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En el marco de la conmemoración de los 19 años de la Ley de Justicia y Paz, pesos pesados del sistema judicial se reunieron para entregar detalles del primer proyecto de reforma a la justicia del actual gobierno. La presentación fue presidida por la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. La idea concreta es, en sus palabras, hacer de la justicia un mecanismo más rápido y eficaz, quitando las trabas que no permiten los acuerdos con los investigados y, a la vez, comprometiendo a esos procesados a reparar integralmente a las víctimas. El Espectador conoció el documento trabajado hace meses por expertos en justicia y que, salvo ajustes de último momento, está por ser radicado por el Ministerio de Justicia en el Congreso.
Un nuevo principio de oportunidad
El principio de oportunidad es un beneficio que se le concede a investigados que incurren en un delito por primera vez y que supone una inmunidad judicial casi total a aquel que lo solicite ante un juez, a cambio de entregar información privilegiada a la Fiscalía. Por ejemplo, aunque no está relacionado directamente con la reforma, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), esperan que un juez decrete principios de oportunidad respectivos, por su colaboración con la justicia en el escándalo de corrupción por desfalco a los recursos de la entidad. Hoy, la Fiscalía no puede coordinar este beneficio con los procesados, pues tiene que esperar a la audiencia de imputación. Con la reforma a la justicia, eso cambiaría.
Si el proyecto es aprobado, desde la misma indagación, es decir, antes de la imputación, las partes del proceso penal pueden firmar un principio de oportunidad ante un juez. La reforma establece, como requisito, que se apliquen mecanismos de justicia restaurativa con las víctimas, es decir, que vaya más allá del solo castigo. Además, se firmarían principios de oportunidad cuando “la aplicación de la sanción penal sea innecesaria o resulte desproporcionada”. También cuando resulte mejor llegar a acuerdos que judicializar a un presunto responsable. Se tiene previsto, por primera vez, que en casos de terrorismo se aplique cuando el presunto criminal entregue a la justicia todos los bienes que se hayan usado para cometer los delitos, y siempre y cuando no sea el líder de una organización criminal. El proyecto no contempla que haya acuerdos por delitos de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DHI).
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Sobre la reparación integral
El proyecto de reforma contempla una nueva causal de extinción de la acción penal, es decir, motivos para cerrar investigaciones. Se trata de la reparación integral a la víctima, que tendrá el mismo peso para frenar un expediente como cuando hay desistimientos, prescriben los delitos, se aplica el principio de oportunidad o muere el investigado. La reforma garantizaría que se extinga la acción penal en casos en los que no se tenga individualizada a la víctima y el procesado pague una caución. La reparación integral tendrá cabida, incluso, en delitos como homicidio y lesiones con plena intención, siempre y cuando el victimario no haya estado bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
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El Código de Infancia
Otro de los cambios dispuestos en el proyecto afecta directamente al Código de Infancia y Adolescencia. Según está la normativa actual, no proceden rebajas de penas contra investigados por delitos relacionados con el secuestro, la integridad sexual, y los homicidios y las lesiones personales cometidos de manera culposa, es decir, sin intención plena de causar daño a los menores de edad. No obstante, como lo confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, aunque sí habrá rebaja de penas para este tipo de delincuentes, el descuento será únicamente de “la mitad de la mitad de lo que se da para otros casos”.
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Prueba anticipada, otro paso en la negociación
Otro de los ejes fundamentales corresponde a la implementación de la llamada “prueba anticipada”. En palabras del magistrado Chaverra, el proyecto establece esta herramienta para que la “Fiscalía pueda dinamizar la aplicación de los principios de oportunidad”, pues, quien se acoja a este beneficio, está obligado a contribuir con la justicia, no solo en su caso, sino en posibles juicios posteriores que envuelvan a los demás involucrados de un hecho delictivo. La prueba anticipada es una declaración inicial de quien busca recibir el beneficio del principio de oportunidad que, luego, podrá ser adoptada por la Fiscalía como una prueba previa al juicio. “Con esa prueba, que ya está recolectada, no se tendrá que esperar cuatro o cinco años en que se va a desarrollar el juicio de los otros procesados”, explicó Chaverra.
Dinero de origen ilícito
El proyecto también busca cambiar un asunto crucial respecto a los preacuerdos y negociaciones en términos económicos: la determinación sobre cuándo proceden estos recursos y cuándo no. Por ejemplo, en la ley vigente, los responsables de incrementar su patrimonio de manera ilegal, no podrán celebrar preacuerdos con el ente investigador hasta que reintegren por lo menos el 50% de los recursos apropiados. Ahora, con el nuevo proyecto, se busca que esta restricción sea eliminada, solo en caso de que el acusado se allane completamente a los cargos. “De verificarse el reintegro parcial o total del incremento patrimonial (…) la menor o mayor proporción del provecho ilícito devuelto incidirá directamente en el monto de la rebaja a reconocer por virtud del allanamiento”, dice el documento conocido por este diario.
Las rebajas en casos de captura en flagrancia
De acuerdo con el proyecto consolidado, se plantea eliminar la menor rebaja prevista para casos de captura en flagrancia. “De esta manera se mantiene el equilibrio entre la severidad de la sanción en delitos de alto impacto, y la búsqueda de la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, debido a que la terminación anticipada, además de permitir una pronta sanción contra el autor o partícipe, evita los costos derivados de extensos procesos cuya culminación es indeterminada”, reza en el documento. Con este apartado se busca, además, evitar la congestión judicial en la medida en que se logre un principio fundamental para el sistema penal acusatorio: que solo el 10% o menos de los procesos lleguen a juicio.
Aunque la anterior directiva del Ministerio de Justicia tenía planeado radicar este proyecto el pasado 20 de julio, la misma cartera de gobierno le respondió a este diario que todavía no llevaron el documento al Congreso. En todo caso, no se trata del único proyecto trabajado durante el año por el sector Justicia en coordinación con la comisión de expertos para la reforma, integrada por más de 40 voces de todas las orillas. Todavía, por ejemplo, resta consolidar el sistema nacional de justicia restaurativa y terapéutica, que busca establecer las bases de mecanismos de resolución de conflictos en los que la víctima sea el centro de ello. Asimismo, reformas en el aspecto laboral, administrativo y en las estructuras de la Procuraduría y Medicina Legal.
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