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Cero y van cuatro: el interventor de Air-e, Nelson Javier Vásquez, presentó su renuncia al cargo al frente de la reestructuración de una empresa de energía que, según voces de los gremios, sigue cavando un hueco cada vez más hondo.
La empresa está intervenida hace 17 meses. De acuerdo con cálculos del Gobierno, la empresa necesita en este punto casi COP 5,5 billones para sanear sus cuentas actuales y poder asumir el flujo de caja que requiere en un horizonte superior a un año. En otras palabras, este dinero se requiere para saldar deudas y para hacer inversiones mínimas indispensables.
Air-e es el prestador de electricidad para Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Vásquez es el cuarto interventor consecutivo. Por esta silla caliente ya pasaron el propio ministro de Minas, Edwin Palma, Carlos Diago y Diana Bustamente.
Las medidas para sobreaguar la crisis de Air-e
La situación de Air-e es de tal calibre que el Gobierno impuso un impuesto bajo el amparo de la emergencia económica para intentar solventar los problemas financiero de la compañía.
El decreto 0044 del 21 de enero de 2026 creó una contribución parafiscal para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. La contribución es del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos en la vigencia 2025 y la tendrán que pagar las empresas de servicios públicos que desarrollen actividades de generación de energía. El pago se hará en dos partes: la mitad el 2 de febrero y la otra mitad el 15 de mayo.
La medida también incluye una “contraprestación tributaria en energía”: las empresas de servicios públicos que generan energía hidráulica deben aportar, en especie, el 12 % de la energía vendida en bolsa para que se distribuya entre las empresas intervenidas. El decreto es claro en que el aporte no puede tener efectos en la tarifa ni en la formación de precios del mercado. A cambio del aporte, habrá un descuento en el impuesto de renta.
Esta no es la primera medida del Gobierno para enfrentar la crisis de la empresa que presta servicio en el Caribe: a principios de este mes se conoció un borrador de resolución con el que el Gobierno busca que los usuarios paguen COP 8 adicionales por kilovatio en las facturas para financiar parte de la deuda de Air-e.
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