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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es una emergencia económica? ¿Por qué el país comenzó a hablar de ella en el pasado diciembre? ¿Qué tiene que ver con la hundida reforma tributaria? ¿Y con el presupuesto de 2026? Ahora, ¿por qué la Corte Constitucional entró también al debate? Para entender por qué hay tantos protagonistas y el por qué es un tema que nos toca a todos y todas, escribimos este boletín que, como cada ocho días, les recomendamos leer hasta el final y, si buscan profundizar en alguna de las aristas, entrar a cada enlace que dejaremos a continuación. Comencemos.
Vayamos a octubre del año pasado. El Presupuesto General de la Nación, ya aprobado para 2026, ascendía a $546,9 billones. Pero un dato de ese monto generaba discusiones financieras en el país. ¿Por qué? “El proyecto aprobado contempla la necesidad de recursos adicionales por $16,3 billones, que serán gestionados a través de la Ley de Financiamiento, que el ministerio de Hacienda radicó y presentó hace unos meses”, informaba el Ejecutivo el 16 de octubre. Efectivamente estaba haciendo su tránsito en el Legislativo, pero el 12 de diciembre dicha reforma tributaria no iba por buen curso y el mismo Gustavo Petro advertía que si dicha propuesta no pasaba, consideraría decretar una emergencia económica.
Ahí fue cuando dicho escenario empezó a sonar. Pero ¿qué es una emergencia económica? Vayamos a la respuesta del mismo ministerio de Hacienda: Una emergencia económica se da en el marco de un Estado de emergencia, que es cuando se presentan hechos que perturben o amenacen con perturbar de forma grave e inminente el orden económico y social, o que constituyan una calamidad pública. Con esta declaratoria, el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede emitir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a resolver la crisis que se ha presentado, así como impedir la extensión de sus efectos. Durante ese periodo, el presidente puede declarar Estado de emergencia por períodos de hasta 30 días, que sumados no pueden exceder los 90 días en el año.
Y el 9 de diciembre de 2025 sucedió lo que muchos analistas advirtieron y nos contó Santiago la Rotta, editor de Economía de El Espectador: “La ley de financiamiento del Gobierno se hundió en el Congreso y dejó un vacío de COP 16,3 billones en el presupuesto de 2026”.
Entonces, bajo ese nuevo escenario, ¿qué se venía?:
Economía
Los caminos para financiar el presupuesto 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria
Economía
Gobierno se alista para decretar la emergencia económica por falta de recursos
Economía
¿Por qué el Gobierno decretará una emergencia económica y con qué nuevos impuestos vendría?
Economía
“No se cumplen los requisitos legales para declarar una emergencia económica”: ANDI
¿Cuándo en Colombia se ha declarado una emergencia económica? Eso fue en tiempos de pandemia, durante la administración de Iván Duque, porque precisamente el mundo estaba viviendo una “calamidad pública” y Colombia no fue ajena a ello. Se tenía que atender en ese instante, con recursos, con plata, una emergencia de salud evidente y no existía el tiempo necesario para pasar por el Congreso y sus aprobaciones. La Constitución lo permite. Pero, volvamos a 2025. En este caso, ya en administración Petro, el Gobierno contemplaba esa alternativa como un camino cierto para conseguir los 16,3 billones de pesos que no consiguió en la Ley de financiamiento.
Sin embargo, muchos técnicos entregaron argumentos del por qué el país no estaba viviendo a finales del año pasado una situación tal como para hacer dicha declaratoria, entre ellos estaban diferentes analistas, empresarios y líderes gremiales: “Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que para cubrir su déficit pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal”, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. “El respeto por la Constitución y el Estado de Derecho exige que las medidas excepcionales se adopten únicamente cuando las condiciones constitucionales se cumplen, lo cual aquí no ocurre”, advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. “Es realmente preocupante que el Gobierno esté acudiendo a estos mecanismos para tratar de solventar hechos que tienen que ver mucho más con un gasto que está desbordado”, apuntó Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).
