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El pasado 30 de agosto, en el corregimiento de Puerto Bélgica, en Cáceres (Antioquia), hombres armados asesinaron a Jorge Ávila, un reconocido líder social de la zona, quien se dedicaba a realizar talleres de comunicación para la paz. Él había advertido días antes de sufrir un atentado que el riesgo que pesaba sobre sus hombros era latente debido a su labor, en un territorio donde hacen presencia células del Clan del Golfo y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según el Ejército. El homicidio de Ávila, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se convirtió en el crimen número 116 contra el liderazgo social en lo que va de 2024. Y, según cifras de la Fiscalía, las amenazas en contra de líderes y lideresas sociales de diferente naturaleza registran hasta 1.727 casos. Algunos líderes consultados por este diario, y sobre quienes se mantendrá bajo reserva su nombre por motivos de seguridad, aseguran que de la amenaza al homicidio hay tan solo horas.
Este escenario amenazante para el liderazgo social lo demuestran estudios de Indepaz y datos de la Fiscalía obtenidos por este diario, en los que señalan que, desde el 1º de enero de 2024 hasta 21 de agosto, se han abierto 675 procesos por ese delito en contra de líderes o lideresas en tres principales departamentos: Cauca (371), Antioquia (170) y Norte de Santander (134). “Una conclusión que tenemos algunos líderes es que sí hay una relación y ejecución inmediata entre las amenazas (…) y el número de asesinatos, atentados o intimidaciones, que es lo más cercano al cumplimiento de esas amenazas. Es bastante frecuente”, asegura Mauricio*, un líder indígena del Cauca.
Datos de Indepaz dan algunas luces sobre el panorama dibujado por el también defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca, pues, en lo que va de 2024, la organización ha registrado el homicidio de 18 líderes y lideresas sociales en ese departamento: siete líderes indígenas, tres comunitarios, tres campesinos, tres comunales, un líder sindicalista y una víctima del conflicto que también ejercía labores de liderazgo social. “Hay comunidades que intentan protegerse bajo la figura del control territorial, la concientización de la juventud y en que también hay algunos que estamos en el cuidado de la niñez. Hay mucho factor social para detener las amenazas”, precisa una lideresa afro del municipio de Caloto (Cauca).
Las cifras, sin embargo, no siempre son exactas y pueden presentar un subregistro. Respecto a los homicidios, de acuerdo con los datos de Indepaz, desde el 1º de enero hasta el 30 de agosto de este año, contando el asesinato de Ávila en el municipio de Cáceres, un total de 116 líderes han caído en medio de las balas. Entretanto, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, en respuesta a una solicitud enviada por este diario, indicó que desde el 1º de enero hasta el 21 de agosto de 2024 hay un registro de 125 casos de homicidio de líderes o lideresas sociales en todo el país.
Si bien el ente investigador ha abierto más de 1.000 investigaciones desde el primer día de enero hasta el 21 de agosto de 2024 por las amenazas que han recibido líderes sociales en 30 departamentos, los datos con los que cuenta la Fiscalía también dejan entrever un problema mayúsculo: solo en un caso tienen información detallada del emisor de mensajes violentos. Así sucede en Arauca, en donde el ente de control tiene registros de dos amenazas en contra del liderazgo social hasta agosto de este año, y tan solo uno de esos hechos es atribuido a las “disidencias de las Farc de primera generación”, es decir, al grupo disidente que era comandado por Iván Mordisco conocido como Estado Mayor Central (EMC), antes de dividirse en dos facciones (la otra al mando de alias Calarcá Córdoba).
El panorama en Antioquia y Norte de Santander también es preocupante. En el primer departamento, según Indepaz, este año han asesinado a 16 líderes y lideresas sociales, mientras que el escenario en el segundo ha llevado la cifra a un total de seis homicidios. En Antioquia, de acuerdo con algunos líderes de la región, las amenazas provienen de diferentes grupos armados, y en algunas ocasiones no es fácil detectar quién es el emisor, pues allí se mueven tanto disidencias de las Farc como el ELN y el Clan del Golfo (ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). Por su parte, en Norte de Santander, la presencia más constante, según fuentes consultadas por este diario, es por parte del ELN, grupo con el que, además, el gobierno de Gustavo Petro no renovó el cese al fuego que se venció el pasado 3 de agosto, también por decisión de los altos mandos de esa guerrilla.
De acuerdo con Mauricio, líder indígena en el Cauca, uno de los motivos que han llevado a que se eleve el número de víctimas de amenazas de estas comunidades en todo el país es la reorganización de las guardias indígenas que, en ocasiones, los grupos armados, principalmente el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de Iván Mordisco, ven como una “actividad contrainsurgente”. Y añade: “eso le ha costado la vida a liderazgos y voceros, no solo en el Cauca, sino en varios territorios”. Además, señala que es común ver panfletos o comunicados firmados por los frentes Dagoberto Ramos o Jaime Martínez, también de las disidencias de Mordisco, negando el asesinato de líderes, pero, dice, con eso solo buscan “zafarse de la responsabilidad”.
Recién posesionada en marzo de este año, la fiscal Luz Adriana Camargo le dijo a este diario que uno de sus compromisos es fortalecer la Unidad Especial de Investigación, “pues está destinada a desmantelar a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que, precisamente, están presentes en los territorios donde hay más asesinatos de líderes. Este es un compromiso pendiente”. Si bien abrir investigaciones respecto a quiénes amenazan al liderazgo social es un avance, algunos líderes y lideresas consideran que la labor del ente investigador debe ser más efectiva en la identificación de actores armados que emiten mensajes violentos, pues “hay muchos casos de impunidad porque la labor de la Fiscalía no llega hasta acá”, como le dijo una lideresa de Mutatá (Antioquia) a El Espectador.
De acuerdo con Mauricio, la respuestas que han recibido las comunidades por parte de las autoridades se basan, principalmente, en anuncios de consejos de seguridad o alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que, a su juicio, no responden a la problemática amenazante. “Parece ser muy precaria la manera en que se ejecutan este tipo de acciones en el territorio (…) El panorama es bastante complicado, hay mucho por hacer y el Estado necesita toda la firmeza para cambiar este escenario tan complicado de afectación a la población civil. Los grupos armados siguen viendo a la organización civil, cualquiera que sea, como obstáculo a la hora de hacerse con el territorio para sus beneficios económicos. Hay que fortalecer la respuesta institucional del Estado, que no sea tan lenta, que tenga un contexto estudiado mucho más amplío para entender la dimensión del problema”, sentenció el líder.
Otros departamentos que cuentan con altas afectaciones por parte de las amenazas a líderes sociales, pero que no se tiene identificado al autor de los mensajes amenazantes, de acuerdo con el ente investigador, son: Nariño (125 casos de amenazas), Córdoba (106), Bogotá (88), Bolívar (80), Chocó (71), Valle del Cauca (69), Cesar (56), Atlántico (50), Caquetá (50) y La Guajira (42). Entretanto, los departamentos menos afectados son Arauca, con dos amenazas directas a líderes, y Amazonas y Vichada, cada departamento con un reporte de amenazas contra el liderazgo social.
*Nombre modificado para proteger la identidad de la fuente
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