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El pasado domingo, en nuestra edición sobre las proyecciones del 2025, Johnattan García Ruiz, colaborador asociado al Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE. UU.), usaba una analogía para describir lo que podría avecinarse en el sistema de salud: así como ocurría en la célebre serie Game of Thrones —escribía— “el invierno se acerca”.
Los aprietos financieros del sistema; el clima de inestabilidad tras la reforma a la salud, la deuda de Nueva EPS ($935.000 millones en octubre) y el cierre de centros de salud (960 entre 2023 y 2024, según el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá) eran algunos de los ingredientes que le hacían pensar que el 2025 no iba a estar nada fácil.
Tanto García como quienes hacen parte de ese sector estaban a la espera de otro elemento que definiría el rumbo del sistema, pero que, entonces, no había sido revelado por el Ministerio de Salud: el aumento de la UPC para el 2025. O, en otras palabras, el dinero que el Estado le da anualmente a las EPS por cada afiliado y con el que debe garantizar su atención. En promedio, es de $1.444.086, en el régimen contributivo, y de $1.256.076, en el régimen subsidiado, aunque el monto varía según la edad del paciente o el lugar donde viva, entre otras variables.
El último día del año, el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció su decisión: el incremento será de 5.36%, un porcentaje mucho menor de lo que pedía el gremio de las EPS y la Andi (16,9%). Incluso menor de lo que esperaba el gremio hospitalario.
Andrés Vecino, que investiga sistemas de salud y está vinculado a la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.), tiene una frase para describir lo que significa para él esa noticia: “Es muy doloroso”.
“Yo creo que es una decisión temeraria; no está basada en evidencia”, añade Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Minsalud. “Es muy irresponsable. Era el puntillazo final que hacía falta para una crisis del sistema”, reitera María Andrea Godoy, también exviceministra de Protección Social.
Esa área, hoy encabezada por Luis Alberto Martínez, explicó en un comunicado que el motivo por el que habían decidido ese aumento se debía a que encontraron inconsistencias en los datos que les enviaron las EPS. Entre ellas, incrementos abruptos en la frecuencia de servicios de salud y elevados gastos médicos sin justificación. Por esa razón, el incremento fue de la inflación causada hasta noviembre.
Pero tanto para Vecino, Cárdenas y Godoy hay un ingrediente que no se puede dejar de lado. En ese cálculo de la UPC no tuvieron en cuenta los datos de la EPS con más afiliados del país (11,4 millones): Nueva EPS. “Y no solo agrupa al 20% de la población colombiana, sino que es una EPS que ha recibido a los más enfermos de otras EPS liquidadas”, recuerda Vecino.
¿Cómo hacer un cálculo correcto de la UPC cuando hay ese vacío? ¿Por qué, si Nueva EPS está intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril del 2024, el Gobierno no tiene en sus manos los datos adecuados?
“La información que tengo es que se envió el documento, pero luego se encontró que tenía algunas inconsistencias”, asegura Bernardo Camacho, que fue nombrado interventor de Nueva EPS a mediados de noviembre.
En su cuenta de Twitter (ahora X), Johnattan García lo ponía en estos términos: “Entiendo que el gobierno no le crea a las EPS, a sus gremios o a la oposición. Ok, así es la política. Que ignore a pacientes, sociedades científicas y académicos no es nuevo. Pero hoy ese mismo gobierno controla 8 EPS. ¿No podían al menos calcular con la información de esas?”.
A lo que se refiere es que, además de Nueva EPS, la Supersalud tiene intervenidas a Sanitas, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud y SOS EPS.
Para Godoy, lo correcto era que el Ministerio de Salud hiciera todos los esfuerzos posibles para recopilar esos datos, en caso de que detectara que los de algunas EPS no eran de calidad, que es algo a lo que se suelen enfrentar quienes toman la decisión del aumento de la UPC. “Pero hay que hacer el máximo esfuerzo por hacer un cálculo adecuado. ¡Es su trabajo! No pueden excluir, por ejemplo, la frecuencia del uso de servicios en el sistema. Es muy irresponsable que el incremento sea el mismo que la inflación”, agrega
Aunque la decisión fue celebrara por congresistas que han respaldado la reforma a la salud como Alfredo Mondragón (“le da garantías de sostenibilidad al sistema”, dijo en un video en X), y por Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, (“Congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la Ley de Financiamiento, ahora salen a llorar porque ‘la UPC quedó muy baja’”, escribió en X), la medida no le cayó bien ni al gremio hospitalario, siempre en constante tensión con las EPS.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, le pidió al gobierno que reconsidere esa decisión y le sugirió que aumente la UPC los mismos puntos que el salario mínimo (9,5%) o, de lo contrario, ese desfase “puede serias afectaciones al sector prestador”.
Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), que agremia a los hospitales públicos, también manifiesta su sorpresa, pues esperaba un incremento similar al del salario mínimo. Cree que esta medida va a “generar un desbalance para la difícil situación financiera de las instituciones públicas”. En un comunicado, su asociación hace una petición similar a la de Giraldo al gobierno: que “realice una estimación más precisa de los costos reales de operación, considerando el incremento en la demanda de servicios y los crecientes costos asociados”.
Tanto Giraldo como Zuluaga comparten un argumento: un hospital gasta entre el 60 % y 70 % de sus recursos en pagar a sus trabajadores. ¿Cómo podrán sortear un incremento en el salario mínimo si el aumento de la UPC es mucho menor?, es una de las preguntas que se hacen hoy en el sector.
Si los hospitales quedaron inconformes con la decisión, la medida del Minsalud constituye el “escenario más difícil” que les podía tocar, como lo califica Jorge Gutiérrez, director de Gestarsalud (que reúne a las EPS del régimen subsidiado). Ana María Vesga, por su parte, que representa a Acemi (las EPS del régimen contributivo), vaticina un déficit de $9 billones para el sistema en el 2025.
¿Llegarán, entonces, los días de invierno, como auguraba García en El Espectador? Es difícil moverse en el terreno de la especulación un 2 de enero, pero Cárdenas —como Vecino y Godoy— tiene la certeza de que para poder maniobrar en el sistema, las EPS deberán priorizar sus gastos y eso se verá representado en más tiempo de espera para poder acceder a citas médicas o a una cirugía. Habrá, en otras palabras, filas más largas y más trabas. Su mejor deseo para este nuevo año, es que “los colombianos no se enfermen, porque va a ser muy triste enfermarse en este 2025″.
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Por Sergio Silva Numa
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