Aunque todavía no era oficial la declaratoria de emergencia económica, ya se conocía un borrador, y que así describieron los colegas de la redacción de Política: “gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del ya polémico 4 por 1.000 a un 5 por 1.000 en 2026. También habría aumentos en el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillos y vapeadores. Cambios en el impuesto al patrimonio: bajaría el umbral para tener que pagar ese tributo (ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentaría las tarifas. Pero, además, el Gobierno aplicaría este tributo para las empresas, con tarifas que van hasta el 1 %”.
También congresistas y otros políticos iban reaccionando a la noticia: “La emergencia económica no puede ser el atajo de este gobierno para corregir su pésima gestión”, cuestionó desde la Alianza Verde la senadora Angélica Lozano. Katherine Miranda, del mismo partido, dijo que se trataba de un “abuso” y que se leía como una especie de reforma tributaria por decreto. El senador Ciro Ramírez, escribió: “Petro le va a poner más impuestos mientras todos están de vacaciones”. Y el mismo Petro le respondió: “Pero a usted Ciro y a sus megaricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”. Para ese instante todo era especulación, pues no se había firmado ningún documento por parte del primer mandatario.
Entonces, entre el 20 y el 22 de diciembre…:
Economía
Las cinco claves que debe saber de la emergencia económica que decretará el Gobierno Petro
Política
Ministro Benedetti asegura que ya se firmó el decreto que declara la emergencia económica
Economía
Al Gobierno solo le resta el camino del recorte del gasto: Contraloría General
Economía
Gobierno Petro decretó emergencia económica para recaudar COP 16 billones en impuestos
“Tal como lo había anunciado el Ministerio de Hacienda, este lunes 22 de diciembre, el Gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica (decreto 1390 de 2025). Con el estado de excepción, esta administración busca imponer, vía decreto, nuevos impuestos para recaudar los COP 16,3 billones que faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, según dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante una rueda de prensa el pasado viernes”, escribieron los colegas de la redacción de Economía de El Espectador.
Y aunque todas las críticas le llovieron al Gobierno porque, de acuerdo con los analistas no existen “hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico” del país, el mismo ministro de Hacienda, Ávila, aseguró que sí existen, pues en medio de la desfinanciación del presupuesto, no cuentan con los recursos para el sector salud y pone en riesgo los pagos de subsidios de energía, vigencias futuras y sentencias judiciales. Y agregó que a esta coyuntura se ha sumado una “seria situación de seguridad nacional”, por los ataques recientes a la fuerza pública y el uso de drones, por parte de organizaciones criminales, para afectar la infraestructura de las Fuerzas Militares. Otra cosa piensan, una vez más, analistas que aparecen citados en este texto y que han advertido que la desfinanciación del presupuesto “no es un hecho sobreviniente”.
Como la salud era uno de los renglones que aparecían en la argumentación del Ejecutivo, la redacción de Salud de El Espectador nos explicó detalladamente a qué se referían y este es un adelanto, pero el texto completo aparece aquí: “La necesidad de cerrar la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y la del contributivo aparece como uno de los puntos del decreto de la emergencia económica. Según el Gobierno, la equiparación al 95% implicará un aumento importante del gasto público y requerirá fuentes adicionales de financiación”.
Entre todos los análisis, incluidos los de constitucionalistas, llegaba uno con datos: “No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional. Los COP 16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215”, escribió Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, el tanque de pensamiento.
Como era de esperarse y sucede siempre que unos defienden una postura mientras otros argumentan en contravía, en este caso los gobiernos van por un camino y los críticos en su contra, pues el mismo ministro de Hacienda tenía la tarea de salir a explicar la decisión del Ejecutivo:
Economía
El ruido del 5×1.000: Minhacienda desmiente ajustes al impuesto con emergencia económica
Economía
¿Por qué estamos en emergencia económica? Seguridad, subsidios y otras razones del Gobierno
Economía
Las justificaciones de la emergencia económica de Petro: ¿alcanza el pelo para la moña?
