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“Durante mucho tiempo se pensó que el debate público era un asunto de ideas, argumentos y razones. Algo de eso hay, claro, pero las ciencias de la mente han mostrado que lo esencial no está allí, sino en las emociones y que su estudio ayuda, quizás más que los crudos hechos históricos, a dilucidar el destino que corren las sociedades”.
El párrafo anterior es de Mauricio García Villegas y se encuentra en un libro titulado “El país de las emociones tristes”. Sí, habla sobre Colombia. No, no fue finalizado o publicado este fin de semana. Tampoco en los últimos tres años. Pero pareciera.
Como en muchos otros espacios del debate nacional, especialmente en el terreno político, los ataques verbales han sido protagonistas de la fracturada relación entre el sector privado y el Gobierno. En redes sociales y en discursos públicos, el presidente Gustavo Petro ha hecho explícito su disgusto con los empresarios del país, acusándolos de enriquecerse a costa de la población colombiana o de torpedear la vida nacional, básicamente.
Los gremios, aunque con un tono más moderado, han respondido a los ataques. En congresos anuales de organizaciones empresariales, el público ha aplaudido y ovacionado declaraciones hostiles (en el mejor de los casos). Algunos de estos eventos han pasado de ser eventos para hablar de sectores de la economía a una suerte de ring de boxeo verbal contra la administración Petro.
Todos ponen, o han puesto, en este cruce de palabras que ha convertido el discurrir nacional en una cámara de gritos, acusaciones y, en esencia, una suerte de patio escolar en donde, esta vez, todos pierden.
Si hemos de seguir el camino que traza García Villegas con su libro, lo que vemos es que la ruta emocional de los últimos tres años en Colombia nos ha llevado, de cierta forma, al punto en donde estamos: un estado en el que nadie le cree a nadie, en el que la palabra confianza se volvió sinónimo de incertidumbre; el absurdo hecho país, quizá.
La confrontación es evidente. En medio del repudio por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, el sector privado ha pedido bajarles el tono a los discursos y que se promueva el respeto en el diálogo nacional.
El llamado del sector empresarial
El Consejo Gremial Nacional pidió a las autoridades reforzar las medidas de protección a los aspirantes presidenciales. La asociación, que reúne a más de 30 gremios de distintos sectores, condenó los discursos violentos que, sostiene, ha promovido el presidente Gustavo Petro, alimentando un clima de intolerancia y división.
Aliadas, conformada por asociaciones y gremios colombianos, dijo que el hecho no solo atenta contra el precandidato, sino que “hiere profundamente los principios fundamentales de nuestra democracia: el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y a la participación política libre y segura”.
Para el Consejo Gremial, es necesario que quienes ostentan responsabilidades de liderazgo político, actúen con responsabilidad, promuevan el respeto y contribuyan a preservar el equilibrio democrático y la convivencia pacífica.
En esa misma línea, Aliadas aseguró que el atentado contra el precandidato y senador del Centro Democrático es resultado de los discursos de odio, polarización y de la imposición de ideas: “Es el regreso a la violencia política, incitada por mensajes incendiarios que destruyen la diversidad y satanizan la diferencia de opiniones”.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dijo que ha pedido “la paz de las palabras” para evitar volver a la violencia. “El cultivo de odio es la construcción del terreno perfecto para poder llevar a nuestra sociedad a esto”. El gremio reafirmó que es urgente unirnos como sociedad para poner fin a la violencia y que parecen las voces que la alimentan.
Estas son solo tres de las decenas de pronunciamientos de gremios de todos los sectores que han condenado el hecho y, a fin de cuentas, han hecho un llamado a la reflexión nacional: pensar en las consecuencias de los ataques diarios.
Algunos funcionarios del gobierno también se han pronunciado en ese sentido. Laura Sarabia, canciller, habló de la importancia de erradicar el odio desde el lenguaje, de desescalar el discurso. “Es un fracaso del Gobierno, del Estado”, dijo el presidente Gustavo Petro en una alocución de 40 minutos en la noche del sábado.
De palabras y consecuencias
Más allá del escenario político o el nefasto atentado de este fin de semana contra Uribe Turbay, la gritería nacional ha generado consecuencias adversas en el terreno económico.
Al margen de los indicadores y la suma macro de acciones, la economía bien puede verse como sumas y restas de un universo de decisiones individuales y colectivas: compro casa, me endeudo en mi negocio, gasto en un televisor nuevo, pido un crédito de libre inversión… Y en la mitad de todo este andamiaje flotan percepciones e ideas sobre cómo van las cosas. La confianza del consumidor y las empresas, podría decirse.
Es por esta vía que se puede llegar a ciertas paradojas: una economía que puede tener indicadores interesantes y hasta saludables en términos de PIB y desempleo, pero que a la vez alberga malas calificaciones en el sentir de hacia dónde creen las personas y las empresas que van las cosas: qué tan bien o mal estará el panorama en seis o 12 meses.
Hay una razón esencial por la que se habla de confianza inversionista, de seguridad jurídica, de solidez institucional: las jarcias y mástiles del barco operan mejor cuando hay una cierta sensación de que navegamos con un rumbo medianamente fijo y certero, incluso cuando las aguas son turbulentas y el armazón cruje ante presiones externas.
El toma y dame de acusaciones y desconfianza mutua entre el Gobierno y las empresas en general ha erosionado estos asuntos. Y las consecuencias es más incertidumbre, tanto en el terreno nacional, como en el frente exterior, en la forma como nos miden inversionistas y analistas.
Este asunto va más allá de “qué vergüenza con la visita”, pues tiene el potencial de pegarle a cosas como inversión extranjera, pero también al costo de la deuda que el país adquiere y su peso sobre las finanzas nacionales.
En el terreno nacional, en medio de afugias y presiones fiscales, el Gobierno ha intentado pedir la ayuda del sector privado para echar para adelante algunas iniciativas, reactivar ciertos sectores de la economía. Y la ha recibido aquí y allá. Pero en otras instancias, la negativa ha sido rotunda. “Con los problemas de presupuesto que tenemos, todos deberíamos hacer un esfuerzo, no sólo el Gobierno, sino las empresas también. Pero con qué cara pedimos ayuda después de decirles que son unos especuladores y unos aprovechados”, contaba en su momento un funcionario sobre las negociaciones por pagos atrasados de subsidios a empresas de energía.
Los recientes hechos de violencia son también un recordatorio de la gravedad de la violencia que predomina en la conversación pública. De ahí que la petición del sector privado es a cuidar las palabras, frenar los ataques y pensar otras formas de dar los debates que el país necesita.
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