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El pasado viernes 15 de noviembre, mientras la Selección Colombia caía ante Uruguay de visitante, la Supersalud decidió reemplazar a las siete personas al frente de las EPS intervenidas. Algunos recibieron la noticia esa misma noche, de forma inesperada y como un baldado de agua fría. Aún hoy, cuando se les pregunta por los motivos de su salida, algunos se encogen de hombros y responden con una mueca, mezcla de incomprensión y resignación. Los días siguientes estuvieron marcados por una breve transición para entregar los cargos a sus reemplazos. ¿Todos estaban haciendo tan mal su tarea?
“Depende de lo que se evalúe”, responde Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud y responsable de designar a la mayoría de los antiguos interventores. Se ha especulado, incluso, que la salida de Leal, oficializada el pasado 29 de octubre, estuvo relacionada con un informe que presentó a la Presidencia, en el que los procesos en las EPS quedaban en una posición bastante desfavorable. El exfuncionario confirma la existencia de dicho informe, pero aclara que también mostraba avances positivos. “Los resultados que yo pedía eran, sobre todo, en materia de salud pública. Y muchos de ellos mostraban indicios de mejora. En eso se concentraban para mí las intervenciones y en eso, había signos positivos”.
Otro tema, para Leal, son los indicadores financieros, que van mal, en la mayoría de las EPS, como se puede ver en la infografía. “Era difícil manejar y mostrar resultados a corto plazo porque es un sistema que ha venido teniendo distintos malos manejos de recursos. En el momento en el que nosotros llegamos, era difícil que eso se transformara en tan poco tiempo. Los interventores estuvieron 7 meses”, anota Leal.
Upschool, Sé el cambio, lección 5: Reunir los hechos de Diego Quiceno MesaPara Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de Salud del gobierno de Iván Duque, las razones para el cambio en las EPS no son realistas. A su juicio, el hecho de que no se hayan mejorado los indicadores de quejas y reclamos, o que los indicadores financieros estén en negativo, no es un problema exclusivo de las EPS intervenidas. Según él, estos problemas han empeorado en todas las EPS, independientemente de su situación de intervención. “Cambiaron a siete, yo no recuerdo haber visto eso”, opina.
Uno de los casos que ha generado preguntas en el sector fue el del ahora exinterventor de Sanitas, Duver Dicson Vargas. En su reemplazo, llegó Kemer Ramírez Cárdenas. En la resolución que justificó el retiro de Vargas, que aún no ha sido publicada por la Supersalud, pero El Espectador conoció, se destaca retrasos en los informes de gestión de Dicson como interventor.
Aunque debían presentarse dentro de los primeros 20 días del mes, varios llegaron tarde: el informe de abril tuvo 60 días de retraso (la intervención se ordenó el 3 de abril); el de mayo, 29 días; el de junio, 19 días; y el de julio, 15 días. Solo el informe de agosto se entregó a tiempo, mientras que el de septiembre llegó un día tarde. “Un día de retraso. No son condiciones importantes para decidir la salida de un interventor. Eso no tiene sentido. Es evidente que están haciendo política. Lo que dijo el Supersalud sobre los nuevos interventores es francamente una vergüenza”, dice el exsuperintendente Aristizábal.
El exfuncionario se refiere a un comentario que pasó inadvertido en una rueda de prensa el pasado lunes en el Ministerio de Salud. Cuando le preguntaron al nuevo supersalud, Giovanny Rubiano, sobre la capacidad y cualidades técnicas de los nuevos interventores para gestionar las entidades, él respondió lo siguiente: “Fueron seleccionadas de una base de datos, comprobadas capacidades y valores morales y, sobre todo, eficiencia en los manejos administrativos que tuvieron durante su desempeño. Muchos de ellos, en su mayoría, fueron gerentes de los hospitales públicos de la Bogotá Humana (la Alcaldía de Bogotá que lideró Gustavo Petro entre 2012 y 2015). Muchos desempeñaron labores muy importantes, que fueron punto de referencia para su escogencia”.
Elección de interventores, en la discusión
Los interventores de las EPS son designados por la Superintendencia Nacional de Salud, pero su naturaleza no es como la de cualquier otro funcionario de esa entidad. Actúan bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que regula entidades como bancos, lo que significa que, aunque las EPS no son entidades financieras en términos estrictos, su intervención sigue reglas similares. Según el manual de ética de la Supersalud, los interventores cumplen funciones públicas transitorias, son auxiliares de la justicia y tienen autonomía en sus decisiones, lo que les otorga independencia para actuar en su mandato.
