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Cuando se reactiven los debates en el Congreso de la República, todos los ojos del país estarán puestos en la discusión del proyecto de ley que busca reformar el sistema de salud. Tras ser aprobado, a finales de diciembre, en la Cámara de Representantes en medio de una gran tensión entre los múltiples actores y políticos, en febrero tendrá su prueba de fuego: el Senado. Por eso, en cualquier edición de las proyecciones del 2024 no puede faltar el documento que le puede dar un giro de 180 grados a la salud en Colombia. (Lea Minsalud publica borrador de resolución que amplía las terapias del plan de beneficios)
Como semanas atrás nos había dicho Tatiana Andia, socióloga y profesora de la U. de los Andes, que por años ha estudiado el sistema de salud colombiano, en el punto en el que está la discusión es imposible pensar en que el Gobierno retirará el texto en algún momento. Luego de los intensos encuentros que hubo en la plenaria de la Cámara, parece que sacarla adelante es casi un asunto de honor para la bancada que apoya a Gustavo Petro.
Por el momento, no hay una fecha precisa sobre cuándo se discutirá el proyecto de ley, pero todos esperan que esté entre las prioridades de la Comisión Séptima del Senado. Allí tendrá un punto a su favor: en la presidencia está Martha Isabel Peralta, líder indígena wayuu, abogada y especialista en Derecho Ambiental, que dirige el Movimiento Indígena Social y Alternativo (MAIS) desde 2015. La senadora coordinará los debates y organizará las agendas. (Lea OMS pide que en 2024 se logre un acuerdo mundial para afrontar futuras pandemias)
Luego de que la reforma fuera aprobada en la Cámara, Peralta admitió a este diario su afinidad con el documento, aunque también fue clara en su obligación de liderar un debate con todas las garantías para la oposición. “Lo más irresponsable que podría hacer este Gobierno es que aprobemos una reforma a la salud que no cuente con la disponibilidad presupuestal y la estabilidad y la confianza financiera. Yo les pido a los colombianos que confíen en el Gobierno, que hoy no está buscando perjudicar un sistema de salud que, se ha visto, no funciona. Los que se oponen tienen, por supuesto, todos sus derechos, pero les pido que también demos el debate de cara al país”, dijo.
Pero la verdadera prueba para la reforma será la plenaria del Senado, donde la coalición del Gobierno tiene 34 senadores, entre los que pertenecen al Pacto Histórico y a la Alianza Verde. Otros 24 hacen parte de la oposición y 48 se han declarado en independencia. Sin embargo, no se puede perder de vista que los votos de los liberales y los del Partido de la U fueron claves para que la propuesta tuviera luz verde en la Cámara. (Lea Los momentos que marcaron la salud en 2023)
Al frente de la plenaria del Senado estará Iván Name, de la Alianza Verde, quien ha sido claro en que no se apresurará en tramitar la reforma. “Colombia lleva 30 años sin hacer las reformas necesarias, entre ellas que la salud debe ser revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada; no vamos a querer que se evacúe en tres o cuatro meses”, afirmó a El Espectador a principios de este mes. Como su puesto de presidente lo ganó con apoyo de los partidos de oposición, no es claro aún en cuál bando jugará.
En la otra cara de la moneda están los múltiples actores del sistema, que estarán atentos a la manera como avanza el debate. Es la primera vez, en este siglo, que una reforma que cambia estructuralmente el sistema de salud está a punto de prosperar. Ni los intentos de Alejandro Gaviria, ni de Fernando Ruiz, por mencionar algunos ministros que trataron de adelantar proyectos de ley similares, tuvieron éxito.
Las EPS han dejado muy clara su posición. Por ejemplo, Ana María Vesga, directora de ACEMI, que agremia a las EPS del régimen contributivo, se ha mostrado muy preocupada. “A pesar de muchos llamados a la Cámara, avanzó la reforma a la salud sin un juicioso análisis de su impacto. Continuaremos en Senado, donde esperamos un debate riguroso”, aseguró a este periódico. Gestarsalud, que reúne las EPS del régimen subsidiado, también ha dejado claros sus reparos, pues estas empresas podrían perder gran parte de sus funciones.
Quienes conforman el gremio hospitalario se han mostrado más afines a la propuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo. Olga Lucía Zuluaga, directora de ACESI, conformada por los hospitales públicos, fue franca cuando la entrevistamos a principios de diciembre: “Apoyamos la reforma por varios puntos que son fundamentales para el usuario y los prestadores. Fortalece la infraestructura y dotación de la red pública, permite contratos dignos al talento humano en salud y conforma redes integrales e integradas como modelo de prestación”.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agrupa a 345 instituciones privadas y públicas, también reveló sus cartas en una entrevista en El Espectador. En su opinión, el peor escenario es que no haya ninguna reforma a la salud. Pese a que fue claro en que no le suena mucho el rol que les están asignando a los populares Centros de Atención Primaria en Salud (“es como si estuviera armando una pieza de LEGO y el CAPS es la ficha circular; no encaja”, aseguró), confesó que le gusta la transformación de las EPS en “gestoras de vida”.
Según él, hay que reconocer que el documento actual que llegará al Senado es muy diferente al que presentó Carolina Corcho a principios del 2023. Y al igual que Vesga, espera que en febrero (o marzo) haya un debate con más conversaciones técnicas, sin que opinar favorablemente sobre un artículo conduzca a quedar encasillado en el grupo “a favor” del Gobierno o en el de oposición.
Si se aprueba la reforma, la discusión no parará ahí. Es casi un hecho que será demandada ante la Corte Constitucional, para que sea el tribunal quien tenga la última palabra. A Gustavo Petro le mencionaron esa posibilidad en el café que se tomó con Álvaro Uribe y la bancada de la oposición, hace poco más de un mes en la Casa de Nariño. Alguien que estuvo en el encuentro recuerda que no se sintió nada cómodo con ese camino, pues la Corte le acababa de tumbar los decretos de la “emergencia” en La Guajira.
“Si la Corte la tumba, la vuelvo a radicar”, aseguró el presidente. “Y si la vuelve a tumbar, la vuelvo a radicar; obviamente, con los reparos que la Corte requiera”.
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