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La celebración y defensa del aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 y, al mismo tiempo, el anuncio de los nuevos impuestos por la emergencia económica. En una rueda de prensa conjunta, Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, abordaron dos temas centrales para la economía nacional. Los dolorosos y los gozosos, aunque para los gremios económicos ambos son más lo primero que lo segundo.
Los empresarios y analistas han cuestionado duramente el aumento histórico que anunció el presidente Gustavo Petro en la noche del 29 de diciembre. La principal consideración es que este beneficio llegará a menos de 2,5 millones de trabajadores de los 24 millones que hay en el país (más de la mitad en la informalidad) y, en cambio, varios productos y servicios atados al salario mínimo subirán un 23 %. Por otro lado, la administración Petro objeta las teorías tradicionales que indican que un aumento tan alto en el salario puede afectar la inflación y el empleo. Su mejor argumento es que, pese a los incrementos de los últimos años, el desempleo sigue a la baja (para noviembre se ubicó en 7 % ) y la inflación ha cedido (aunque a noviembre se ubicó en 5,3 %, un dato por encima del cierre de 2024).
Ávila y Sanguino debatieron los argumentos que los analistas, exministros y gremios han puesto sobre la mesa tras el anuncio. Para “mitigar” aquellos impactos que sí reconocen, anunciaron una serie de medidas: desde la creación de un programa para evitar efectos negativos en las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta evaluar la desindexación del mínimo de otros ítems, incluyendo las viviendas de interés social. Según Sanguino, ya se han desligado de ese aumento 225 rubros.
Mientras la administración Petro defiende su decisión a capa y espada, también se alista para crear y modificar impuestos. El 22 de diciembre el Gobierno decretó emergencia económica, argumentando que la grave situación fiscal impide garantizar el “goce efectivo de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”. El decreto expone ocho situaciones que, a juicio del Gobierno, ameritan un estado de excepción, incluyendo la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, la orden de la Corte Constitucional de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado se equipare al 95 % de la del régimen contributivo, los pagos pendientes en subsidios de energía y la situación de seguridad.
El ministro Ávila anunció que los cambios en impuestos, con los que el Gobierno busca recaudar COP 11 billones, empezarán a aplicarse el 1° de enero de 2026 y durarán todo el año. Al cierre de esta edición todavía no se conocían los decretos. En la lista de medidas que anunció Ávila hay cambios en el impuesto al patrimonio, con un menor umbral (antes era de COP 3.600 millones, ahora tendrán que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y mayores tarifas; una sobretasa del 15 % para el sector financiero, llevando la tarifa del impuesto de renta al 50 %, y normalización de patrimonios con tarifa del 19 %.
El IVA para aguardiente, ron, whisky, brandy y otras bebidas con altos contenidos de alcohol pasará del 5 al 19 %; el Gobierno excluyó a la cerveza, “por el alto contenido social que tiene este producto”. El impuesto al consumo aumentará para licores y tabaco, así como para productos de lujo. El Gobierno también decidió reducir la exclusión de impuestos para las importaciones de bajo valor que se realizan por plataformas, conocidas como minimis: antes el beneficio aplicaba para las de USD 200, ahora solo para las de menos de USD 50.
Con la emergencia también se queda el IVA del 19 % para juegos de suerte y azar en línea, y el impuesto especial que grava la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación con una tarifa del 1 %. Ambas medidas se implementaron por esta vigencia fiscal en el marco de la conmoción interior por la emergencia en Catatumbo.
Además, el Gobierno busca revivir una medida que ya había implementado en la reforma tributaria de 2022, pero que se cayó en la Corte Constitucional: la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector de petróleo y carbón. El ministro de Hacienda defendió que en la construcción del decreto se atendieron las exigencias del alto tribunal. Ávila dice que la decisión se cayó por dos factores planteados en la sentencia: la diferenciación entre el pago en especie y en dinero, pues faltaba establecer una equivalencia, y la necesidad de una salvaguarda para un momento en el que cayeran los precios. “Las dos medidas fueron atendidas en la nueva propuesta”, aseguró.
Hacienda defiende que las medidas del Gobierno son progresivas. Por ejemplo, los cambios en el impuesto al patrimonio afectan al 0,8 % de los contribuyentes. El sector financiero, dijo el ministro, puede aportar más y, aunque la sobretasa llevaría la tarifa del impuesto de renta al 50 %, en realidad la tarifa efectiva sería del 24 % por las exenciones vigentes.
