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El jueves pasado tuvo lugar la audiencia de imputación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción en la Unida Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ahora viene la audiencia de medidas de aseguramiento, que será el 7 de agosto. Los investigados han solicitado beneficios y rebaja de pena. ¿Cree que esas negociaciones serían afectadas por las declaraciones de ellos ante los medios de comunicación?
Nosotros venimos en el proceso de conversación con ellos desde hace algo más de dos meses. No ha sido fácil para los fiscales ni para los investigadores, porque evidentemente (los investigados) han tenido muchas salidas a los medios de comunicación. Esto no le ayuda a la investigación. Pero estamos en otro momento en donde hemos podido cerrar temas, concluir la primera agenda de colaboración —que los medios denominan la matriz de colaboración— y fruto de ello hacemos la imputación de cargos. Hemos avanzado en cuanto a los acuerdos, más que a los beneficios. Estamos trabajando sobre unas sentencias preacordadas con ellos, que implican una rebaja de pena y algún principio de oportunidad para para algunos de los delitos imputados.
Ahí entra en escena su idea sobre los mecanismos premiales que ha plasmado en su propuesta de reforma al sistema judicial…
Estamos dando importancia a los mecanismos premiales que trae nuestro Código de Procedimiento Penal. Queremos hacer unos procesos mucho más rápidos que aquellos a los que está acostumbrada Colombia en temas de corrupción, en donde los casos se demoran muchísimo. Queremos avanzar rápidamente y de manera sólida con las otras personas que han venido siendo señaladas. Algunas de ellas no son altos funcionarios, son funcionarios medios, operativos, pero muy importantes en un entramado de corrupción como el que estamos viendo.
Las imputaciones del jueves fueron solo por el caso de los carrotanques y otros hechos…
En el caso del jueves hicimos una imputación por tres eventos distintos de contratación. El país tenía conocimiento del tema carrotanques, no de los otros dos. Tal vez se había hablado algo del evento de Saravena y el del sur de Bolívar, pero lo que queríamos mostrar es que hay unos avances significativos en esas tres direcciones y que vamos a hacer todo el esfuerzo, porque este es un caso grande. Este es un caso que probablemente tenga muchos otros eventos involucrados. Entonces trataremos de imprimirle toda la celeridad. El grupo de tareas lo conformamos hace no más de dos meses —yo llevo cuatro en el cargo— y creo que se ha trabajado con una celeridad que no habíamos tenido en un caso de estas dimensiones.
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El presidente dice que la Fiscalía está haciendo un cálculo demasiado débil en el caso del escándalo por la pérdida de recursos de la Ungrd. ¿Usted que piensa al respecto?
Nosotros hicimos un cálculo financiero. Hicimos un recorrido por lo que podemos probar, que fue el destino de los recursos del primer contrato, en el que hemos tenido cómo demostrar que hay coimas y sobrecostos. Esa es nuestra ruta. Y lo quisimos hacer así por una razón: la sociedad se queda con la idea de que en el caso de los carrotanques de La Guajira se perdieron $40.000 millones y eso no es verdad. El valor del contrato era de más de $40.000 millones, pero en ese caso hubo camiones, seguros obligatorios, pólizas, IVA, reteiva, reteica… Hicimos un rastreo de los costos y sobrecostos reales del contrato.
¿Está de acuerdo con la afirmación del presidente?
Yo creería que lo que hicimos fue un cálculo preciso.
El presidente respaldó en principio a sus funcionarios, pero le aceptó la renuncia al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, y dijo que no es bueno que permanezca en el cargo por asuntos de garantías al trabajo de los jueces. ¿Qué le dice a usted ese mensaje del mandatario?
Me parece responsable.
El presidente Petro se ha mostrado preocupado. Pide que se garantice que los implicados devuelven los recursos públicos, que no se vayan a perder. ¿Hasta qué punto eso se puede garantizar?
