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Mientras el país debate el futuro del carbón y el agua, los 250 artículos del proyecto de Ley Minera ocultan un giro radical en cómo el Estado se relaciona con la extracción de minerales: nuevos impuestos, mayores controles y una delimitación sin precedentes del territorio.
“Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.
El corazón del cambio es la “contraprestación adicional”: un pago trimestral sobre el valor total de la producción, aparte de las regalías. Si estas últimas son pagar por cada vaca ordeñada, la nueva figura es un cobro extra por toda la leche del hato. La jugada maestra del Gobierno es que este valor será ajustable según los precios internacionales. En tiempos de bonanza, el Estado se quedará con una tajada mayor. Un seguro para cuando lleguen las vacas flacas.
Más palos y zanahorias
El canon superficiario (el “arriendo” del suelo) no desaparece, pero se vuelve progresivo. Entre más tiempo y terreno, más costoso. Un contrato de una década puede valer el doble que uno nuevo.
Como contrapeso, la minería artesanal y étnica queda exonerada de este pago (artículos 180, 181 y 205), con un “perdón” con asteriscos para sus deudas pendientes, y rutas de formalización con acceso a crédito y asistencia técnica. El artículo 220 va más allá y crea una línea especial de crédito en el Fondo de Fomento Minero dirigida exclusivamente a proyectos de mujeres mineras de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras.
Inversión local
El proyecto apuesta por reactivar la economía local: exige contratación de mano de obra regional y abre espacios para las Mipymes. Sin embargo, esta apuesta llega en un momento crítico. Según Analdex, las exportaciones minero-energéticas cayeron 15,6 % en el primer semestre de 2025, con el carbón a la cabeza (-38,5 %).
Para evitar la evasión en este nuevo escenario, el proyecto establece monitoreo en tiempo real y declaración obligatoria de lo extraído, junto con reglas claras y garantías financieras que cubran hasta el cierre de minas. La información técnica revertirá al Estado al finalizar cada proyecto.
El modelo, sin embargo, no está exento de señalamientos. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) advierte que los nuevos costos restan competitividad y podrían ahuyentar la inversión. Para Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, es una discusión “tarde” que “incrementa la incertidumbre jurídica”.
El mapa de lo prohibido
Pero la reforma no es solo contable. El proyecto establece una nueva cartografía minera que define dónde se puede y no se puede extraer recursos, bajo la figura de las Zonas Excluidas de la Minería (ZEM) y Zonas Aptas para la Minería (ZAM).
Esteffany Pardo, abogada especializada en derecho minero-energético de Holland & Knight, explica que hay un cambio fundamental frente al código vigente: este proyecto excluye la minería no solo de áreas protegidas, sino por determinantes ambientales y de seguridad alimentaria.
Para Catalina Caro, investigadora de Censat Agua Viva, una ONG que siguió con lupa la construcción del proyecto, la diferencia es crucial: el código actual habla de zonas “excluibles”, la propuesta las cambia a “excluidas”.
“Esto plantea unos criterios claros: no se puede hacer minería en cualquier parte”, añade Caro.
Aun así, la abogada Natalia Núñez, de la firma Serrano Martínez CMA, añade que la creación de las Zonas Excluidas debe venir acompañada de compensaciones financieras para los titulares afectados, un costo que el Estado debe prever.
Quedarán prohibidas las actividades extractivas en Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y en territorios indígenas o étnicos en aislamiento voluntario. Donde la minería ya exista en zonas ahora excluidas, el Gobierno deberá implementar reconversión productiva y laboral.
“Pareciera que son medidas dirigidas a zonas de pequeña minería o minería artesanal”, advierte Pardo, “pero lo que está en discusión es si esto abarca la realidad de zonas en las que hay gran minería, en donde no es nada fácil hacer una reconversión si se prohíbe la minería”. El corredor minero de Cesar, con décadas de minería de carbón, es el ejemplo crítico. Allí el Gobierno ya ensaya planes de reconversión bajo la figura de Distritos Mineros. “Aunque es una política que apenas está empezando, ya hay un camino”, señala Caro.
Este ordenamiento genera rechazo en gremios por la “inseguridad para inversores”, según Pardo, pero para Caro responde a una “deuda histórica: un ordenamiento minero basado en el ambiental”.
La promesa de prohibir el carbón térmico
El carbón térmico también es un gran protagonista del proyecto de ley. De ser aprobado, materializaría una promesa del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro y es la prohibición de la entrega de nuevos contratos para la explotación de este mineral. La apuesta es salir de uno de los combustibles fósiles que más contamina, para que el país se enfoque en la explotación de minerales estratégicos para la transición energética, como el cobre y el coltán.
Sin embargo, para Pardo hay que tener en cuenta que “aunque el país ya tiene definido un listado de minerales estratégicos, todavía no hay una certeza sobre las áreas en las que se encuentran y el potencial para su explotación”. Desde su perspectiva, es necesario tener un plan claro para sustituir los recursos que entran a la economía desde la minería de carbón.
Caro lo analiza desde otra perspectiva: “las proyecciones nacionales e internacionales nos han mostrado que el negocio del carbón se está acabando”. Se refiere a las proyecciones que ha hecho la Agencia Internacional de Energía (AIE), que muestran una caída en la generación de energía a partir del carbón a nivel mundial a partir de 2025, remplazada por fuentes de energía renovable.
Las hojas de ruta de la Unidad de Planeación Minero-Energética también establecen escenarios en los que el carbón decaerá entre 2030 y 2050, período en el que seguirán activas varias de estas minas en el país. El proyecto de ley hace una aclaración que Caro y Pardo consideran clave: la prohibición de nuevos contratos no afectaría los contratos mineros que ya se han entregado.
Los cambios en la licencia ambiental
Finalmente, la iniciativa legislativa también plantea un cambio importante en el licenciamiento ambiental para los proyectos mineros. Actualmente, un proyecto puede empezar a hacer los estudios exploratorios contando con un título minero y los permisos por parte de las autoridades ambientales regionales. La propuesta del Gobierno es que la licencia ambiental, que ahora solo aplica a partir de la fase de explotación, empiece a requerirse desde la fase exploratoria.
“Esto es una buena noticia porque le da una garantía a los proyectos desde la etapa inicial de que ya cuentan con los derechos sobre el territorio en el que se encuentran”, afirma Pardo. Una vez se cumpla con la fase exploratoria, las empresas tendrán que solicitar una modificación de la licencia ambiental para incluir las actividades y los planes de manejo que implica la fase de explotación. Dentro de esos planes también se tendrá que incluir un “detallado plan de cierre. Esto se hace para evitar que, como ya ha ocurrido, las empresas abandonen el territorio sin tener claras las responsabilidades ambientales, sociales y económicas que conlleva su salida”, explicó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca.
La discusión en el Congreso no será solo sobre páramos y ríos, ni solo sobre regalías y competitividad. En esta ley se juega una apuesta mayor: si Colombia prefiere un modelo de mayor control estatal y protección ambiental, asumiendo el riesgo de frenar una industria clave en la transición energética. El país no solo redefine su mapa minero, sino también las reglas de una industria que tendría que pagar una factura más alta por operar.
El proyecto de ley deberá iniciar su trámite en medio de un contexto adverso para el Gobierno en el Congreso de la República: la reforma a la salud estancada, una agitada discusión para definir el presupuesto para el 2026 y la campaña para las elecciones legislativas y presidencial. En ese camino podría sufrir cambios frente al texto radicado.
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