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Hace unos diez años, cuando viajé al municipio de Río Quito, en Chocó, una de las primeras advertencias que me hicieron es que fuera muy prudente con el consumo de pescado. La intensa explotación de oro que habían hecho mineros ilegales desde los años noventa, desplazando a muchos mineros artesanales, había contaminado el agua de mercurio, un elemento que se puede acumular en algunas especies.
Entonces, todos sabían que usar ese mineral era muy mala idea. Hoy la Organización Mundial de la Salud lo clasifica entre las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública, pues puede afectar el sistema nervioso, el sistema digestivo, los riñones, la piel o los ojos. En Colombia, su uso fue prohibido en el sector minero desde 2018, aunque quienes explotan oro ilegalmente en Chocó, Bolívar o Amazonas, continúan empleándolo.
Hace medio siglo no todos sabían los efectos de usar y explotar ese elemento. Quienes descubrían una mina, veían una oportunidad de riqueza. Algo así le sucedió a un campesino de Caldas en 1948. Junto a una plantación de café, se llevó una sorpresa cuando vio que un metal líquido brotaba del suelo. Fue el inicio de una mina de mercurio en el municipio de Aranzazu, que dio origen a lo que un grupo de investigadores ahora llama “uno de los mayores desastres de salud ocupacional en Colombia”. Se trató, dicen, de una intoxicación masiva que no había sido documentada en la historia de la toxicología.
Parte de sus hallazgos los publicaron hace poco en la revista especializada Environmental Geochemistry and Health, en donde reconstruyen lo que sucedió luego de que ese campesino encontrara mercurio. Tras hacer entrevistas con habitantes del pueblo, con hijos de mineros que ya fallecieron, y recabar en el Archivo General de la Nación, en los archivos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Nacional, del Servicio Geológico Colombiano, del Ministerio de Minas y de la Alcaldía y el Concejo de Aranzazu, encontraron piezas que les hacen pensar que lo ocurrido en ese municipio fue muy grave y hay que incluirlo en la historia de la salud de Colombia.
“Yo creo que lo podemos calificar como el peor desastre de salud ocupacional que ha habido en el país, pero no estaba documentado”, dice el médico Álvaro Javier Idrovo, autor del estudio, PhD en Epidemiología y director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander (UIS). “Hace mucho tiempo, un profesor me había comentado el caso de la mina de Aranzazu y pasaron los años, hasta que un día reunimos con otros profesores de la UIS y nos pusimos en la tarea de investigar qué había ocurrido. Viajamos muchas veces”.
“Quisimos hacer un trabajo interdisciplinar. Por eso nos juntamos quienes sabían de salud pública y quienes tenemos experiencia en hacer investigación histórica”, señala Juan-Sebastián Bonilla, magíster en Historia e integrante de la Escuela de Historia de la UIS. En el trabajo también participó el profesor Helwar-Hernando Figueroa, doctor en Estudios Sobre América Latina.
Lo que encontraron les causó más de una sorpresa. Luego de comprobar que en Aranzazu había “mercurio nativo” (como se le conoce cuando está en su forma líquida y no mezclado con otros elementos), empezaron a explorarlo a cielo abierto de manera muy rudimentaria. Poco a poco aparecieron interesados que vieron una oportunidad de negocio. En 1962, relatan los profesores en otro artículo publicado en la revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos, llegó el Consorcio Mineros Colombianos, que obtenía licencias en el Ministerio de Minas para luego subarrendar a otros la mina, que ya, entonces, llamaban “La Esperanza”.
En el archivo del Colectivo Cultural Aranzazu al Día hay cientos de fotos, como las que tiene este texto, que permiten hacerse una idea de cómo era el trabajo en “La Esperanza”. Han sido recopiladas, entre otros integrantes, por Jorge William Duque Zuluaga, que también, dice, guio y suministró material histórico a los investigadores de la UIS. En su caso, empezó a interesarse por La Esperanza en 2012 o 2013 y, poco a poco, también ha ayudado a reconstruir lo que sucedió en ese municipio.
Las consecuencias de estar bajo La Esperanza
“La Esperanza”, ubicada entre zona boscosa en la cordillera central, entre 1.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, tuvo varias transformaciones. De la extracción a cielo abierto y de trabajos de campesinos “abriendo grandes hoyos, debajo de las piedras y de los árboles” a punta de pica y pala, pasó a la explotación subterránea. Sus “dueños” abrieron seis túneles de 150 metros en los que entraban grupos de cuatro mineros para buscar mercurio durante seis y ocho horas.
Aunque su pago era mucho más alto en los socavones ($400 o $500 semanales, frente a los $60 que recibían los encargados de otras tareas en la superficie), su salud empezó a sufrir quebrantos. Lo que hallaron Idrovo, Bonilla y Figueroa es que esos trabajadores empezaron a tener “hidrargirismo”, que no es otra cosa que intoxicación por mercurio.
Los primeros síntomas que presentaban y que comprobaron con entrevistas a los hijos y los registros que dejó el médico Hernando Marín Maya, desde que empezó a tomar medidas preventivas en 1967, consistían pérdida del apetito, dolores de cabeza y dolor en los huesos. También sufrían cansancio. Cuando la exposición al mercurio aumentaba, aparecían las náuseas, la diarrea, el mal aliento, los dolores de encía y el color pardo en los dientes. A los pocos días, aparecía el signo más evidente: la tembladera en las manos.
“Había gente a la que le cogía esa tembladera en el cuerpo y no se hallaban ni parados (…) Uno no era capaz de comer. Uno cogía la cuchara aquí y cuando llegaba a la boca, yo no tenía nada. No había nada en la cuchara”, les relató Reinaldo Orozco, uno de los pocos mineros que aún viven. “Los dientes eran flojitos, era como podrida la encía y se percibía el mal aliento, entonces uno debía coger diente por diente para limpiarlos”, les contó una hija de otro trabajador.
Lo que creen los investigadores es que el número de mineros que trabajó en “La Esperanza” varió entre 100 y 250. De esos, la cuarta parte tuvo hidrargirismo, es decir, entre 25 y 70 trabajadores. Además, escriben en uno de los artículos, el riesgo de ser diagnosticado con hidrargirismo era cercano al 100% entre los trabajadores con labores subterráneas y cercano al 25% para quienes hacían otras las actividades en la mina.
Por eso es que, sugieren, se trató de uno de los eventos de intoxicación masiva de origen ocupacional más delicados que ha habido en Colombia, aunque advierten que se requieren más estudios para conocer con precisión el impacto real que tuvo en la salud de los trabajadores.
La mina La Esperanza fue cerrada en 1975 y aunque las medidas del médico Marín Maya (entre las que se encontraba el uso de “quelantes”, unas medicinas para expulsar el mercurio por la orina y tratar la intoxicación —“es posible que haya sido el primer lugar en Colombia en el que se utilizaron”, dice Bonilla—) lograron atajar un poco el problema, no todos los trabajadores corrieron con buena suerte. Pese a que los incapacitaban, anotan los autores, no siempre recibían un auxilio económico y los cuidados los debían asumir sus familiares. El miedo de tener más repercusiones en su salud a veces les impedía volver. Algunos encontraron otro trabajo. Unos más tuvieron que migrar a otras ciudades.
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Por Sergio Silva Numa
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