Yo entiendo el primer comentario del presidente, que no lo conocía, lo entiendo vinculado con este segundo, que sí lo conocía. Era un poco esta posición, no solo del presidente, sino de muchas otras personas de “poca pena, poca plata y aquí no pasó nada”. Y me parece que ojalá en el país se reflexionara un poco sobre lo que significa un mecanismo premial y qué es lo que estamos haciendo. En lo que significan los valores de lo perdido y de lo apropiado. Recuerdo el caso de Centros Poblados. Creo que a todos se nos quedó, y a mí como ciudadana también se me quedó en mi imaginario, que lo perdido en Centros Poblados eran unos $70.000 millones. Pasa un poco lo mismo con los carrotanques. Insisto: unos son los valores de los contratos y otros son los valores de los sobrecostos y de lo apropiado. Estamos trabajando de manera rigurosa, haciendo seguimientos financieros. Esto no es un ejercicio aleatorio.
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¿Y eso está garantizado en este caso?
Con estos tres indicados en particular, eso está explícito. De hecho, ellos lo dijeron a los medios con montos que no corresponden en verdad al valor de lo que van a tener que devolver. Pero, claro, para para nosotros es muy importante que eso haga parte de los acuerdos. Nosotros queremos centrarnos en los acuerdos en que haya verdad y reparación. En la justicia es en donde vamos a tener penas menores. Como he dicho, nadie se sienta a negociar penas de 20 años, ni de 15, 12 o 10. Si yo ofrezco información, devuelvo dinero, normalmente voy a querer una rebaja de pena, y eso es un mecanismo.
Usted dice que las cifras que han mencionado los medios de comunicación no corresponden con los montos que estos señores tienen que devolver. De acuerdo con la información disponible hasta ahora en las investigaciones, ¿a cuánto corresponderían esos montos?
Yo no tengo los valores exactos, pero estamos hablando por arriba de los $7.000 millones en el caso del contratista, cerca de $1.500 millones en el caso de Olmedo López y una suma superior a los $300 millones en el de Sneyder Pinilla. Es lo que hemos podido rastrear y demostrar respecto a lo apropiado por ellos con ocasión del contrato de carrotanques.
Hay también algunas críticas respecto a esas demoras que ustedes han aclarado al decir que la Fiscalía tiene que verificar la información entregada por los investigados a través de las valoraciones de Policía Judicial. ¿La Fiscalía piensa abrir nuevas líneas de investigación en este entramado respecto a otros nombres mencionados?
Es probable. Eso es muy posible en este tipo de investigaciones. Esta no es una investigación lineal. Sucede en las investigaciones donde hay fenómenos de macrocriminalidad. Hace parte de nuestro día a día.
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En el caso concreto del exministro Luis Fernando Velasco, ¿qué se sabe de su eventual participación en hechos vinculados con este escándalo?
El testimonio de Olmedo López.
¿Y hay pruebas que confirmen lo dicho por López o que señalen algún tipo de participación de Velasco?
Hasta este momento tenemos lo que ha dicho Olmedo.
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López estuvieron en conversaciones con un grupo de fiscales respecto al caso. ¿Las pruebas que soportan esas declaraciones son sólidas?
Sí, son sólidas. Hay declaraciones más sólidas que otras. Hay declaraciones que se acompañan de evidencias. Esas son las mejores declaraciones para nosotros. Hay testigos que nos aportan información que corrobora lo que ellos están diciendo.
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Revisemos un poco ese tema de las evidencias. Nos enteramos por las revelaciones de Noticias Caracol y estuvimos muy pendientes de la audiencia: las evidencias son chats, las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, que por ahora les merecen credibilidad a ustedes… ¿Qué otras evidencias concretas y contundentes existen?
Yo prometí solemnemente no ser una contadora de casos. No voy a “chiviar” a mis fiscales. Yo los invito a la audiencia del 7 de agosto porque, con ocasión de la solicitud de la medida de aseguramiento, la Fiscalía va a mostrar alguna parte de las pruebas que tiene. Solo una parte.
¿En qué van esas otras indagaciones preliminares contra el exministro Luis Fernando Velasco; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y contra el recién renunciado exdirector nacional de inteligencia, Carlos Ramón González?
