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Aunque del salario mínimo dependen directamente menos de 3 millones de trabajadores (cerca del 15 % de los ocupados en Colombia, según el DANE), el incremento de este indicador impacta a varios sectores de la economía: por eso la atención que se le presta a esta discusión.
Todos los años los representantes de los empleados (centrales obreras) se sientan con los de los empresarios (gremios) para determinar el alza, con el Ministerio del Trabajo como mediador de la discusión.
Se hace siempre en diciembre, pues es en este mes que se tienen las cifras más actualizadas para realizar el cálculo, en el que se emplean variables como la inflación, la productividad, el Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo y la informalidad.
¿Cómo se define el salario mínimo?
Lo que se busca, principalmente, es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, razón por la cual la cifra que se lleva a la mesa no puede salir del sombrero, sino que debe tener una fundamentación técnica.
Esto es importante, pues si se sube mucho las empresas pierden capacidad de contratación, o se corre el riesgo de que aumente la informalidad; pero si se sube poco el gasto de los hogares también se vería afectado, porque se reduciría la demanda de productos y servicios, aportando así al estancamiento de la economía.
A la mesa también se invitan otras entidades u organizaciones para que, con sus análisis y estudios, enriquezcan el debate. Tal es el caso del Departamento Administrativo de Estadística (DANE) y el Banco de la República.
Con todas estas cifras, cada una de las partes se sienta a revisar cuál sería un incremento razonable, el cual es presentado en la mesa y debatido con las otras partes. Este miércoles 11 de diciembre, según el calendario de la discusión, es la fecha en la que centrales obreras y agremiaciones empresariales deben llevar sus propuestas. De momento, según lo que han dicho algunos de quienes tienen asiento allí, las posiciones están muy polarizadas.
Según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, el incremento no debe ser menor a dos dígitos (la propuesta que llevaron a la mesa fue de 12 % y fue revelada este miércoes). Es decir, si el salario mínimo crece ese 12 %, el alza que veríamos para el próximo año sería de $156.000 (sin tener en cuenta el subsidio de transporte).
Para las agremiaciones empresariales, esta cifra es exagerada. Su propuesta, en cambio, buscará apegarse lo más que se pueda a la inflación, por lo que es muy probable que lleven a la mesa entre un 5% y 6 % (teniendo en cuenta que la inflación proyectada para el cierre de 2024 es de 5,2 %), es decir, entre $65.000 y $78.000 de aumento. En otras palabras, lo que hoy separaría a empresarios de trabajadores, para llegar a un acuerdo, serían cerca de $80.000.
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En la reunión de este miércoles, la Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) fue el único gremio empresarial que presentó una propuesta de aumento, de 5,2 %. O sea, apenas en línea con la inflación proyectada para final del año. Esto es descrito por algunos analistas como un alza en el salario que no resulta real, pues al final de cuenta no se le devuelve poder adquisitivo al trabajador, sino apenas se iguala con el costo de vida.
Argumentos para defender algunas de estas posiciones hay varios. Los sindicatos apelan a la necesidad de que Colombia necesita reactivar su economía, por lo que subir en esta medida los salarios permitirá aumentar el gasto y, por ende, las ventas de las empresas. De fondo, el argumento acá es que un aumento considerable, de dos dígitos, sería una medida para impulsar el consumo, que es uno de los principales motores de la economía y que bien podría darle un empujón a renglones como el comercio, que está pasando por una temporada tan difícil, como larga.
Los empresarios, por su parte, defienden que se debe velar por la cautela, precisamente porque la economía no se encuentra en un momento boyante, a lo que se suma que los costos de contratación subirán aún más con la eventual aprobación de la reforma laboral. El argumento de cautela también ha sido esgrimido del lado de analistas, que consideran que un aumento exagerado puede darle más oxígeno a la inflación, que sigue dos puntos porcentuales por encima de la meta del Banco de la República, que ha logrado contenerla mediante subidas en tasas de interés.
¿Qué viene para la negociación?
Lo que se espera para los próximos días es que las partes se sienten a discutir sus propuestas, con la esperanza de encontrar un punto medio que ambas consideren favorable. Para lograr esto tienen como primer plazo el 15 de diciembre (que este año cae en día domingo, por lo que es probable que un eventual acuerdo, o desacuerdo, se anuncie el viernes).
Si no se alcanza, la mesa tiene un segundo plazo, el 30 de diciembre. En ese escenario, lo que hace el Ministerio de Trabajo (como mediador de la discusión) es citar a reuniones extra, en las que se pueden dar bilaterales (empresarios – ministerio; trabajadores ministerio), o multilaterales (la comisión de concertación en pleno).
Si definitivamente no se llega a una concertación para esta última fecha, será el Gobierno quien tome la decisión del incremento, manifestando su voluntad en un decreto.
Hay un dato a tener en cuenta y es que en la última década tan sólo en cuatro años se ha logrado una concertación. En la mayoría de ocasiones el desacuerdo entre las partes ha obligado al presidente de la república de turno a tomar esa decisión.
Para este punto, con posiciones tan distantes (con una brecha de más de 6 puntos porcentuales), no pareciera tan probable una concertación. Aunque también es cierto que las primeras propuestas suelen ser casi que declaraciones sobre puntos máximos sobre los cuales comienzan a construirse consensos, cuando se logran alcanzar.
Los otros elementos de la mesa
El salario mínimo es un tema que le pega a muchos, más allá de si se gana directamente este ingreso. Cobros como los copagos al sistema de salud, el precio de la vivienda de interés social, ciertos trámites administrativos, así como el cálculo para las nuevas tarifas en los sistemas de transporte público dependen de lo que se acuerde en esta mesa.
Como la premisa de la comisión es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, en los últimos años se ha buscado avanzar en desamarrar más cobros del salario mínimo (la famosa desindexación). Hasta la fecha se han desvinculado 188 cobros, y se espera que este año se logre avanzar en otros vinculados al sector de vivienda.
Otra de las apuestas de la mesa, según lo manifestado por sus integrantes, es la de insistir en el mensaje al Banco de la República para que acelere la reducción de las tasas de interés, igualándolas al ritmo en el que viene cayendo la inflación. Con esto, aseguran, se favorecerá el dinamismo de la economía, lo que no solo favorecerá la capacidad de gasto de los trabajadores, si no también las inversiones y, por ende, la creación de nuevas plazas laborales.
En suma, lo que se decide en esta mesa tiene el potencial de impactar al grueso de los colombianos, así la mayoría de estos no devenguen directamente un salario mínimo.
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