Judicial
Emergencia económica: Corte Constitucional no revisará de manera extraordinaria el decreto
Por ley, “todos los decretos expedidos bajo la emergencia económica tendrán revisión automática de la Corte Constitucional”, escribía uno de los colegas de la redacción, pero en este caso y por la fecha en la que todo esto pasó, cuando la rama judicial ya estaba en periodo de vacancia, se supo que el alto tribunal haría su respectivo trabajo hasta el 2026 y no en sesiones extraordinarias, como se había especulado.
¿Cuáles eran los nuevos impuestos que decretaba Gustavo Petro de la mano del ministro de Hacienda? Estos fueron los primeros que se conocieron:
- Cambios en el impuesto al patrimonio: bajará el umbral para tener que pagar ese tributo (incrementando el número de contribuyentes, ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentarán las tarifas. Este ajuste aumentaría el recaudo en COP 1,7 billones en 2026.
- Sobretasa de 15 % al sector financiero (actualmente es 5 %), llevando el impuesto de renta al 50 %. Minhacienda estima un recaudo de COP 1,2 billones en 2026.
- Normalización de patrimonios con tarifa de 19 %. Esta medida se aplicó en 2019, 2020 y 2022. Se estima un recaudo de COP 613.600 millones.
Apareció entonces el expresidente Álvaro Uribe y dijo que acudirían a una tutela para frenar la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Entretanto, el presidente del Senado, Lidio García, advertía que se vendría en la sesión del 26 de diciembre, en las plenaria, comenzarían un debate de control político con dicha emergencia económica como protagonista, pero el ministro del Interior respondió: “El Congreso solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etcétera). Entonces, no se podría sesionar de forma válida por Zoom. El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno y sus ministros estarán dispuestos a asistir a las citaciones que el Congreso decida”, dijo. Y tal cual como está el país, dividido, así también estaban las cabezas del Congreso: El presidente del Senado, Lidio García, no respaldaba la emergencia económica. El presidente de la Cámara, Julián López, sí le daba su apoyo.
“El 23 de diciembre pasado, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunieron virtualmente y de manera extraordinaria para discutir qué hacer frente al recién expedido decreto del gobierno. En ese momento, consideraron que, aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no podían hacer nada hasta que terminara la vacancia”: Redacción
Pero más allá de los dedos acusadores, había para ese instante varias realidades ciertas: la ley de financiamiento se había caído, el Gobierno quedaba con un hueco de recursos, ante el análisis de muchos expertos Colombia no estaba (está, todavía) viviendo una coyuntura como la de la pandemia y entre las alternativas, la tarea del Ejecutivo era apretar su cinturón y hacer un recorte de esos COP 16,3 billones. Desde tiempos de debate del Presupuesto General de la Nación, el gobierno tenía presupuestado más de lo que tenía aprobado. Eso es como si uno, en la casa, proyecta un presupuesto de COP 10 millones, pero los gastos y costos de la casa suman COP 11,3 millones. Pues no me alcanza. Me toca hacer un recorte.
El 26 de diciembre, cuando ya muchas personas estaban de vacaciones, miles esperaban el resultado de las negociaciones del salario mínimo y millones seguían enfocados en su quehacer diario, sucedieron muchas cosas:
Política
Plenaria del Senado aprobó control político a ministros de Petro por emergencia económica
Conflicto
Más allá de lo fiscal: las razones de seguridad del Gobierno para el decreto de emergencia
Política
Estas son las 22 preguntas que el Gobierno debe responder por la emergencia económica
Política
Emergencia económica derivó en pulso de Gobierno y Congreso con constituyente de por medio
Un tema fundamental entró también a debate: “El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, sostiene que los hechos de violencia y las amenazas contra actores sociales y políticos “inciden directamente en el normal funcionamiento de la economía””. Entonces, para no dejar este asunto solamente en cifras solas y sin contexto, la Redacción Colombia +20 contó todas las razones de seguridad para justificar la emergencia. Este es un adelanto de ese contenido: “Aunque el texto no menciona hechos concretos ni tecnologías específicas, la inclusión de atentados y alteraciones del orden público como razones formales de la emergencia se da en una coyuntura marcada por ataques recientes en varias regiones del país, entre ellos el atentado con drones en Aguachica (Cesar), atribuido al ELN, que llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar la urgencia manifiesta para la compra de sistemas antidrones. Desde la perspectiva del decreto, estas condiciones de seguridad hacen parte de una crisis integral que justifica la activación de facultades extraordinarias”.
