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Aunque es posible que, a estas alturas, la frase ya suene algo repetitiva, los siguientes días serán decisivos para el futuro del sistema de salud. El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene hasta el 31 de diciembre para anunciar el aumento de la ya famosa UPC para 2026, la plata con la que se paga la gran mayoría de tratamientos, medicamentos y servicios que reciben todos los colombianos. La noticia llegará en medio de un cierre de año especialmente complejo para el sistema: un déficit que va creciendo, una reforma de la salud estancada y sin alternativas claras, IPS que cierran servicios y un aumento sostenido de quejas, tutelas y barreras denunciadas por pacientes en todo el país.
El Ministerio de Salud tampoco ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la UPC. En particular, debía establecer y ajustar el rezago de la UPC para la vigencia 2024; revisar el déficit acumulado del sistema de salud hasta 2021; y definir lineamientos claros para realizar ajustes posteriores, con fechas y porcentajes precisos. Sin embargo, a más de tres meses de finalizadas las segundas mesas de revisión sobre el tema, no se ha publicado ningún informe con las conclusiones ni los cálculos del Minsalud.
“Este año termina peor que 2024. Venimos acumulando un deterioro constante, más o menos desde 2023”, afirma Alejandro Escobar Correa, director de Sectorial, firma que analiza periódicamente las finanzas del sistema de salud. Para Escobar, hay dos indicadores que muestran ese deterioro. El primero es el llamado gasto de bolsillo —la plata que un colombiano debe pagar de su propio dinero para cubrir, por ejemplo, medicamentos que debería garantizar el Estado—. “En 2022 era del 13% y hoy está en el 17%, según una estimación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)”, señala. Un mayor gasto de bolsillo apunta a una menor seguridad financiera de los pacientes.
El segundo indicador, ligado al primero, es el aumento en las quejas que radican los pacientes en la Superintendencia Nacional de Salud. “En 2021, en promedio, se registraban unas 65.000 quejas al mes. Este año, la cifra ya ronda las 170.000”, advierte Escobar. Como es lógico deducirlo, un número mayor de quejas advierte de barreras en el acceso.
Existen muchas otras cifras que reflejan lo difícil que ha sido este año para el sistema de salud. Por ejemplo, “la siniestralidad de las EPS, con cálculos realizados por Acemi a octubre del 2025, es del 108 %. Es decir, por cada COP 100 que recibe el sistema de salud, se están gastando COP 108. Replicando la metodología que utiliza la Superintendencia Nacional de Salud, el dato sube a 111 %. Esto es, sin duda, la muestra de la insuficiencia de recursos”, le dijo a El Espectador Ana María Vesga, directora de Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo. Este dato, sin embargo, es parcial, “dado que la Nueva EPS no reporta información financiera desde 2024. Estamos hablando de un sistema que camina a ciegas respecto al costo en salud de 11 millones de colombianos afiliados en la EPS más grande y que actualmente administra el Estado mediante la intervención”, agrega.
Aun así, esta es la mayor siniestralidad observada en la historia del sistema de salud. “Equivale a decir que para el mes de octubre el sistema dejó de recibir o le hicieron falta COP 8 billones aproximadamente”, explica Vesga. De hecho, un reciente análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) da más argumentos precisamente en esa línea y advierte que este desbalance entre ingresos y gastos ha llevado al sistema a un déficit que superará este año el 1,9 % del PIB y que podría crecer hasta el 3,7 % del PIB en 2036.
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Existen muchas otras cifras que reflejan la complejidad del presente que vive el sistema, como el cierre de servicios menos rentables en las IPS o las pérdidas acumuladas en los estados financieros de las EPS. En este punto, es importante resaltar que, para muchos analistas, como Alejandro Escobar o Jairo Humberto Martínez, de la U. de Antioquia, la insuficiencia de la UPC es uno de los factores de origen del panorama. Para 2025, el Ministerio decidió aumentar la UPC en un 5,36 %, muy lejos de lo que pedían algunos actores del sector salud: la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto con el Centro de Estudios Económicos de la ANIF, solicitaban un 16,4 %; Sectorial estimaba un 18 %; y la ANDI proponía un aumento del 16,9 %.
Este año, aunque no todos han publicado sus estimaciones, persiste el mismo temor: que el Ministerio no ajuste la UPC para 2026 de la manera que el sistema de salud necesita.
¿Con qué se come la UPC?
Aunque durante los siguientes días el Ministerio de Salud deberá dar a conocer su decisión final, el cálculo de la UPC no comenzó recientemente. Durante los últimos meses, las EPS han estado consolidando todos los datos sobre los gastos y la utilización de los servicios de sus afiliados, que han reportado al Ministerio. Este aplica una “malla de validación” para revisar que la información sea completa y coherente; cuando detecta inconsistencias o cifras que parecen desbalanceadas, devuelve los datos a las EPS solicitando explicaciones o correcciones. En teoría, debe ser un proceso de retroalimentación, porque en un sistema que factura millones de servicios al año, los errores en las cifras o datos son posibles.
