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Este 16 de septiembre, la justicia colombiana dará un paso histórico con la emisión de la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las primeras dos sanciones que se conocerán esta semana por parte del tribunal de justicia transicional, creado con el Acuerdo de Paz de 2016, llegarán después de más de siete años de trabajo de los magistrados que analizaron la información recopilada sobre dos de las manifestaciones violentas ocurridas en el marco del conflicto armado interno: secuestros cometidos por exintegrantes de las antiguas Farc y ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos perpetrados por uniformados en alianza con grupos paramilitares.
Es la primera vez que los máximos responsables de crímenes graves y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto son investigados, juzgados y sancionados con sentencias restaurativas. Mientras que la justicia ordinaria castiga con cárcel o prisión domiciliaria y sanciones económicas a quienes actúan en contra de la legislación colombiana, por mandato del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc quienes se acogieron a la justicia transicional pagarán sentencias de tipo restaurativo. Su objetivo es resarcir el daño causado y reparar a una parte de los más de 10 millones de víctimas que ha dejado la guerra. En este caso, familiares de personas secuestradas o asesinadas extrajudicialmente.
Son dos los macrocasos a los cuales corresponden las sentencias que se conocerán esta semana. La primera sanción es la del caso 01 que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las antiguas Farc. La segunda es la del macrocaso 03 que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, puntualmente los 127 casos de falsos positivos ocurridos entre los años 2002 y 2005 en el Batallón La Popa en Valledupar (Cesar). Ambas decisiones serán un parteaguas en la historia judicial y política del país, al ser el primer avance concreto de la justicia transicional para esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.
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El capítulo de los secuestros
La cita está pactada a las 7:00 de la mañana de este martes en la sede de la JEP en Bogotá. Allí, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dará a conocer la sanción que les aplicará a siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc imputados en enero de 2021 por privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes. Los sancionados son: Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, Jaime Alberto Parra o “El médico”, Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, Rodrigo Granda Escobar o “Ricardo Téllez”, y Juan Ermilo Cabrera, alias “Bertulfo Álvarez”.
Los siete exmiembros de las antiguas Farc fueron reconocidos como máximos responsables de una política sistemática de secuestros que según cifras de la propia JEP dejó 21.936 víctimas en todo el país. En su sentencia, se espera que la justicia transicional argumente cuál fue el rol de los exintegrantes del Secretariado en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados más allá de los secuestros como, por ejemplo, en casos de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Estos secuestros, según la JEP, ocurrieron con tres objetivos: financiar a la organización, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios.
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En su imputación, la JEP señaló que los secuestros y violaciones de derechos humanos cometidos por los exjefes de las Farc constituyeron crímenes de lesa humanidad “cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”. La justicia transicional detalló en su momento que los secuestros “se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad”. En total, la JEP ha acreditado a 4.325 víctimas dentro del macrocaso 01 en todo el país.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, argumentó la JEP en su imputación a los antiguos miembros del Secretariado. Los máximos responsables, según lo determine la sentencia que se conocerá hoy, pagarían sanciones de entre cinco y ocho años de privación de la libertad y, al mismo tiempo, en la realización de proyectos de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, iniciativas de memoria histórica y recuperación ambiental. No obstante, su cumplimiento estará sujeto al trabajo articulado con otras entidades del Gobierno Nacional y a la disposición de recursos, que es uno de los asuntos que aún no son muy claros.
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Falsos positivos en el Caribe
La segunda decisión que dará a conocer la JEP esta semana, el jueves 18 de septiembre, es sobre el macrocaso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos. Hace parte, de manera concreta, al subcaso Costa Caribe, dentro del cual la JEP imputó a 15 exmilitares del Batallón La Popa (Valledupar) crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre los años 2002 y 2008. Esto por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales de 127 personas en la mencionada unidad militar, en cooperación con grupos paramilitares. De las 4.222 personas acreditadas como víctimas de falsos positivos en el país, 538 pertenecen a la costa Caribe.
En la imputación a los militares en retiro, la justicia transicional recopiló que en Cesar y el sur de La Guajira hubo una relación de cooperación ilegal entre uniformados y organizaciones paraestatales. La dinámica, a grandes rasgos, funcionaba así: los paramilitares buscaban a sus víctimas a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate. “En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar”, detalló la JEP en su imputación.
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De los 15 investigados por su presunta responsabilidad en falsos positivos cometidos al interior del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron ser máximos responsables y serán quienes esta semana recibirán su sanción propia. Se trata de los militares en retiro Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla, Carlos Andrés Lora, Eduart Gustavo Álvarez, José de Jesús Rueda, Élkin Leonardo Burgos, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto, Yeris Andrés Gómez y Alex José Mercado. Entre los que no aceptaron su responsabilidad está el coronel en retiro Publio Hernán Mejía, el primero en enfrentar un juicio adversarial en la jurisdicción especial y cuya condena también se conocerá a más tardar a inicios de octubre.
Para el caso de La Popa, la JEP buscará cumplirles con su sentencia a las víctimas que radicaron en total 117 demandas de reparación. Para hacerlo, la sanción restaurativa deberá contemplar los proyectos acordados en cuatro líneas de reparación: memoria y dignificación; sanción, armonización territorial y fortalecimiento organizativo; infraestructura comunitaria; productividad y generación de ingresos. Pero además de la incertidumbre fiscal que rodea la emisión de las sanciones, al reto de su cumplimiento se suma el bajo nivel de satisfacción que ha manifestado una parte importante de las víctimas. En todo caso, las dos decisiones que tomará la JEP marcarán la hoja de ruta para el camino que seguirá Colombia en materia de justicia transicional y de cierre jurídico para los máximos responsables de los crímenes cometidos durante medio siglo de violencia.
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Por Gustavo Montes Arias
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