La oferta de argumentos, de lado y lado, por esta declaratoria de emergencia económica, no se detenía. El 29 de diciembre fue el mismo Petro el que hizo una alocución para defender precisamente su decisión y, además, para anunciar el aumento del salario mínimo, que fue de más del 23 %, lo que abrió una nueva ventana de críticas, tanto positivas como negativas, a esa decisión.
El 30 de diciembre de 2025 el Gobierno anunció cambios en IVA para licores, tabaco y otros impuestos, como cambios en el IVA con un 19 % para juegos de suerte y azar en línea; aumentar del 16 al 19 % el impuesto al consumo para productos de lujo, “reducir exclusión de impuestos para importaciones de bajo valor que se realizan por plataformas, ahora solo aplicará para las menores de US$ 50, antes para las menores de US$ 200”, “impuesto de 1 % a la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación”, “no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector de petróleo y carbón, una medida que estaba en la tributaria de 2022, pero que tumbó la Corte Constitucional. Generaría recaudo de COP 3 billones adicionales” y “alivios tributarios para que los deudores se pongan al día con la DIAN”. Entre esos anuncios también se informó desde el ministerio de Hacienda “que el Gobierno publicará un decreto para nacionalizar el ahorro de los fondos de pensión”, contó Karen Vanessa Quintero Martínez.
El decreto final, firmado, se conoció el 31 de diciembre y allí se contemplaban 11 medidas, entre impuestos nuevos o modificaciones a algunos ya existentes, como el de patrimonio. También se supo que buscaba recaudar COP 11 billones:
Economía
Ya hay decreto: esta es la lista de los nuevos impuestos de la emergencia económica
Política
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Salud
Petro defiende nuevos impuestos al alcohol por la salud, pero está olvidando algo importante
Judicial
Niegan tutela interpuesta por congresistas contra decreto de emergencia económica de Petro
Comenzó el 2026 y con él el cobro de los nuevos impuestos cobijados en el decreto de la emergencia económica. Los primeros días del año se enfocaron en la discusión del salario mínimo, que también ha sido otra conversación con tanto de ancho como de alto. Solo hasta el 13 de enero de 2026, como nos contó la redacción Judicial, se supo que Carlos Camargo Assis sería “el magistrado de la Corte Constitucional encargado de liderar la revisión del decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica. En la mañana de este martes, la Sala Plena del alto tribunal se reunió de manera extraordinaria para avanzar con el estudio del caso”.
Y también se supo ese día que al “magistrado Juan Carlos Cortés le correspondió la revisión del decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025. En ese documento, el gobierno adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025””.
Ese mismo día se supo que, respecto al control político a ministros por emergencia económica, ante la falta de respuesta de los altos funcionarios, el senador Carlos Motoa, que es el mayor promotor del llamado envió una queja a la Procuraduría. Y el 14 de enero, el Consejo Gremial Nacional, después de muchas críticas, le pidió formalmente a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica: ““Consideramos que este decreto es manifiestamente inconstitucional, porque usa poderes de excepción para resolver problemas fiscales que no son ni extraordinarios ni imprevistos, sino estructurales y conocidos. Se recurre a la emergencia luego de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento, lo que implica una sustitución del debate democrático, especialmente en materia tributaria”.