Como los COP 11 billones no son suficientes, esta administración está preparando medidas más allá de los nuevos impuestos. La cartera estudia otras decisiones para reducir gasto. Específicamente, el ministro Ávila se refirió al borrador de decreto que establece la eliminación de la prima de servicios, por COP 15 millones, para los congresistas. Además, confirmó que el Gobierno busca obligar a los fondos de pensiones a “traer al país las inversiones que han hecho en el extranjero”, cerca de COP 250 billones, para financiar proyectos de infraestructura. Desde octubre pasado, cuando se habló por primera vez del tema, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) advirtió que la medida afectaría el ahorro de 19 millones de trabajadores, pues la diversificación es vital para proteger los recursos y la política de inversión debe buscar la mayor rentabilidad.
El Gobierno, reconoció el Ministerio de Hacienda, está considerando acudir a un aplazamiento de proyectos viales que están en marcha. Específicamente, Ávila habló de Mulaló-Loboguerrero, en Valle del Cauca. Esta obra lleva estancada más de una década y, en palabras de Ávila, “mantiene cerca de COP 2,4 billones depositados en una fiduciaria”. El Gobierno asegura que la concesión a cargo del proyecto ha “imposibilitado” un acuerdo para retirar los recursos, “pretendiendo un exceso de rentabilidad”.
Las contradicciones
Si bien los ministros respondieron preguntas durante más de dos horas, hay temas que todavía no están claros. La situación fiscal, como el Gobierno lo ha reconocido, es crítica. Un aumento del 23 % en el salario mínimo implica aumento en el gasto en el Presupuesto General de la Nación.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señala que el incremento en el salario mínimo aumenta el gasto del Gobierno Nacional Central en cerca de COP 7 billones (0,35 % del PIB), principalmente por mayores salarios de funcionarios públicos y pensiones.
Además de los efectos en el empleo formal, en la inflación y probablemente en las tasas de interés, habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones, advirtió José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de esta administración. “El Gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno”, dijo.
Frente a la pregunta de cómo el Gobierno, en este contexto de cuentas apretadas, piensa financiar los recursos adicionales por un aumento histórico en el salario mínimo, Ávila solamente dijo que la economía se dinamizará por el mayor consumo de los hogares y, por ende, se recaudarán más impuestos. ¿El aumento en recaudo que espera el Gobierno será suficiente? Esa es la pregunta que está sobre la mesa y que Hacienda, hasta ahora, no ha contestado con contundencia.
Por otro lado, analistas, expertos y gremios han advertido (incluso con más vehemencia que cuando señalaron que la ley de financiamiento se caería en el Congreso) que la emergencia económica puede morir en la Corte Constitucional.
Como explicó Sebastián Correa, experto en derecho tributario, de Serrano Martínez CMA, la Constitución, en el artículo 215, permite declarar una emergencia económica cuando sobrevengan hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico. Deben ser situaciones que no se puedan enfrentar con las competencias ordinarias del Estado.
La clave son los “hechos sobrevinientes”. Tiene que ocurrir un hecho extraordinario e imprevisible para justificar una medida de este tipo. Para varios analistas, congresistas y gremios económicos, el decreto del gobierno Petro, si bien describe situaciones graves, no cumple con las condiciones.
Correa explicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que no pueden utilizarse las emergencias para corregir problemas estructurales, temas fiscales o de orden público que el Estado conocía con anterioridad y que se pueden atender con herramientas legislativas.
Este diario preguntó cuáles son las opciones ante la eventual caída de la emergencia económica y sus impuestos en la Corte Constitucional. “Siempre hay un escenario que hay que tener en cuenta como posible. Lo estamos estudiando con cuidado. Lo hemos hecho desde que planteamos el Presupuesto General de la Nación 2026 y hemos ido encontrando las diferentes fórmulas para atender esa eventualidad. Ya el Congreso tuvo un acto de poca responsabilidad que nos llevó a implementar la emergencia económica, esperemos a que la Corte haga sus reflexiones y planteamientos, y tendremos seguramente una opción alternativa”, respondió Ávila.
Los decretos pasan a revisión automática de la Corte Constitucional. El estudio comenzará a mediados de enero del próximo año, cuando termine la vacancia judicial. ¿Cuándo habrá una decisión? Aunque no hay un plazo establecido para este proceso, Correa dice que, teniendo en cuenta el precedente del Decreto 4975-2009, que se expidió durante la vacancia judicial, podría haber una declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad para marzo o abril del próximo año. Mientras tanto, esta administración podrá seguir cobrando los impuestos.
El panorama es incierto. Como mencionó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en su último informe del año, la administración de Gustavo Petro tiene “serios problemas de planeación fiscal”. Problemas que pueden salir caros al país.
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