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Esta es la estimación del director de seguridad global de la compañía de investigación biomédica Pfizer Internacional, David Shore, quien confiesa que resulta “muy complicado conocer la magnitud real del problema” aunque se piensa que este mercado crece al año a un ritmo del 30 por ciento.
Internet se ha convertido en el trampolín de este comercio de escala global y la Organización Mundial de la Salud advierte de que el 62 por ciento de los fármacos vendidos en la red son falsos, con la amenaza que esto supone para la salud de la población.
Según las predicciones del Center for Medicine in the Public Interest, de Estados Unidos, este mercado alcanzará un volumen de aproximadamente 55.500 millones de euros en 2010, con un incremento de más del 90 por ciento desde 2005.
Esta situación ha centrado un seminario para periodistas organizado esta semana por Pfizer bajo el título “La falsificación de medicamentos: un negocio de riesgo”.
El magistrado de la Audiencia Nacional española Ricardo Rodríguez señaló que la alteración o simulación de fármacos es delito grave en España con pena de cárcel de hasta tres años y, en circunstancias extraordinarias, de hasta cuatro años y medio y con una multa que puede llegar hasta los 220 mil euros.
A su juicio, no tiene sentido que tenga esta pena cuando por la vía administrativa está castigado con una multa que va desde los 600 mil al millón de euros o un quíntuplo del valor de los medicamentos falsificados.
El magistrado cree conveniente que el castigo se equipare a los delitos contra la Salud Pública para el caso de las drogas duras, con agravantes que impliquen una sanción mayor por cuestiones como que los destinatarios fueran menores, que fuera realizado por una organización criminal o en supuestos de notoria importancia.
Esto permitiría a los jueces poder acordar prisión provisional y evitar que los delincuentes vuelvan a reincidir.
El teniente Moisés Vos, jefe de la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española sostuvo que el principal objetivo es buscar la raíz del delito en laboratorios clandestinos, en importadores o en aquellos que realizan desvío de originales para otros fines distintos.
La coordinadora de Área de la Subdirección General de Gestión Aduanera, Nerea Rodríguez, señaló que las autoridades españolas interceptaron más de 2,3 millones de artículos falsificados que iban a ser comercializados en la Unión Europea o reexportados a terceros países.
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