“Al ser auxiliares de la justicia, son totalmente independientes y autónomos. No pueden recibir instrucciones de nadie. Pero el superintendente actual ha dejado ver que ellos tienen que acomodarse al plan de desarrollo del presidente Petro. Eso no puede ser”, dice Aristizábal. A lo que se refiere es a otro comentario de Rubiano el pasado lunes en el Ministerio de Salud: “Identificamos en las hojas de vida de ellos (los nuevos interventores) probidad, honestidad, rectitud y características fundamentales para este Gobierno, como la armonía en sus actuaciones con el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, fueron escogidos”.
En teoría, quienes quieran ser interventores de EPS en Colombia tienen que estar inscritos en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), una lista de personas a las que se les ha comprobado diversas cualidades, capacidades, experiencias y técnicas. En el RILCO, los interventores se clasifican en categorías A, B y C según su experiencia, siendo A la de mayor nivel. La categoría en la que están inscritos los interventores en el registro es clave, ya que influye directamente en su capacidad para liderar las intervenciones. No es lo mismo ser interventor de la EPS Asmet Salud, que cuenta con activos superiores a los $269.000 millones, que intervenir en Nueva EPS, cuyo volumen de activos supera los $6.7 billones.
Rubiano eligió los siete interventores omitiendo esa lista del RILCO. Ninguna de las personas que puso al mando de las EPS estaba inscrita en ese registro, aunque, contrario a lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación, no fue una decisión ilegal. La Superintendencia de Salud, bajo Fabio Aristizábal, reglamentó la elección de interventores fuera del RILCO como una medida excepcional.
Posteriormente, cuando Leal estaba al mando, se emitió otra resolución el 3 de septiembre de 2024, que permite esta selección si se cumplen tres condiciones: la entidad intervenida enfrenta una crisis financiera o jurídica, su situación compromete gravemente la prestación de servicios o los recursos del sistema de salud, o si ha vencido el plazo establecido en el RILCO.
“¿Cuándo se puede elegir fuera del RILCO? Cuando se necesiten personas de conocimientos excepcionales. Yo nombré a Felipe Negret para Coomeva, porque consideré que esa era una entidad con características importantes, que requería una persona con más cancha que las que estaban en el RILCO”, dice Aristizábal. En el momento en el que la Supersalud ordenó la liquidación de esta EPS en 2022, tenía 1.2 millones de afiliados en 24 departamentos y pasivos cercanos a los $1,7 billones.
“Yo lo consulté con el Comité de Medidas Especiales —que recomienda y asesora—, y ahí sugirieron apartarme del RILCO”, dice el exsuperintendente. “Pero no es una decisión a la ligera”.
“Se dispuso las hojas de vida a este comité, pero no hubo una decisión unánime: unos dijeron que estaban de acuerdo, otros dijeron que había que surtir un proceso, y al haber disparidad de criterio, se aplica el derecho normativo de la discrecionalidad del superintendente para decidir. Esperamos con fe y haciendo seguimiento a todos los interventores, que cumplan a cabalidad”, dijo Rubiano.
¿Y si importa el RILCO?
Todos los interventores elegidos por Rubiano tienen experiencia en el sector salud. Han sido directores de hospitales públicos y de centros de investigación. Todos, excepto Carlos Eduardo Franco Muñoz, designado para la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, también tuvieron importantes cargos en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cuando el presidente fue alcalde, el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue su primer secretario de Salud; y el hoy superintendente Giovanni Rubiano, el subsecretario de Salud.
Como lo puede ver en el gráfico de este artículo, los interventores de Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Sanitas, Savia Salud y Nueva EPS fueron gerentes de hospitales públicos durante la administración de Petro en la Alcaldía, o funcionarios dentro de la Secretaría de Salud o de entidades dependientes del distrito.
Algunos de ellos, sin embargo, ya eran funcionarios antes. Por ejemplo, Gloria Libia Polanía, nueva interventora de Asmet Salud, dirigió durante la administración Petro la subred Integrada de Servicios de Salud Sur y Sur Occidente, pero antes de llegar a ese cargo, Polanía tenía una larga carrera en esa red: había sido odontóloga entre 1986 y 1991, y subgerente científica entre 1999 y 2005. Incluso estuvo como gerente encargada durante varios años antes de Petro, y, después de la alcaldía de Petro, continuó vinculada a la red.
Un caso similar es el de Gabriel Enrique Castilla Castillo, elegido para dirigir Emssanar EPS. Durante la administración Petro, estuvo al frente del Hospital de Suba, de segundo nivel, que atiende a una de las localidades más grandes de Bogotá. Pero antes había gerenciado el Hospital de Usaquén de primer nivel y el Hospital La Victoria de tercer nivel.