Lo que se vino, entonces, fue que la Corte Constitucional pidió pruebas y conceptos para estudiar decreto de emergencia económica y, justo después, varios gobernadores se rebelaron en contra de dicha emergencia argumentando que afectaba directamente los ingresos departamentales y los conducía al gobierno central, con un agravante: que los precios de las bebidas alcohólicas y del tabaco subirían, lo que dispararía el contrabando, afectando los recursos que se destinan a la salud a nivel nacional:
Política
Estalla pelea entre Gobierno y regiones: 17 departamentos frenarán emergencia económica
Judicial
El orden constitucional lo hacemos valer: gobierno anuncia medidas contra gobernadores
Economía
¿Por qué el Gobierno insiste en subirles los impuestos a los licores y al tabaco?
Política
“Es abiertamente inconstitucional”: gobernadora Toro sobre emergencia económica de Petro
Dos extremos, como ha sucedido en los últimos años, se vivían en esta coyuntura: el Ejecutivo argumentando su decisión en un lado mientras en el otro los gremios, analistas y, en general, críticos de muchas de las decisiones de la administración Petro. Por ejemplo, pese a esas críticas, el Minsalud justifica nuevos impuestos al alcohol.
En diálogo con El Espectador, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aseguró que está en desacuerdo “con que se haya utilizado la palabra ‘rebelión’” para la respuesta de los gobernadores sobre los impuestos al tabaco y al licor. Indicó que no se trata de “una disputa política” y afirmó estar presta a lograr “fórmulas de acuerdo y de acción” con el Ministerio de Hacienda, escribía María José Barrios Figueroa, de la redacción Política de El Espectador.
Mientras los reflectores iluminaban la disputa entre los mandatarios departamentales y el gobierno nacional, la Corte comenzaba sus análisis técnicos. El 19 de enero, en Consejo de Ministros, el Ejecutivo volvió a argumentar el por qué era necesaria la emergencia. Petro habló del déficit fiscal primario, del superávit primario, de cuando los ingresos del Estado crecen, pero más lento que los gastos inflexibles; del salario mínimo vital, de la inflación, de la gasolina, de la pandemia y de todas las deudas heredades de la administración Duque.
Para el 20 de enero, ya era hora de hacer cuentas: La DIAN reportaba un recaudo de COP 237.000 millones producto del decreto de emergencia. Las cifras alentaban al Gobierno a prorrogar la emergencia económica tras esos primeros ingresos. El 21 de enero se anunciaba que el Senado retomará el control político a gobierno Petro por este asunto. Sobre el debate jurídico, la presidencia de la República recusaba al magistrado Ibáñez en la discusión sobre esta emergencia económica
El 23 de enero se supo que la ponencia en la Corte Constitucional buscaba suspender la emergencia económica. Ya se veía la sombra de lo que se venía. “Son unos politiqueros”, respondió el Gobierno. El 26, otra vez el Consejo Gremial Nacional, pedía a la Corte tumbar el decreto. Los empresarios argumentaban que la ministra encargada de Ambiente firmó el decreto siendo funcionara encargada sin que existiera una prórroga para ello al momento de la firma.
Y así llegamos a la noticia que agitó no solo el ambiente político sino económico del país:
Judicial
Corte Constitucional suspende la emergencia económica de Petro
Política
“No había condiciones”: sectores políticos reaccionan a suspensión de emergencia económica
Economía
Gremios y expertos respaldan decisión de la Corte frente a decreto de emergencia
Economía
Lo que viene para los impuestos de la emergencia económica tras la suspensión de la Corte
“La Sala Plena del alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto con el cual el gobierno Petro declaró el estado de emergencia económica en el país”, informaron los colegas de la redacción Judicial. “Seis magistrados consideraron que suspender provisionalmente el decreto era lo correcto para que sus efectos cesaran hasta que resolvieran de fondo el caso en el que se estudia la validez del decreto”, agregaron. Se sabe, entonces, que el alto tribunal seguirá con el estudio del decreto para que, en los próximos meses, tome una decisión de fondo sobre el tema.
