*, pediatra del HGM, quien prefirió reservar su identidad, también dice que hay escasez de indumentaria para tratar a las madres y sus hijos recién nacidos.
Además de este panorama financiero con las EPS, en Medellín se han sugerido dudas respecto al manejo administrativo del hospital. En las últimas horas, la Personería de Medellín fijó un juicio ordinario para Mario Fernando Córdoba Pérez, el gerente general del Hospital, por “omitir la verificación y no garantizar la existencia de registro presupuestal previo al inicio de actividades en el contrato N° 83C de 2020″. La Personería también se refirió a Érica María Pino García, quien ocupaba el cargo de directora de Apoyo Logístico en la institución, por incumplimiento de deberes en el mismo contrato que el director Córdoba.
Las consecuencias de un mal protocolo
Ante la escasez de camas obstétricas que ya fue mencionada, Bustamante y Restrepo coinciden en que no se están cumpliendo los protocolos necesarios, que además demanda la ley, y que deben cumplirse mientras las mujeres están en trabajo de parto y luego de que dan a luz.
Por ejemplo, explica Vélez, el procedimiento debería ser que, luego del parto, las mujeres queden hospitalizadas por un mínimo de 24 horas y, si es por cesárea, por lo menos 48 horas. Pero, dice, ese protocolo no se está cumpliendo, y no solo lo dice Vélez, sino todas las fuentes consultadas por El Espectador: Restrepo, Betancur, Valdivieso y Posada.
Valdivieso afirma que algunas camas funcionan como una “cama caliente”: “Algunas madres solo alcanzan a cumplir 8 horas en reposo después del parto. Luego las evacúan para recibir a otras. Pero esto no es culpa de los profesionales de salud. Es que el sistema está saturado como tal”, explica.
Posada agrega que hay dificultades para tomar los signos vitales de las maternas, como falta de tiempo para hacerlo de la manera adecuada. Además, continúa, “muchas veces no hay quirófanos disponibles, y a las madres que llegan para tener a sus hijos por cesárea les toca esperar días. No hay talento humano para tanta demanda”.
Además, hay otro elemento que ha influido en el aumento de demanda: en palabras de Restrepo, más del 80 % de madres eran migrantes venezolanas, “lo que ha colapsado el sistema. Ese es un servicio que debemos prestar, porque es un derecho universal, pero no estábamos preparados”, explica. La Personería de Medellín concuerda con esa información.
Una de las cosas que más preocupa a Restrepo es que la ocupación de camas obstétricas en Medellín complica la atención para mujeres que no hacen parte de la ciudad, sino que vienen de otros municipios de Antioquia. “El hospital San Juan de Dios de la Ceja, por ejemplo, anunció el cierre de servicios de obstetricia a partir del 30 de noviembre. ¿A dónde van a ir esas mujeres?”, dice.
De hecho, Restrepo dice que un protocolo inadecuado puede derivar en formas de violencia obstétrica, que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) suceden cuando hay un desarrollo de controles poco humanizados, omisión de información por parte del personal de salud, o maltrato verbal y psicológico ante las manifestaciones de dolor de la madre en medio del trabajo de parto.
Por Luisa Fernanda Orozco
Conoce más