Jorge Arturo Suárez Suárez, nuevo interventor de Famisanar, lideró durante la administración Petro el Hospital Chapinero, pero Suárez tiene una larga experiencia gerenciando IPS: entre las que lideró, se encuentra el Hospital San Vicente de Paúl de Fómeque y el Hospital San Antonio de Chía, ambos en Cundinamarca. Hasta su designación, se encontraba siendo interventor del hospital La Misericordia, en Calarcá, Quindío. Es, también, uno de los pocos que ha tenido experiencia en EPS. Fue subgerente técnico en la EPS Convida, donde controló la red de prestadores de servicios.
Precisamente, más allá de sus vínculos políticos, la principal inquietud sobre la ausencia de los nuevos interventores en el RILCO radica en su capacidad para gestionar las EPS. La mayoría de ellos cuenta únicamente con experiencia en la administración de hospitales y clínicas, lo que ha generado dudas sobre su preparación para asumir los retos específicos de liderar entidades de aseguramiento en salud.
¿Es tan crucial eso? “En mi opinión, sí”, contesta Lina Bustamante, quien fue gerente de la EPS Savia Salud en Antioquia, pero también ha estado del otro lado: gerenciando hospitales y clínicas. “En una EPS tú tienes un proceso de afiliación, que no tiene la IPS; tienes un proceso de contratación de muchos servicios y un manejo financiero para cumplir con los indicadores que tienen estas entidades, sobre todo, con el de la reserva técnica. Entonces, el ser gerente de una EPS sí requiere unos conocimientos mucho más integrales y con más experiencia que una IPS”.
En el aseguramiento, agrega Bustamante, “necesitas conocer de modelos de atención y de gestión del riesgo financiero y de salud”. Ahora mismo, Bustamente dirige una entidad prestadora que mueve poco más de 300.000 millones al año. Cuando estaba en Savia Salud, tenía a su cargo más de $1.7 billones.
Con ella concuerda Aristizábal: “¿Cuál de los interventores sabe que es una reserva técnica? ¿Cuál de ellos conoce los indicadores financieros de una EPS: el capital mínimo, el patrimonio, la metodología para hacer una reserva técnica, y cómo se manejan? ¿Cuál de ellos ha salido a contratar una red? Ellos han negociado desde la otra parte, desde la prestación, donde siempre han salido a buscar tarifas, pero nunca han salido a contratar lo que tiene que contratar una EPS en su operación”.
Una opinión distinta tiene el exinterventor de Sanitas hasta el viernes, Duver Dicson Vargas. Cuando él fue designado para liderar la EPS, tampoco tenía mucha experiencia en el aseguramiento, aunque sí en algunos prestadores con tamaños grandes. “Es una mezcla de distintas variables”, dice Vargas. En su caso, por ejemplo, cree que “el hecho de haber estado en prestación, de vivir en las zonas marginadas de los departamentos con mayor población dispersa, donde se conocen las dificultades y debilidades en el sistema, la ausencia de ambulancias, de quirófanos, de camas, de unidades de cuidado intensivo adulto, permite tener una visión mucho más clara de lo que requiere el afiliado en cada una de esas regiones”.
En el caso de la nueva interventora de Savia Salud, Diana Constanza Rodríguez Posso, ya se reunió con algunos prestadores el viernes pasado. “Nos dio la impresión de ser alguien muy técnica. Las diferencias entre gestionar una IPS y una EPS son muy grandes, pero es cierto que el hecho de que haya estado en el sector prestador ayuda a que sepa un poco más. Anteriores interventores no sabían absolutamente nada de salud. Por ejemplo, un abogado haciendo una intervención… Ya por lo menos son médicos”, nos dijo un ex alto dirigente de una EPS en Antioquia que participó de la reunión y ahora está en una institución prestadora, pero prefiere que no se mencione su nombre.
En la misma línea apunta el exsuperintendente Leal: “Que un interventor esté en el RILCO da cuenta de una experiencia. En teoría, da una mayor confiabilidad, pero no es un sistema perfecto. Muchas veces agotan esa lista. Más allá de tener la experiencia o de venir del RILCO, lo que se debe hacer es un acompañamiento adecuado por parte de la Superintendencia”. En todo caso, agrega el ex dirigente de la EPS antioqueña, históricamente las intervenciones a las EPS no han funcionado, haya o no haya sido salido el interventor del RILCO. “Me queda la duda de la independencia. Con los vínculos políticos, ¿tienen total autonomía?”.
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