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El negocio de las telecomunicaciones en Colombia podría experimentar un cambio significativo si se concreta la propuesta de fusión entre Tigo y Movistar. Detrás de la eventual transacción está Millicom, reconocida multinacional que ha manifestado su intención de pagar cientos de millones de dólares a la nación con tal de quedarse con el pleno control de las compañías.
Más allá del peso económico que representa esta operación —tema ya analizado en El Espectador—, existen implicaciones relevantes tanto para los usuarios de servicios de telecomunicaciones (como telefonía, datos, internet fijo y televisión), como para las empresas que participan en este mercado.
Para entender mejor el panorama, es clave tener en cuenta que Claro es el competidor dominante en Colombia, al concentrar más del 50 % de los usuarios de servicios móviles. Le siguen Movistar y Tigo, que en conjunto reúnen cerca del 40 %, mientras que WOM tiene una participación del 8 % y los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) representan el 2 % restante.
La decisión no es sencilla. Si se concreta la fusión entre Tigo y Movistar, el mercado quedaría altamente concentrado, con el 90 % de los usuarios en manos de solo dos operadores. Para muchos expertos, en la práctica esto ya configura un duopolio, el cual, sin regulación adecuada, tendría consecuencias negativas: los consumidores enfrentarían aumentos en los precios y una disminución en la calidad del servicio, debido a la falta de competencia que desincentivaría nuevas inversiones.
También hay quienes creen que aprobar la fusión podría ser conveniente, ya que resultaría en un operador capaz de competir con Claro y amenazar con arrebatarle esa dominancia en el mercado, a la par de que permanezcan los otros operadores que, aunque más pequeños, podrían hacer un contrapeso con ofertas atractivas que, poco a poco, los lleve a ir ganando una mayor cuota de mercado (aunque el caso de WOM parece ser especial, porque en la práctica comparte el peso de las inversiones en espectro e infraestucura que tienen los más grandes, pero con los ingresos de los más pequeños).
La responsabilidad de esta decisión está en las manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad liderada por Cielo Rusinque. En entrevista con El Espectador, la superintendente explicó que se continúa analizando la propuesta, para la cual, según la ley, tienen hasta mediados de agosto para llegar a una decisión —con la posibilidad de aplicar una prórroga de hasta por tres meses—.
Rusinque explica que sea cual sea la decisión que tome su despacho, esta se basará en el respeto a la libre competencia, buscando preservar el mercado ante los efectos negativos que puedan amenazar a los consumidores y a los diferentes actores del mercado.
Señala que este ha sido un proceso que ha implicado un análisis profundo, para el cual se ha manejado un alto volumen de información, ya que se está evaluando el impacto que pudiera tener esta medida en más de 20 mercados relevantes. Resalta que el ejercicio se ha hecho con rigor, mezclando los conocimientos de una planta interdisciplinaria conformada por economistas y abogados, entre otros perfiles afines.
A su escritorio también han llegado conceptos técnicos de otras entidades influyentes en la materia, como lo es la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de las TIC —El Espectador pudo acceder y analizar estos documentos—; así como de otros operadores y demás competidores que pudieran verse afectados por esta medida.
Ante la solicitud de integración la SIC tiene tres opciones: aprobar, rechazar o aprobar con condicionamientos —es decir, con reglas de juego que propendan, principalmente, por la defensa de la libre competencia y el bienestar de los usuarios—.
“Con absoluta tranquilidad pueden estar seguros de que estamos cumpliendo con las etapas que comprenden las operaciones de esta envergadura y que estamos enfocados en tomar la mejor decisión para los consumidores y evidentemente en beneficio de unas condiciones sanas del mercado ideales para todos los agentes intervinientes”, señaló Rusinque.
Las alertas
Al estudiar el concepto técnico que dio la CRC se encuentra que, en términos generales, la integración entre Tigo y Movistar no genera riesgos significativos en los mercados, a pesar de los altos niveles de concentración anteriormente explicados.
Esto no necesariamente se traduce en un concepto favorable, pues la CRC también describe una serie de temas en los que, a su juicio, la SIC debe tener un especial cuidado.