Es importante señalar que la UPC se define siempre a “año vencido”. Es decir, para la UPC de 2026, se toman en cuenta los datos ya consolidados del año 2024. Entonces, solo después de que toda la información ha sido aclarada y validada, el Ministerio de Salud aplica ajustes por edad, género, ubicación geográfica y otros factores para definir el valor final de la UPC, que determina cuánto dinero recibirá cada EPS para garantizar la atención de sus afiliados. En años anteriores, ha habido graves dificultades en todo este proceso.
En la definición de la UPC para 2025, el Gobierno denunció inconsistencias en los datos entregados por las EPS, como aumentos en la frecuencia de servicios de salud y gastos médicos elevados sin justificación. En años anteriores, para fijar la UPC de 2024, se descartaron los datos de un número importante de EPS por falta de calidad. Incluso la Corte Constitucional ha señalado que el sistema enfrenta un grave problema de calidad en la información, especialmente en el régimen subsidiado, cuyos datos casi nunca cumplen los mínimos. A esto se suma la ausencia de información y el cierre financiero de la Nueva EPS, la entidad más grande del sistema, lo que complica aún más todo. ¿Cómo definir un valor adecuado sin contar con los datos de la EPS con mayor número de afiliados?
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Aun así, durante este año, las EPS agremiadas en Acemi y el Gobierno Nacional se han reunido para tratar esas posibles causales de rechazo de la información. “Hubo unos espacios de retroalimentación, el último hace unos días. En general la información pasa las mallas de validación, no obstante sigue inquietando que hay un número importante de registros que no se aceptan por el Ministerio y que corresponden principalmente a pacientes cuyas atenciones cuestan más de COP $100 millones”, explica Vesga. Es un tema técnico, pero muy importante. Aunque los pacientes que superan los COP $100 millones representan una minoría en el sistema de salud, sus costos son tan altos que cualquier rechazo de sus registros puede tener un efecto grande sobre el cálculo de la UPC.
Hoy, estos pacientes se identifican con reglas técnicas, y se revisan principalmente a través de hojas de cálculo, donde las EPS escriben información como tipo de procedimiento, patología o tratamiento. No hay un estándar para reportar o intercambiar la información, lo que genera incertidumbre sobre qué registros se aceptan, cuáles se eliminan y por qué. (Vea: La lucha contra el VIH enfrenta su peor crisis en décadas)
“Hemos insistido al Ministerio acerca de la necesidad de estandarizar la información que ellos requieren para validar estos casos. A pesar de la entrega por parte de las EPS de los soportes en facturas de dichas atenciones, el equipo del Ministerio de manera arbitraria elimina los datos por considerarlos atípicos. Esto corresponde a decir que el sistema no se hace cargo de los pacientes costosos. En un escenario de diálogo esto debería ser objeto de revisión técnica y de lineamientos claros. No ha sido así, persiste el problema, se dejan por fuera valores y frecuencias y ahí empieza la insuficiencia de la UPC”, agrega Vesga. A Acemi , además, le alarmó que el Ministerio de Salud haya propuesto retroalimentar esos casos, pero solo en 2026, cuando el cálculo de la UPC ya ha concluido para ese año.
El Espectador le consultó al Ministerio de Salud sobre el proceso de cálculo de la UPC para el próximo año, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuestas.
Acemi aún no tiene unas proyecciones sobre cuánto se necesitaría, tampoco la ANDI ni la ANIF, pero desde Sectorial ya hacen cuentas. Escobar explica que, según sus estimaciones, un ajuste ideal de la UPC para 2026 debería ser cercano al 15 % para cubrir adecuadamente los costos del sistema de salud: “Al menos, permitiría detener el crecimiento de este déficit”, dice. Sin embargo, anticipan tres escenarios posibles: uno basado en un promedio histórico de los últimos tres años, que daría un ajuste del 11,2 %; otro que busca equiparar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo, que resultaría en un ajuste del 8,5–8,6 %; y un tercero, más conservador, que aplicaría únicamente la inflación del sector salud, alrededor del 6,5 %. “Este último escenario podría aumentar el déficit entre COP 5 y COP 10 billones adicionales”, advierte el analista.
“Sabemos que el espacio fiscal es estrecho, pero el presupuesto de salud crece para el año 2026 de manera importante. Si hay voluntad, el Gobierno podría hacer un incremento importante y ayudar a estabilizar el sistema. Nos preocupa que no se le dé prioridad a la UPC y se destinen recursos para otros usos”, dice Vesga. No es compatible, agrega, “la mayor inversión en infraestructura con el desfinanciamiento de la UPC, que no es otra cosa que la protección financiera de cada colombiano y la que garantiza que podamos acceder a los servicios de salud cuando lo necesitemos”.
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