Varias cosas con la decisión de la Corte: el decreto que subía impuestos en emergencia económica tampoco tendrá efectos por ahora. “En pausa quedan la contribución parafiscal para apoyar a Air-e y los beneficios tributarios y de normalización de patrimonios, por los que la DIAN ya había reportado un recaudo de COP 1,2 billones”, nos contó la redacción de Economía.
¿Qué dicen los expertos en materia constitucional de la decisión de la Corte? “Para algunos de ellos, la medida cambia las dinámicas del control constitucional en el país y es vital para el avance jurídico de Colombia. Para otros, no es clara la validez de lo hecho por el alto tribunal”, escribió Jhordan C. Rodríguez. El análisis completo aparece en este enlace. El mismo reportero nos contó que aunque Carlos Camargo es el ponente del caso, su propuesta fue modificada drásticamente por los demás magistrados.
Se sabe que se alcanzaron a recaudar “COP 1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos”, “COP 23.800 millones por el llamado “impuesto de estabilidad fiscal””, “COP 1.200 millones por el cobro de 14 puntos adicionales de IVA a la importación de licores”. La decisión, entonces, obligó al primer mandatario a tomar una decisión que, incluso, muchos creían que era la necesaria antes de llamar a una emergencia económica: un recorte presupuestal por COP 16 billones. Ya lo había advertido la Contraloría: Al Gobierno solo le resta el camino del recorte del gasto.
¿Qué viene? “Es en este nuevo escenario, sin tributaria y con la emergencia económica suspendida, el presidente Petro aseguró que vendrá un recorte. El mandatario, en línea con el comunicado de Minhacienda, anticipó que el ajuste no se hará en la inversión social ni en seguridad y defensa. También dijo que el Gobierno debe buscar la deuda más barata y puso sobre la mesa una posible subida de aranceles que, explicó, “debe ir hacia sectores de la agroindustria alimentaria y aparatos domésticos que no hagan parte de la canasta familiar””, contaron los colegas de Economía.
Si se pudiera hacer una comparación usando una figura literal, con cuentagotas es que hemos llegado a esta situación de crisis con fondo fiscal, por supuesto económico. “Mientras el Ejecutivo culpa al Congreso y a la Corte Constitucional, los expertos sostienen que el desbalance entre los ingresos y los gastos comenzó a gestarse en 2023, estalló en 2024 y ha seguido ardiendo hasta nuestros días”, escribieron aren Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta.
Aquí la voz de un experto que además hizo parte de esta administración: “El deterioro de las cuentas fiscales del país se explica, según José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de este Gobierno y profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, por el aumento en el gasto público y por un ejercicio “deficiente de presupuestación de ingresos” en 2024 y 2025. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el exministro destacó que los niveles actuales de gasto primario, cercanos al 24 % del PIB, superan incluso los registrados en la pandemia. De ahí que aumentaron las necesidades de financiamiento e incluso fue necesario suspender la regla fiscal”.
Cierro este boletín con un texto que escribió María José Medellín Cano y que, en mi consideración, analiza lo que pasó y deja abierta la puerta de lo que se viene: “Mientras el Gobierno empezaba a recaudar nuevos impuestos, la Corte tomó una decisión inesperada e histórica: suspendió la emergencia económica, puso en pausa medidas clave y desató un pulso político y fiscal. El fallo cambió el tablero y dejó al país a la espera de una definición de fondo, con una coyuntura caliente por las próximas elecciones legislativas y presidenciales”.
Seguiremos atentos, desde toda la redacción y sus diferentes secciones, de todo lo que suceda con la emergencia económica en este enlace y se los contaremos minuto a minuto.
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com
Por Edwin Bohórquez Aya
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