Fueron al menos 14 puntos en los que se enfocó el concepto técnico de la CRC. De este análisis se destaca que no solo se tuvo en cuenta actores evidentes como los operadores y los usuarios, sino a toda la cadena relacionada a este negocio, como las compañías de infraestructura pasiva, los ISP de acceso indirecto (empresas que ofrecen servicios de internet usando la red de otro operador) y las denominadas OTT (aplicaciones o servicios como Netflix, Google, Facebook…).
Si se clasifican estos 14 puntos con un sistema de semáforo, puede decirse que la CRC dio luz verde en ocho, luz roja en cuatro, y luz amarilla en dos, lo que significa que estos últimos no representan una alarma, pero sí ameritan una revisión especial.
La primera alerta que enciende la CRC es en el mercado mayorista de acceso y originación móvil, precisamente por la alta concentración que se genera. La advertencia se enfoca en la posible afectación que tendrían los OMVs (como Flash Mobile y Móvil Éxito, entre otros), pues en la actualidad solo Tigo y Movistar les prestan sus infraestructuras y redes. Claro no lo hace y WOM provee niveles de tráfico casi nulos en esta materia. Hay que aclarar que estos dos últimos están habilitados para prestar estos servicios.
“Esta situación restringe las opciones reales de acceso para terceros y genera riesgos de consolidación que podrían afectar negativamente las condiciones de competencia”, se lee en el concepto técnico de la CRC.
La segunda alerta es sobre los mercados asociados al servicio de internet fijo, pues la eventual integración marcaría una alta concentración en algunas zonas del país (principalmente donde se congrega la mayor parte de la población). Se pide una especial atención en este tema por ser este servicio clave para el cierre de la brecha digital (es necesario para el desarrollo de la nación). Se recomienda hacer simulaciones para anticipar posibles efectos sobre los precios, las participaciones de mercado y el bienestar de los consumidores.
La tercera alerta invita a poner la lupa sobre el mercado minorista de internet móvil, por tratarse de un segmento en expansión y con una alta concentración tras la integración. El problema es que no se pudo hacer una simulación juiciosa en este componente porque la demanda resultó ser inelástica (los usuarios no reducen mucho el consumo si suben los precios, bien sea porque estos son muy bajos o porque un operador goza de una alta participación).
La cuarta alerta de la CRC, tiene como protagonista a los servicios móviles, en donde, como ya se dijo, hay un operador que es dominante. Se pide a la SIC hacer evaluaciones sobre los resultados que esto tendría sobre los precios, las participaciones de mercado y el bienestar de los consumidores.
Otros conceptos que han llegado a la superintendencia, como el del Mintic, también advierten sobre el riesgo de que en un mercado tan concentrado se generen “efectos coordinados”. Esto quiere decir que las empresas que se mantengan activas encuentren condiciones para alinear sus estrategias comerciales (que entre ellas se pongan de acuerdo para que el negocio les sea favorable), lo cual atenta contra la presión competitiva y, al final, en precios sustancialmente más altos para los usuarios y falta de motivaciones para mejorar o mantener la calidad en el servicio.
Las oportunidades
Fuentes consultadas por este medio, quienes solicitaron no ser referenciadas, señalan que esta integración puede traer grandes beneficios para el país.
En primer lugar porque, al consolidarse un segundo gran operador, el deseo por convertirse en el líder haría que se incremente la competencia con Claro, lo que redundaría en mejores precios y considerables inversiones.
También señalan que Colombia no es un mercado tan grande como para absorber un gran número de actores, es decir, que con dos o tres podrían generarse esas dinámicas competitivas que se busca en la regulación de mercado.
Concluyen en que la SIC debería aprovechar esta oportunidad para establecer medidas que fomenten la competencia más allá del mercado móvil, pues otros sectores, como el de los ISP enfrentan desequilibrios al no poder empaquetar servicios (como sí lo hacen Claro o Movistar). “En este momento sería fundamental prohibir para todos los móviles si se quiere o al menos para el dominante el empaquetamiento de servicios fijos y móviles”, dijo una de las fuentes consultadas.
Al finalizar la entrevista, Rusinque resaltó que la SIC no es todopoderosa, y que la solución a muchos de los malestares que hoy tiene el mercado de las telecomunicaciones se salen de sus competencias. Aprovechó para hacer un llamado al trabajo articulado con otras autoridades comprometiéndose a que, desde su lado, se hará un análisis riguroso que derive en beneficio de los usuarios y de la libre competencia.
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