Este caso tiene destacado un equipo de investigación robusto. No solo tenemos dos muy buenas fiscales al frente del caso, tenemos además al fiscal jefe de la oficina delegada ante la Corte y al delegado contra la Criminalidad Organizada, haciendo el apoyo a nuestras dos fiscales. Tenemos, además, un equipo de 15 investigadores. Es un equipo combinado. Tenemos Cuerpo Técnico de Investigación, tenemos Dijín y tenemos un equipo financiero. Es muy robusto, como debe ser. El estado de avance de las investigaciones lo determina ese equipo de investigación. Tenemos un compromiso de celeridad, pero no estamos corriendo al afán que se percibe, sobre todo en los medios de comunicación.
¿En algún momento tuvo comunicación directa con Olmedo López o Sneyder Pinilla?
No. La investigación está a cargo de la doctora María Cristina Patiño; ella es la directora de esa investigación, es nuestra fiscal delegada ante la Corte. Yo no he participado en ninguna reunión. Me parece que no es conveniente. Además, salvo que asuma la competencia, que lo podría hacer eventualmente, yo podría asumir alguna parte o un proceso o esos procesos como fiscal, pero no lo he hecho y me parece que es importante que quien dirige la investigación sea quien dirija las conversaciones y hasta el momento ha sido la doctora María Cristina Patiño.
¿Ha pensado usted en asumir ese rol como fiscal del caso?
No, no lo he pensado, pero no lo descartaría.
Algunos sectores señalan que las investigaciones no avanzan muy rápido…
A veces preferimos que nos den palo por supuesta lentitud. Este escándalo reventó cuando yo aún no me había posesionado. Hay una gran presión, no siento que sea una presión hacia mí, siento que es una presión hacia una serie de respuestas que los medios quieren que se les den, interpretando también un sentimiento nacional. Yo creo que hay que tranquilizarse un poco. Hay que hablar despacio, bajar la voz, reflexionar y más bien mirar de qué se trata este fenómeno, que es muy grave. Es un desastre que tengamos un país donde los fenómenos naturales nos afectan tanto y tenemos que salir con recursos extra a atender esos desastres. Y es un desastre que, además, nos inventemos desastres para que esos recursos se desvíen hacia otros fines. Esto deja reflexiones profundas: ¿Cómo estábamos frente a temas de ética pública, de cuidado de lo público, del manejo de los recursos? ¿Qué tipo de sociedad somos y cómo pudiéramos ser mejores?
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En el proyecto de reforma al sistema judicial se menciona un apartado que ha causado revuelo: la rebaja de penas para quienes cometan delitos contra menores de edad. Algunos penalistas que hemos consultado, no obstante, afirman que la propuesta es efectiva en términos de una justicia más expedita. ¿En qué se basa la Fiscalía para proponer este punto?
El punto es que hay delitos donde la posibilidad de probar es muy complicada, y donde es más fácil llegar a acuerdos vía negociación. Piense en una organización de trata de personas donde hay involucrados niños, niñas y adolescentes. En este punto, a ciertos intervinientes que instrumentalizan menores para esclavitud sexual, por ejemplo, se podría estar trabajando sus casos a través de mecanismos premiales. Si hay prohibición es mucho más difícil, ese es el camino largo. Eso tendrá mucha discusión, pero respecto a ese tema hemos visto que hay una especie de populismo punitivo. Sin embargo, es un camino más rápido y eficaz en el acceso a la justicia.
¿Qué es lo que más le preocupa luego de estar más de 100 días al frente del ente investigador?
Me preocupa el tema de la expectativa que hay frente a lo que la Fiscalía puede aportar, porque nosotros somos la última instancia dentro de los problemas nacionales, nosotros reaccionamos ya frente a un delito. No somos una entidad dedicada a la prevención y, a veces, hay una gran expectativa frente a que el papel de la Fiscalía puede ser transformador, y no lo es tanto. El papel de las fiscalías es transformador de una manera muy marginal. Lo nuestro tiene que acompañarse de muchas otras cosas que no le corresponden a la jurisdicción. Nosotros podemos ayudar en el sentido de que lo que son delitos sean acompañados de consecuencias. Eso es muy importante para la sociedad: no acostumbrarnos a que si hay un delito nada pasa. Pero más allá, el aporte nuestro es más bien pequeño.
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